El Código de Minas del 2001 (Ley 685 2001) creado con la asesoría de Canadá (en beneficio de transnacionales mineras registradas en ese país), fue muy criticado por sus desventajas en materia social y ambiental, y en contraste cientos de beneficios para las mineras. El Código Minero del 2010 (Ley 1382 de 2010) intentó una reforma, pero aunque corregía algunos de los vicios pasados, también fue redactado a espaldas de la sociedad, al punto de perder su vigencia después de que la Corte Constitucional lo tumbara por falta de consulta previa.

Con la amenaza de regresar al Código de Minas del 2001, muchos sentimos que no hay una legislación minera en el país, que las empresas que planean la explotación lo saben y abusan de ello, y que esta situación tiene a Colombia a punto de un desastre ambiental y social sin precedentes en nuestra historia.

Trasnacionales como Anglo Gold Ashanti, aprovechando el cuarto de hora han puesto en marcha proyectos como la polémica mina de oro “La Colosa”, entre el Tolima y el Quindio, hogar del “perico paramuno, el oso de anteojos, la danta de páramo, el puma, el coatí, el pájaro barranquero, el loro orejiamarillo“(1) e importantes especies de flora como la palma de cera: el árbol nacional.

Esta mina a cielo abierto, de gigantescas proporciones afectará “la estación biológica estrella de agua, el Parque Natural de los Nevados y el Valle de Cócora”(1): reservas hídricas del país que bañan al eje cafetero -patrimonio de la humanidad según la Unesco-, al Tolima y a los cultivos de ambos departamentos que son la despensa de la región y de ciudades como Ibagué, Armenia y Pereira.

La planta de tratamiento se planea construir en Doima Tolima, a 95 kilómetros de la mina (Cajamarca), lo que implica que el área de impacto directo será más extensa de lo usual, amenazando además la vocación arrocera de la región vecina a Girardot.

Si La Colosa abruma, las ambiciones mineras en el resto del país aterran. Según cifras de la Contraloría, de la extensión total de cada departamento se han solicitado títulos mineros del 51% de Caldas, 30% de Antioquia, 25% de Quindio, y en la región amazónica 31% de Vaupés y 15% de Guanía, esto sin contar el porcentaje de estos departamentos que ya se dedica a la minería o el porcentaje de solicitud en el resto del país.

Mapa plan minero en el Eje Cafetero y Tolima.

La gente en las regiones se desespera ante la impotencia de ver cómo la minería se les viene en gavilla sin que el gobierno los escuche, entonces han empezado a protestar. El ambiente es tenso, por un lado la población civil se resiste y por el otro las fuerzas del Estado, en respaldo a las mineras, reprimen las protestas.

Delimitación del páramo

El único salvavidas que impide a las mineras dar rienda suelta a la explotación en lugares de vocación agrícola o gran importancia ambiental e hídrica como Cajamarca, es la delimitación del páramo exigida en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), pero esta medida de emergencia no soluciona los problemas de raíz ni tampoco reemplaza una legislación minería, pues:

-Una vez cambie el gobierno y con él el Plan de Desarrollo, la delimitación perderá vigencia: la protección definitiva de los páramos solo sería posible si estuviera consignada en una Ley.
- Otros ecosistemas de igual importancia al páramo quedan desprotegidos y en alto riesgo: aunque existe normatividad que protege ecosistemas sensibles a la conservación y cuando son identificados no se deben conceder licencias ambientales, en la práctica las autoridades ambientales han concedido licencias, como en la represa de Emgesa en el Quimbo.
- La población con vocación agrícola está totalmente desprotegida poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos en las regiones.

Desde el punto de vista ecológico, usar la delimitación biológica de los ecosistemas con fines de aprovechamiento o extracción es inadecuada, pues se promueve su fragmentación y desmembramiento. Los límites o clasificaciones de los ecosistemas de una región o un país, son una herramienta usada por la ciencia para comprender las interacciones y cómo funciona todo el sistema, no para crear barreras artificiales que lo separen.

El páramo, por ejemplo, tiene una estrecha relación con los bosques andinos, entre otras razones, porque la fauna no es estática y transita por los diferentes ecosistemas ayudando a polinizar y propagar las plantas, que sirven como esponjas que atrapan el agua de las nubes para luego liberarla lentamente a quebradas y ríos. Sin páramos, pero también sin bosques hay más riesgo de derrumbes, avalanchas e inundaciones.

La iniciativa de la prohibición definitiva de minería en los Páramos tiene la ventaja de que podrán recuperarse zonas hoy muy intervenidas y deterioradas, además de garantizar la conservación de aquellas en buen estado, pero no quiere decir, como pretenden las mineras, que por fuera de los límites que el Instituto Humboldt establezca se pueda hacer minería sin ninguna restricción. Cualquier ecosistema terrestre o acuático sensible a la conservación, así no sea páramo, debe excluirse de la actividad minera.

Paremos la locomotora: La Moratoria Minera

Una moratoria es aplazamiento o interrupción, en este caso de la minería. A través de la moratoria minera, diferentes ciudadanos le estamos pidiendo al gobierno de Juan Manuel Santos que cesen todas las actividades mineras hasta tanto no tengamos un Código de Minas construido de manera democrática.

Se recogerán 100.000 firmas, con las que se piensa apoyar esta petición.

Firme la petición para pedirle al gobierno el cese de las actividades mineras hasta no tener claridad en la legislación ambiental.

(1)La minería a cielo abierto cubre con su manto el departamento del Quindío - 28-07-2012

Los representantes del gobierno las han querido hacer pasar como una oposición ambientalista radical, y a cambio se justifican en dudosos “estudios” con metodologías flojas que respaldan sus políticas. Pero la consigna que mejor explica lo que varios académicos de diferentes áreas del conocimiento mantienen es: “Explotación minero energética sí, pero no así“.

Debido a que  los servicios ecosistémicos (entre ellos el agua), son esenciales para garantizar una buena calidad de vida de los colombianos, muchos nos hemos centrado en el grave peligro en el que están debido a la política minero energética de Uribe, hoy continuada y acentuada en la administración de Santos. Pero lo cierto es que no solo los ecosistemas bien conservados están en riesgo, detrás de ellos también tambalean muchas actividades productivas que pretenden ser reemplazadas por la minería o los monocultivos.

