Infraestructura en América Latina|

Publicado el impactosocioambiental

Tendencias de la Infraestructura en la Amazonía

César Gamboa, Esteban Valle Riestra, Denise Linares

Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR

 

  1. Estado de la cuestión de las inversiones en infraestructura

 

Uno de los elementos que está condicionando las inversiones en América Latina es la caída de los precios de los metales y con ello la menor renta de las actividades extractivas que ingresa por esas actividades. La mayoría de países de América Latina basan su economía en la extracción y exportación de materia prima, por lo que enfrentan una época recesiva[1].

En el 2014 el Fondo Monetario Internacional FMI, estimó que el precio de los metales caerían a 7.5%, y luego tendrán un descenso de 1.8% durante el 2015, mientras que para el 2016 se esperaba un ligero aumento de 0.6%[2].

Pese a ello, la inversión pública viene creciendo alrededor del sector de infraestructura. La CEPAL ha señalado que en la región existe un déficit en infraestructura que requería una inversión anual de 5.2% del PBI regional (US$ 170 billones) para cubrir las necesidades de las empresas y consumidores hasta el 2020[3].

Así mismo, existen inversiones en el sector extractivo, energético e infraestructura que están próximos a desarrollarse en Sudamérica y tendría un impacto indirecto en la Cuenca, estos son los siguientes:

proyectos_infraestructura_impactos_cuenca_amazonica

 

En el siguiente cuadro, podemos apreciar las inversiones en infraestructura dentro de la cuenca amazónica que pertenecen a la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) del Cosiplan, el Consejo Sudamericano de Planeamiento e Infraestructura encargado de la cartera de Proyectos IIRSA.

 

Cuadro Proyectos del Eje Amazonas pertenecientes a la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) del Cosiplan

proyectos_eje_amazonas_cosiplan_proyectos_prioritarios_api

 

Sin contar los proyectos concluidos, los 19 proyectos priorizados en el Eje Amazonas alcanzan los US$ 2.445 mil millones. Como puede observarse, la mayor parte se ubica en la Amazonía peruana y tienen como objetivo mejorar la navegabilidad de los ríos de la cuenca amazónica y la infraestructura logística en las ciudades adyacentes. Destacan también los proyectos relacionados al mejoramiento de dos tramos de la carretera IIRSA-Centro y la carretera Tingo María- Pucallpa, los cuales tienen previsto facilitar el acceso hacia la selva central del Perú.

Inversiones brasileras en el pasado, ahora chinas[4] han acentuado el rol de los países extractivistas como el caso ecuatoriano[5] como fuente de petróleo y exploración minera en la Amazonia (cordillera del Cóndor, frontera con Perú), en Venezuela[6] y sus fuentes grandes de petróleo y gas, en el caso colombiano, fuentes agrícolas y en menor medida mineras, en Bolivia, las fuentes de gas y finalmente en el caso del Perú, el sector minero es el caso más característico de su economía. La inversión trasversal en estos países es la infraestructura y la energía. Considerando las condiciones políticas y económicas, posiblemente los proyectos que generarían mayor riesgo, y que se realicen probablemente en la próxima década, son los proyectos ubicados en Bolivia, Perú y Venezuela.

El interés de Bolivia por convertirse en un hub energético[7] regional, así como un punto de cruce del transporte de las materias primas desde Brasil hacia china, le ha llevado a perseguir la construcción de proyectos ambiciosos, como lo son el proyecto hidroeléctrico El Bala y el Tren Bioceánico. No obstante, a pesar de los estudios realizados y en desarrollo, su viabilidad económica, así como los planes de contención de sus impactos sociales y ambientales, no han sido aún definidos.

Finalmente, es especialmente preocupante el incentivo a la minería en el denominado arco minero en Venezuela. El interés del país por diversificar su economía, históricamente dependiente del petróleo, puede también incrementar el deterioro medioambiental que se viene observando en esta zona por el uso de sustancias tóxicas como mercurio y arsénico por parte de los mineros ilegales y artesanales que vienen operando en la zona.

