Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El Estado colombiano y el posconflicto: de nombramientos, instituciones y víctimas

Por: Adriana Rudling

El nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Veléz, hijo del comandante del Bloque Norte de las Autodefensas de Colombia, Jorge Tovar Pupo, como coordinador del Grupo de Articulación para las Víctimas (GAPV) del ministerio del Interior desató una fuerte polémica acerca del posconflicto hace unas semanas. En los primeros días, después de darse a conocer la noticia, el debate rondaba alrededor de si este era o no un gesto de reconciliación en una sociedad donde todxs hemos sido golpeadxs por el conflicto. Varias personas públicas, inclusive la misma ministra Alicia Arango, defendieron este nombramiento bajo la lógica de que en Colombia no se heredaban los delitos de sangre. Lxs más atrevidxs lo contrastaron con las curules de la paz y el ejemplo de la Representante a la Cámara María José Pizzarro, hija del Carlos Pizarro, comandante del M-19 quien fue asesinado tras su desmovilización en 1990.

Haciendo frente a la situación, Tovar Veléz explicó, en una entrevista con Vicky Dávila para Semana, que la relación con su padre había sido escasa desde pequeño, primero, por la participación de este en el conflicto y luego del 2008, por su encarcelamiento en EE. UU. tras su extradición. En la misma entrevista pidió la oportunidad de demonstrar que su intención de trabajar por la paz era sincera, tal como lo había dicho hacía unos meses cuando apareció por primera vez en el ojo público junto con algunos de los antiguos combatientes de las FARC en la Tercera Cumbre de Diálogo Social en Paipa, Boyacá.

Centenares de organizaciones de víctimas rechazaron el nombramiento. Mientras que algunxs de sus manifestaban un rechazo total, conectando esta decisión con el nombramiento de Darío Acevedo frente al Centro Nacional de Memoria Histórica que lxs revictimizó negando (aspectos importantes) del conflicto armado, otrxs veían en ella una falta de tacto al no ser el resultado de una consulta con las víctimas que atendería Tovar Vélez en su nuevo cargo. El rastreo de las redes sociales de Tovar Veléz aumentó la controversia ya que arrojó posiciones personales problemáticas con respecto al conflicto y las víctimas.

Un día después de la entrevista de Tovar Vélez con Dávila, apareció la investigación de Cuestión Pública sobre el nivel de preparación académica y experiencia laboral que certificaba éste para llegar al cargo. La conversación acerca de la idoneidad de Tovar Veléz cambia de enfoque a partir de aquí: deja atrás su linaje y relación con su padre para hacer énfasis en (la falta de) méritos y la relación con su madre quien valida parte de su historial laboral. Sin embargo, como suele ser, especialmente en la crisis que el país esta cruzando desde marzo, este asunto se nos olvida rápidamente y pasamos al siguiente tema mediático.

Esta introducción nos sirve para acordarnos de la evolución de la historia. Mi interés a seguir no es adentrarme más en este nombramiento particular, sino abrir un debate sobre la recuperación de la respetabilidad del Estado colombiano en el posconflicto.

El manejo que se le ha dado a la sonada ausencia y debilidad estatal desde la Constitución de 1991 ha sido la creación de nueva institucionalidad. Así es como tenemos la Fiscalía, los mecanismos de la Ley de Justicia y Paz, la Comisión de Búsqueda, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, los mecanismos del Acuerdo de Paz etc., todas gobernadas por un sinnúmero de normas, regulaciones internas y leyes que se solapan, contradicen y complementan. Es, en gran parte, debido a este florecer de instituciones (y poco avance) que se creó el GAPV que va a liderar Tovar Vélez. Con tantas instituciones, agencias y organismos, ni el Estado sabe quién está haciendo qué, en qué momento y con qué resultados; especialmente cuando se trata de implementación en el territorio. La confusión acerca del impacto de las políticas para las víctimas es evidente en el monitoreo hecho por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025/2004 donde los índices generados para la evaluación del ECI son inconsistentes a tal nivel que se vuelven incomparables entre los distintos mecanismos a lo largo del tiempo.

La controversia acerca del nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Veléz, nos sirve para hacernos varias preguntas: ¿por qué no tomarse en serio las instituciones ya existentes e implementar políticas serias de purgas e inhabilitación profesional? ¿por qué gran parte de las instituciones del Estado (no sólo las de cara a lxs víctimas) opera con contratistas que hoy están y mañana no, según el antojo de sus directores y patrones políticos? Cuando ya tenemos los mecanismos legales, y en algunos casos hasta la obligación, para hacerlo ¿por qué promover nombramientos políticos sin consulta con aquellxs en el nombre de lxs que trabajan? Y aún más importante en esta “época de reinvención”: ¿por qué nunca construimos sobre lo construido?

 

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