Servicios ecosistémicos, nuestra conexión vital con la biodiversidad. Instituto Humboldt
¿Qué son los servicios ecosistémicos? Instituto Humboldt

Colombia además de ecosistemas megadiversos y agua, tiene unos de los suelos más fértiles y ricos del mundo; hoy fuente de la agricultura, la ganadería y de varias industrias.

El plan del gobierno del presidente Santos (ya en mitad de camino)  implica el endeudamiento del país con organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para convertirnos en productores exclusivos de materias primas, minerales, electricidad y otras fuentes energéticas como petróleo, gas y combustibles a base de plantas. Con el dinero resultante, se plantea comprar a otros países todo cuanto necesitemos y hayamos dejado de producir, como la comida.

Además de la experiencia propia que deja en el país los mayores índices de pobreza, enfermedad, contaminación, violencia y destrucción en zonas minero energéticas, el referente para Colombia de este tipo de procesos es África. Países mineros de Africa reciben aproximadamente el 3% del total de las riquezas explotadas por las trasnacionales y aunque sus índices de crecimiento aumentan, la pobreza no disminuye. Uno e los casos más críticos es Tanzania, “con un crecimiento económico del 7% y en dónde cerca del 88.5% de la población vive con menos de 1.65 dólares al día” (Khonan, 2011).

Las trasnacionales exigen grandes exenciones de impuestos, pocos controles ambientales que les permitan hacer explotaciones a cielo abierto (más veloces: 10-20 años), y modificación de la legislación para imponer el monopolio de monocultivos extensivos. Cuando el oro y los suelos se agotan, las bajas regalías pagadas no alcanzan a los países africanos para saldar las deudas adquiridas en los procesos de “modernización” y tampoco para implementar programas de recuperación ambiental y social.

Let´s make money (Hagamos dinero) Erwin Wagenhofer. Documental dedicado a mostrar cómo funcionan las trasnacionales que se dedican a la explotación minera y agrícola en África.

Se hace propaganda a la idea de que la política minero energética producirá prosperidad, pero lo cierto es que en comparación con la actividad agrícola e incluso la pecuaria, ésta genera un número mucho menor de empleos, de peor calidad y de alto riesgo para la salud. Mientras una mina de oro produce 0.9 empleos por hectárea, un campo de arroz 6.

Es por esto que la pregunta sensata de muchos, incluso de académicos que respaldan la explotación minera es: ¿Y al cabo de 20 años cuándo se agote el oro, el carbón, el petróleo y los suelos queden estériles por los monocultivos de palma y caña, en qué van a trabajar los colombianos y con qué dinero vamos a comprar comida? ¿Qué pasará en el futuro cuando en lugar de exuberantes ecosistemas megadiversos, tierras productivas e industria tengamos huecos llenos de tóxicos y acuíferos envenenados?

Durante más de 10 años, desde que se planteó el plan minero energético, las administraciones Uribe y Santos lejos de planear o preparar al país, han procastinado a los colombianos con el sueño de unas regalías, que son insuficientes, pues ni siquiera compensan el costo ambiental y social.

La minería nunca será una  actividad sostenible, pero podría dejar mayor riqueza al país si se planeara la explotación: invirtiendo en las universidades públicas para realizar investigaciones e innovación en esta industria, realizándola nosotros mismos, descartando la minería a cielo abierto y destinando únicamente terrenos improductivos o con ecosistemas poco sensibles en conservación, entre otras.

En Colombia el malestar general de la población, no solo en zonas de influencia de la minería, logró dejar al descubierto los abusos de empresas como Drummond, Cerromatoso, Cerrejón, Eco Gold (antes Greystar) o Anglo Gold Ashanti. La impopularidad de estas actividades extractivas entre los colombianos ha hecho retrasar la locomotora  minero energética, pero no es suficiente.

A países pobres en Europa, África, Asia y hace poco Latinoamérica la minería ya les pasó, les pesó, y si a los colombianos nos tuviera que volver a pasar lo que ellos no lograron evitar, qué pesar.

Estamos a tiempo de detener esta amenaza. En nuestras manos y elecciones, está que Colombia elija otros caminos de desarrollo más prósperos para todos y no solo para unos pocos.

Marcha 100 mil voces por el agua

Pero la discusión sobre la conveniencia de la consulta previa no es actual.

Durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez la Consulta Previa no solo fue omitida por diferentes proyectos y empresas bajo el silencio de los entes de control, sino que el mismo gobierno la violó al generar Leyes como la Forestal, rechazada por la Corte Constitucional al no haber cumplido este requisito.

Los entes de control de la administración Santos también han mantenido la resistencia a cumplir con la consulta previa. Algunos ejemplos son: la denuncia de la Contraloría por irregularidades en el proceso de Consulta Previa del Cerrejón por el desvío del Río Ranchería o los proyectos ecoturísticos dentro del Parque Natural Nacional Tayrona.

El artículo del domingo 10 de febrero en El Tiempo “Consultas con minorías étnicas -paralizan- la agenda estatal“, entre otros temas sugiere que 5 ministerios del gobierno Santos (Agricultura, Minas, Ambiente, Transporte e Interior) pretenden restarle importancia a la Consulta Previa en Colombia.

Al respecto Cesar Rodríguez columnista de El Espectador, en su artículo “Tres mitos sobre las consultas con indígenas y afros” responde diciendo que los argumentos que buscan modificar la Consulta Previa, se construyen al rededor de mitos, pero que lo que en realidad necesita el país y no se ha hecho a pesar de los llamados de la Corte Constitucional, es su reglamentación coherente y clara.

Contrario a lo que pareciera a simple vista, la inconformidad con la Consulta Previa no es un problema meramente nacional. En bloque los gobiernos de Latinoamérica, así como las multinacionales extractivas comparten la misma posición sobre la inconveniencia de las Consultas Previas, por lo que ellos consideran: “son una barrera para el desarrollo de los países”.

Apartes del documental: Latinoamérica a tajo abierto

Estas coincidencias no son una casualidad, sin importar la corriente política, los gobiernos de toda Latinoamérica están accediendo a modificar sus constituciones para permitir códigos mineros laxos que faciliten la explotación sin mayores requerimientos ambientales o sociales, como lo es la consulta previa, a pesar que ésta corresponda al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.

Sobre la Consulta Previa en Latinoamérica:

Perú: Mantra político. La consulta previa: a ti te consulto, a ti no

El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas

Líderes indígenas piden respetar consulta previa

La consulta previa a pueblos indígenas: Los estándares al derecho internacional Cesar Rodríguez Garavito

 Aunque es cierto que la reglamentación de la consulta previa en Colombia es precaria, y que su ausencia genera injusticias como que las investigaciones con fines meramente académicos y no comerciales estén obligadas a realizarla aún cuando sus proyectos no impliquen la intervención en el saber o sitios sagrados de las minorías étnicas, resulta contradictor que el gobierno busque excusas para dejar sin piso jurídico un convenio internacional que protege la integridad de las minorías étnicas, incluso de Leyes injustas.

Si en la actualidad la Consulta Previa no se cumple con seriedad y planeación, ¿cómo sería si no existiera o si se creara una legislación que le restara valor?

PATA. El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo en el artículo Tutela ata manos al ICA para erradicar grave enfermedad fitosanitaria asegura que a cuenta de la Consulta Previa el país no puede controlar la plaga que produce la pudrición del cogollo de la palma de aceite. Vale la pena recordar que desde hace más de 10 años el gremio palmero conoce este problema ¿Durante este tiempo no se pudo planear una consulta previa? Por experiencia se sabe de normas injustas y sin consulta previa expedidas por el ICA como la Resolución 970 de 2010 que reglamente el uso y comercialización de semillas, y convierte a los campesinos en criminales al usar o vender semillas propias que no hayan sido certificadas; el proceso de certificación de semillas es inaccesible para pequeños agricultores debido a sus altos costos.

* Artículos sobre Consulta previa

Consultas con minorías étnicas ‘paralizan’ la agenda estatal. Daniel Valero (9/2/2013)

Consulta previa a comunidades étnicas enreda proyectos de desarrollo. Daniel Valero (25/2/2012)

Editorial El Tiempo: Consultas: Faltan reglas claras (12/2/2013)

Tres mitos sobre la consulta con indígenas y afros Cesar Rodríguez Garavito (11/2/2013)

Editorial El Espectador: ¿El palo en la rueda? (12/2/2013)

Hora de la consulta previa (12/2/2013)

Tiene razón el presidente Juan Manuel Santos en sugerir que una buena parte de los problemas ambientales de Colombia iniciaron durante el gobierno de Uribe, pero eso no lo libra de su responsabilidad.

Como dice el profesor Manuel Rordíguez, experto en política ambiental y exministro de ambiente, el gobierno de Santos ha impulsado políticas ambientales iniciadas por Uribe e incluso defendido iniciativas tan lesivas como la construcción de hoteles dentro del Parque Natural Nacional Tayrona y la creación de reservas mineras en el Amazonas.

Durante el gobierno de Uribe, que limitó las instituciones de control ambiental desapareciendo el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se inició la construcción de una política de ecoturismo liderada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la cuál tuvo una influencia limitada por parte de las instituciones del Estado que velaban por la salud medioambiental. Política Ecoturismo 2003

El logro más grande de esta política fue dar en concesión a Aviatur el manejo de las instalaciones de Parques Naturales Nacionales, de propiedad del Estado, para el desarrollo de la actividad hotelera. Pero las ambiciones eran más amplias, se pretendía la privatización de los PNN, permitiendo a aquellos que tuvieran terrenos privados dentro de éstos, la construcción de hoteles.

Como lo advierte el abogado ambientalista Rodrigo Negrete en El Espectador, la construcción de hoteles dentro de PNN es inviable, pues entre otras, viola normativas como el Decreto 622 de 1977 donde se prohíbe expresamente la actividad hotelera dentro de Parques Naturales Nacionales.

La unión de la sociedad civil en defensa del PNN Tayrona se inició desde su misma constitución en 1969. Han pasado más de 40 años y aún el parque sigue amenazado por la actividad turística malsana y la insistencia de algunos propietarios para construir hoteles; esto a pesar de las herramientas legales que tiene el Estado para recuperar los predios que amenazan el patrimonio natural de la nación.

Han sido 4 décadas llenas de inconsistencias. Algunos de los socios de los terrenos que  proponen la construcción de hoteles fueron además beneficiarios de la  política del expresidente Uribe Agro Ingreso Seguro – AIS, a razón de la que recibieron subsidios por miles de millones de pesos que hoy los tienen en problemas con la Ley; y según el informe del estudio de la legitimidad de los predios dentro del PNN Tayrona realizado por la Superintendencia de Notariado y Registro junto a PNN, estas mismas empresas intentaron hacerse a terrenos dentro del parque que eran de la nación, una parte de los cuáles fueron destinados a la ganadería (actividad expresamente prohibida dentro de los PNN).

El estudio de la legitimidad de las propiedades dentro del parque fue un logro del exministro de Ambiente Frank Pearl, pero ¿Qué ha pasado con ello? El Ministerio de Ambiente no da resultados sobre el proceso de reintegro al Estado de las tierras adquiridas dentro del parque de manera ilegal, ni tampoco cuáles son las sanciones a las personas naturales y jurídicas involucradas.

Se sabe que el gobierno actual está trabajando sobre una nueva política de ecoturismo que aún no ha sido firmada por el Ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe. Y surgen muchas preguntas sobre qué es lo que plantea.

Según La Silla Vacía ”Sergio Díaz-Granados, el Ministro de Comercio Industria y Turismo, es hermano de José Ignacio Díaz-Granados Guida, uno de los miembros del grupo DAABON”, empresa socia de los proyectos hoteleros SixSenses y los Ciruelos. Es imposible no preguntarse cuál es la influencia del ministro Granados en la construcción de la nueva política de ecoturismo, porque de tener alguna, es indudable que existe un conflicto de intereses.