 

Priorización de la Infraestructura: la conectividad física de Loreto (Perú)

Cuentan también con una especial relevancia los proyectos de infraestructura en la Amazonía peruana incluidos en la cartera del COSIPLAN. A pesar de ser proyectos en su mayoría de conectividad fluvial, su impacto podría afectar la biodiversidad en las márgenes de los ríos amazónicos, además de dinamizar economías ilegales (minería, tala) que actualmente operan en sus márgenes.

En mes de marzo, se publicó el Proyecto de Ley N° 1031/2016-CR, declarando de interés nacional y necesidad pública la ejecución del Proyecto “Línea de Transmisión 220 kv Moyobamba Iquitos y Subestaciones Asociadas”, siendo concesionado por 30 años a la empresa Líneas de Transmisión Peruana S.A.C., que pertenece a la española Isolux. Este proyecto está orientado a la proporcionar el suministro eléctrico a zonas urbanas de Loreto, uniéndolo al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Cabe advertir que el Estudio de Impacto Ambiental que sustentó el referido proyecto de inversión fue rechazado en dos oportunidades por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas por contener serias observaciones en su Evaluación de Impacto Ambiental – EIA[8].

Se advierte que el proyecto, atravesará áreas ecológicamente muy sensibles y ricas en biodiversidad, así como muchas áreas inundables, restos de un inmenso lago que existía en el centro de Sudamérica hace más de 10 millones de años. La línea abrirá una trinchera en la selva de unos 50 metros de ancho por la que se meterán miles de colonos a la búsqueda de tierras y para poner ganado, taladores ilegales y buscadores de oro. El área de conexión entre Loreto y el resto de país, con proyectos como la Hidrovía Ucayali Marañón, la Carretera Iquitos Yurimaguas, o esta línea de transmisión vuelven esta área crítica para mitigar los impactos de estas futuras infraestructuras en la Amazonia Peruana.

Sin embargo, es importante mencionar que, recientemente se desarrolló la Consulta Previa para la adjudicación de la Hidrovía, como una buena práctica, pues obtuvieron más de 60 acuerdos fueron cerrados como resultado del diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado[9]. Este caso es emblemático por muchas razones: primero, es la primera Asociación Pública Privada en infraestructura en la Amazonia ($ 90 millones de dólares); el consorcio ganador de la buena pro tiene como uno de sus miembros la empresa china SynoHydro con un pasado negativo en la construcción de la hidroeléctrica CocaCodo Synclair; se ha desarrollado una consulta previa al estudio de factibilidad de la hidrovía con la participación de más de 1500 indígenas; etc[10].

 

  1. Efectos del Boom de Inversiones en Infraestructura

 

Entre los efectos de la caída de los precios de los metales, se encuentran los cambios legales para atraer y facilitar las inversiones, lo que la CEPAL ha llamado “race to the bottom”[11], o la caída hacia el fondo. Se ha producido una flexibilización de derechos sociales, de trabajadores, ambientales e indígenas, entre los cuales se está produciendo cambios en la evaluación ambiental, la consulta previa, además de la compensación y participación ciudadana.

 

  1. Regulación Global

 

Un cambio de reglas de juego se inició con los nuevos Peformance Standards de la International Finance Corporation IFC[12] (2012), donde se plantea la aplicación de las reglas ambientales y sociales por parte del cliente, es decir, la autorregulación del sector privado. Asimismo, el rol de intermediarios financieros fue priorizado por lo que es aún más difícil identificar. estamos hablando de más de $ 20,000 millones de dólares por año a través de la banca privada, que no aplica estándares, ni verifica su impacto ambiental y social; queda claro que la acentuación es promover el sector privado sin tomar en cuenta los impactos.

El 2016, se aprobó el nuevo Marco de Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial[13], similar al del IFC, donde se traslada el peso del monitoreo del cumplimiento al cliente y pese que incorpora nuevo lenguaje de derechos (derechos de trabajadores, cambio climático o derechos LGTB), finalmente, el marco debilita la capacidad del banco en monitorear el cumplimiento de estas salvaguardias. Finalmente, el 2017 se ha iniciado el diseño de estándares ambientales y sociales para el recientemente creado Interamerican Investments Corporation IIC, revisando el acceso a la información y política de transparencia de la información de los proyectos, así como de impactos ambientales y sociales del BID para su “adecuación” a los nuevos estándares a ser aplicados a préstamos del sector privado.

