Minería sin escape

Publicado el JD Angulo Argote

Recursos Naturales sin soberanía, ¡Sálvese quien pueda!

Los proyectos minero energéticos en Colombia, solo reciben apoyo y respaldo por parte del Estado, el cual quiere gobernar sin el pueblo y la academia. La comunidad lanza un grito, “¡Sálvese quien pueda!”.

Colombia en su agenda política viene promocionando por todo el territorio nacional, su lema “construyendo país”. No entiendo la frase, si construir país, es velar por el progreso social de la nación (necesidades básicas, fundamentos del bienestar, oportunidades), algo no cuadra.

El jueves 11 de octubre del presente año, la Corte Constitucional decidió limitar la posibilidad de que los municipios realicen consultas populares sobre proyectos minero energéticos. Como todos conocemos, la consulta popular es uno de los siete mecanismos de participación en ejercicio de la soberanía que ejerce el pueblo en sus territorios, según lo estipula el Artículo 103 de la Constitución del 91. El Artículo dice: La ley lo reglamentara. “El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”. De igual forma, la Corte aparentemente “ignoró” que el Articulo 33 de la Ley 136 de 1994, que se encuentra vigente y ha sido aplicado en sentencias recientes del Consejo de Estado, “establece que es obligatorio realizar consultas populares cuando haya actividades, como las mineras o petroleras, que puedan afectar la vocación tradicional del municipio o los usos del suelo”.

Existen muchos ejemplos en el mundo sobre las consultas populares y su soberanía, nos centramos en 2 casos de Latinoamérica. Costa Rica, país rico en biodiversidad como Colombia, donde el gobierno nacional es conciente y respetuoso con la consulta, además de ser importante, es vinculante.

Edgar Gutiérrez es un estadístico con énfasis en biología de la Universidad de Costa Rica, y tiene un posgrado en biometría forestal de la Universidad de lowa en Estado Unidos, expresa lo siguiente: “tenemos una legislación ambiental, donde no solo se pone en orden el uso de los recursos, sino que se exige la participación ciudadana en su gestión”.  El cambio climático y la protección de los defensores de los recursos naturales hacen parte del mandato político en Costa Rica, para seguir demostrando en su mandato, un compromiso político socioambiental, además fue donde se firmó el Acuerdo Escazú. Por eso, ellos han incorporado tecnología de punta a partir de imágenes de satélite, que les permite monitorear los cambios del uso del suelo, teniendo como referencia el año 1995. Otro aspecto relevante es que las inversiones que se van a desarrollar en el país son sometidas a consulta pública, las cuales son presentadas con información científica de alta calidad, al alcance de todos. Al final la gente opina si quiere o no explotar su recurso.

Chile es el otro caso relacionado con las consultas populares de los recursos naturales, principalmente los proyectos mineros. El 26 de junio del presente año, el consejo de ministros para la sustentabilidad aprueba el proyecto que modifica el SEIA (sistema de evaluación de impacto ambiental). Entre las medidas propuestas, está la obligatoriedad de la participación ciudadana previa para los estudios de impacto ambiental (EIA), teniendo como objetivo generar un dialogo temprano entre la comunidad y el titular de un proyecto. Latinoamérica no es ajena a la situación socioambiental que se vive respecto a los RRNN, Chile entiende el mensaje, ratificándolo en la agenda política de sus administraciones, lo cual es el reflejo de sus buenas prácticas en cultura minera.

Construir nación en contra del pueblo, no es el camino, lo cual ha generado una brecha social sin terminar, las instituciones políticas y económicas como siempre, no tienen claro su plan ambiental y social, la comunidad no debe entrar en ese juego, más bien con el uso de las manifestaciones, único mecanismo que le queda aún, deben levantarse de una manera pacífica, donde todos alcen la voz para que sean escuchados y demostrar al Estado que sin sinergia no hay desarrollo humano, y por lo tanto evolución social. Un lápiz pesa menos que una bala.

Las fuerzas reaccionarias que son el pueblo exigen respeto, soberanía y participación en las decisiones que se quieran hacer con nuestro entorno socioambiental. Los recursos naturales es de todos, y con buenas practicas podemos beneficiarnos de los proyectos minero energéticos a largo plazo, la comunidad dice; queremos generar riqueza financiera de manera sustentable.

“La conservación debe hacerse no para la gente sino con la gente”, y Colombia debe crear una política de Estado relacionada con la conservación y convivencia del medio ambiente, y que esta no cambie cada cuatro años, siempre que cambie el color político.

Nota: Para lograr el lema de este gobierno “construir país”, la prioridad de la agenda política del gobierno, es revisar el progreso social. Según el Índice de Progreso Social 2017, los dos ejemplos presentados tienen un Nivel Alto, entre paréntesis la ubicación a nivel mundial.

-Chile (25), con una población de 18 millones, un PIB de US$ 247 mil millones. Superficie total de 756.102 km2. Producción por PIB/km2: US$327 mil

Costa Rica (28), con una población de 5 millones, un PIB de US$ 58 mil millones. Superficie total de 51.000 km2. Producción por PIB/km2: US$ 1,137.000 millones

Nivel de Progreso Social Medio Alto

Colombia (49), con una población de 48 millones, un PIB de 282 mil millones. Superficie total de 1,142.000 km2. Producción por PIB/km2: US$ 247 mil

Es notoria la correlación, a mayor nivel social, menor conflicto y rechazo de los proyectos minero energético. La producción por PIB/km2 refleja la productividad de un estado, su economía del conocimiento en distintos sectores y la inclusión de su tierra. El Estado tiene la solución en sus manos, ser parte de Escazú y así poder decir contruyendo país.

 

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