El estudio y la planeación ambiental presuponen por parte del ejecutor o investigador un revestimiento de paciencia. Los procesos naturales no responden a los plazos artificiales de ejecución de proyectos que se basan en análisis de eficiencia financiera.

Antes de intervenir los sistemas vivos, es necesario estudiarlos, conocerlos, interpretarlos y luego adaptarse a sus ciclos o tiempos, y no al contrario. Querer imponer los tiempos humanos a los de la naturaleza es igual que querer atravesar un huracán y salir ileso.

El afán del gobierno del presidente Santos, es explotar los recursos naturales de Colombia de manera sostenible, bajo el supuesto de que las ganancias en regalías a cambio de los licenciamientos ambientales y concesiones a empresas privadas, servirán como base del desarrollo económico del país.

Aunque la idea no es mala, el inconveniente es que este gobierno tiene algo menos de dos años, y en caso de que lograra su reelección, casi seis para ejecutarla. En ambos casos el tiempo es insuficiente para lograr que el Estado cree mecanismos eficaces de control a los privados, de manera que se garantice el equilibrio entre la explotación y la salud de los ecosistemas.

Sin estudios académicos serios, investigación y planes de manejo, la sostenibilidad no es más que una palabra escrita para adornar documentos oficiales de políticas ambientales.

En Colombia a pesar de los esfuerzos de científicos e investigadores, el ritmo de estudio de los ecosistemas es muy inferior a la velocidad de su transformación, a causa de la explotación de recursos naturales.

Transformación de los ecosistemas naturales de Colombia por intervención de la actividad humana. A la izquierda en blanco los ecosistemas intervenidos, a la derecha cada color representa un ecosistema diferente. De la abundancia a la escasez. Dr. Germán Márquez, departamento de ciencias naturales e IDEA, UNAL. 2001.

Se intervienen los ecosistemas para explotación minera, petrolera, hidroeléctrica, maderable o agropecuaria, sin la realización de estudios de impacto ambiental – EIA que cumplan con la rigurosidad académica, con consecuencias desastrosas como sequías, inundaciones, agotamiento o envenenamiento de agua potable, derrumbes, avalanchas, epidemias, plagas, agotamiento y esterilidad de los suelos, agotamiento de la pesca, etc.

Tanto el Ministerio de Ambiente como su dependencia la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, son muy jóvenes para lograr con éxito el control de proyectos antiguos que tienen licencia ambiental, a pesar de sus graves impactos como denuncia la Contralora, y además otorgar nuevas licencias.

Proyectos que según la Contralora de la Nación, tienen licencias ambientales (algunas cuestionables desde el punto de vista legal), que están generando graves crisis e impactos ambientales en el país, y que no han sido controlados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El sistema de licenciamiento actual se basa en EIA a cargo de las mismas empresas interesadas en la explotación. Aunque este sistema es eficaz en la entrega de las licencias, es poco efectivo y riguroso. Que la presencia de problemas ambientales en proyectos con licencia ambiental sea una constante, es un asunto delicado y muestra empírica del fracaso de la metodología.

Aún con los requisitos técnicos exigidos por la ANLA, la ejecución de los EIA no implican esfuerzos de muestreo significativos ni comprobables, por lo que sus resultados son cuestionables y poco confiables.

Resulta ilógico que el Estado descargue en las empresas solicitantes de licencias la responsabilidad de evaluar si su actividad será o no dañina, eso es igual a ser juez y parte. Las empresas en lugar de ser evaluadas, realizan un proceso de autoevaluación lleno de vicios y subjetividades a favor de los proyectos.

Aunque existen empresas serias dedicadas a la realización de EIA, mientras sus clientes sean las empresas solicitantes de licencias, el objetivo final no será evaluar qué tan nocivo será un proyecto y cómo mitigarlo, sino garantizar que la ANLA entregue a sus clientes la licencia, así haya que mentir u omitir información y evidencias que podrían ser suficientes para rechazar una explotación.

No es mi deber en esta entrada analizar si la política ambiental que plantea el gobierno de Santos es justa, injusta, o si está llena de buenas o malas intenciones, pero sí la de advertir que su tiempo de ejecución, los resultados esperados y sus instrumentos de control son insuficientes, poco efectivos, ponen el riesgo el futuro ambiental del país y están muy alejados de lograr el “desarrollo sostenible”.

En palabras de la Contralora de la Nación, con las ambiciones de la política ambiental actual, “Colombia está al borde de un desastre ambiental sin precedentes en su historia”.