Por otro lado, la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI[14], iniciativa para la creación de estándares no vinculantes se aplica en 52 países. A nivel de la región, se encuentran en dicho proceso Perú, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Y ahora último Surinam. En los últimos diez años, muchos gobiernos de la región se han enfocado en la promoción de la transparencia de la renta extractiva. La iniciativa EITI ha impulsado a nivel global dicho tema y ahora se encuentra en un periodo crítico de ampliación como beneficial ownership, minería artesanal, Project by Project reported, transparencia ambiental, etc.

 

  1. Regulación Nacional

 

A nivel del derecho nacional, se ha producido una flexibilización de estándares ambientales y sociales para facilitar las inversiones, en un primer momento reducir el tiempo de los procedimientos, menor requerimiento de información o inaplicar algunos derechos para el sector extractivo. Los estándares más importantes en esta flexibilización son la evaluación ambiental y social, así como la aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

“Entre diciembre del 2016 y enero de este año se han emitido 112 Decretos, 65 de los cuales están enfocados en la reactivación económica, y en algunos de ellos hay un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas, transparencia y acceso a la información, seguridad territorial, flexibilización de la normativa minera, el derecho al agua, la minería informal, flexibilidad laboral; entre otros” [15].

Para realizar el análisis de la situación legal y judicial del Perú, es necesario comparar con la realidad de otros países de la región; siendo un elemento transversal que se ha limitado o no ha tenido efectos vinculantes, el ordenamiento territorial[16]. En los países de la región, estos instrumentos de planeamiento no han sido tomados en cuenta al momento de concesionar actividades mineras, petroleras o de infraestructura, produciendo conflictos de superposición de derechos, que son resueltos por la vía del conflicto, así como en sede judicial.

Otro de los elementos comunes en la región es la criminalización de la protesta. Bolivia, Ecuador y Perú son buenos ejemplos del altísimo de expansión de la industria extractiva. En Bolivia, 55% del territorio nacional está conformado por zonas de potencial para la explotación de hidrocarburos que han sido asignadas a la compañía petrolera estatal YPFB para su exploración, y que se superponen con áreas naturales protegidas y territorios indígenas; en Ecuador, dos tercios de la Amazonía están zonificados para la expansión de los hidrocarburos, mientras en Perú, 64 bloques de hidrocarburos cubrían más del 70%[17] del territorio amazónico del país hasta hace unos años, sin embargo, ha sido un fracaso la expansión petrolera, muchas de inversiones se superponían con áreas protegidas y comunidades nativas.

Esa situación ha generado la creciente judicialización y criminalización de la protesta social, que en muchos casos vulneran derechos constitucionales, en los últimos años se combinan con la violencia directa y el asesinato de los líderes de muchos de los conflictos socio ambiental. En ese contexto, los atentados y asesinatos a defensores de derechos ha aumentado desde el 2002 en la región, siendo uno de los países más complicados Perú, donde el 60% de los 57 asesinatos perpetrados desde el 2002 hasta el 2014[18], estaban vinculados al sector extractivo.

Otra característica con respecto a la flexibilización ambiental son los cambios institucionales. En el caso peruano, la Ley 30230 (2014) le restringió facultades al Ministerio del Ambiente para la creación de zonas reservadas, y especialmente se suspende la función de fiscalización ambiental de inversiones extractivas[19]. Esto similar ha sucedido con Ecuador y Colombia. El primero, el Ministerio del Ambiente perdió poder e influencia dentro del Ejecutivo ante el sector extractivo cuando dejó de ser coordinado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y pasó a serlo por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, que a su vez regula al de Hidrocarburos y Minería[20]. Por su parte, en Colombia, los gobiernos subnacionales han perdido capacidad de influencia en la regulación de sus territorios.

En el caso de consulta previa, los reclamos ante los proyectos extractivos por parte de los pueblos indígenas en la región continúan, se resaltan los casos de Bolivia con la asignación de mecanismos de compensación financiera por impactos socio ambientales negativos en tierras comunitarias de origen desde el 2014[21]; en Colombia[22] con la aplicación de las consultas por parte de las empresas, a pesar de la promoción de mecanismos e instancias que han generado un volumen significativo de estructuras de oportunidad para la participación en las decisiones referidas al sector extractivo. Y en el Perú, único país que cuenta con Ley y reglamento para su implementación, tiene avances formales frente a los casos más específicos como Bolivia, Ecuador. Sin embargo, existen retos mucho mayores que la reglamentación (Colombia y Brasil), frente al fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales para hacer frente a estos procedimientos y diálogos políticos y técnicos con las autoridades.

 

  1. La regulación financiera

 

Desde la década de los noventa, el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales ha tenido comúnmente dos tipos de títulos habilitantes: la concesión o los contratos ley. Existen modelos y variaciones para el uso de los recursos naturales, pero casi todos los marcos regulatorios son similares en los países, con mayor presencia o control de los países, especialmente de la renta extractiva.

Este modelo de uso de los recursos naturales, vigente desde los noventa, ha sido complementado ahora con el modelo de Asociaciones Pública Privadas PPP, impulsado por la banca multilateral, y desarrollado en la última década en el sector infraestructura y energético, especialmente. Entre 2006 y 2015, la región de ALC tuvo inversiones de US$ 361.000 millones en unos 1.000 proyectos de infraestructura mediante APPs, mayormente en energía y transporte. Sin embargo, el grado de preparación del entorno de APPs varía mucho dentro de la región, y la tasa de renegociación de contratos ha sido elevada.

Los países que lideran en APPs en América Latina son: Chile, Colombia, Brasil y Perú. El caso de Colombia está marcado por un fuerte marco legal impulsado por la nueva ley de APPs en el 2012. En los últimos 05 años han implementado aprox. 37 APPs. En Brasil la cifra es de 270 (cerca de la mitad de todos los proyectos APPs en todo AL). Las APPs son desarrolladas a nivel nacional y sub-nacional (no necesariamente cuentan con las capacidades técnicas). Para el caso de Perú, se ha otorgado un total de 130 APP en proyectos de infraestructura entre 1990-2016 por un monto total estimado de $48.7 mil millones (04 aeropuertos por $687 millones, 75 proyectos eléctricos por $15 mil millones, 09 proyectos de tecnología en comunicación e información por $15 mil millones, 03 proyectos de gas natural por $ 1.8 mil millones, 06 proyectos portuarios por $ 2 mil millones, 05 proyectos ferroviarios por $ 6.8 mil millones, 21 proyectos viales por $ 5.6 mil millones y 07 proyectos de Agua y Saneamiento por $ 1.3 mil millones). Entre 1995 y 2016 el sector eléctrico es el que ha recibido mayor inversión ($14.6 mil millones). De acuerdo con Infralatam[23] en el 2013 la inversión del Perú en infraestructura fue de $11.7 mil millones (5.8% del PBI).

Muchos países en la región se han esforzado por mejorar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura, con la implementación de nuevas leyes de APPs (2016 Nicaragua, Argentina, Costa Rica), así como la instalación de unidades de APPs (Nicaragua y Ecuador). Sin embargo, aún hay un vacío entre la legislación y la madurez de los sectores (en términos de implementación de proyectos). Además, la serie de escándalos de corrupción en las que están involucradas las compañías de construcción ha empañado el sector infraestructura (caso de anulación del contrato de APP en el proyecto Río Magdalena en Colombia[24], Gaseoducto en Perú[25], venta de IIRSA Norte y Centro[26], etc).

