Llevamos muchas décadas en Colombia en las que el componente de política ambiental ha ocupado los últimos eslabones de preocupación nacional. Este tema se ha relegado a una visión extractivista, exacerbada durante los dos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez y continuada por Juan Manuel Santos bajo el eslogan de «la locomotora minera».
A lo largo del período presidencial de Juan Manuel Santos han sido muy difíciles los puntos de encuentro y concertación frente a las críticas de un sistema en crisis y la ausencia de institucionalidad. De no ser por la presión social y cívica no se habrían revocado planes tan perturbadores como la privatización de los Parques Naturales Nacionales por medio de construcciones de hoteles lujosos o la detención temporal de proyectos mineros en Páramos como el de Santurbán.
A pesar del descontento cívico y la imagen negativa de la minería, la economía extractiva minero energética sigue latente, ha convertido el Amazonas en reserva minera (ver aquí) y amenaza con la extinción de los últimos bosques de niebla (productores aliados de agua de los páramos) del mundo. En este contexto, una moratoria minera significa suspender la expedición de títulos mineros y licencias ambientales para exploración o explotación mineroenergética, mientras la actividad minera del país no esté organizada y se cree una normatividad estable y concertada.
Con el nombramiento en el Ministerio de Ambiente de la ministra Luz Helena Sarmiento antes directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la política ambiental ha dado un vuelco positivo, pero muchos nos preguntamos si esto obedece a un espíritu real o más a un componente de la campaña de reelección del presidente Santos.
El giro del gobierno en los últimos días llegó al punto de dar la razón a los críticos que en el pasado tachó de radicales: hoy no son ambientalistas como el exministro de ambiente Manuel Rodríguez los que critican que las actividades de exploración mineroenergética no requieran licencia, sino la misma ministra (ver aquí).
La campaña electoral para la reelección del presidente Santos es en una oportunidad para pedirle cuentas al gobierno y exigirle una Moratoria Minera ante las evidencias -hoy reconocidas por el Ministerio de Ambiente- de descontrol total de las empresas mineras que contaminan, abusan de los trabajadores, de las regiones e incluso roban al país haciendo trampas para pagar menos impuestos y regalías.
La situación minera del país es alarmante, y la caja de Pandora del sector que era la bandera del gobierno Santos: el del carbón, nos estalló en la cara haciendo imposible que se sigan tapando las inconsistencias. Si no es Drummond el protagonista de casos de abuso laboral, social o ambiental, es Prodeco, si no Puerto Nuevo, si no el Cerrejón y así. En el caso de las empresas mineras de oro es peor: Ecogold antes Greystar quería explotar el páramo, y la extensa región en donde Anglo Gold Ashanti interviene es presa del miedo, la violencia y la incertidumbre de sus pobladores.
Es evidente que el Estado colombiano no tiene control alguno sobre la minería y no tenemos un Código de Minas construido de manera democrática que incluya a todos los sectores sociales, no solo a las grandes mineras, sino a pobladores, mineros pequeños y artesanales, ambientalistas, académicos, etc.
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Algunos especialistas como Jorge Garay y Guillermo Rudas (ver aquí) sugieren que al hacer un balance de los costes sociales y ambientales de la minería versus las regalías, queda un saldo rojo y el país pierde (ver aquí).
Se ha justificado la minería como fuente de desarrollo, pero la realidad es que lejos de progresar, las regiones mineras son las más pobres del país afectadas por los efectos negativos de esta actividad (ver aquí). ¿Sirve entonces la minería para desarrollar a Colombia? Negar la necesidad de una Moratoria Minera en el país es cinismo.
