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Publicado el Yolima Vargas Garzón @yoligrilla

¡Quién dijo miedo! Entrevista con Sandra Morelli

Sandra Morelli excontralora general de la República

Sandra Morelli, excontralora general de la Nación se encuentra en el centro de la polémica en Colombia debido a las acusaciones que contra ella ha hecho el Fiscal General de la Nación y, en consecuencia, su reciente exilio en Italia.

No es la primera vez que la excontralora Morelli ha estado en el ojo del huracán. Por cuenta de su gestión los ciudadanos nos acostumbramos a verla como protagonista de varios escándalos, pero en el papel de defensora de los dineros del erario y del patrimonio ambiental; no como acusada.

Mucho se ha dicho y escrito en los medios de comunicación del país sobre el exilio de la excontralora, pero aún así quedan muchas preguntas sin respuesta. Por este motivo la contacté y ella muy amablemente accedió a darme sus respuestas.

 

Yolima Vargas (YV) ¿Cuáles son las funciones del Contralor General de la República de Colombia?

Sandra Morelli (SM): En síntesis vigilar y controlar todos los recursos públicos de la nación, incluidos los administrados por particulares, como es el caso de los recursos parafiscales y su correcta ejecución de acuerdo con la ley.

YV: ¿A quién corresponde controlar o auditar la labor del Contralor General?

SM: En lo que se refiere a la correcta ejecución de su presupuesto, a la auditoria general.

YV: ¿De qué la acusa la Fiscalía General de la Nación?

Sandra Morelli: Si nos atenemos a lo que hasta ahora ha llevado ante la justicia, de una presunta celebración indebida de contratos y peculado en favor de terceros; todo relacionado con el contrato de arriendo de la actual sede de la Contraloría.

Pero desde que se posesionó me han acusado permanentemente a través de filtraciones a la prensa de interferencias ilegales telefónicas, de peculado por apropiación, de prevaricatos y… En fin, podría decir que la Fiscalía se pasea en forma amenazante por casi todos los capítulos de nuestro código penal.

YV: ¿Cuál es la razón de su exilio?

 SM: He debido salir precipitadamente del país con mi hijo único de 11 años porque no tengo garantías en Colombia. Padezco el terror de una Fiscalía desbocada en mi contra y de la Contraloría a mi cargo que entregué legalmente antes de partir, como sucedió con mas de dos mil intervenciones en nuestras oficinas, alguna con 40 investigadores que aparecieron de un día  para otro esculcando, mirando, recogiendo pruebas y atendiendo a fabulosas denuncias sobre supuestas chuzadas a periodistas y no sé a quién más.

A pesar de que en esa ocasión debieron dejar constancia de no haber, como es la absoluta verdad, ningún elemento ni siquiera indicial que indicara algún ejercicio en este sentido, no perdieron el tiempo. Su mayor logro fue haber tomado copia de todas las pruebas que hasta ese momento la Contraloría había acopiado en su auditoria a Saludcoop, investigación que la Contraloría había iniciado por denuncia y petición expresa y pública del señor presidente de la República en rueda de prensa en marzo del 2011.

YV: ¿Es decir que al sentirse perseguida decidió exiliarse sin esperar el curso normal de la justicia?

Yo estaba presta a acudir a la justicia. De hecho me sometí en el despacho del señor Vicefiscal, encargado del caso, a un arrollador interrogatorio bajo la gravedad del juramento, a cargo de tres fiscales investigadores y lleno de preguntas impertinentes, que duró casi 30 horas a lo largo de tres días. Todo para examinar un proceso contractual que ya estaba bien documentado ante la Fiscalía.

Allí me preguntaron si en una peluquería del vecindario me veía con el señor Alberto Aroch, uno de los copropietarios de la sede arrendada por la Contraloría. Esa pregunta me pareció temeraria y sin ningún fundamento, pero también me llevó a la conclusión de que la Fiscalía armaría una imputación en mi contra a como diera lugar.  Al final eso fue lo que sucedió.

YV: ¿En ese momento decidió exiliarse?

Mi decisión de salir del país obedeció a hechos nuevos que me indicaban la acerba de la Fiscalía, su velocidad y afán nunca vistos en Colombia.

Mientras realizaba la función elemental de empalme con el nuevo Contralor Edgardo Maya, elegido pocos días  antes por el Congreso, se fijó para el penúltimo día de mi mandato la audiencia de imputación.

Consideramos conveniente que ese día lo empleáramos en continuar la labor que habíamos iniciado y conjuntamente solicitamos al juez del caso que prorrogara por unos días más la fecha, la que fijó para la semana siguiente. Pero la Fiscalía no solo se opuso sino que en un comunicado público me anunció estar incursa en otro presunto delito: el de obstrucción de la justicia.

A través de la prensa profusamente se anunció el cómo la Fiscalía me imputaría y cómo pediría mi reclusión intramural. Así me enteré que el logro de este propósito tendría como gran castigado a mi hijo menor, huérfano de padre, quien quedaría bajo el patronato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese riesgo inminente me pareció insoportable…

Además, en la misma última semana, el jueves de la misma, el señor Ministro de Hacienda quiso honrar su palabra y la del señor Presidente, en el sentido de facilitar en el tiempo la adquisición de la nueva sede, hecho tramitado por muchos meses atrás. Reunió las bancadas económicas del Congreso, las que de manera unánime apoyaron la inversión, proveyendo los recursos de vigencias futuras durante el actual periodo presidencial. Sin duda esta decisión da un gran soporte a la decisión de cambio de sede.

Pero, entonces, ¡quién dijo miedo! De inmediato el señor Fiscal dijo, advirtiendo mediante un comunicado al Ministro, que ese edificio era objeto de investigación por presunto lavado de activos. Nunca se había pronunciado oficialmente en este sentido. Y antes, ante rumores, personalmente visité la embajada americana y se me dijo no tener ningún antecedente. Además debo recordar que el edificio estaba encomendado por la firma promotora al sistema financiero que por ley debe percatarse del buen origen de los recursos que respaldan sus operaciones.

YV: Gracias a sus investigaciones sobre la apropiación de dineros públicos de la salud, el país supo que el hoy Fiscal General de la Nación era el abogado de Saludcoop.  ¿Cómo cree usted que esto afectó el proceso que la Fiscalía debió abrir a los acusados de esta Empresa Promotora de Salud?

 SM: Es lo que el país registra asombrado: la carrera entre la liebre y la tortuga. Qué velocidad para enjuiciarme arbitrariamente y qué pasmosa desidia para atender todas las denuncias que hemos puesto en manos de la Fiscalía, así como por la quejosa ciudadanía y también el Congreso de la República.

YV: ¿Existen pruebas de que Saludcoop le haya hecho pagos al Fiscal después de posesionado?

SM: Las presenté ante la comisión de acusaciones del Congreso. Allí se demuestra cómo de sus numerosos contratos con Saludcoop por asesorías jurídicas en varios frentes por más de 6 mil millones de pesos, él seguía vinculado jurídicamente a Saludcoop.

Las cesiones de algunos de sus contratos hechos en consideración a su persona, demuestran haber tratado de ceder encargos pendientes en un abogado de menor valía, lo que no lo releva de las obligaciones pagas, prácticamente de contado. Debió haber liquidado todos y cada uno de los contratos no terminados por cumplimiento cabal de su objeto antes de posesionarse como Fiscal. Es lo ético, lo jurídico.

Como consecuencia de ello la Contraloría halló documentado el informe contable mensual de gastos de Saludcoop, que la interventoría  presentó a la Supersalud, en el que claramente aparecen durante varios meses, después de posecionado como Fiscal, cuantiosas partidas de «amortización» a nombre de Eduardo Montealegre, al igual que sucedió con otros ilustres colegas suyos. La lectura obvia, mínima, es que si a alguien le pagan por anticipado un oficio, mantiene una deuda con la entidad que lo contrató y le pagó, si no ha cumplido el encargo del contrato a cabalidad, ¿cómo lo amortiza en el tiempo? Esa es la cuestión.

 YV: En diferentes comunicaciones públicas usted ha manifestado que es  víctima de una persecución política en cabeza del Fiscal General de la Nación. ¿Cree que le están pasando una cuenta de cobro debido a las investigaciones que adelantó como Contralora, en casos polémicos como el de acaparamiento de baldíos, Saludcoop, Cerromatoso, Drummond o la advertencia sobre los posibles impactos del Fracking?

 SM: Uno podría pensar que como Fuente Ovejuna, ¡todos a una!, he oído versiones de gentes que se precian ser amigos del Fiscal, como amenaza.

El hecho cierto y concreto es que la especial alevosía con que la Fiscalía a cargo del señor Montealegre se mueve en mi contra, se debe al espíritu vengativo que demuestra por haberlo recusado por sus vínculos con Saludcoop y Acemi, entidad de la que también fue abogado pago, además de la denuncia ante la comisión de acusaciones de la Cámara.

Él debió haberse declarado impedido, y no habilitar a su segundo, nombrado a dedo y a su disposición, para facilitar que se designara un Fiscal ad hoc que se ocupara de estos temas.

El debate hoy sería muy distinto.

YV: En el Editorial del 3 de septiembre, El Espectador la acusa de enviar el mensaje a los colombianos de que “en Colombia no hay justicia ni hay por qué confiar en ella”, ¿Qué opinión tiene al respecto?

Infortunadamente no es porque yo lo diga. Es la opinión pública la que tiene en forma creciente este sentimiento.

Según las encuestas la credibilidad de la justicia está por el suelo, es además la repetida opinión de muchos comentaristas y fue tema del debate presidencial pasado.

El gobierno, comprometido en su campaña presenta una reforma, sobre la que no entro a opinar, con el ánimo de corregir tal estado de cosas. Y, ¡oh sorpresa!, el señor Fiscal, en hecho inédito, se va lanza en ristre contra el proyecto, el Gobierno, el Parlamento y convoca a los jueces a rebelarse. ¿Será que la reforma va contra el entramado de poder en que se empeña? ¿A quién le puede generar confianza tal estado de cosas? A nadie, y menos a mi, cuando el Fiscal está obsesionado con meterme a la cárcel.

YV: En una frase, ¿qué tiene para decir Sandra Morelli desde el exilio?

SM: No tengo ningún título para arrogarme capacidad de dar un mensaje a un país. Yo quiero solo informar que mi gestión, incluyendo el cambio de sede, fue legal y eficiente. Que si un juez imparcial mira los procesos deberá archivarlos. Que no es mi gestión investigar penalmente dónde está el desfalco a la nación, ni es interés del Fiscal proteger el erario.

Pareciera que en Colombia hay un pacto latente y no declarado, para no cumplir la ley. La retórica prima sobre hechos, el discurso es más relevante que la erogación efectiva de bienes y servicios, de ese modo nunca habrá paz con contenidos y cimientos.

Mucha mafia pulula en torno a las instituciones.

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