Hay un silencio incómodo entre varios sectores debido a la situación jurídica de la minería en Colombia. Desde hace más de 20 años la sociedad ha sido excluida de la redacción de Leyes sobre esta actividad. El Código de Minas del 2001 (Ley 685 2001) creado con la asesoría de Canadá (en beneficio de transnacionales mineras registradas en ese país), fue muy criticado por sus desventajas en materia social y ambiental, y en contraste cientos de beneficios para las mineras. El Código Minero del 2010 (Ley 1382 de 2010) intentó una reforma, pero aunque corregía algunos de los vicios pasados, también fue redactado a espaldas de la sociedad, al punto de perder su vigencia después de que la Corte Constitucional lo tumbara por falta de consulta previa. Con la amenaza de regresar al Código de Minas del 2001, muchos sentimos que no hay una legislación minera en el país, que las empresas que planean la explotación lo saben y abusan de ello, y que esta situación tiene a Colombia a punto de un desastre ambiental y social sin precedentes en nuestra historia.

Se han desdibujado las advertencias de diferentes académicos sobre las consecuencias negativas del boom minero energético.

Los representantes del gobierno las han querido hacer pasar como una oposición ambientalista radical, y a cambio se justifican en dudosos “estudios” con metodologías flojas que respaldan sus políticas. Pero la consigna que mejor explica lo que varios académicos de diferentes áreas del conocimiento mantienen es: “Explotación minero energética sí, pero no así“.

La última semana han aparecido varias quejas por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos respecto al proceso de Consulta Previa. Los dos diarios más importantes del país, El Espectador y El Tiempo, han protagonizado el debate* con artículos y editoriales. Pero la discusión sobre la conveniencia de la consulta previa no es actual. Durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez la Consulta Previa no solo fue omitida por diferentes proyectos y empresas bajo el silencio de los entes de control, sino que el mismo gobierno la violó al generar Leyes como la Forestal, rechazada por la Corte Constitucional al no haber cumplido este requisito.

Tiene razón el presidente Juan Manuel Santos en sugerir que una buena parte de los problemas ambientales de Colombia iniciaron durante el gobierno de Uribe, pero eso no lo libra de su responsabilidad. Como dice el profesor Manuel Rordíguez, experto en política ambiental y exministro de ambiente, el gobierno de Santos ha impulsado políticas ambientales iniciadas por Uribe e incluso defendido iniciativas tan lesivas como la construcción de hoteles dentro del Parque Natural Nacional Tayrona y la creación de reservas mineras en el Amazonas.

A Ele, la abuela grillo.

Los que estamos a favor de la conservación de la naturaleza en Colombia estamos creciendo y cada vez somos más diversos. Durante el 2012 las redes sociales se consolidaron como un catalizador que medió para que los que vivimos en las ciudades tuviéramos un contacto sincrónico y aunque virtual,  muy real, con aquellos que padecen de manera cotidiana los problemas que surgen en sus hogares producto del tire y afloje entre comunidades y empresas explotadoras de recursos.

El que hoy se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, ha tenido y tiene muchos funcionarios dedicados, que han desbordado todo su conocimiento y esfuerzo en tratar de garantizar la conservación y protección de ecosistemas únicos en Colombia. Por su puesto no esos que se vendieron por monedas de oro y hoy trabajan para grandes multinacionales extractivas o mineras, en lo que se denomina “la puerta giratoria”. Hace unos meses el MADS creó una figura legal para evitar que funcionarios que allí trabajen, incluso por contrato, en lo sucesivo puedan trabajar o contratar con empresas que soliciten permisos ambientales. Esto aplica para todos los funcionarios del MADS, menos para aquellos que en el pasado crearon una legislación ambiental para favorecer actividades como la minería y que hoy se ubican en cargos gerenciales de empresas de este tipo, pues la legislación no es retroactiva.

Según una carta  enviada por el representante legal de C.I Tequendama S.A.S. grupo DAABON (Haga clic aquí), de acuerdo a lo que escribí en la primera entrada de este Blog “El engaño del negocio verde en el Tayrona” de fecha 3 de septiembre del 2011 debo rectificar que: