Los que sobran

Publicado el

Nota informativa a la opinión pública: Todo lo que usted debe saber acerca de la acción ciudadana de los colombianos ante la CPI*

*Informe realizado por miembros del comité de la acción judicial ante la CPI.

El 5 de abril del 2019 la comunidad de colombianos residentes en el exterior conoció un acto sin precedentes que marca un hito en la constitución de la diáspora colombiana. Con el ánimo de fortalecer el criterio de la ciudadanía y contribuir con transparencia a la apreciación pública e instruida de los hechos, queremos aquí hacer parte de los elementos fundamentales de la acción adelantada, los principales antecedentes, así como evaluar las perspectivas que de ello se desprenden.

El primer antecedente se remonta al 7 de agosto de 2018 cuando ciudadanos colombianos en los Países Bajos radican ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (en adelante la Fiscalía) una lista de peticiones formales. En términos generales, allí se solicitaba: (i) una aceleración del proceso de investigación preliminar que actualmente lleva la corte en el caso colombiano; (ii) garantías para los testigos y declarantes ante la Corte; (iii) apertura de nuevos y potenciales casos enmarcados en lo que La Fiscal ha denominado contexto conflicto armado; (iv) un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía sobre las actuaciones del actual gobierno colombiano en torno a la consolidación de la Justicia Especial para la Paz.

Constatamos gratamente que cada una de estas solicitudes recibió una respuesta en el informe que presentaría tres meses después la Fiscalía de la Corte, el 7 de diciembre de 2018[1], así como recibimos con beneplácito sus reiterados pronunciamientos en respaldo a los Acuerdos de Paz y a las instituciones que de allí nacieron. Convencidos del compromiso de esta institución con el caso colombiano, como de su receptividad frente a las acciones de nuestra sociedad civil, ciudadanos colombianos en Europa, agremiados en diversos colectivos e independientes, decidimos rodear con empeño esta iniciativa, para darle mayor amplitud y respaldo a las acciones ya adelantadas ante la Corte. Nos orientamos así hacia una doble tarea: por un lado, engrosar la interface de acción ante esta institución judicial, último recurso ante la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en Colombia.  Por otro lado, propiciar las bases para la constitución de la diáspora colombiana alrededor de un proyecto concreto de incidencia político-jurídica en el ámbito internacional.

El acercamiento a la Corte consistió a partir de este momento en la promoción de lo que se denominó como la ‘apertura del 5tocaso’. Traducido en la exigencia a la Fiscalía de considerar la apertura de un nuevo capítulo de investigaciones preliminares para el caso colombiano, sobre la creciente oleada de asesinatos contra líderes sociales. Si bien es cierto esta iniciativa no es obra de ningún movimiento político en particular, se debe resaltar que los grupos de Colombia Humana en el exterior jugaron un importante papel en su concretización, y que fue respaldada por un gran número de sectores políticos colombianos, como se evidencia por las firmas de la carta presentada ante la Fiscalía el 5 de abril. Adicional a ello, el impulso propiciado por el Senador Gustavo Petro a esta acción fue determinante, por su convocatoria a los colombianos en el exterior, y su aceptación a la invitación – también extendida a otras personalidades políticas colombianas de diversos sectores – de asistir personalmente al acto. Es de resaltar que la presencia del Senador Petro, por su antecedente de denuncia internacional ante esta instancia judicial, era particularmente pertinente para los fines de la acción.

En el marco de la visita del Senador, se coordinó una agenda que le permitiría entrevistarse con miembros del Parlamento Europeo en Bruselas. Se le abrieron allí varios escenarios, entre los cuales, una presentación ante aproximadamente 190 parlamentarios social demócratas que tuvo lugar el 3 de abril, así como encuentros con parlamentarios de la Izquierda Unida / Izquierda Nórdica Verde, del grupo Verdes, y una conferencia abierta al público, a la que asistieron igualmente colombianos residentes en el exterior y el Senador Gustavo Bolívar.

La acción jurídico-política del 5 de abril consistió en dos elementos. Por un lado, la comunidad colombiana, dándose cita ante la Embajada de Colombia en La Haya, confluyó en una multitudinaria movilización que sobrepasó numéricamente todas las expectativas, incluidas las de la policía holandesa. A esta manifestación pública asistieron colombianos de diversos países de Europa, además de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, y gozó de una amplísima cobertura de medios nacionales e internacionales, cuya atención fue captada desde la salida de Los Caminantes de París a La Haya el 28 de marzo.

Por otro lado, a la Fiscalía de la Corte entró ese día una delegación de cuarenta y cinco colombianos. Cuatro de ellos radicaron ante la Unidad de Evidencias los siguientes documentos: (i) Una solicitud judicial solicitando formalmente ocho puntos (aquí adjunta); (ii) una carta firmada por parlamentarios y organizaciones sociales colombianas; (iii) una lista de los líderes asesinados desde la posesión del actual gobierno; (iv) un informe general nutrido por estadísticas de diversas fuentes sobre el carácter sistemático y dirigido de los asesinatos; (v) evidencia relativa a la investigación de crímenes de lesa humanidad en el municipio de San Carlos, Antioquia, y a las agresiones en contra de un líder de la comunidad Nasa en el Cauca. Los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar decidieron, a pesar de estar inscritos en la lista de invitados, no entrar a la Corte, con el ánimo de no interferir con el carácter ciudadano en la aproximación a la instancia judicial.

