Los que sobran

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Quiproquos y quid pro quo de la situación en Venezuela

Quiproquos y quid pro quo de la situación en Venezuela[*]

Desde el miércoles 23 de enero, en Venezuela dos personas reivindican la calidad de presidente de la república: una elegida en una contienda electoral – salpicada por irregularidades y sospechas de fraude – con un poco más de 6 millones de votos (lo que representa casi 17% del censo electoral) ; otra (auto)proclamada según una interpretación de los artículos 233 (faltas absolutas del Presidente en ejercicio) y 333 (deber ciudadano de mantener el orden constitucional) de la constitución, elegida a la asamblea nacional con casi 100 mil votos personales dentro del Movimiento de Unidad Democrática-MUD, que logró más de 7 millones de votos en las elecciones parlamentarias de 2015 (más de un tercio del censo electoral en ese entonces). Estas cifras muestran una fuerte desconfianza de los ciudadanos en el poder ejecutivo actual, que se refleja en su incapacidad de mantener mayorías legislativas. Todo esto sin contar los millones de venezolanos que han migrado del territorio, situación que también debe ser entendida como pérdida de confianza en el gobierno.

Nadie puede negar que la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro es bastante débil. Nadie puede negar que las actuaciones de los últimos años, tanto de iure como de facto, se acercan peligrosamente a las condiciones de la dictadura. Nadie puede ignorar que el conflicto puede convertirse en una guerra civil en el momento en que haya una división en las fuerzas armadas. Nadie puede negar que la crisis política existe. Aun así, con todo lo anterior, ¿es prudente en términos diplomáticos afirmar la “bancarrota moral” (como dijo Mike Pompeo) del gobierno actual y aprobar un gobierno interino orquestado, como es bien sabido, por EEUU? ¿Por qué afirmamos sin ambages que hay una dictadura – a pesar de que las mayorías parlamentarias son de la oposición, cosa exótica en una dictadura –, y dudamos que lo que está pasando en este momento puede denominarse golpe de Estado?

Golpe de Estado: como el de Pinochet en Chile, o el de Videla en Argentina, o el del mismo Chávez en Venezuela en 1992. Tal vez para entender lo que pasa habría que utilizar las palabras correctas: un gobierno con una muy baja legitimidad pena para mantenerse en el poder, al punto de tener elecciones presidenciales (que normalmente son las más concurridas) con un 60% de abstención; una oposición que se escuda en la protección de un gran imperio para orquestar un golpe de Estado. Un gobierno “populista” con baja popularidad (¿otro caso sui generis del tropico?); una oposición que dice tener a la cabeza un parlamentario de “centro-izquierda-progresista” apoyado por el gobierno de Trump (¿ingenuidad gringa?). Una comunidad internacional cercana de jefes de Estado irrespetuosos (Bolsonaro), irresponsables (Macri) e incompetentes (Duque); todos prestos a hacer ver la paja en el ojo ajeno a sus respectivos ciudadanos. Y viendo, de lejos en el horizonte, Putin y compañía.

Apoyar una intervención “por la democracia en Venezuela y por la libertad del pueblo venezolano” (intervenciones que ahora llaman “humanitarias”) es irresponsable. Oriente Medio es el ejemplo reciente de los resultados de este tipo de intervenciones. Nuestro mismo sub-continente es un ejemplo apenas un poco más lejano. Sin duda, podemos ser críticos con el gobierno de Venezuela, y espontáneamente apoyar las manifestaciones al interior del país. Pero lo que no podemos es ignorar los riesgos del discurso que se está fraguando internacionalmente con el argumento de la “bancarrota moral” (que, por lo demás, es la consecuencia de la bancarrota económica real fraguada por las sanciones económicas de EEUU, sanciones que no solo castigan al gobierno, sino a toda la población). Asimismo, no podemos voluntariamente darle un halo de legalidad a lo que claramente no lo tiene: toda intervención militar extranjera que se haga en Venezuela es una violación de su soberanía territorial y de las reglas del derecho internacional. Y, por último, no podemos aceptar que el gobierno colombiano pretenda que la solución al incendio en la casa del vecino sea echarle leña (como si nuestra propia casa ya no estuviera en llamas).

[*]Por Juan Manuel Hernández Vélez, Doctorante en Historia del Derecho, Universidad Paris II-Panthéon Assas.

 

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