A través de la cuenta de twitter @tayronalibre, muchos ciudadanos hemos convergido por la defensa del PNN Tayrona, manifestando al gobierno la importancia de mantener la hotelería lejos de estos espacios tan apreciados y queridos por los colombianos.

Si el gobierno de Juan Manuel Santos en realidad quisiera distanciarse de la política ambiental de Uribe, entonces antes de que el Ministro de Ambiente firme la nueva política de ecoturismo, ésta debería ser socializada y dejar de realizarse a espaldas de los ciudadanos.

Los colombianos estamos cansados de que se hagan malas interpretaciones de la Ley para hacer políticas ambiguas que por ejemplo permitan la construcción de hoteles privados dentro de los Parques Naturales Nacionales.

Los que estamos a favor de la conservación de la naturaleza en Colombia estamos creciendo y cada vez somos más diversos.

Durante el 2012 las redes sociales se consolidaron como un catalizador que medió para que los que vivimos en las ciudades tuviéramos un contacto sincrónico y aunque virtual,  muy real, con aquellos que padecen de manera cotidiana los problemas que surgen en sus hogares producto del tire y afloje entre comunidades y empresas explotadoras de recursos.

Aunque una proporción alta de la población no comprende a profundidad el funcionamiento de los páramos, su relación con los bosques andinos y los ciclos hídricos; la importancia de la selva amazónica y chocoana en la regulación climática mundial; o la relevancia de que en el Tayrona quede uno de los últimos bosques secos en buen estado de Colombia; se entiende muy bien lo que significaría arriesgar estos espacios naturales o ceder a la tentación de destruirlos para dar cabida a proyectos extractivos. Por ello muchos nos reunimos a favor de su conservación.

Los colombianos hemos sido testigos de los problemas cotidianos que deja la transformación de los paisajes naturales y sufrido las consecuencias de las talas de bosques, la destrucción de los páramos, la explotación minera, la muerte que dejan los desvíos de los ríos o el caos que queda luego de la ocupación de humedales desecados, entre tantos otros.

La historia se replica por toda Latinoamérica. Puede que no seamos expertos en temas ambientales y que las compañías nos bombardeen con campañas divulgativas de los beneficios de sus proyectos, pero al final es más fuerte la experiencia: hoy sabemos lo que sucede cuando nos obligan a meter el dedo en la candela, y ahora no solo no queremos quemarnos, tampoco queremos que nuestros gobiernos inicien incendios de destrucción ambiental.

El éxito que reúne a cientos a manifestarse a favor de la naturaleza se basa en su carácter propositivo. Las personas no nos reunimos en contra de la minería sino a favor del Páramo, o en contra de la hotelería sino a favor de conservar los Parques Naturales Nacionales.

Muchos no nos oponemos a que los Estados estén del lado de las empresas nacionales y multinacionales que explotan los recursos, sino a favor de que se fortalezcan las instituciones y autoridades ambientales para preservar y  proteger de intereses privados, los tesoros verdes que nos llenan de salud, bienestar y vida.

Estar a favor de la vida en lugar del lado de la destrucción acelerada, es lo que ha logrado que muchos muy distintos, con vidas, ideales y de lugares opuestos, hayamos podido converger en querer convivir de manera respetuosa con el ambiente que nos da para vivir.

A veces nuestros gobiernos no nos escuchan y las consecuencias ambientales que nos perjudican no se hacen esperar, y es por eso que cada vez son más los que estamos a favor de la naturaleza, pues se ha convertido en una cuestión de supervivencia.

Six Senses en su versión criolla, encabezada por una filial del grupo DAABON, sostuvo que los “Mamos de la Sierra Nevada daban vía libre a su proyecto”.

Para aclarar dudas consulté a Calixto Suarez Villafañe, a quien de cariño apodan el embajador Arhuaco, pues por cerca de 16 años se ha dedicado a viajar por el mundo, transmitiendo el mensaje de los mamos y la visión que su comunidad tiene de la naturaleza. Los mamos muy rara vez acceden a salir de su hogar en la Sierra, pero por la confianza que le tienen a Calixto, algunos han aceptado viajar fuera del país en su compañía.

Sierra Nevada de Santa Marta

Aunque es una persona muy espiritual, Calixto no permite que lo llamen mamo, “los mamos viven en la Sierra y allá meditan” dice, tampoco gusta de la idea de llamar a los que no somos indígenas hermanos menores, para él hoy todos somos iguales: humanos con debilidades, fortalezas, cualidades y defectos.

Su primo Danilo Villafañe es quién aparece en el video aceptando el proyecto de Six Senses. Calixto comenta “Danilo y yo tenemos líneas diferentes de trabajo dentro de la comunidad, pero siempre procuramos el beneficio colectivo”. La organización de los indígenas al igual que la Sierra es diversa y compleja, en el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta convergen cuatro comunidades, cada una de ellas con una cultura y organización interna diferente.

Calixto comenta que el sentir de la mayoría de los mamos que viven en la Sierra es claro,  ellos no desean más hoteles ni prácticas turísticas nocivas dentro del Tayrona.

La experiencia del turismo en el parque ha sido negativa para los indígenas,  y me temo que la razón es la actividad hotelera camuflada bajo la figura de “alojamiento” además de la falta de control por parte de las entidades correspondientes. Se repite la historia, a través de artimañas legales privados dentro del parque han logrado quebrantar la ley: Decreto 622 (1997) artículo 30: Prohibición de actividades industriales dentro de PNN, incluida la la actividad hotelera.

Contrario a lo que muchos creen, se podría decir que ya existen hoteles privados dentro del Tayrona. Un ejemplo es Arrecifes S.A., dueño del terreno dónde se propone el hotel, quién promociona sus servicios de “alojamiento” dentro del PNN Tayrona en su portal de Internet.

El escándalo de la aceptación del proyecto tomó desprevenidos a muchos indígenas incluído Calixto, pues ahora ellos tienen otros problemas que convergen y que hicieron que el hotel no fuera la prioridad.

