Unidad Investigativa

Publicado el Alberto Donadio

El ex gobernador estafado

EL EX GOBERNADOR ESTAFADO

Un caso de captación ilegal revive vieja trama de soborno y paramilitarismo

Por Alberto Donadio

Cuando el gobierno intervino hace dos años a Altefin por captación ilegal de dineros del público, el caso parecía ser uno más de tantos en que los particulares pierden el capital entregado a compañías no autorizadas para actuar como entidades financieras.

Pero una de las víctimas resultó ser un político de Córdoba condenado por soborno gracias a una grabación hecha por un empresario del chance de Montería, empresario que la justicia penal pidió investigar en el 2015 por nexos con el paramilitar Salvatore Mancuso.

Se revivió así una vieja intriga en que figuran varios personajes de Córdoba salpicados por sobornos, dineros recibidos del Cartel de Cali y nexos con paramilitares.

Es una trama en que los personajes entran y salen de escena a lo largo de los años y en que es fácil confundir los nombres, pues el apellido de uno es el primer nombre de otro.

La Superintendencia de Sociedades intervino en agosto de 2014 a Altefin ( Alternativas Financieras) por captación de dinero del público, es decir, porque sin serlo actuaba como entidad financiera. La captación masiva y habitual se da cuando alguien recibe dinero o administra inversiones de 20 o más personas sin tener licencia de la Superintendencia Financiera.

Uno de los clientes de Altefin fue Jorge Elías Manzur Jattin, el primer gobernador por elección popular (1992-94) del departamento de Córdoba.

La historia de Manzur muestra además las peripecias de un inversionista que se lanza -comprensiblemente- a la caza de una buena rentabilidad para su dinero y revela también cómo los clientes caen en las garras de quienes ejercen ilegalmente la actividad financiera incluso cuando existe una alerta previa de las autoridades.

Este caso subraya adicionalmente que aun inversionistas que se supone están bien informados caen en las trampas financieras. Jorge Elías Manzur Jattin es arquitecto de profesión, especializado en American University, experto en desarrollo rural y urbano, ex alcalde de Lorica y ex representante a la Cámara.

El propio Manzur Jattin contó cómo llegó a Altefin en una declaración juramentada que rindió en noviembre pasado ante el notario 32 de Bogotá, Abelardo de la Espriella Juris, oriundo de Sahagún y padre del abogado penalista monteriano Abelardo de la Espriella Otero. Este es el defensor del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, nacido en Montería. En 1993, siendo vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, Pretelt pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación contra Manzur por soborno.

«Desde el año 2000, terminé con unas inversiones en el Departamento de Córdoba en ganadería y cría de machos en participación con dueños de fincas y préstamos personales a manera de factoring a cultivadores de algodón y maíz en esa región», declaró Manzur.

Añadió: «Me vine a Bogotá, y vinculé ese capital a la Bolsa Nacional Agropecuaria (hoy Bolsa Mercantil de Colombia), a compra de futuros y CDM’s, básicamente con Coltejer. La Bolsa empezó con problemas y mi corredora me recomendó continuar mis inversiones a través de una mesa de dinero denominada Altefin S.A., manejada por un antiguo corredor de bolsa agropecuaria de nombre Santiago Gómez Hernández».

Agregó Manzur: «En principio, mis inversiones iniciaron con la suma de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000.00), básicamente en papeles del gobierno como TIDIS (Títulos de Devolución de Impuestos) a tasas de más o menos el 1% mensual. Los intereses producto de estas operaciones eran acumulables al capital en cada vencimiento en este caso cada seis meses.»

Liquidados esos títulos, Manzur entregó su capital a Santiago Gómez Hernández, el cual hizo préstamos a varias empresas a cambio del pago de intereses al ex gobernador.

El capital creció pero hace tres años empezaron los líos, según Manzur: «A finales del año 2013, y con un acumulado de más o menos cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000.00), solicité a Altefin el giro de dineros producto de mis inversiones acumuladas por diez años a dos S.A.S. constituidas para manejar esa inversión a través de esa figura. Allí empezó a incumplir semana a semana con el producto de los dineros arriba descritos ya que decía descaradamente que las empresas donde estaban invertidos me los iban a girar para constituir las S.A.S.» Una SAS es una sociedad por acciones simplificada.

