Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Colonización dirigida y desplazamiento forzado

Por Francy Carranza*

El moribundo Incoder, meses antes de que iniciara su proceso de liquidación, sacó una resolución “por la cual se inicia el procedimiento de recuperación del baldío indebidamente ocupado” en la zona de San Vicente del Caguán. Se trata de la resolución 810 del 19 de marzo de 2015, la cual afecta terrenos de más de 285.000 hectáreas en la zona del Lozada-Guayabero, entre San Vicente y La Macarena.

Los terrenos que, debido a la resolución, pueden llegar a ser considerados baldíos, de hecho se yuxtaponen con los Parques Naturales Tinigua y La Macarena, un resguardo indígena y un  terreno que está buscando ser declarado como zona de reserva campesina. Es decir la resolución desconoce que se trata de una superficie donde existen otros títulos jurídicos.

Pero aún más grave es que, en caso de considerarse baldío, se  desconocería la presencia de de 18.000 personas, muchas de las cuales llevan más de 30 años viviendo en la zona o nacieron allí. Además, la recuperación del predio por parte del Estado podría terminar en la expulsión de poblaciones, muchas en condición de vulnerabilidad.

En la década de los 60s y 70s, el Meta y el Caquetá fueron áreas en donde el Incora, institución remplazada por el Incoder en el 2003, fomentó la colonización dirigida para ampliar la frontera agraria. Muchos campesinos llegaron de varias zonas del país, buscando tierras y un sustento digno en las labores agrícolas, esperanzados en las promesas hechas por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, y debido a los fallidos intentos de Reforma Agraria, los campesinos fueron abandonados a su suerte, muy pocos recibieron la titulación, la tecnología agrícola y la asistencia técnica prometidos. En ese contexto, las guerrillas primero y luego los paramilitares, llegaron a establecer órdenes sociales en ese territorio.

A un mes de la prometida fecha final para una firma de un acuerdo con las Farc todo este territorio de Meta y Caquetá puede ser una zona destinada a la reinserción de los excombatientes. Cabe entonces preguntarse ¿Cuál es el tipo de institucionalidad y de paz territorial que está preparando el gobierno nacional? ¿Cuál va a ser la política en esta zona en el post conflicto por parte de la nueva Agencia Nacional de Tierras? Es fundamental  tener en cuenta las decisiones administrativas afectan a poblaciones vulnerables y que en este caso concreto se configura el riesgo de un eventual despojo. En este sentido también es necesario preguntarse ¿Cómo solucionar los conflictos subyacentes por la tierra, causados por la aplicación de los diseños institucionales que propone el posconflicto?

Es fundamental que el Estado finalmente llegue a formalizar sus relaciones con los campesinos, es decir, a proteger los derechos de propiedad sobre el terreno en el que viven y del que obtienen su sustento; así como de prestarles real asistencia, orientación y subsidios, y otras medidas que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales. Resoluciones como la 810 del Incoder traen el efecto contrario de someter a los campesinos a la expulsión y desplazamiento forzado.

*Investigadora del Observatorio-

IEPRI. Universidad Nacional.

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