Por: Juan Felipe Rubio
@JuanRubioA @Maleconomista El Mal Economista
…la familia Uribe Moreno es la mayor terrateniente del municipio de Ciénaga de Oro y “acumula el 15% del total del área de los predios que se favorecieron con las inversiones realizadas, siendo la principal beneficiaria en el municipio (de Montería)”
El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha sido señalado varias veces por Senadores y Magistrados de la República por su presunta participación en el génesis del paramilitarismo en Colombia. Por un lado, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en el 2013, ordenó que se investigara al ex presidente por promover, auspiciar y apoyar organizaciones armadas ilegales. Por otro lado, la hoy Senadora de la República, Claudia López Hernández, intervino en el debate sobre paramilitarismo, que tuvo lugar en el mes de septiembre del año pasado, aseverando que “negar los vínculos de Uribe con el paramilitarismo es como negar los vínculos de ‘Timochenko’ con las FARC y el terrorismo”.
Como estas, han existido otras declaraciones sobre los nexos del ex presidente con el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. No obstante, poco se ha hablado de la participación del ex mandatario en el agudo problema de la concentración de la tierra en el país. En esta entrada, hago un recuento de las denuncias que existen sobre las presuntas irregularidades en que ha incurrido el ex presidente y muchos de sus allegados en términos de compra y venta de tierras y de enriquecimiento a costa del erario público.
La familia Uribe Moreno y el distrito de Mocarí
Los congresistas, Alirio Uribe e Iván Cepeda, aseguran en su libro Por las sendas de El Ubérrimo que el ex presidente Uribe se ha beneficiado de manera no accidental de inversiones del Estado en zonas aledañas a sus propiedades. Un ejemplo de esto fue la firma del decreto sobre el Distrito de Mocarí para “priorizar inversiones que favorecían sus propios predios y los de la empresa de su esposa e hijos y no se declaró impedido para hacerlo”, señalan los congresistas Cepeda y Alirio Uribe.
Según la denuncia, son 55 predios pertenecientes a la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., Álvaro Uribe Vélez, Lina Moreno de Uribe y Tomás y Jerónimo Uribe, que juntos suman 1.311,2 hectáreas en la zona de influencia del distrito de Mocarí, “lo cual los convierte, no sólo en unos de los mayores terratenientes de la zona, sino también en los principales beneficiarios de las inversiones priorizadas a partir del decreto firmado por el ex presidente Uribe”, afirman Cepeda y Uribe.
Esta denuncia concluye que la magnitud de tierras acumuladas por la familia Uribe en torno a los beneficios estatales no es de poca monta. Según los autores de Por las sendas de El Ubérrimo, la familia Uribe Moreno es la mayor terrateniente del municipio de Ciénaga de Oro y “acumula el 15% del total del área de los predios que se favorecieron con las inversiones realizadas, siendo la principal beneficiaria en el municipio” de Montería. Los datos para llegar a estas conclusiones provienen de los certificados de tradición y libertad solicitados por los congresistas Cepeda y Uribe a la Superintendencia de Notariado y Registro, y de un informe de la Contraloría General de la República (CGR-CDSA Nº 0660 de 2013).
Esta denuncia es reforzada por una columna de este diario realizada por Salomón Kalmanovitz en el año 2013, en la cual asegura que “el segundo gobierno de Uribe redujo el recaudo tributario, al tiempo que privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante.”
¿Dónde están las declaraciones de renta?
Desde hace ocho años, ni el hoy senador Uribe Vélez ni sus hijos, Tomás y Jerónimo, han presentado sus respectivas declaraciones de renta ante el país. A pesar de las denuncias sobre las presuntas irregularidades cometidas por los hermanos Uribe Moreno para la adquisición de terrenos que se convirtieron en la Zona Franca de Occidente, los hijos del ex presidente no han revelado el estado real de su patrimonio ante la opinión pública.
De igual forma, el ex mandatario no ha compartido la información de sus propiedades con la población colombiana. Según los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, tan solo entre 2008 y 2012 la familia Uribe Moreno y Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. adquirieron más de 12 predios en el distrito de Mocarí. Además, advierten que esta cantidad de predios puede que se haya incrementado en los últimos años. Frente a esta situación, parece imperativo un esclarecimiento sobre el estado real del patrimonio de la familia Uribe Moreno.
“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”
Estas palabras fueron una de las conclusiones del magistrado Pinilla Cogollo al hacer un recuento de los presuntos nexos de Álvaro Uribe con los paramilitares. Así como existen este tipo de denuncias, también las hay sobre la participación de familiares y allegados al Senador Uribe que han sido vinculados con irregularidades en la compra-venta de tierras y en la adjudicación y aprovechamiento de inversiones del Estado.
Uno de los casos más importantes fue el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS). El programa de subsidios e incentivos agrícolas dio lugar a señalamientos y condenas sobre irregularidades en la transferencia de recursos públicos hacia los allegados del ex jefe de Estado. Según el libro de los congresistas Cepeda y Uribe, “se transfirieron cuantiosos recursos públicos a poderosos empresarios del campo, a aliados políticos del presidente en las distintas regiones y a financiadores de su campaña”, dentro de los que se encuentran la hoy Representante a la Cámara, Maria Fernanda Cabal, y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Según los congresistas, entre Cabal y Lafaurie (esposos) recibieron cerca de 350 millones de pesos en Incentivos para la Capitalización Rural (ICR), además de los 2.087 millones entregados a Frigoríficos Ganaderos de Córdoba, donde Lafaurie tiene un asiento en la junta directiva.
Otra situación preocupante es la denuncia del Senador Cepeda sobre tierras compradas de manera indebida por parte de las empresas que encabezan los terratenientes más importantes de Córdoba y Antioquia. Esta información se puede revisar en la denuncia hecha por el Senador Cepeda el 29 de octubre de 2013 dirigida al gerente general del INCODER, Rey Ariel Borbón Ardila. El Senador Cepeda denuncia “compraventas que se surtieron en contra de la prohibición de acumulación de tierras originalmente adjudicadas como baldíos, de compraventas que presuntamente desconocieron el art. 39 de la ley 160 de 1994” . Dentro de los denunciados se encuentran Ernesto Garcés Soto y William Vélez Sierra, que, según el congresista Cepeda, son íntimos amigos del ex presidente Uribe.
Estas son algunas de las denuncias que existen sobre la participación de Álvaro Uribe y su familia en irregularidades en temas de tierras en Colombia. El ex mandatario, por el bien de la sociedad en su conjunto, debería revelar el estado actual de su patrimonio y el de su familia y acabar (o confirmar) el sinnúmero de denuncias que existen en su contra. El problema de tierra en Colombia es un problema que tendrá que ser resuelto obligatoriamente para alcanzar la paz. Por ello, es fundamental que personas tan influyentes como el Senador Uribe den ejemplo a la sociedad colombiana y demuestren su participación (o no) en temas tan críticos en el país.