La preocupación principal es cómo sostenerse económicamente, y el problema actual es el pésimo precio del café que tiene a muchos indígenas en jaque y con pérdidas que empiezan a volverse preocupantes. Luego está la pregunta milenaria: ¿cómo recuperar las tierras que un día les fueron arrebatadas?

Calixto me comenta que durante sus viajes busca además fuentes de financiación para comprar tierras en la Sierra que sean importantes para los mamos por su valor espiritual y riqueza natural, y que el Cabildo gasta casi el 70% de los ingresos de la comunidad en la compra de tierras, con la esperanza de resguardar la montaña para su sustento, razón que utiliza para explicarse la negociación preliminar que algunos de los indígenas hicieron con Six Senses, aunque no la comparte.

Mi conclusión es que el acercamiento de Arrecifes Six Senses con algunos indígenas es deshonesto y oportunista, al aprovecharse de las carencias de las comunidades para manipular una negociación, que desconoció al Consejo Territorial de Cabildos.

A la falta de tierras de las comunidades indígenas, hoy se suma la presión de multinacionales mineras (Haga clic aquí) que amenazan con tragarse la Sierra a mordiscos, como MPX, de propiedad del hombre más rico de Brasil, que ha estado comprando tierras en la Sierra sin control alguno y gestionando trámites ante el  ANLA para empezar la actividad minera.

Muchos estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades ambientales del gobierno, en especial los indígenas que aún confían en el acuerdo que Juan Manuel Santos hizo con ellos cuando se posesionó. Ojalá el gobierno elimine las amenazas de hoteles, minería y puertos en tierras que deberían ser de los indígenas y que por la corrupción del pasado e impunidad del presente, hoy le pertenecen a privados.

Después de conversar con Calixto me quedó claro que los indígenas no desean hacer parte de ningún tipo de proyecto turístico, como se lo hicieron saber a Six Senses cuándo les propuso la administración de su hotel; ellos lo único que desean es poder volver a ser dueños de sus territorios, tener tierras dónde sembrar y vivir de acuerdo a sus culturas y costumbres, sin que su tranquilidad se vea quebrantada por amenazas de muerte, minería, puertos, turistas destructores o complejos hoteleros.

En lugar de privilegiar la minería y la construcción de hoteles de lujo en territorios indígenas, el Estado colombiano debería garantizar a las comunidades tierras para agricultura, base de su sustento e ingreso económico, así como la conservación de los ecosistemas en buen estado.

“El principal problema ambiental que tiene Colombia es el cambio climático”

En días pasados 23 Representantes y 22 Senadores, radicaron en la Cámara de representantes un nuevo proyecto de Ley de Recursos Naturales.

A raíz de los llamados de advertencia que han hecho diferentes ambientalistas y académicos del país sobre el peligro que implica esta nueva propuesta de Ley, que tiene más de 2000 artículos y funde en una sola la normatividad para minería, agricultura, recursos naturales y ambiente, he decidido acudir a un experto que pueda explicarnos mejor la situación.

Para esto invité al científico e investigador colombiano Gonzalo Andrade, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y quién además de ser experto en temas de biodiversidad, conservación, política y normatividad ambiental, es una autoridad académica en mariposas del Neotrópico.

Tomado de Universia

¿El cambio climático es el principal problema ambiental de Colombia?

Desde el punto de vista ambiental, el cambio climático no es el único problema que tiene Colombia, pero sus efectos sí muestran la falta de planificación que tenemos en el país, por ejemplo en las graves inundaciones que afectan a personas que viven en regiones de alto riesgo.

¿Cuál considera usted que es el mayor problema ambiental en Colombia?

Por tradición, en Colombia la actividad minera es el mayor problema ambiental, porque además de los subproductos tóxicos que desecha, en el caso de la minería a cielo abierto modifica de manera radical los paisajes; cuando son naturales, supone la desaparición de la capa vegetal que sustenta los ecosistemas, y cuando son de uso humano, elimina la posibilidad de que en el futuro los terrenos se puedan destinar al uso agropecuario o forestal.

Minería a cielo abierto

¿Qué es y cuál es el origen del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente de 1974?

El Código de Recursos Naturales de 1974 es el primer código ambiental creado en el mundo. Creo que es un es un ejemplo mundial en materia de legislación ambiental.

Empezó a gestarse en 1972 y en palabras de su creador, el Dr Julio Carrizosa, en su construcción intervino un grupo grande de personas e incluyó la ayuda de la FAO y otras instituciones internacionales. Es un Código pequeño, de unos 300 artículos y su columna vertebral es la idea de que “el ambiente es un patrimonio común a los colombianos, y que debe ser entendido desde un punto de vista integral: ecológico, económico y social”. La importancia que se dio en el Código a la educación ambiental, hoy se refleja en la actitud ciudadana de interés y aprecio por el medio natural.

Es importante aclarar que a lo largo de los años a este Código le han sido adheridos decretos reglamentarios, y que incluso en 1993, cuando se creó la Ley 99 General Ambiental de Colombia se mantuvo. En el contexto actual, el código es acorde a las políticas ambientales tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica.

Reserva de la cuenca alta del río Mocoa. Yolima Vargas Garzón.

¿Qué implica reunir en una sola Ley el tema de minería, agricultura, recursos naturales y ambiente?

Desde el punto de vista técnico, la unificación de tantos temas genera una propuesta de Ley con muchos artículos (más de 2000), incluidos de manera textual y desglosada los del del Código de Recursos Naturales de 1974, además de otra gran cantidad, que desde mi punto de vista complican algunos procesos ambientales en el país, sobre todo los que tienen que ver con la investigación sobre la biodiversidad.

Tratar de poner en un solo articulado estos cuatro temas tan complicados, de manera que sean compatibles desde el punto de vista técnico es algo que me produce muchas dudas, en especial si el contenido de la propuesta de Ley lejos de analizar las falencias o actualizar los postulados del Código de 1974, se limita a agregar artículos sin hacer análisis o debates previos.