Los proyectos de infraestructura, que por lo general son de gran escala y a largo plazo, presentan una serie de riesgos -–técnicos, de construcción, operativos, financieros, de hechos de fuerza mayor, de índole normativa/política, de incumplimiento, ambientales y sociales. Las APPs no son inmunes a ello, por lo cual requieren en todos los casos de un sólido marco analítico que permita evitar sobrecostos y aumente al máximo el valor para todas las partes, con el objetivo a largo plazo de suministrar una infraestructura mejor a la región.

Las APPs no representan soluciones fáciles para los gobiernos que buscan ampliar la escala de sus inversiones en infraestructura, pues necesitan una evolución institucional (incluida capacidad de preparación de proyectos) que toma tiempo consolidar antes de que pueda plasmar su potencial y que, si se hace mal, puede traducirse en mayores costos y en menores servicios y de peor calidad.

Por otro lado, en el caso peruano, la iniciativa EITI ha transparentado la renta extractiva en el sector petrolero y minero en el Perú[27]. Este tema ha sido relevante en las negociaciones de actores, a nivel local, nacional y global. El uso de las regalías ha estado enfocado más que en una re inversión local, ha sido distribuida en el gasto público, sin tomar en cuenta ninguna priorización. El modelo del Fondo Camisea (2004) hubiera sido útil pues la inversión se hubiera focalizado en la región donde se extraían los recursos, especialmente en las comunidades, así como en temas de sostenibilidad un tipo de compensación ambiental, un claro precedente de herramientas trade-off.

 

  1. Comparando las regulaciones nacionales

 

En líneas generales, existen ciertos puntos comunes de la gestión de los recursos naturales, el cual ha sido debilitar o vaciar de contenido las herramientas de planeamiento territorial y participación en la toma de decisiones. En ese sentido, hay tendencia en los países, como Perú y Colombia, de debilitar la gestión de planeamiento territorial, mientras que en Ecuador y Bolivia, esta ha sido un espacio de disputa del territorio, donde el control estatal no ha permitido la participación local. Las comunidades locales, especialmente indígenas, han tenido un mayor control territorial en estos primeros países, aunque no sin conflictos, mientras que en los primeros, se espera que la etapa de post conflicto, aunque sin mucha certeza, el proceso de titulación de tierras de comunidades en ambos países puede convertirse en una pieza de dicho orden de gestión de recursos.

 

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En general, podemos ver tres temas en tensión con respecto a estas reglas, que finalmente forman tendencias legales: la primera es la autoregulación de los concesiones, reduciendo el papel de control del Estado en las inversiones desde la perspectiva ambiental y social, el segundo es la primacía de los derechos del inversionista sobre los derechos de los afectados; una clara afectación a los derechos de los afectados, ha tenido relación a la “criminalización de la protesta”, de los defensores de derechos humanos y ambientales; y el tercero, es reducir la posibilidad del acceso a la información de dichas operaciones. En cada uno de los países hay contrastes, pero dos elementos comunes aparecen en cuanto al debilitamiento de estándares, la evaluación ambiental y la consulta previa[28].

 

  1. Acciones gubernamentales

 

Muchos de los cambios legales para mejorar la gestión ambiental y social se ha debido por la demanda de las poblaciones locales e indígenas. En ese sentido, la aparición de una institucionalidad ambiental que concentre la función de evaluación ambiental (SENACE), fiscalización (OEFA); la aplicación de la consulta previa mejorar las condiciones institucionales para la evaluación ambiental de las inversiones extractivas. Debido a la caída de los precios de los metales, la gestión de los recursos naturales en la región se ha tornado en una toma de decisiones centralista, sectorial y excluyente no solo con sectores de los gobiernos nacionales sino también con gobierno sub nacionales.

Por otro lado, a pesar de los avances en transparencia con los acuerdos internacionales como el EITI y el Open Government Partnership OGP, aún existen brechas como las evidenciadas a partir de los destapes de redes de corrupción con los casos de Panama Papers y Odebretch (Lava Jato). Asimismo, no se ha logrado una gobernanza participativa efectiva a nivel local, teniendo a la participación ciudadana como un mero formalismo de acceso a información. Además de ello se han desarrollado tensiones durante los procesos de descentralización por las competencias entre los gobiernos nacionales y sub nacionales en temas como el territorial.