Celebramos la campaña de desprestigio emprendida por el gobierno colombiano y la Fiscalía General de la Nación contra nuestra acción. Estos entes, pretendiendo anticipar el golpe de opinión propiciado por la comunidad colombiana en el extranjero, coordinaron una serie de acciones ante la Fiscalía de la Corte y la comunidad internacional: la visita por parte del consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, junto con la Vicecanciller Adriana Mejía el 5 de abril; la visita por parte del Fiscal General Néstor Humberto Martínez el 19 de marzo; y el envío de una carta, por parte de este último, dirigida a la Fiscal Fatou Bensouda con fecha del 3 de abril. Reacciones que nos reconfortan y confirman tanto la eficacia como la pertinencia de nuestra acción, pues señalan, por una parte, la sensibilidad de los órganos del Estado Colombiano de cara a la Corte Penal Internacional y, por otra, vislumbran la fragilidad de los argumentos movilizados por estos entes para proteger su imagen ante instancias internacionales.

El Fiscal Néstor Humberto Martínez advierte en su carta[2]la preocupación sentida respecto a la “información insuficiente” de la que sería receptora la Corte. Preocupación por nosotros compartida, en la medida en que, a pesar de la autoridad que le confiere su investidura, la pobreza argumentativa y empírica de su documento es ostensible.  En él se regodea ante la Fiscal Bensouda de la eficacia de la justicia colombiana, amparado en el argumento según el cual, de un total de 265 asesinatos registrados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, un porcentaje mayor a la mitad es objeto de investigación penal por parte de la entidad que encabeza, en función de lo cual deduce la ausencia de impunidad. Pero desconoce las cifras de la Defensoría del Pueblo, entidad gubernamental, y de todas las organizaciones de monitoreo de derechos humanos en Colombia, que arrojan datos muy superiores a los que ha deliberadamente decidido reconocer, y que relativizan y aminoran por tanto sus afirmaciones.

Esto pone en evidencia, más que la ineficacia del ente judicial, la persistencia de su deliberado desconocimiento de los asesinatos, síntoma de la violencia política contra la oposición. A esta impostura se suma una contradicción, suscitada por el reconocimiento de la sistematicidad de los asesinatos que hace la Fiscalía[3], y el hecho de que las investigaciones actuales no tienen cabida para ese fenómeno, sino que se dirigen exclusivamente contra autores materiales, meros testaferros de los engranajes criminales.

Asimismo, el gobierno reitera, en su gira internacional y de cara a las autoridades europeas, el supuesto apoyo incondicional que brinda a los Acuerdos de Paz, y celebra la eficacia de su Plan de Acción Oportuna como muestra visible de su compromiso con la Paz y acción contra el asesinato de líderes. Empero sin pronunciamiento alguno acerca de porqué ha ignorado frontalmente la Comisión Nacional de Garantías, nacida como un ente fundamental de los Acuerdos.

Nos es grato observar, a la luz de las peticiones radicadas, que las declaraciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el día 18 de abril de 2019, coincide con el punto #7 del pliego radicado. Allí solicitamos a la Fiscalía que, en virtud de los convenios mediante los cuales se encuentra vinculada a las Naciones Unidas, active los protocolos de seguridad y monitoreo en razón de las condiciones de violencia que se viven en Colombia.

La demostración del pasado 5 de abril marca un primer paso dentro de un trabajo de empoderamiento de la ciudadanía colombiana, de apropiación de herramientas jurídicas y políticas de incidencia, y de fortalecimiento de la diáspora. Ante la falta de garantías institucionales y democráticas del Estado colombiano, y ante el recrudecimiento del autoritarismo gubernamental, la ciudadanía no tiene más recurso que organizarse, en territorio nacional y en los enclaves extranjeros, para seguir acudiendo a instancias de presión internacional. Una nueva etapa en la construcción de ciudadanías ha comenzado. Nos corresponde a todos asumir ese desafío colectivo.

Guillaume Gass – Ciudadanías por la Paz de Colombia [email protected]

Cielo Rusinque – Ciudadanías por la Justicia                                    @cielo_rusinque

E. Alexander V. Morea-van-Berkum- Promotor del 5to caso                    @teoloax

[1]https://www.icc-cpi.int/colombia

[2]https://canal1.com.co/noticias/se-resuelto-57-los-casos-asesinatos-lideres-fiscal-cpi/

[3]Sistematicidad parcial, en la medida en que niega, de entrada, la existencia de responsabilidad por parte de agentes del estado en la perpetración de estos crímenes. Para el reconocimiento de sistematicidad, ver: https://canal1.com.co/noticias/si-hay-sistematicidad-en-asesinato-de-lideres-sociales-reconoce-el-fiscal/

Comentarios