Según el programa “Código de Recursos Naturales” en UN Radio, el Dr. Julio Carrizosa no ha sido llamado ni consultado en el proceso de creación de este nuevo proyecto de Ley. ¿Qué piensa de esta situación, usted ha sido consultado?

Es muy extraño que no hayan considerado la opinión del Dr. Julio Carrizosa, experto y creador del Código en el que se basa la propuesta. Esa es una muestra de la falta de análisis y rigurosidad al momento de construir el nuevo proyecto de Ley, que se ha justificado en el cambio climático como argumento para su creación, pero que poco contempla los terribles efectos ambientales de la minería.

A mí no me han llamado a consultarme, y hasta donde sé, tampoco al Instituto de Ciencias Naturales.

¿Considera que el Código de Recursos Naturales debería ser actualizado?

Desde 1974 hasta el día de hoy varias cosas han cambiado y considero necesario hacer una actualización de términos. Un ejemplo es el tema de la “caza con fines científicos” que hoy en día se refiere a permisos  de investigación para la biodiversidad.

Reserva Cuenca alta del río Mocoa. Yolima Vargas Garzón.

¿Cuál es la diferencia actual entre un permiso para investigación en biodiversidad y una licencia ambiental para minería?

Hoy en día para que un investigador en Colombia pueda realizarla debe tener un permiso para investigación en biodiversidad y este se tarda en promedio 3.5 años en obtenerse y si un investigador requiere utilizar ADN para diferenciar especies, necesita un contrato de acceso a recursos genéticos.

En contraste, una licencia para minería se entrega en un plazo de 90 días, además no hay necesidad de hacer consulta previa para la obtención de títulos mineros, y si se requiere un terreno para hacer minería, las empresas pueden exigir al Estado la expropiación para el aprovechamiento minero.

¿Qué dice el nuevo proyecto de Ley respecto al tema de investigación para la biodiversidad?

Contiene artículos nuevos que se refieren a esta actividad como “caza con fines científicos”, en los que especifican que los investigadores tendrían que pagar entre 1 y 100 salarios mínimos mensuales para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, conceda los derechos de investigación.

Por una resolución sacada en diciembre del 2011, el ANLA hoy cobra a los científicos que deseen hacer investigación para la biodiversidad, pero de aprobarse este nuevo proyecto de Ley, en dinero de hoy un investigador tendría que pagar entre $600.000 y $6.000.000 mensuales.

Tomado de Proexport

¿Le parece conveniente que las Universidades deban expedir permisos de investigación con fines científicos?

La investigación de la biodiversidad, así como del funcionamiento de las dinámicas de los diferentes ecosistemas de Colombia, son base primordial del desarrollo industrial y agropecuario del país. Un ejemplo es que los resultados que producimos y publicamos en las universidades, son la fuente de información secundaria más importante de las empresas que realizan Estudios de Impacto Ambiental para solicitud de licencias ambientales.

El 68% de la investigación para biodiversidad desarrollada en el país, es producida por Universidades públicas y privadas.

Sin los resultados de estas investigaciones, hoy el gobierno Nacional no tendría datos fiables para afirmar que Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad del mundo y el primero en el mundo entero en biodiversidad de aves y mariposas.

El espíritu de las Universidades es la producción de conocimiento al servicio de la sociedad, así que es contradictorio imponerles normas que retrasen, frenen o impidan el desarrollo y producción de investigación científica.

Al desincentivar la investigación sobre biodiversidad desde el sector académico, Colombia como país megadiverso y en vías de desarrollo, esta perdiendo una de las herramientas más eficientes para erradicar la pobreza y construir un futuro próspero y sostenible. Si el país se basara en el conocimiento y valoración de su riqueza natural y cultural, y promoviera la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación en temas como el conocimiento de la Biodiversidad, se podría fortalecer el biocomercio, y de esta manera articular la academia al sector público y privado, incetivando la participación activa y el trabajo de innovación liderado por los investigadores, centros de investigación y universidades.

La investigación permitiría impulsar la ventaja mundial en biodiversidad que tiene el país y convertirla en una ventaja competitiva.

Mariposas, indicadores de la calidad del hábitat. Tomado Agencia de noticas UN

Antes de intervenir los sistemas vivos, es necesario estudiarlos, conocerlos, interpretarlos y luego adaptarse a sus ciclos o tiempos, y no al contrario. Querer imponer los tiempos humanos a los de la naturaleza es igual que querer atravesar un huracán y salir ileso.

El afán del gobierno del presidente Santos, es explotar los recursos naturales de Colombia de manera sostenible, bajo el supuesto de que las ganancias en regalías a cambio de los licenciamientos ambientales y concesiones a empresas privadas, servirán como base del desarrollo económico del país.

Aunque la idea no es mala, el inconveniente es que este gobierno tiene algo menos de dos años, y en caso de que lograra su reelección, casi seis para ejecutarla. En ambos casos el tiempo es insuficiente para lograr que el Estado cree mecanismos eficaces de control a los privados, de manera que se garantice el equilibrio entre la explotación y la salud de los ecosistemas.

Sin estudios académicos serios, investigación y planes de manejo, la sostenibilidad no es más que una palabra escrita para adornar documentos oficiales de políticas ambientales.

En Colombia a pesar de los esfuerzos de científicos e investigadores, el ritmo de estudio de los ecosistemas es muy inferior a la velocidad de su transformación, a causa de la explotación de recursos naturales.

Transformación de los ecosistemas naturales de Colombia por intervención de la actividad humana. A la izquierda en blanco los ecosistemas intervenidos, a la derecha cada color representa un ecosistema diferente. De la abundancia a la escasez. Dr. Germán Márquez, departamento de ciencias naturales e IDEA, UNAL. 2001.

Se intervienen los ecosistemas para explotación minera, petrolera, hidroeléctrica, maderable o agropecuaria, sin la realización de estudios de impacto ambiental – EIA que cumplan con la rigurosidad académica, con consecuencias desastrosas como sequías, inundaciones, agotamiento o envenenamiento de agua potable, derrumbes, avalanchas, epidemias, plagas, agotamiento y esterilidad de los suelos, agotamiento de la pesca, etc.