Otra iniciativa relacionada fuertemente relacionada con la agenda climática, es el compromiso para reducir la deforestación a través del Acuerdo Perú Noruega Alemania DCI[29], un Memorándum de Entendimiento para conservar los bosques a través del tratamiento del cambio de uso de suelo de los bosques amazónicos y la titulación de tierras de comunidades nativas (al menos 5 millones de hectáreas hasta el 2020). Estos acuerdos bilaterales para la conservación de bosques incentivan a nivel institucional, son insumo necesario para el análisis y elaboración de hoja de ruta sobre medidas de mitigación para detener la deforestación.

Asimismo, las Defensorías del Pueblo de la región han tenido un rol activo en la defensa de los derechos indígenas y en identificar las debilidades ambientales para el esquema de inversiones.

Empero, han existido intentos de cooptación política de esta institución, así sean gobiernos conservadores (Perú) o progresistas (Ecuador). Además, ha complementado el rol de sociedad civil al monitorear dichas inversiones y su marco de políticas.

En Perú, bajo dicho parámetro, resultó preocupante que tras la designación del nuevo defensor del pueblo, existieran despidos de personal, hecho que causo el debilitamiento de las Adjuntías[30] más importantes del sector. A la fecha, la adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, acentúa el desarrollo de sus informes sobre al acceso de servicios públicos, (agua y alcantarillado, electricidad, telefonía y transporte público) y en lo que corresponde al Sistema de Evaluación e Información Ambiental – SEIA. Dejando de lado, temas de relevancia como la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas. En Ecuador, pese a la criticada reelección del defensor del pueblo, se advirtió sobre el rechazo del Informe sobre criminalización de la protesta elaborado por su antecesor, así como los recientes documentos relacionados sobre los desalojos en territorios indígenas. Un caso, es la desestimación por la Defensoría del Pueblo de la denuncia del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama que fueron agredidas y detenidas arbitrariamente durante una manifestación pacífica contra un proyecto minero en la provincia de Cuenca[31]. En Colombia, se ha desarrollado un último informe Especial de Riesgo que evidencia las desapariciones forzadas, atentados y homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En ese sentido, las Defensorías del Pueblo visibilizan la a situación de los indígenas en zonas de fronteras por lo que recomienda el mejoramiento de sus condiciones de vida, la protección a su territorio y el fortalecimiento del gobierno propio que implemente políticas y programas que garanticen el acceso a derechos fundamentales y la superación de la pobreza extrema.

 

III. Algunos posibles caminos para influir en la Infraestructura

 

Tomando en cuenta la experiencia de muchas organizaciones de sociedad civil, especialmente a nivel regional[32], proponemos una serie de ejes de trabajo relacionados a oportunidades para transformar estas inversiones en sostenibles.

 

