Coyuntura Política

Publicado el Renny Rueda Castañeda

Sobre las fiestas en la cárcel “La Picota”.

La fiesta organizada en la cárcel La Picota por Juan Carlos Martínez, exsenador acusado por concierto para delinquir agravado por presuntas alianzas con grupos narcotraficantes y paramilitares del Pacífico, es uno de los casos más evidentes de descomposición institucional y política colombiana. En apariencia solo implica un desacierto propio del sistema carcelario y un momentáneo error institucional. En la realidad es un indicador tangible de una crisis normativa, social, cultural y política de un país que vive en permanente urgencia, pretendiendo solucionar problemas políticos de fondo con medidas superficiales e inmediatistas.

La última semana junto con la denuncia pública de la fiesta de cumpleaños organizada por Juan Carlos Martínez, la sociedad colombiana presenció una declaración del Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, en el sentido de “acabar el relajo” que se presentó en la cárcel La Picota, y paradójicamente como medio de sanción, ordenó el traslado de la directora del centro penitenciario, Himelda Lopez, para que se ponga a la cabeza de la cárcel de Cundui en  Florencia, Caquetá. Adicionalmente al dossier de errores en el manejo de la situación, en el intento de poner un freno a la crisis el General Gustavo Ricaurte, director del INPEC, en una insólita entrevista afirma que es forzoso que se lleven a cabo celebraciones y visitas (que incluyen personajes de la farándula), porque según el “los amigos”… “cuando a uno lo llevan en el corazón y en el alma es inevitable que quieran visitarlo” (ver entrevista).

Junto con las fiestas en las cárceles, el país al día de hoy experimenta de nuevo un renacimiento de la delincuencia paramilitar o guerrillera asociada al narcotráfico (Medellín – CórdobaAlta Guajira y Sur del Bolívar), vandalismo e inseguridad urbana sin antecedentes (del cual el caso Transmilenio debe no pasar al olvido), impunidad rampante, corrupción, y una masiva subversión del orden social que dejó como saldo en los años 2009 (17.672 homicidios), y 2010 (17.092 homicidios),  el mayor número de asesinatos desde el año 2004. De todos los hechos preocupa fundamentalmente el llamado del gobierno nacional a continuar con políticas de corto plazo, heredadas principalmente de la segunda administración de Álvaro Uribe. La pregunta que surge ante las medidas adoptadas por el gobierno radica en conocer hasta que punto las mismas han de cambiar situaciones propias de la patología institucional y política colombiana.

El caso de la fiesta en la cárcel, del número de invitados y la cantidad de visitas que pueden recibir los presos y los condenados en Colombia, de la estratificación social de los detenidos, de la corrupción del sistema penitenciario, del grado de influencia social e institucional de los actores vinculados  a la narco delincuencia, y en general de la estructura de la ilegalidad que palpita en la nación y que permea distintos espacios del cuerpo social, implica hoy en día un debate mas profundo acerca no solo de las medidas, sino también del modelo de orden político que se debe adoptar a todo nivel.

El hecho presentado en “La Picota”, lleva implícita una trascendencia superior a la atribuida. Las cárceles son un eslabón más en un sistema de recomposición civil de los individuos de una sociedad. Deben ser tanto una mezcla de disuasión de la criminalidad, como un filtro de transformación de aquel que por distintas circunstancias llega a ella. Su papel en Colombia es fundamental en el objetivo de dar fin a procesos de descomposición moral que han llevado en el caso local, a que grandes masas de población, en una situación de anomia, hayan contemplado en medio de su ignorancia, recurrir al delito como estrategia de supervivencia. La rigurosidad de las medidas y de la disciplina del orden carcelario, el aislamiento radical del recluso y la eliminación de sus beneficios respecto a la vida en libertad no van en contravía del respeto al individuo. Por el contrario, por ese medio las cárceles dejarán de convertirse en un escenario de profesionalización del crimen y pasarán a ser un medio de rígida sanción, de disciplina y reconfiguración del orden  social, paralelas al resto de cuerpos institucionales que desde distintas esferas construyen país.

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Renny Rueda Castañeda

Ver también.

La seguridad democrática, los homicidios y la supervivencia de estructuras narco criminales en Colombia.

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