Tanto el Ministerio de Ambiente como su dependencia la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, son muy jóvenes para lograr con éxito el control de proyectos antiguos que tienen licencia ambiental, a pesar de sus graves impactos como denuncia la Contralora, y además otorgar nuevas licencias.

Proyectos que según la Contralora de la Nación, tienen licencias ambientales (algunas cuestionables desde el punto de vista legal), que están generando graves crisis e impactos ambientales en el país, y que no han sido controlados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El sistema de licenciamiento actual se basa en EIA a cargo de las mismas empresas interesadas en la explotación. Aunque este sistema es eficaz en la entrega de las licencias, es poco efectivo y riguroso. Que la presencia de problemas ambientales en proyectos con licencia ambiental sea una constante, es un asunto delicado y muestra empírica del fracaso de la metodología.

Aún con los requisitos técnicos exigidos por la ANLA, la ejecución de los EIA no implican esfuerzos de muestreo significativos ni comprobables, por lo que sus resultados son cuestionables y poco confiables.

Resulta ilógico que el Estado descargue en las empresas solicitantes de licencias la responsabilidad de evaluar si su actividad será o no dañina, eso es igual a ser juez y parte. Las empresas en lugar de ser evaluadas, realizan un proceso de autoevaluación lleno de vicios y subjetividades a favor de los proyectos.

Aunque existen empresas serias dedicadas a la realización de EIA, mientras sus clientes sean las empresas solicitantes de licencias, el objetivo final no será evaluar qué tan nocivo será un proyecto y cómo mitigarlo, sino garantizar que la ANLA entregue a sus clientes la licencia, así haya que mentir u omitir información y evidencias que podrían ser suficientes para rechazar una explotación.

No es mi deber en esta entrada analizar si la política ambiental que plantea el gobierno de Santos es justa, injusta, o si está llena de buenas o malas intenciones, pero sí la de advertir que su tiempo de ejecución, los resultados esperados y sus instrumentos de control son insuficientes, poco efectivos, ponen el riesgo el futuro ambiental del país y están muy alejados de lograr el “desarrollo sostenible”.

En palabras de la Contralora de la Nación, con las ambiciones de la política ambiental actual, “Colombia está al borde de un desastre ambiental sin precedentes en su historia”.

Hace unos meses el MADS creó una figura legal para evitar que funcionarios que allí trabajen, incluso por contrato, en lo sucesivo puedan trabajar o contratar con empresas que soliciten permisos ambientales. Esto aplica para todos los funcionarios del MADS, menos para aquellos que en el pasado crearon una legislación ambiental para favorecer actividades como la minería y que hoy se ubican en cargos gerenciales de empresas de este tipo, pues la legislación no es retroactiva.

Se restringió la salida de la puerta giratoria, pero desafortunadamente no la entrada, lo que quiere decir que es posible que personas como Gloria Lucía Álvarez, exfuncionaria pública de entidades ambientales y hoy exabogada de Anglo Gold Ashanti (multinacional que ha tenidos que enfrentar una gran huelga de mineros en Sur África con un saldo de 46 empleados asesinados) aspire al cargo de directora de bosques y biodiversidad en el MADS.

Existen otros funcionarios que además de valientes, son los que admiro, los de Parques Naturales Nacionales PNN, gente comprometida que durante años han estado en frente del cañón que amenaza y usufructúa ilegalmente los recursos naturales protegidos en el sistema de Parques. En la lucha perpetua contra avivatos, delincuentes, mafias y grupos armados al margen de la ley, muchos han tenido que pagar incluso con su propia vida.

En el escenario existen diferentes amenazas, y como le enseñó a Colombia el auge del narcotráfico entre los 70 y 90, a todas las anteriores se deben sumar las artimañas y trampas legales. Los bandidos en Colombia nos mostraron descaradamente que se pueden encontrar vacíos legales para hacerle zancadillas a la ley, y no solo eso, también es posible infiltrar instituciones del Estado con el objetivo de favorecer a privados, a costa del interés público.

Un buen ejemplo es el estudio de legalidad de los predios en el Parque Natural Nacional – PNN Tayrona. Por más esfuerzos que hizo el Ministerio de Ambiente, Parques Naturales Nacionales y La Superintendencia de Notariado y Registro, al final no se logró explicar la suerte de una buena cantidad de hectáreas de terrenos baldíos de la Nación, entregados por el antiguo Incora en 1958 a familias poderosas de la región, justo antes de que la Sierra Nevada de Santa Marta, incluido el PNN Tayrona, fuera declarada reserva forestal por la Ley 2 de 1959 en un programa cuyo fin, según Noticias Uno (Minuto 3:30) era dotar de tierras a campesinos pobres.

Por eso, en Colombia no todo lo que es legal es bueno, y muchas acciones e historias por más “legales” que sean no podrán lavarse jamás el barro de trampa, mafia y deshonestidad que las cubre; así aleguen buena fe. No existen seres más despiadados que aquellos que se mienten así mismos para purgar sus culpas, porque así pueden delinquir sin remordimientos.

Con el nuevo anuncio del Ministro de Agricutlura, Juan Camilo Restrepo, de la existencia de una mafia en el INCODER dedicada a entregar baldíos de la Nación a empresarios y naturales adinerados, en lugar de a campesinos pobres como lo estipula la ley colombiana, muchos ciudadanos esperamos que sea la oportunidad para aclarar la adjudicación de baldíos a privados en el PNN Tayrona y en otros parques naturales, lo cuál sería una recompensa para esos anónimos en el MADS y en PNN, que trabajan incansables por preservar para las siguientes generaciones tesoros de la humanidad.

Colombia ha tenido que cargar con el bulto de la impunidad durante décadas, por los menos en este caso, esperemos que haya llegado el momento de caminar livianos sin el acecho de bandidos disfrazados de ovejas que amenazan con arrebatarnos los Parques Naturales Nacionales.