  1. Generar un marco de gobernanza de los recursos naturales, en los tres niveles de gestión.
  • Fomento del planeamiento territorial a través de EAE a nivel de cuencas, del Sistema de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero- SEEG a nivel de regiones, Infraestructura de datos espaciales regionales IDE a nivel de sectores o gobiernos subnacionales.
  • Promoción de transparencia y participación ciudadana como mecanismos de desincentivos de la corrupción en la gestión de los recursos naturales, especialmente en el modelo novedoso de inversión PPP.
  • Promover el debate público de decisiones políticas y sus consecuencias en el sector extractivo infraestructura desde las experiencias previas por país y a nivel regional (Camisea, Maderia, Tapajos, Belo Monte, Coca SinClair, Napo, Ituango, San Franciso, Cachuela Esperanza, PastoMocoa, BR 169).
  1. Fortalecimiento de actores locales, en el ejercicio de sus derechos y en la negociación con el sector privado y público.
  • Apoyo a actores locales, comunidades y organizaciones indígenas para negociar frente al Estado y sector privado en la aplicación de la compensación del uso de la tierra, la aplicación de la legislación ambiental y el ejercicio del derecho de la consulta y vigilancia comunal, especialmente en el marco de inversiones chinas.
  • Apoyar mecanismos de defensores indígenas de derechos humanos y ambientales, frente a procesos de criminalización y violencia, asimismo, el uso de recursos legales en la gestión de los recursos naturales, especialmente en los recursos hídricos.
  • Fortalecimiento de la gestión territorial y operativa de las organizaciones indígenas para tener la capacidad de negociación en base a mecanismos de transparencia y representatividad.
  1. Monitorear y vigilar el marco de gobernanza pero especialmente la aplicación de acuerdos y estándares ambientales y sociales de dichas inversiones.
  • Promoción de herramientas para la mitigación de impactos acumulativos alrededor de obras de infraestructura (IOS, Pasto Mocoa, BR 169) con enfoque de desarrollo local.
  • Promover plataformas regionales, nacionales y locales para la vigilancia comunitaria de proyectos extractivos de infraestructura. Focalización y consolidación más que en la creación de nuevas redes.
  • Promover las alianzas del monitoreo entre organizaciones de sociedad civil, movimientos locales e indígenas, procuradores públicos, sindicatos, periodismo digital que permita monitorear modelo de desarrollo/inversión en infraestructura (Plan de Reconstrucción Nacional Perú).

[1] Durante 2014, América Latina creció apenas por encima del 1%, la menor tasa de los últimos 12 años, a excepción de la de 2009 en un contexto de crisis financiera internacional. Este magro resultado a nivel regional se explicó principalmente por la caída de los precios de las materias primas, por las restricciones de oferta debido a que se creció más de lo que se invirtió y por la incertidumbre política. SCIALABBA, Eliana. “América Latina y los efectos de la caída de los precios de los metales”. 14. 10.2015, Tomado de: https://goo.gl/VVgvH4

[2] Gestión, FMI anticipa caída en precio internacional de materias primas hasta el 2015. 08.10.2014. Consulta: 15.08.2016. Tomado de: https://goo.gl/rqegc8

[3] PERROTI, Daniel y SÁNCHEZ, Ricardo, (2011), “La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe”, CEPAL: Serie Recursos Naturales e Infraestructura, No.153, p.7

[4] Entre el 2010 y 2013, la extracción de recursos naturales representan aproximadamente el 90% de las inversiones chinas, principalmente en el sector hidrocarburífero y de minería. GREFI, (2017), Panorama general de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú, p.15.

[5] En el 2016 el Ministerio de Ambiente de Ecuador aprobó un Estudio de Impacto Ambiental ampliatorio de 30.000 a 60.000 toneladas por día para la fase de explotación a favor de la empresa ECSA, la cual es parte del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment Company (EcuadorInmediato.com, 2016). La herida abierta del cóndor, (2017), Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial Ecuador, p. 51. Consulta: 15 de agosto de 2017. Recuperado de: https://goo.gl/MGvhFE

[6] Un antecedentes importantes entre China y Venezuela es la “alianza estratégica para el desarrollo común”, siendo el petróleo el principal recurso de intercambio comercial hasta la actualidad. MALAMUD, Carlos, (2007) Los actores extra regionales en América Latina (I): China, p.4. Consulta: 16.08.2017. Tomado de: https://goo.gl/538Ar6

[7] Importante eje energético

[8] La compañía no pudo subsanar satisfactoriamente 63 observaciones, entre las más graves son las relacionadas a los riesgos de la superposición entre el proyecto de la LTMI y las Áreas Naturales Protegidas, la empresa Isolux no ha podido comprobar que la obra no afectará a la vegetación de la zona. SERVINDI, (2016). “Rechazan nuevo EIA para Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos”. Tomado de: https://goo.gl/8m41yd

[9] DAR, “Estudio de Caso resalta buenas prácticas de la consulta previa de la Hidrovía Amazónica”, DAR, Lima, 10 de febrero. Consulta: 15. 08. 2017. Tomado de: https://goo.gl/CzQuBL

[10] Ver http://www.dar.org.pe/noticias/la-hidrovia-amazonica-implicancias-socioambientales-de-la-primera-obra-de-infraestructura-con-consulta-previa-en-el-peru/

