La corrupción ha sido una constante cultural e histórica en nuestra organización social, que socava la democracia y frena el desarrollo. En Colombia, anualmente la corrupción defrauda el erario público en más de cincuenta billones de pesos, que se van a los bolsillos y paraísos fiscales de los corruptos.
La corrupción es un proceso que nace, crece, se reproduce y nunca muere, de ahí la necesidad de revisión y evolución permanente del ordenamiento jurídico, destinado a su prevención y represión. Las medidas establecidas en la política pública para prevenir, mitigar y/o castigar los actos de corrupción resultan útiles; sin embargo, no son suficientes; de ser así, ya habríamos superado el fenómeno de la corrupción.
Es imposible no coincidir en la necesidad de fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción; no obstante, una parte de la sociedad colombiana viene padeciendo de un enorme e irreconciliable problema, donde no vale tanto lo que se propone como quién lo propone; es decir, no importa qué tan benéfica o lesiva sea una idea, basta con tener una identidad con quien la plantea para emitir un juicio que muchas veces resulta calcado, lo que nos condena al subdesarrollo político y cultural.
Otro problema está relacionado con la ausencia de un análisis crítico y/o vocación de lectura, nos quejamos de tener que leer un documento de trescientas hojas para votar por la paz y hoy, a puertas de una nueva consulta, muchos no han leído un documento de una hoja para votar contra la corrupción.
Votaré Sí para que se reduzcan los salarios de los altos dignatarios: funcionarios, magistrados y congresistas que ganan más de 40 Salarios Mínimos y se establezca un tope máximo de 25 Salarios.
Votaré Sí para abolir la prisión domiciliaria y otros beneficios carcelarios con los que favorecen a quienes desangran el erario, para que no haya más “Alejandro Lyons” quien goza de casa por cárcel en Miami después de haber defraudado al sector de la salud en más de setenta mil millones de pesos.
Votaré Sí para que todas las entidades territoriales estén obligadas a utilizar pliegos tipos en la celebración de contratos y las características de los procesos contractuales sean similares en todo el país para un mismo servicio, y evitar que el 70% de la contratación se siga asignando a dedo a los mismos proponentes.
Votaré Sí para que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar en el desglose y priorización del presupuesto público nacional y territorial a través de audiencias públicas, así como promover la rendición técnica de cuentas sobre las ejecución contractual.
Votaré Sí para que los congresistas rindan cuentas a los ciudadanos sobre su gestión legislativa, detallando su asistencia a plenarias, proyectos presentados, lobbies, votaciones, debates, inversiones públicas gestionadas e información sobre cargos públicos donde hayan presentado candidatos. Los parlamentarios de Colombia son de los pocos en el mundo que no rinden cuentas.
Votaré Sí para que todos los funcionarios elegidos por voto popular, deban hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonios, impuestos, rentas e información sobre conflicto de intereses como requisitos para posesionarse y ejercer su cargo. Hoy en día es obligatoria su presentación y no su publicación; sin embargo, hay quienes no la presentan sin ser objeto de sanción.
Votaré Sí para que los congresistas, concejales, diputados y ediles tengan un tope hasta de doce años para ser elegidos en la misma corporación, de modo que se favorezca la renovación política y democrática de las instituciones, y contrarrestar el caciquismo electoral propio de las regiones.
No es cierto que la consulta anticorrupción no tenga fuerza vinculante, el espíritu de la Constitución del 91 obliga al Congreso a que legisle sobre la materia en caso de ser aprobada. Si transcurrido un año, el Congreso no lo ha hecho, el Presidente de la República está en la obligación de expedir las normas con fuerza de Ley.
Muchos cuestionan lo costosa que resulta la consulta anticorrupción, inobservando que el dinero destinado a participación democrática no es posible orientarlo hacia otros temas, y que, además, las propuestas por las que votaremos implican por otra parte, un gran ahorro en el gasto público. Sólo en reducción de salarios a dignatarios, el país se ahorraría más de doscientos mil millones de pesos, aunado a los recursos incuantificables por cuenta de la mitigación de la corrupción que saquea al país en 50 billones cada año.
No es cierto que todos los mandatos de la consulta existan en el ordenamiento jurídico, de ser así, no habría sobrevivido en el Congreso y no habría sido viabilizada la consulta popular; tampoco lo es, que pagarán a los promotores de la consulta cinco mil pesos por cada voto. La consulta popular de cualquier tipo en Colombia no tiene reposición de voto. No se deje engañar por quienes impidieron en siete ocasiones aprobar éstas iniciativas vía Congreso.
Coincidimos en que el problema de la corrupción merece intervenciones integrales, y que los mandatos de la consulta no garantizan la erradicación de la corrupción; sin embargo, reconocemos que sí coadyuvan a mitigar la problemática a partir del fortalecimiento de la política pública en materia de lucha contra la corrupción. El próximo 26 de agosto pondremos a prueba nuestro rechazo a la corrupción y la refrendación del poder y el deber ciudadano votando siete veces sí.
Twitter: @soyjuanctorres