Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

El despojo de tierras en el Magdalena: poderes públicos prestos a la ilegalidad

Por: Paola Andrea Perdomo V.*

En gran medida se ha revelado la historia de los paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, y su activa participación en el despojo paramilitar en el Magdalena. Sin embargo, el despojo de tierras en este departamento ha transcurrido más allá del poder de su comandancia, su grupo de hombres armados o del terror infringido a sus víctimas. Detrás de estos nombres bien identificados por la justicia, los campesinos despojados y los mismos medios de comunicación, están los nombres de reconocidos políticos locales y funcionarios públicos de los que poco habría de sospecharse.

La complicidad de actores que, aunque no cargaban fusil, participaban del despojo de tierras desde la comodidad de sus oficinas con bolígrafo y papel y la legalidad e ilegalidad aquí son difusas. Fue así que cientos de campesinos en el departamento del Magdalena perdieron sus predios, a través de documentación falsificada que algunos notarios y registradores pasaban por alto. Con esta práctica se conseguía legalizar el despojo de un predio tras el asesinato o el desplazamiento de su propietario a mano de paramilitares. Es el caso de los predios Santa Martica y Marsam. Ocasionalmente enmendaduras y firmas que no coincidían no tenían mayor relevancia para estos servidores públicos.

No obstante, hay otros actores no armados y con funciones públicas a su cargo involucrados en este escenario: algunos funcionarios del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) encabezan esa lista, entre ellos, el exgerente del Incora en Magdalena, José Fernando Mercado. La legalización de los despojos se tramitó por vía de estos funcionarios a través de la revocación y caducidad de cientos de títulos de propiedad. Los predios eran declarados en abandono o se les atribuía un incumplimiento de pago para poder ser adjudicados, por lo general, a testaferros de jefes paramilitares. Esto es conocido como un despojo de tipo administrativo y fue más recurrente de lo que se llegó a pensar.

Como si fuera poco, las victimas de despojo han tenido que reconocer como victimarios y despojadores a autoridades locales de sus municipios. Esas mismas personas, con quienes habrían cruzado un saludo cordial e incluso por quienes habrían depositado su voto, ahora aparecen como propietarios de sus predios. Es el caso del predio Tierra Prometida y el exalcalde de Salamina,  Adolfo Mario Celedón Pabón.

Es así que las dificultades en torno a los derechos de propiedad rural se acrecientan, pues las dificultades de contexto persisten y las debilidades burocráticas y administrativas permiten la permeabilidad de las instituciones. Por este motivo, es necesario identificar y poner en discusión el rol que han desempeñado las autoridades locales y demás instituciones en el despojo y la concentración de tierras en Colombia, así como su papel en los actuales procesos de restitución y definición de los derechos de propiedad agraria.

*Socióloga y estudiante de Maestría en Estudios Políticos (IEPRI). Investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

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