La segunda reforma tributaria de la administración Santos está lista. El articulado base de la iniciativa está ya condensado en un proyecto ley sobre el cual sólo se espera el banderazo final de Presidente de la República y de su Ministro de Hacienda.

En este momento, el tema es más de estrategia y oportunidad que de técnica tributaria o análisis económico. Se diría que ese trabajo ya se hizo y está suficientemente documentado y montar escenarios de presentación es relativamente sencillo.

Si bien para esta reforma se prevén novedades, en su mayoría y como ocurre siempre, la nueva normatividad apunta a cerrar canales de evasión y elusión, que por donde se miren le cuestan miles de millones y hasta billones al estado colombiano.

Por ejemplo, un informe reciente de la Dian permite decir que en 2010 el costo fiscal de todos los beneficios tributarios en renta de las personas naturales y jurídicas fue cercano a $16 billones. En otras palabras, más del 20% de lo recaudado en ese año ($70,2 billones) Para ese período la cifra fue más de cinco veces el recaudo del 4×1000 correspondiente a todas las transacciones bancarias gravadas con ese impuesto. Lo beneficios también pesaron más que el recaudo de todos los impuestos derivados de la actividad externa (IVA y aranceles)

Volviendo a la Reforma, el articulado evidentemente no es tan denso y no tendría porque serlo si lo que busca es un sistema tributario que responda a los principios básicos de equidad y progresividad.

La columna vertebral del proyecto evidentemente está relacionada con la disminución de la tarifa de renta y la unificación en dos tarifas de IVA que reemplacen las nueve existentes hoy.

También vendrá un régimen sancionatorio menos gravoso que el actual y más sencillo de aplicar, sin obviar eso sí la imperiosa necesidad de acabar con la discresionalidad y hasta la arbitrariedad de los funcionarios. Sin duda, en la iniciativa y en la discusión vendrá el tema de la penalización. De nuevo se reclamará cárcel para los evasores, pero de ahí a la realidad se mantiene un trecho largo.

Dependiendo de la agresividad para proponer una disminución en la tarifa de renta que incentive la inversión nacional y extranjera, así como la debida tributación, se discutirá la eliminación del Gravamen a los Movimiento Financieros. Uno de los escenarios analizados en Renta ronda el 28% y poco se duda que pudiera ser del 25%

Acabar con la informalidad que crece todos los días y que genera hondas distorsiones en la economía, será el otro tema que pondrá a pensar fríamente a los legisladores. Ahí son claves los temas de nuevas, pequeñas y medianas empresas. En el pasado los intentos han sido fallidos.

Ahora si en verdad se adicionan los temas territoriales donde la ineficiencia es peor que en la tributación de los nacionales, ahí estará el cuello de botella.

En medio del hermetismo para dar a conocer la iniciativa, a la reforma sólo le podría faltar una ligera aproximación a los legisladores, gremios, empresarios y expertos en el tema. Esta es una práctica muy común del presidente Juan Manual Santos desde cuando fue ministro de hacienda y cuando pretendió, entre otros aspectos, generalizar el IVA.

Es un ejercicio peligroso porque a varios de sus sucesores que intentaron hacer lo propio, les tocó dejar sus proyectos de ley en el refrigerador o desmontarse de ellos y conformarse con unas de cal y otras arena. Después de todo el gobierno propone y es el Congreso el que dispone.

Por esta última razón es que el Estatuto Tributario y en general el Régimen Tributario de hoy es pesado en toda la extensión y el alcance de la palabra.