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Casos de transparencia y acceso a la información en ocho países de la región, Nicaragua: El caso del municipio de Santo Domingo

Este articulo hace parte del informe regional de transparencia y acceso a la información en industrias extractivas en América Latina y El Caribe.

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En Nicaragua existen dos normas fundamentales que rigen el derecho de acceso a la información: (i) Ley Nº 621, Ley de Acceso a la Información Pública, publicada en La Gaceta Nº 118 del 22 de junio del 2007, y (ii) Ley Nº 662, Ley de Transparencia para las Entidades y Empresas del Estado Nicaragüense, publicada en La Gaceta Nº 190 del 3 de octubre de 2008. En la Ley Nº 475, Ley de Participación Ciudadana (publicada en La Gaceta Nº 241 del 19 de diciembre de 2003) también se encuentran disposiciones sobre el acceso a la información. A pesar de tener un marco normativo y relativas mejoras en cuanto a los requisitos y procedimientos concesionarios, la flexibilización a la inversión extractiva —sobre todo extranjera— ha generado un sesgo en la aplicación de las leyes, lo que a su vez fomenta en mayor medida la falta de transparencia y produce una serie de facilidades al inversionista. Todo aquello que represente un obstáculo para el empresario es desplazado a un segundo plano, entre ello, la protección al medio ambiente y el respeto de derechos fundamentales como el acceso la información, afectando otros derechos como la participación ciudadana. El único medio para conocer sobre los proyectos extractivos son los procesos de participación ciudadana que, además, son categorizados como una acción no vinculante. Lo anterior ha generado una apatía ciudadana que sucesivamente provoca la fragmentación de las iniciativas de participación y la abstención en los procesos de participación y consulta. El modelo de participación que predomina es el de las comisiones intersectoriales, por medio del proceso de “Voz y Voto”.

No obstante, dicho modelo muestra muchas debilidades por la falta de información previa de los proyectos, ausencia de respaldo institucional, falta de voluntad política de convocar, falta de presupuesto, conflictos de interés, y poca representatividad de los sectores sociales, lo que genera un sesgo de una comisión interinstitucional predominantemente gubernamental. Estos espacios son generados una vez que se otorgan los derechos a la empresa para explorar o explotar el recurso. En el ámbito municipal, se reconoce el derecho de opinar y las competencias de los gobiernos municipales en los contratos de explotación de los recursos naturales, pero no se define con claridad el alcance ni la relevancia de la opinión emitida por las autoridades municipales.

Además, se encuentran los procesos de consulta pública de los proyectos, elemento esencial para el otorgamiento de una licencia social y ambiental, los cuales además forman parte de la demostración de la aceptación pública y consciente de población hacia una concesión y sus proyectos secundarios. Sin embargo, estas cuentan con metodologías reducidas a reuniones informativas, con limitada participación de la población y uso de medios audiovisuales para convencer a la población de las bondades de las operaciones de la empresa, sin expresar las implicancias de la exploración y explotación petrolera y minera. Además, es el mismo gobierno central el que escoge a la población que participa en estos espacios. Para el caso de pueblos indígenas, estas reuniones no cumplen con el derecho al consentimiento previo, libre e informado, según la legislación nacional e internacional aplicables. En especial, las concesiones mineras otorgadas vienen vulnerando el marco jurídico sobre las consultas ciudadanas y la solicitud del aval de las autoridades locales. Las consultas se han hecho de manera forzada y con reclamos ciudadanos pues los gobiernos municipales (sin seguir los procedimientos más adecuados, al parecer pagados por las empresas) han persuadido a la población a favor de los proyectos.

EL CASO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

El municipio de Santo Domingo se encuentra ubicado en el departamento de Chontales, en las inmediaciones del río Artiguas (región central de Nicaragua). Tiene como principal actividad económica la agropecuaria, que abarca una población económicamente activa de un 86,3% predominante en el área rural. La crianza de ganado mayor es de doble función (leche y carne), y su producción se destina al consumo nacional y exportación. De igual forma, la crianza de ganado menor (cerdos y aves) es común, aunque en su mayoría es para autoconsumo. La segunda actividad económica de importancia es la minería de oro y plata a pequeña escala, que data desde hace más de un siglo. Actualmente se desarrolla en los alrededores del casco urbano, sobre el río Artiguas, y es desempeñada por una parte de la población que conforma cooperativas (que se han ido organizando, aunque no todas cuentan con personería jurídica) que procesan la materia prima (broza) en sus sistemas semiartesanales, generalmente a base de mazo o batería, haciendo uso de mercurio y agua para la separación del oro del resto de minerales y roca. La actividad minera industrial en el municipio de Santo Domingo fue reactivada en el año 2008 a raíz de una solicitud presentada por la empresa “Desarrollo Minero de Nicaragua S.A.” (DESMINIC) para desarrollar el proyecto de exploración.

“Determinación de área para exploración minera en los municipios de La Libertad y Santo Domingo”. En el año 2009, DESMINIC vendió sus acciones a una corporación de origen canadiense llamada B2GOLD, quien oficialmente inició las labores de exploración minera del proyecto antes mencionado, el 23 de noviembre de 2009. La Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) autorizó la actividad de exploración a la empresa DESMINIC por medio del permiso ambiental (Resolución Administrativa Nº 082008), sin los procesos de consulta pública del documento del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), violando el procedimiento administrativo y legal, así como los derechos de participación de la población. En septiembre de 2010, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Alcaldía de Santo Domingo, en conjunto con MARENA, hizo una inspección con el superintendente ambiental de B2GOLD a los sitios donde se estaban realizando las exploraciones. Como resultado de la inspección, en octubre del mismo año las UGA de los municipios de San Pedro, Acoyapa, Juigalpa, Santo Tomás, La Libertad y Santo Domingo interpusieron una denuncia ante el MARENA y la Procuraduría General de la República (PGR), por considerar que las actividades de exploración de B2GOLD evidenciaban afectación ambiental, especialmente con relación a la protección de las fuentes de aguas superficiales (manantiales, quebradas y ríos). Pese a la denuncia ambiental, la DGCA central aprobó una adenda al permiso ambiental de exploración a solicitud de la empresa DESMINIC/B2GOLD por medio de la Resolución Administrativa Nº 08-2008 Adenda 1, para la ampliación de la exploración de apertura de 22 perfiles y 65 pozos adicionales. Además, la DGCA autorizó actividades de explotación de El Coluvio – Jabalí y la extracción de 130 400 toneladas métricas de mineral acumulado, cuando el permiso inicial era solamente para exploración. Este proceso se realizó sin participación y conocimiento de la población en relación con la instalación de proyectos mineros.

 

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