En abril de 2014, indicó Manzur, consignó 15 cheques que eran la garantía de su capital, «resultando todos sin fondos y desconociendo yo la ubicación y dirección de cada una de estas empresas. Así inicié todo un calvario en procura de rescatar la inversión básicamente víctima de un estafador en concubinato con unas empresas, intermediarios y personas naturales».

Desde agosto de 2009 la Superintendencia Financiera advirtió públicamente que Santiago Gómez Hernández y Altefin estaban ejerciendo ilegalmente la actividad financiera y les ordenó suspender, bajo apremio de multas, sus negocios de compraventa de acciones.

La noticia se publicó en El Tiempo. Gómez Hernández le dijo al diario que la Superfinanciera no lo catalogaba como captador ilegal. Altefin y Gómez Hernández siguieron operando cinco años más. Fue en agosto de 2014 cuando la Superintendencia de Sociedades intervino a Altefin por captación ilegal.

En el expediente de Altefin que lleva la Supersociedades un abogado escribió que Santiago Gómez Hernández se fue del país.

Gómez Hernández, el gerente de Altefin, fue denunciado penalmente por Manzur Jattin ante la Fiscalía. El caso lo lleva la fiscal 63 seccional de orden económico y social, Elizabeth Méndez Cárdenas.

El mes pasado algunas empresas que recibieron préstamos hechos por Gómez Hernández con el dinero de Manzur, aceptaron entregar a las víctimas, en dación en pago, una casa y un lote en Bogotá, una planta de producción de mortero seco, una volqueta y unas cuentas por cobrar ante la gobernación de Boyacá. Cuando se realicen esos bienes, a Manzur Jattin le corresponderán $564 millones de los $5.000 millones que invirtió. Otros 45 damnificados de Altefin reclamaron en total $4.987 millones.

Fue así como Manzur resultó siendo víctima de actuaciones ilegales. Pero hace veinte años, en 1996, fue Manzur quien violó el Código Penal. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 4 años de prisión por el delito de concusión, que surge cuando un funcionario público induce u obliga a alguien a entregarle dinero, o se lo solicita.

La Corte concluyó que Manzur le solicitó dinero a Pedro Ghisays Chadid para adjudicarle la licitación del chance a la firma que gerenciaba, Apuestas de Córdoba Ltda. «Abusó de su cargo, porque dentro de sus funciones no se halla contemplada la facultad de urgir dinero de los particulares», señaló la sentencia. El gobernador pidió $100 millones pero solamente cobró un cheque de $20 millones pues Ghisays dio orden de no pago sobre otros dos cheques entregados que sumaban $50 millones.

Ghisays citó al gobernador a su casa para concretar el pago y grabó el encuentro. Manzur aceptó la veracidad de la grabación, que sirvió para condenarlo, pero precisó que lo grabaron para intentar separarlo del cargo porque como gobernador cobró unas deudas del contrato de producción de licores a otra empresa que era de los mismos dueños de Apuestas de Córdoba Ltda. Fue Pedro Ghisays Chadid quien denunció al gobernador ante la Fiscalía.

Ghisays dijo que rechazó el primer pedido de dinero «por su alto contenido de inmoralidad» pero que cuando «arreciaron las presiones y amenazas del gobernador» y «preocupado por la suerte de la empresa», accedió a dialogar con él. «Acepté pagar pero con la intención de denunciar los hechos dolosos de que yo y la empresa éramos víctimas».

Según Ghisays: «Pensé en lo difícil que sería para mí probar los hechos y entonces se me ocurrió citarlo a mi residencia para cerrar el negocio y aprovechar esa oportunidad para grabar las conversaciones. Convinimos la cita. Cuando él llegó a mi residencia ya yo tenía preparada y oculta una grabadora.»

