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Alianza Verde

 

Por: JUAN FELIPE SUESCÚN (@jfsuescun)

Hace varios días Uruguay se convirtió en el primer Estado en asumir el control del proceso producción, venta y consumo de marihuana. La iniciativa fue impulsada por el presidente José Mujica, quien considera que la nueva ley es una alternativa a la tradicional política de combate a las drogas.

El proyecto contempla dentro de sus objetivos “reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado, así como también combatir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, a través de la intervención del Estado”.

Aunque desde la década de 1970 fumar marihuana es legal en Uruguay, el cultivo y la venta de esta sustancia no lo era. Este proyecto entonces constituye una forma de salvar una contradicción inaudita en la que se encontraba el país, en la que no se penalizaba el consumo de drogas, pero sí la producción y venta de éstas.

La ley aprobada contempla que el Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana o sus derivados. Se creará el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), un organismo estatal que dependerá del Ministerio de Salud Pública, emitirá licencias y controlará la producción, la distribución y compraventa de marihuana.

En el contexto regional América Latina emprendió hace más de 40 años una lucha contra el narcotráfico enfocada en los consumidores, más que en los productores, en la que países como Colombia, Perú, Brasil y México, han sido los más afectados.

Esta lucha es la que pretende frenar el proyecto uruguayo, que el mismo Mujica ha calificado como un experimento. De hecho el pasado mes de julio, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, afirmó que “legalizar la marihuana es una estrategia que vale la pena ensayar”.En el informe sobre las drogas en las Américas realizado por la OEA, Insulza aseguraba que el debate hacia la legalización de la marihuana se estaba abriendo en la región.

En ese sentido en una entrevista para El Espectador, Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, afirmaba sobre el proceso que actualmente está viviendo este país:

“No lo proponemos como un modelo. Reivindicamos el derecho y deber que todos los países tenemos de desarrollar políticas soberanas. Lo que más criticamos del modelo vigente es que es como un traje que le tiene que quedar bien a muchos países que son diferentes. Entonces a ninguno le queda bien, o tal vez sólo a uno. Debe haber trajes hechos a la medida de cada uno, en función de los ordenamientos constitucionales de cada país, de sus capacidades institucionales, de su cultura, de sus procesos económicos. Hay muchos elementos que tienen que ver con la necesidad de que políticas tan delicadas y complejas como estas, respondan a particularidades. Ese traje, que es la Convención Única de 1961, está cortado con hacha, y creemos que el traje de la política de drogas hay que hacerlo con bisturí.

Lo que hemos hecho podrá servir como experiencia a muchos que quieren modificar sus políticas y hacer su propio traje. Pero somos un país de 3’200.000 habitantes, el traje que nos queda bien no le va a servir, por ejemplo, a Colombia. Si mañana Colombia quiere tener una apertura de sus políticas de drogas, va a tener que hacerlo en función de su propia realidad. Como nosotros hemos criticado mucho el modelo único, somos muy cautelosos y firmes al decir que no aspiramos a que lo nuestro sea un modelo para nadie”.

Inteligente posición de los dirigentes uruguayos, que en Colombia se podría considerar en la actualidad. En este momento, como lo traté en una columna anterior, se debate en el proceso de Paz entre el gobierno y las FARC, el tema de los cultivos ilícitos, el procesamiento y la comercialización de narcóticos. Además, nos encontramos en una etapa electoral, en la que los diferentes candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado y la Presidencia de la Republica (no me refiero al “Parlamento Andino” por sustracción de materia) exponen sus planteamientos sobre diversos temas.

En ese sentido, creo que es el momento de proponer una “Alianza Verde” en la que quepan los candidatos Verdes, pero también los Liberales, los del Polo, los de la Unión Patriótica, los de la U, los de Cambio Radical, los de la ASI, y los de otras colectividades que han manifestado su disposición a dialogar sobre la regulación de la marihuana, recogiendo la experiencia uruguaya, no como un modelo a seguir, sino como un referente a contemplar a la hora de proponer las acciones que el país debe seguir en ese sentido, en el marco de la nueva legislatura, y por supuesto, en un escenario de paz.

 

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