Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Posconflicto, cuestión agraria e inversión estatal

Por: Christian Moreno

Es claro que el llamado posconflicto no constituye, de por sí, una instancia de realización de la paz en Colombia. Se trata, de manera muy concreta, de un conjunto de políticas que buscan generar impactos económicos y políticos, bajo rígidos esquemas de focalización, en dimensiones nacionales, pero especialmente regionales, que han afrontado con especial intensidad el conflicto armado y la degradación económica durante décadas. La superficie política que exhibe la conflictividad social en Colombia, y especialmente su expresión violenta, viene a ser alterada a través de los acuerdos que se han venido concretando entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, los conflictos, incluyendo sus expresiones armadas, hunden sus raíces en configuraciones y relaciones económicas altamente contradictorias. Esta relación entre la conflictividad y su fundamentación económica debe ser revelada y reivindicada, en contra de aquellas posiciones que buscan negarla o distorsionarla. Y, precisamente, el reconocimiento de tal relación ha de respaldar los argumentos que busquen distinguir la intervención estatal que conviene y no conviene a las comunidades rurales del país.

Las políticas de posconflicto darán lugar a disputas distributivas, que no son de poca importancia considerando no solo el monto de los recursos a ser invertidos y el atraso relativo de los territorios, sino el horizonte temporal de mediano plazo que se ha planteado para adelantar las intervenciones. El gobierno central y los poderes políticos regionales han de tener sus prioridades bien definidas, por lo cual el campo de posibilidades es relativamente estrecho. Sin embargo, ante el panorama de las posibilidades objetivas, como ejercicio político, el campesinado y sus formas organizativas están abocados a buscar la participación de las comunidades en los procesos de definición de la orientación de los recursos que han de ser invertidos bajo la etiqueta de las políticas de posconflicto. Las formas de inversión convenientes, poniendo al margen la distracción y la función eminentemente legitimadora del gasto social, son aquellas, físicas y sociales, que oxigenen socio-económicamente a los territorios, permitiendo procesos progresivos, y sostenidos en el tiempo, de generación y apropiación de excedentes por parte de las formas de economía campesina, a través de su articulación con mercados regionales, nacionales y mundiales. Se debe avanzar en la constitución de esquemas distintos de distribución de la riqueza socialmente producida, con una retribución justa para los productores directos, para el campesinado, y no la apropiación exacerbada del excedente en manos de productores industriales y agentes distribuidores y comercializadores.

Articulado al conflicto por la distribución de la tierra, tenemos aquel que enfrenta a las formas de economía campesina con las formaciones capitalistas agroindustriales. El problema de generar alternativas y opciones económicas para los territorios campesinos, resuelto a través de su subsunción a las formas empresariales, si bien puede alimentar procesos de acumulación de capital, está lejos de verdaderos procesos de crecimiento y desarrollo incluyente, y por el contrario alimenta distintas dimensiones de conflictividad. En contra de la inversión estatal que privilegia los procesos de concentración y centralización del capital, se debe apuntar a la provisión de bienes y servicios públicos que permitan y favorezcan, de manera integral, las formas de producción campesina.

Sin detrimento de lo que deba hacerse en cuanto al problema de la distribución de la tierra, un problema de gran calado histórico, en lo inmediato se deberían emprender cambios en la estructura agraria que permitan darle una importancia distinta a la producción agrícola destinada a cubrir ampliamente las demandas alimenticias de la población colombiana, bajo patrones de competitividad y eficiencia distintos de las formas proteccionistas ineficientes y clientelistas que imperaron en el pasado en el diseño de la política económica para el campo, permitiendo concretar una oferta de calidad y la reducción del precio de los alimentos que, particularmente, significará un alivio para los sectores más pobres de la población urbana que deben destinar una mayor proporción de sus ingreso al consumo de bienes de primera necesidad. No deben desatenderse, por supuesto, las actividades exportadoras y la necesidad de generar divisas, pero se debe atender de manera prioritaria el problema de la dependencia alimentaria, transitando hacia la condición de la soberanía alimentaria, en el marco del desarrollo y fortalecimiento de mercados internos que permitan enfrentar, de manera decidida, los agudos problemas de desempleo e inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza que afectan la generalidad de la economía nacional.

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