1. Según la información suministrada por el representante legal de C.I Tequedama del grupo DAABON, en los predios dentro del Parque Natural Nacional PNN Tayrona de propiedad de Arrecifes S.A. (promotora del hotel 7 estrellas) o T.I Tequendama S.A.S., empresas afiliadas a DAABON, no hay permisos ambientales para turismo y por lo anterior no se realizan malas prácticas turísticas o de contaminación ambiental por esta actividad.

Aunque es importante aclarar que:

Según información consultada el 29 de octubre de 2012, en el portal Web del hotel que la empresa Arrecifes S.A. tiene dentro de los terrenos del Parque Natural Nacional Tayrona,  se hace explícita su actividad hotelera y turística dentro del Parque Natural Nacional.

Portal Web de promoción del Hotel de Arrecifes S.A ubicado dentro del Parque Natural Nacional Tayrona

En el informe ejecutivo “Diagnóstico Registral: Situación jurídica actual del Parque Natural Nacional Tayrona” del 12 de enero de 2012:

Se registran predios a nombre de la empresa C.I Tequendama S.A.S. como uno de los titulares con derecho de dominio sobre:

Predio La Vega (79 ha) que es un “predio que no acreditó propiedad privada y deberá pasar a la Nación”.

El Limar (15 ha), que es un “predio que no acreditó propiedad privada y deberá pasar a la Nación”. Este predio correspondía a un “baldío adjudicado después de la declaratoria del parque” acción prohibida por la Ley 2 de 1959 y ratificada por Decreto 622 de 1977 en el artículo 11.

Predio Lote de terreno de 2 ha, con una licencia para construcción obtenida luego de que la zona fuera declarada como parque a pesar de las “prohibiciones de actividades que generan un gran impacto ambiental, como lo son las construcciones ya sea para vivienda permanente, hotelería u otra actividad comercial o industrial”. Este predio fue vendido a C.I Tequendama S.A.S., por Luz Stella Sierra Gallego, también luego de que la zona fuera declarada reserva, acción expresamente prohibida.

C.I Tequendama S.A.S. es también uno de los propietarios del predio Rancho Azul Sociedad Golconda que se transformó en Sociedad Vargas y Vargas, el cuál corresponde a una “constitución de una sociedad destinada a actividades como la ganadería y agricultura”, “que generan un gran impacto ambiental“ y “son actividades incompatibles con el numeral 3 del artículo 30 del Decreto 622 de 1997″.

Por parte de Arrecifes S.A., el informe encuentra que:

En los predios Playa Luna (197 ha), Arrecifes (199 ha) y el Diamente (195 ha), Arrecifes S.A. realizó “aportes a sociedad posteriores a la declaratoria del Parque”, prohibidos al igual que la venta de tierras, porque su objetivo es dotar de una mayor participación a un socio específico.

En el predio Zoila Esther (15 ha) “los títulos antecedentes no fueron suficientes ni idóneos”, por lo que “no se acredita propiedad privada” a Arrecifes S.A. sobre este predio.

2. Si bien es cierto que parte de los terrenos privados dentro del PNN Tayrona son de diferentes miembros de la familia Dávila, algunos involucrados en escándalos de paramilitarismo y narcotráfico (Eduardo Dávila de la élite a La Picota, Condenan al exgobernador José Domingo Dávila por “parapolítica”), la familia Dávila Abondano, dueña del 10% de la empresa DAABON no tiene ningún proceso legal relacionado con este delito. Me referí a que la empresa DAABON estaba involucrada en escándalos de paramilitarismo y desplazamiento forzado, pero de acuerdo a las precisiones de la carta enviada por la empresa, nunca se demostró desplazamiento forzado de campesinos durante la fecha en la que C.I Tequendama S.A.S., tuvo propiedad del 50% de los terrenos de las Pavas. De igual manera, las actividades de siembra por monocutlivo de palma africana y plátano de la empresa, tampoco han sido realcionadas legalmente con desplazamiento forzado o paramlitarismo.

En la actualidad la empresa Arrecifes S.A., pretende la construcción de un hotel en el Parque Natural Nacional Tayrona, a la cuál no puedo más que oponerme por tres motivos: el primero es que de acuerdo a los resultados del Diagnóstico registral de la situación jurídica actual del PNN Tayrona y a la emisión de Noticias Uno “Los Dávila, el parque tayrona y AIS” quedan muchas dudas sobre la adjudicación de baldíos a privados en el PNN Tayrona; el segundo es la privatización de los Parques Naturales Nacionales, en especial de las ganancias por explotación hotelera; y el tercero son los problemas de impacto y contaminación ambiental por la construcción de un hotel.

Los objetivos de la ley 2 de 1959 al declarar reserva forestal a la Sierra Nevada de Santa Marta y la posterior inclusión de los terrenos del PNN Tayrona a las áreas de protección dentro del sistema de Parques Naturales Nacionales, además de las únicas actividades permitidas, son: la conservación, la recuperación, el control, la investigación, la educación, la recreación y la cultura.

El Decreto 622 de 1977 que reglamenta algunas de las actividades dentro de los PNN, en el capítulo X artículo 30 prohíbe expresamente “el desarrollo de actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petroleras”.

La ley 300 de 1996 en su artículo 26 que define el ecoturismo, en ningún momento relaciona esta práctica con el desarrollo hotelero, sino de la educación ambiental, y además establece que “el desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas”, qué es lo que sucede con el dinero recaudado por Parques Naturales Nacionales producto del pago por ingreso  al parque.

El uso de las áreas incluidas dentro del sistema de Parques Naturales Nacionales no puede ser equiparable a industrias como la minería o petrolera, dónde las empresas entregan al Estado unas cuantas regalías a cambio de la explotación.

Si bien la Corte Constitucional ha manifestado la posibilidad de que se pidan licencias ambientales dentro de PNN, con la sentencia C-746 se ratifica en que no son para actividades industriales, incluida la hotelera, sino expresamente para las actividades permitidas: la conservación, la recuperación, el control, la investigación, la educación, la recreación y la cultura.

Las actividades hoteleras, enfocadas desde el ecoturismo, le vendrían muy bien a Colombia, pero jamás dentro de las reservas establecidas por ley y consolidadas en el Sistema de Parques Naturales Nacionales.