Este post es un adelanto de la edición de este trimestre de la Nota Macroeconómica de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes
Por: Óscar Becerra, Marcela Eslava, Marc Hofstetter, David Pérez, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta, del Grupo de Investigación en Macroeconomía. Con la contribución de Andrés Alvarez, David Bardey y Tomás Rodríguez.
La humanidad se está viendo forzada a tomar decisiones extremas para frenar la expansión del Covid-19. Esas decisiones ameritan el respaldo de todos, pues la emergencia sanitaria es la prioridad número uno en el momento. Pero es previsible que tendrán fortísimas consecuencias económicas; no hay antecedentes de una coyuntura en que se haya dado la orden generalizada de semi-paralizar las economías a lo largo y ancho del planeta.
Mitigar las consecuencias económicas de la estrategia de salubridad es una responsabilidad tan importante como la que han asumido los distintos gobiernos para frenar la epidemia, pues una recesión económica tiene consecuencias humanas que pueden ser nefastas. Las recesiones generan enorme sufrimiento, y sí, también muertes, consecuencia del empobrecimiento, el deterioro del acceso a la protección social, e incluso las consecuencias sicológicas del desempleo.
Esta Nota Macro presenta algunas sugerencias sobre el proceder de la política económica en estos tiempos de profunda turbulencia, teniendo en cuenta que muchos de los mecanismos tradicionales de expansión fiscal y monetaria no pueden lidiar con las peculiaridades de la actual coyuntura.
“La gente por encima de la economía” es una falsa dicotomía a la que no nos debemos dejar arrastrar. La economía es de la gente y para la gente. La pérdida de empleos y negocios que viene con una recesión significa familias sin ingresos. Las consecuencias son más fuertes sobre los más pobres, pues tienen pocos o nulos ahorros, y sobre los informales y cuentapropistas, que no tienen acceso a la protección social de un empleo formal o a la legal que dan los contratos con clientes, empleados y empleadores.
Aunque innovaciones tecnológicas como el teletrabajo, las compras por internet y los domicilios a gran escala ayudarán a amortiguar el golpe de una manera que habría sido impensable en pestes de siglos pasados, el teletrabajo es imposible para un obrero u obrera de la construcción o de una línea de producción manufacturera, para un peluquero, un jardinero, una mesera o un masajista. Los dueños de restaurantes ven sus ingresos mermados, con lo que se les dificulta mantener en su trabajo a los meseros (que además pierden las propinas), y cancelan los pedidos a proveedores grandes y pequeños, industriales y artesanales. Y así.
Una recesión se transmite en cascada y toca a todos, directamente o a través de un familiar, amigo o vecino. Y, aún si el choque es temporal, sus consecuencias pueden ser permanentes para quienes tienen edades o experiencias laborales que dificultan su re-enganche, o pierden empresas irrecuperables. Un triste ejemplo de este efecto cascada lo observamos en la crisis de 1999, en la que sufrimos un aumento de la tasa de informalidad laboral, especialmente en las personas mayores de 40 años, de la que nunca nos recuperamos completamente.
El aislamiento social derivado de las medidas de protección no es el único efecto que amenaza la evolución de la economía y el empleo. La turbulencia en los mercados financieros implica que ahora nos enfrentamos a un período en el que el componente importado de los costos de producción aumenta, las fuentes de financiación disminuyen y la demanda tanto de los hogares como de otras empresas se debilita. Estos efectos, aunque pueden ser temporales, pueden tener un impacto importante en las decisiones de inversión, profundizando aún más el efecto negativo de la sobre el empleo.
Si el aislamiento social es la receta para frenar la amenaza de salud pública, ¿cuál es la receta para frenar la amenaza de recesión que se desprende de la incertidumbre y del mismo aislamiento social? Como la vacuna del Covid-19, esa receta tenemos que inventarla de ceros, porque no sabemos cómo lidiar con una súbita orden de poner la economía a media marcha. Pero, también como en salud pública, la experiencia con otras enfermedades nos debe ayudar.
Hay que comenzar por la receta tradicional de la economía: se requiere de estímulo fiscal y monetario, y en este caso seguramente en dosis altas y rápidas. Como dijo Greg Mankiw en su blog la semana pasada: “Hay momentos para preocuparse por la deuda creciente del gobierno. Éste no es uno de ellos”. Y añadiríamos: “Hay otros para priorizar la lucha contra la inflación por sobre el estímulo a la actividad económica. Éste no es uno de ellos”.
Por supuesto, la inflación nos golpea a todos, pero si es moderada y si resulta de esfuerzos por dinamizar la actividad económica, su efecto será el de hacernos asumir a todos una pérdida manejable en el valor adquisitivo de nuestros ingresos, a cambio de evitar muchos pierdan sus ingresos por completo.