[11] CEPAL, (2016), Horizonte 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, p.33. Tomado de: https://goo.gl/hk1KLG

[12] IFC, (2012), IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Tomado de: https://goo.gl/fuj3Sz

[13] FUNDAR, (2015), Marco Ambiental y Social del Banco Mundial sacrifica estándares sobre derechos humanos en aras de mayor competitividad. Tomado de: https://goo.gl/C2seMt

[14] Ver: https://eiti.org/es

[15] Las consultas del banco mundial y las reformas neoliberales, (2017), Propuesta Ciudadana.

[16] La competencia por la tierra y los recursos naturales por las mega inversiones apoyadas por el Estado convierte una situación de vulnerabilidad en una amenaza abierta debido a la superposición espacial de concesiones hidrocarburíferas sobre las comunidades nativas. SCURRAH, Martín. (2015) “Titulación: La gran deuda del Estado frente a las comunidades”, SERVINDI, 8 de octubre. Ver: https://goo.gl/bUhE3p

[17] DAR,(2010) Hidrocarburos y Amazonía peruana: ¿Superposición de derechos u oportunidades para el desarrollo sostenible?, Lima, p. 46

[18] Global Witnnes, (2014), “El Ambiente Mortal de Perú”, noviembre, p.5

[19] DAR, otros, Impactos, intereses y beneficiarios de la Ley Nº 30230. Ver https://goo.gl/e5PpRc

[20] Decreto N° 1507, Se suprime el Ministerio de coordinación del Patrimonio, Quito, 08 de mayo de 2013

[21] Decreto Supremo Nº 2195, Bolivia, 28 de noviembre de 2014. Ver https://goo.gl/BJxFUv

[22] AMERICA QUARTERLY, Consulta Previa: Colombia, p.5. Ver https://goo.gl/VgCNg1

[23] http://infralatam.info/ Ver base de datos aquí

[24] TORRES, Vanessa, Odebrecht se despidió del Río Magdalena, Asociación Ambiente y Sociedad, 12 de mayo de 2016. Tomado de: https://goo.gl/2qxX2c

[25] PRADO, Manuel, Cuando la corrupción salpica a la economía: el Gasoducto del Sur le saldría muy caro al Perú, La Mula, 01 de setiembre de 2017. Ver https://goo.gl/AGnosk

[26] MUÑOZ, Lope, Contraloría detectó irregularidades en vía Interoceánica, La Republica. Lima, 22 de julio del 2015. Ver https://goo.gl/WSs3up

[27] DAR, (2014), Transparencia en el sector energético peruano, Lima, p.9. Ver https://goo.gl/ChmviF

[28] En el caso de los derechos de los pueblos indígenas, resaltan los casos de países como Bolivia y Ecuador (y en menor medida Venezuela) en donde se han incorporado progresivamente en su Constitución derechos como el de consulta. Otro bloque en el cual se ubican Colombia, Perú y Brasil en sus marcos constitucionales al ratificar el Convenio 169 no incluye expresamente este derecho. En específico Brasil se presenta como el último país ratificado y con resistencias indígenas por la reglamentación de la consulta previa, como ha sucedido en Ecuador y otros países.

[29] Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático Ver: https://goo.gl/9Z3mcq

[30] ÁVILA, Daniel, Crisis en la Defensoría del Pueblo por despidos y contrataciones sin concurso, La Mula, 19 de diciembre del 2016. Tomado de: https://goo.gl/p6EXwH

[31] Frente de mujeres defensoras de la Pachamama. “Denuncias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama” https://goo.gl/krsgss

[32] Ver las redes más importantes que monitorean o realizan incidencia sobre inversiones en Amazonia, ver http://coalicionregional.net/ ; https://www.amazoniasocioambiental.org/; http://grefi.info/es/inicio/ ; asimismo redes que trabajaron antes sobre infraestructura desde una perspectiva regional como BICECA: http://www.bankinformationcenter.org/regions/latin-america/biceca/

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