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11
08
2013
Juan Carlos Torres

Asesinos al volante.

Por: Juan Carlos Torres

Tal como lo reza el aforismo popular, no hay duda que “el colombiano es bueno para el trago”. Este fenómeno cultural se halla  innato a la condición folclórica que nos caracteriza. No obstante, la ingesta excesiva y su brutal combinación con el uso indebido de automotores constituyen una de las principales causas de accidentalidad en Colombia.

Pese a las numerosas campañas que han librado diferentes organismos, es de destacar: “Si va a beber no conduzca”, “Conductor elegido” del Fondo de Prevención Vial,  “Si va a manejar no tome, si va a tomar entregue las llaves”, entre otros; han sido casi nulos los logros obtenidos, en un país de  diversos rostros que han sufrido las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. De allí las incuantificables “estrellas negras” que ha venido acumulando la accidentalidad.

Llama  poderosamente la atención las declaraciones del Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, quien manifestó que el tema de los conductores ebrios  es de salud pública, por cuanto aduce que el problema obedece a la adicción  al alcohol. En esta tesis, los victimarios al volante deberían ser considerados como enfermos, lo cual evidencia el beneplácito del máximo persecutor penal en la consumación  de este tipo de conductas. Es como si escudáramos a los traquetos, aduciendo su grado de drogadicción; siendo así, todos los ladrones serían consentidos cleptómanos; y los violadores, corruptos e insurrectos serian  justificados socialmente bajo el precepto de la causa que los condujo al crimen.

Sin duda, quien porta una licencia de conducción acredita su idoneidad para tal fin, tras el previo sometimiento a las pruebas de rigor; por tanto, debe considerársele como un ser humano capaz de razonar frente a las nefastas consecuencias que genera la mezcla del alcohol y el volante. Es por ello, que quien ejecuta esta práctica mortal debe ser tratado como un victimario que actúa con premeditación y alevosía. No debemos olvidar que antes del estado de ebriedad el ser humano es por esencia sobrio, capaz de contemplar y proyectar los efectos  de sus actos; es decir, antes de alistarse para  ingerir alcohol, el posible victimario reconoce y analiza la posibilidad de no conducir; sin embargo después de contemplarlo sin una sabia decisión aduce que lo hará al regreso, y una vez con el alcohol diluido en su sangre, el borracho subestima el riesgo y se convence que es capaz de conducir, desatendiendo el peligro que le acarrea.

Numerosos estudios han determinado que la concentración de alcohol en la sangre tiene efectos desfavorables sobre la capacidad psicomotora, la visión, el comportamiento y otras conductas fundamentales para conducir como la disminución en el campo visual, perturbación en el sentido del equilibrio, los movimientos se hacen menos precisos, se calcula mal la distancia y se disminuyen los reflejos; entre otros. Además de otras variables como la dificultad para percibir el color rojo como el del semáforo o algunas señalizaciones como el “Pare”.

Colombia es un país de consentidos y consentidores; en este horizonte los padres de la patria del poder legislativo cargan su responsabilidad histórica. De no ser por el trabajo incesante de los medios de comunicación y de la presión generada por un pueblo cada vez más  contrariado con las injusticias y carencias del marco normativo y el sistema de justicia, con un pronunciado rechazo a la decisión judicial de conceder la libertad a Fabio Salamanca; no habría surgido una reacción mediática que presume una urgente reforma abanderada por once jinetes del senado que estudian la nuevas posibles sanciones que se aplicarían a los conductores ebrios; dicha labor será articulada con la intervención de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Es menester recordar que éste, sería el quinto proyecto de ley que se presente antes el Congreso de la República para el mismo fin, dichas iniciativas anteriores no progresaron por el miedo que milita entre la clase política de convertir esta conducta en delito, siendo que  este mismo gremio constituye un sector importante de numerosos infractores de la norma, lo cual los haría acreedores de  medidas drásticas como la prisión y la automática inhabilidad para ejercer cargos públicos.

De haberse encausado la reforma cuando se vislumbró el crecimiento de esta problemática, se hubiese evitado la proliferación de esta epidemia y por ende las miles de muertes generadas por este flagelo en el país durante los últimos años, máxime cuando durante la presente anualidad la accidentalidad en Colombia se ha incrementado en un 92%. Contrario a ello, las medias destinadas a la seguridad vial contemplan políticas de educación, como cursos de concientización y  descuentos en el pago de multas; entre otros procedimientos endebles.

El proyecto de ley con el que  se busca endurecer las penas a los conductores ebrios, postulará  la extinción de dominio del vehículo de la persona que provoque el accidente en tal estado. De mi consideración, así como en Colombia se ha aumentado la casa por cárcel debido al hacinamiento en los centro de reclusión , ello nos lleva necesariamente a reflexionar sobre los siguientes interrogantes: ha pensado el estado ¿dónde van a guardar tantos vehículos? o analizado  ¿si los vehículos están pignorados quién pierde? o peor aún, pudiera nacer un nuevo carrusel o  replicar lo ocurrido en la Dirección Nacional de Estupefacientes  intervenida por irregularidades en la adjudicación de bienes de la mafia. Esta propuesta huele a orangutanes en la norma, lo único que se debe contemplar en la Ley son sanciones severas sin compasión,  tan drástica que el posible victimario considere bien la decisión que va a tomar antes de ingerir alcohol.

Existe un rechazo popular marcado por el trato generoso a los conductores ebrios, el hecho de que una persona sea responsable de una muerte y no vaya a la cárcel porque resuelve con dinero, envía un mensaje equivocado a la sociedad.

Esta problemática debe ser abordada desde diferente perspectiva y necesita la intervención de  todos los actores sociales para poder darle una solución integral y de fondo. Por un lado, deben realizarse ingentes esfuerzos desde una óptica preventiva,  que continué con la tarea de crear conciencia sobre los efectos y consecuencias del consumo irresponsable del alcohol, no solo para sí mismo, sino para su familia y para las víctimas. Aunado a ello la tipificación y endurecimiento con medidas inflexibles; y por último mayor censura social desde los amigos y familiares, reprochando a quienes toman la fatal decisión de conducir bajo estado de alicoramiento.

A finales del presente mes se conocerá el texto definitivo del proyecto de Ley que se supone endurecerá el castigo y elevaría a política pública la problemática de los borrachos al volante. Esperemos que las medidas sean duras y coherentes, no plagadas de micos e imprecisiones para que abogados y jueces puedan desvirtuarlas con sus acostumbradas interpretaciones amañadas.

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Opinión por:

tomruiz202

12 agosto 2013 a las 10:48 AM
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Que impongan penas bien fuertes a los conductores ebrios dejemos ya de pensar que no hay cárceles que no hay sitio para guardar los carros que no no ay juzgados para atender , Colombia es un país rico en territorio ,en dinero que se lo roban los de cuello blanco,a construir carceles, oficinas , lo que sea para castigar fuertemente a estos asesinos del volante,basta ya !!!!!! Que hayan penalidades fuertes ,cárcel,multas extinción de dominio de vehículos , etc pa que a los borrachos cuando estén ebrios les duela!!!!!los que es perder un ser querido.
No he pasado por eso, pero me pongo en la piel de los familiares de las víctimas.Basta ya Colombia !!!!! Basta de excusas.

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