Pero claro, debemos ajustar la receta de la expansión fiscal y monetaria porque muchos de sus mecanismos tradicionales no van a funcionar. No podemos esperar, por ejemplo, que la gente responda a bajas tasas de interés saliendo a blandir su tarjeta de crédito en restaurantes y hoteles, cuando la recomendación es el aislamiento social. Tampoco parece razonable esperar que los hogares inviertan en nuevas viviendas con el altísimo grado de incertidumbre que enfrentan.
Aquí van algunas sugerencias que pueden formar parte del coctel vigorizante que requerirá la economía:
1. Minimizar el impacto negativo sobre la provisión de crédito
Muchos hogares y empresas verán afectados sus ingresos, y algunos requerirán crédito flexible para sortear el día a día por un tiempo. Al mismo tiempo, la banca estará en aprietos para conseguir liquidez adicional, porque el valor de sus inversiones liquidables se ha desplomado al tiempo con las bolsas y con la subida de las tasas de interés. Conseguir crédito, especialmente barato y flexible, será difícil. La política monetaria requerirá una combinación de inyecciones de liquidez (que el Banrep ya ha empezado a ejecutar) y rebajas de tasas de interés.
Las últimas no tendrían el objetivo (ni el alcance) de invitar a la gente a gastos extraordinarios o suntuarios, sino de permitir no interrumpir su consumo básico a los hogares, y dotar de capital de trabajo a las empresas para que puedan sortear estos meses complejos sin despedir o dejar en licencia no remunerada a sus trabajadores.
2. Minimizar la pérdida de recursos de las familias, especialmente las más vulnerables. Hay varios mecanismos que pueden tener este efecto, entre los cuales se cuenta:
a. Incrementar temporalmente, y en magnitud apreciable, el monto de las transferencias de Familias en Acción y Colombia Mayor. Considerar hacerlo con recursos de destinación específica a alimentación, especialmente infantil, y otras necesidades de primer orden. En Estados Unidos se considera enviar un cheque de mil dólares a cada familia, así algunos recursos se desperdicien en quienes no los necesitan; aquí tenemos en estos dos programas una herramienta de focalización que nos evita ese desperdicio. Si la focalización se hace imposible con la premura y contundencia necesaria, habrá que considerar incluso garantizar un ingreso mínimo vital para todos que asegure la satisfacción de necesidades básicas, aun cuando pueda llegar a familias en condiciones más favorables.
b. Abrir créditos públicos a interés bajo y con periodos de gracia para familias con bajo puntaje de Sisben que los requieran, con destinación a compras básicas. Tarjetas de crédito para supermercados, o bonos de alimentación, son herramientas útiles para ese propósito.
c. Retrasar los pagos del impuesto predial previstos para abril en muchos municipios.
d. Garantizar la distribución de la alimentación escolar en los colegios públicos.
e. Disminuir o postergar cargas prestacionales y tributarias a las empresas, sólo para aquellas que se abstienen de hacer despidos por un cierto horizonte de tiempo, y especialmente en los sectores más afectados. En una sociedad que decide minimizar el riesgo de contagio usando el aislamiento, se verán especialmente afectados los sectores cuya actividad depende de la congregación: bares, restaurantes, hoteles, comercio y lugares de entretenimiento y cultura. Estos son también sectores donde la prevalencia de contratos temporales e informales, y por tanto el riesgo de desempleo, es mayor que en otros.
Hacia esos sectores se deben enfocar especiales esfuerzos para paliar los efectos de la crisis, condicionados al mantenimiento del empleo, con la potencial consecuencia positiva de largo plazo de propiciar la formalización. Aunque es cierto que este gobierno ha generado excepciones a múltiples sectores, desnivelando la cancha de la actividad privada con consecuentes pérdidas de productividad, la prioridad en el momento es estimular la economía para evitar una desaceleración extrema.
f. Establecer un programa temporal de seguro de desempleo que extienda el tiempo o el monto de beneficios del muy parco programa ya existente, o asumir el pago de parte de los salarios de las empresas que cierran temporalmente, ajustando dicha proporción al nivel de ingreso para apoyar con mayor determinación a los trabajadores de más bajos ingresos.
3. Evitar que la confianza se deteriore por desorientación o por noticias que eran previsibles
Aún si la batalla contra el virus se está ganando, el número de casos detectados crecerá fuertemente en los días que vienen, mientras se revelan los síntomas de quienes se contagiaron antes de las medidas extremas de aislamiento social. Es necesario prevenir a la población para que no se malinterprete este hecho como señal de fracaso de las medidas, evitando mayor pánico y pérdida de confianza.
Estas son medidas extraordinarias para mitigar unos riesgos extraordinarios. Deben ser de carácter temporal. Pero deben ser estudiadas y adoptadas con celeridad y prodigalidad, pues ya hay quienes ven sus fuentes de ingreso esfumarse: el restaurante vacío, la cancelación de los pedidos de sus clientes, etcétera. Evidentemente, la implementación de estas propuestas tiene un costo fiscal que el país tendrá que pagar en el futuro. No obstante, el costo económico y social de la inacción sería muy superior.