En honor a Álvaro Camacho Guizado, quien estudió intensamente el impacto del narcotráfico en el país y quien en una de sus últimas columnas en este diario expresó simpatía por la medida que aquí menciono.
En el tema de la droga, los últimos en ser considerados son los pequeños cultivadores de coca. A estos se les quiere aplicar todo el peso de la ley: el nuevo proyecto de estatuto anti-estupefaciente los considera el primer eslabón en la cadena del narcotráfico; y así, se les quiere imponer penas mínimas. Lo cual es francamente un atropello pues gran parte de ellos, por no decir todos, cultivan más por necesidad, o por obligación, que por una ambición criminal (valga decir por una necesidad, o una obligación, que nace de una falta de nuestro Estado y no de ellos; así, quedan doblemente victimizados). Y como pasa en Afganistán, pasa en Colombia: los cultivadores son en su mayoría, por no decir en su totalidad, pobres, no grandes capos.
La posibilidad de permitir pequeños cultivos de coca está cobijada bajo los tratados internacionales; posibilidad que aprovechan Perú y Bolivia, pero no Colombia, la cual funciona así: el país reporta cada año ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) la cantidad de coca que quiere producir. Cualquier coca excedente debe ser destruida para evitar que termine en producción ilegal de cocaína. Esta producción legal es monitoreada por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen.
La coca así producida puede o bien dedicarse para cubrir la demanda para su uso tradicional, o bien descocainizarse y agregarse a lo que uno quiera, o utilizarse en investigación científica o dedicarse para la producción de cocaína con fines medicinales. Se podría pensar en establecer compañías departamentales que se encarguen de establecer una cantidad de producción local y que le comprarían la hoja a los productores; la suma del total de cada departamento es lo que reportaría el Estado ante la JIFE; la hoja se compraría a un precio similar al que la compran los narcos (Recordemos que la idea de comprar la hoja a los campesinos fue mencionada por el ex-presidente Uribe en el 2005). Se empezaría con unos pocos departamentos para estudiar la viabilidad del proyecto.
A esta propuesta inmediatamente se le levantan dos objeciones, en mi opinión infundamentadas.
Primero: algunos aducen a que este sistema podría ser abusado, como sucede con algunos resguardos indígenas a los cuales se les permite cultivar coca. Desconocer tal posibilidad invalidaría nuestro razonamiento. Pero lo importante es entender que el incentivo para abusar de esos permisos, o de cultivar en los parques naturales, que viene siendo la inmensa rentabilidad del mercado ilegal de la cocaína, no desaparece al prohibir los cultivos. Los cultivos excedentes desviados hacia la producción clandestina vendrían ahora de campesinos con permisos de cultivar que estarían monitoreados, y no de los parques ni de los resguardos. Así que la medida protegería tanto a nuestro parques como a nuestros indígenas.
Segundo: otros alegan que el Estado no podría regular lo que no puede prohibir, luego esa producción legal agravaría el problema ya existente pues facilitaría la desviación de la hoja hacía la producción clandestina. De nuevo, desconocer que tal desviación existiría sería una necedad, pero no hay que ser alarmistas: regular es más fácil que prohibir y prohibir es renunciar a regular. La posibilidad de tener una producción regulada de coca permitiría una estimación real de la dimensión del problema de los cultivos ilícitos. La que hoy existe no es fiable. Una mejor estimación departamento por departamento permitiría enfocar las estrategias de reducción de los cultivos indeseados. Además, comprando la coca a buen precio le complicaría el acceso a ella a los productores clandestinos de cocaína.
Hay que tener en mente que una interpretación rígida de los objetivo de los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes señala hacia la extinción de la hoja de coca, lo que han casi logrado: las variedades colombianas con menos concentración de cocaína, que eran las favorecidas para el mambeo tradicional, están desapareciendo pues los mercados prefieren las variedades con mayor concentración del alcaloide. Lo cual es una lastima pues la cocaína no es el único alcaloide en la hoja. Así, la medida aquí propuesta salvaría parte de nuestra riqueza biológica. Además, existe una generación de campesinos expertos en la hoja, un capital humano hoy desaprovechado y que podría reconciliarse con la nación compartiendo su conocimiento. La coca es parte de nuestro legado cultural; y si no lo cree así, vaya al Museo del Oro (donde está la obra que uso como símbolo de este blog).
Termino anotando dos cosas. Uno, existen varios productos en el mercado que usan la hoja de coca: Coca-cola, Red Bull Cola (en el Reino Unido), Kdrink, Kokkawine y Agwa (un licor a base de hojas bolivianas de coca decocainizadas en Amsterdam), entre otros. Dos, Turquía, un país que tuvo un problema gigantesco con la amapola en el siglo pasado, con historia de prohibición total de la flor e intentos de sustitución de cultivos, ahora es uno de los principales productores de amapola para la producción legal de opiáceos y ya no tiene el problema de cultivos ilícitos . Es decir, en Turquía, esta medida de legalizar los cultivos para fines legales acabó con el narco.
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