Por: Juan Sebastián López Mejía @JuanSlopezM
¡Por fin! Después de años de insistir en que una cosa es la protesta social cívica y otra las expresiones violentas, la mayoría de la sociedad empieza a entender la movilización social como un legitimo derecho ciudadano y no como una amenaza destructora, narrativa con la que los grandes poderes han estigmatizado la protesta social por lo menos desde el robo de Panamá.
La Minga Indígena acaba de darle una verdadera lección de dignidad al gobierno nacional. Las marchas en el marco del Paro Nacional del 21 de octubre sobresalieron por su carácter ciudadano y su buen comportamiento. La Alcaldesa de Bogotá Claudia López demostró con voluntad política que las autoridades sí pueden garantizar el legitimo derecho a la protesta social.
Estas expresiones recientes se suman a las enormes movilizaciones sociales que ha vivido el país durante los últimos años, las cuales han contribuido a crear conciencia sobre la enorme importancia que tiene el derecho constitucional a la reunión y a la manifestación pública y pacífica, en buena hora tutelado por la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia STC 7641-2020 cuya trascendencia apenas se empieza a divisar.
La rebelión de los Comuneros, las revueltas del Grito de la independencia, los movimientos sociales de artesanos, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, indígenas, pequeños y medianos empresarios y muchas otras expresiones de inconformidad han sido manifestaciones históricas de la protesta social que reivindican este derecho fundamental como un instrumento que lejos de representar un palo en la rueda, opera como un catalizador de los cambios que el progreso demanda.
Así lo ratifican algunos de los movimientos sociales que en los últimos años han llevado sus reivindicaciones al primer punto de la agenda nacional a través del ejercicio de la protesta social cívica y democrática. Veamos.
En 2011, contra todo pronóstico, el movimiento estudiantil en cabeza de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, logró derrotar las pretensiones del gobierno de Santos y del gobierno de EE.UU., de introducir el ánimo de lucro en las universidades. Esto se logró tras un Paro Nacional Universitario de más de 1 mes y en medio de amenazas de represión del entonces ministro del interior Germán Vargas y del ahora embajador Francisco Santos quien desde entonces abogó por el uso del “arma no letal” Taser para reprimir las manifestaciones.
Como olvidar las heroicas manifestaciones de los campesinos de todo el país durante el #ParoAgrario de 2013, el mismo que llevó al entonces presidente a decir “el tal paro no existe” en una actitud de negación frente a las causas del movimiento social que aún hoy parece crónica en la clase dirigente del país. Las profesoras y profesores de colegios públicos también han dado ejemplo de movilización cívica y democrática.
Mención especial merece el gran movimiento social que logró articularse a través del Comité Nacional de Paro que con amplias convocatorias ha llenado las calles de dignidad y que el año pasado alcanzó su punto más alto en la movilización del 21 de noviembre de 2019, sin duda una de las masivas de las que tengamos memoria.
¡¡¡HAY ESPERANZA!!! Este es el espectacular río de gente de la movilización de esta noche en Bucaramanga. Miles de personas protestando pacíficamente por sexto día consecutivo contra el gobierno de Duque. ¡¡¡Gracias Colombia por despertar!!! ✊🇨🇴 #26Nov#27NParoNacional pic.twitter.com/g6NOwNsyEp
— Juan Sebastián López Mejía (@JuanSLopezM) November 27, 2019
Los deplorables asesinatos de Dylan Cruz, Javier Ordóñez y Juliana Giraldo por parte de miembros de las Fuerzas Militares colombianas así como otros cientos de episodios de brutalidad policial y de abusos denunciados deben servir para abrir la puerta al debate sano y la reflexión nacional para que de una vez por todas se revise la perniciosa doctrina militar impuesta por los Estados Unidos que ha llevado a nuestras fuerzas militares a ver en la legitima protesta ciudadana una expresión que amenaza la democracia en lugar de fortalecerla.
No se me olvida: Condenar el #GolpeALaDemocracia de las mayorías uribistas, con clan Char abordo, para impedir el debate de moción de censura en contra del ministro de defensa citado por el senador Jorge Enrique Robledo para denunciar las trampas que Carlos Holmes Trujillo ha usado para engañar al país y justificar la presencia ilegal de tropas de Estados Unidos en Colombia. Queda claro que el gobierno y sus mayorias le temen a la verdad.