Por: Cristian López*
El momento que vive Colombia -con ocasión de la eventual firma de un acuerdo de paz- no es histórico solo porque termina una larga confrontación armada sino también porque contiene en sí la posibilidad de resolver las causas que han atizado la guerra por más de 50 años. Por ejemplo, el amplio acuerdo sobre Reforma Rural Integral establece novedosos criterios para transformar el campo colombiano, incluyendo usos del suelo, producción, participación social, e inversión de recursos.
Del acuerdo en materia agraria nos llama la atención una novedad: las formas asociativas solidarias, entendidas como escenarios en que la producción es fruto de figuras de asociación que no están orientadas por el criterio exclusivo del lucro y la rentabilidad, sino por una forma “solidaria” y equilibrada de explotación del suelo. En este sentido merece la pena preguntarse ¿por qué -si esta figura ya está pactada- la agenda legislativa del Gobierno Nacional parece ir en sentido contrario?
Cómo si se tratase de un imperdonable déjà vu, el pasado 29 de Enero el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1776 de 2016, a través de la cual se crearon las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES. La ley en mención parte de una falsa premisa: las actividades de producción a gran escala, ejecutadas por asociaciones entre grandes empresarios y pequeños trabajadores agrarios son la clave para maximizar la productividad de la mano de obra y, a su vez, reducir los costos de la producción, resolviendo así la ausencia de infraestructura, los altos niveles de pobreza y la baja densidad poblacional.
En esta ocasión, la falsa premisa no solo es inocua sino profundamente regresiva porque, entre otras, facilita la concentración indebida del uso del suelo y cede baldíos en detrimento de la oferta de terrenos que deberían estar disponibles para las comunidades rurales y víctimas. Lo anterior sin mencionar que ese modelo agrario basado en el latifundio se viene aplicando hace más de 40 años y su fracaso es fácilmente corroborable revisando, por ejemplo, los resultados del 3º Censo Nacional Agropecuario (2015).
Por su parte, en los acuerdos de la Habana se encuentra consignado un nuevo modelo de asociación más justo y equitativo, y por eso las partes deberían considerar, cuanto antes, la aplicación de “planes piloto” que le den cuerpo a las “Formas Asociativas Solidarias” y, en general, al conjunto de instrumentos establecidos para la implementación de los acuerdos. Seguramente sería más efectivo empezar a aplicar este nuevo modelo, antes que reencauchar la vieja fórmula de siempre (Chicoral, otrora ley de Baldíos, ZIDRES).
Quizá el componente solidario de las nuevas formas asociativas permita construir territorios en paz donde se titule y formalice la propiedad individual y colectiva en favor de las víctimas y las comunidades campesinas, a la par que se resuelve la deuda histórica en infraestructura, créditos, asistencia técnica y demás.
En conclusión, la paz será estable y duradera si sabemos elegir entre dos modelos opuestos: ¿La priorización de formas de asociación entre el gran capital y el pequeño productor, o, la priorización de las formas de asociación solidaria?
Construir un marco jurídico que facilite y posibilite la expansión del latifundio y la concentración indebida del uso de la tierra (ZIDRES) no ayudará a consolidar la paz territorial, por el contrario, corre el riesgo de convertirse en talanquera para la implementación de los acuerdos alcanzados hasta ahora en la Habana.
Pdta: Todos invitados a conocer la demanda de inconstitucionalidad que el Observatorio de Restitución y Regulación de los Derechos de Propiedad Agraria interpuso contra la totalidad de la Ley ZIDRES.
*Politólogo, investigador del Observatorio-IEPRI. Universidad Nacional