Pedro Ghisays Chadid explicó cómo hizo la grabación en un artículo publicado en 1997 por el periodista de El Tiempo Ernesto Cortés Fierro: «Yo llevo 15 años con el chance. El señor Manzur me lo quiso quitar chantajeándome. La primera licitación me la declaró desierta y en la segunda me pidió 100 millones de pesos, por eso lo grabé y lo denuncié , dijo el empresario. Ghisays relata cómo guardó una grabadora entre el bolso de su mujer, lo instaló en la parte alta de un armario y esperó a que el gobernador llegara a su casa. No me preocupé si grababa o no, porque ese señor grita tanto que yo sabía que todo quedaba perfecto. Y así fue.»

Manzur, al ser condenado, pasó a la ofensiva y afirmó que Ghisays se prestó para cobrar otro soborno, proveniente del Cartel de Cali y destinado al jefe político de Ghisays, el senador cordobés Jorge Ramón Elías Náder, conocido como Joche Elías.

En 1997 Jorge Ramón Elías Náder, entonces presidente del Senado, aceptó haber recibido $515 millones de empresas de fachada del Cartel de Cali como Export Café, Asesorías Cosmos y Comercializadora de Carnes del Pacífico. Los cheques fueron girados a favor de un beneficiario falso y terminaron consignados en Barranquilla en una cuenta corriente de su yerno, Federico Meisel.

En el 2006, diez años después de ser condenado por concusión, Jorge Elías Manzur Jattin pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar la sentencia en su contra argumentando la condena impuesta a Jorge Ramón Elías Náder por enriquecimiento ilícito. También alegó que Apuestas de Córdoba había renunciado a la indemnización por la condena en su contra. Esos dos hechos demuestran, según Manzur, que el soborno por el que fue condenado fue un complot de Pedro Ghisays Chadid bajo las órdenes de Jorge Ramón Elías Nader. Este falleció el año pasado.

Manzur Jattin dijo ante la Corte que él era «un buen hombre y mejor ciudadano, (que) dedicó su vida de servicio público a luchar contra la corrupción en su departamento, rompiendo con el esquema que el común de las gentes de esa región tiene del político. Así, enfrentaría- según afirma-, con la más radical convicción a los usufructuarios de apuestas del ‘chance’ y de la distribución de licores en su departamento, lo cual le valió para que el eje conformado por Pedro Guisays, Jorge Ramón y Moisés Elías Nader, le tendieran una trampa con el fin de presentarlo ante todos como un funcionario deshonesto y propiciar así su injusta condena.»

La Corte no admitió la demanda pues sostuvo que la sentencia contra Elías Náder no era suficiente para demostrar su inocencia y porque la autoría del demandante en el delito de concusión no podía desvirtuarse con el solo hecho de que un amigo del denunciante hubiera sido también condenado penalmente.

Añadió la Corte Suprema: «La Corte no rechazó sin razones el supuesto complot al que hizo alusión la defensa en ese entonces- y sobre el que ahora el demandante vuelve-, consistente en que un grupo de políticos y empresarios habrían decidido tender una trampa al gobernador Manzur Jattín, pues lo hizo sobre la evidencia probatoria que le permitía inferir, tanto por las grabaciones que realizó la propia víctima y por las interceptaciones telefónicas realizadas con orden judicial, que Manzur Jattin ofreció mantener condiciones contractuales a cambio de un dinero que efectivamente le fue entregado, tal como efectivamente se probó en el proceso.»

Según el congresista Iván Cepeda, Pedro Ghisays Chadid adquirió 17 predios que habían sido adjudicados como baldíos entre 1997 y 2004 a campesinos de Tierra Alta, San Pelayo y Canalete, para un total de 808 hectáreas. Otros predios que adquirió después dieron origen a la Finca La Esperanza, según Cepeda.

El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín, en una sentencia de 646 páginas contra desmovilizados del bloque del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pidió investigar a Pedro Ghisays Chadid por “la financiación, colaboración, complicidad y/o apoyo al bloque Córdoba”.

De acuerdo con la sentencia, la participación de ganaderos y comerciantes no se limitó “a la promoción, financiación o colaboración” de las bandas paramilitares, sino que se extendió a la realización de hechos delictivos.

Señala la sentencia: “Los paramilitares operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.

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