En la guerra contra las drogas se evoca la protección de la juventud. En la guerra de los derechos de autor se evoca protección de los artistas, de los científicos o de cualquier otro inventor. Se habla de cuidar la salud pública y la cultura. Y el método es el mismo: prohibir el acceso al que no se tiene permiso, y los permisos quedan en manos de unos mandamases. Sin permisos especiales, no hay drogas; sin pagar por derechos de autor extorsivos [1] no hay acceso a la cultura.

Para cumplir tales objetivos se crean agencias anti-narcóticos, se le obliga a los prestadores de servicios a perseguir infractores y a los editores y productores se les entrega derechos completos sobre lo que ellos publican o promueven. En todos los casos, los mismos que deciden que medidas aplicar son los que deciden como y a quien se las van a aplicar; y de paso juzgan su eficacia. Legislativo, judicial y ejecutivo en uno solo.

Se presume que el que se droga le hará daño a la sociedad, y sin necesidad de probarlo es arrestado. ¿Quiere comerse un hongo que crece por ahí o compartir de una tradición milenaria? Prohibido, eso es de uso exclusivo para los que tienen permisos especiales. ¿Y donde saco ese permiso? Usted no lo puede tener. Se entorpece el acceso a las drogas de tal forma que su consumo se vuelve precario.

Esa misma dinámica es la que ahora quieren imponer con los derechos de autor bajo las  legislaciones en curso en el congreso gringo: el SOPA (Stop Online Piracy Act), el PIPA (Protect IP Act) y el RWA (Research Work Act). ¿Se presume que alguien está “fomentando” la violación de los derechos de autor? Lo “sacan” de Internet, sin juicio (adiós al pilar del derecho moderno: la presunción de inocencia) ¿Se quiere hacer pública la investigación pagada con dinero público? Nada, es mejor que sólo la puedan acceder los que pueden pagar por ella una segunda vez.

¿Qué se logra? Se hace precario el acceso a la cultura. Por ejemplo, si al bravucón que presta el servicio de Internet, que tiende a ser el mismos que ofrece acceso a la televisión, le parece que algún sitio ofrece contenido que puede competir con su oferta, no tiene que hacer más que negar el acceso a ese sitio. Fácil. La carga ahora de probar la inocencia le cae al censurado. Al final, solo se hará más complicado acceder a ese mismo contenido o servicio, se empeoran las condiciones con que se presta; y además, no combatirá la piratería.

Toca entonces apegarse a las reglas de los duros: ¿no le gusta psicoactivarse con el alcohol o el cigarrillo? se fregó. ¿No le gusta las películas que traen Cine Colombia, Blockbuster o Netflix Latinoamérica? se fregó. ¿Y la música? Lo mismo, se fregó si no le gusta lo que esta en boga. ¿Quiere consultar un artículo científico? Al menos que haga parte de una universidad muy acaudalada, se fregó. ¿Y no podría conseguirse directamente con el autor? Probablemente, pero en ese caso el mismo autor estaría violando los derechos de autor.

No se protege a la juventud pues se le está criminalizando su curiosidad, ni se protege a los artistas ni a los científicos pues ellos deben renunciar a los derechos de su creación para ser promovidos. A la larga, se subvenciona al crimen organizado, a los grandes productores [2] y a los grandes editores [3]. Son los jóvenes, los pequeños artistas, científicos e inventores los que quedan frustrados.

Las grandes farmacéuticas, las licoreras y tabacaleras, los que controlan los medios de comunicación, los grandes editores y las grandes productoras no les interesa ni la salud, ni la cultura. A ellos solo les interesa el beneficio económico. Y como los nuevos medios los pueden amenazar, lo mejor es minarlos.

Y no es que las drogas no sean una amenaza contra la salud pública, ni que los derechos de autor no sirvan para promover la producción cultural, ni que los editores y productores no refinen los productos, ni que la piratería no deba ser combatida; el problema es que los legislaciones acá discutidas no hacen sino lo contrario: minan la salud pública, entorpecen la innovación y hacen precario el acceso a la cultura.

Notas

[1]: que vienen siendo más bien derechos del productor o del editor (por eso la palabra gringa es mejor: copyrights, derechos de copia).

[2]: que pagan, si es que pagan, cifras mínimas a los artistas que no están de moda.

[3]: que le cobran a los científicos por divulgar sus resultados.

Comentario: La cuestión de los derechos de autor y el acceso a la cultura, que ligeramente toco acá por su similitud con el tema de la política de drogas, es un tema largo que daría para un blog entero. Al que le interese, como al que le interese el tema de las drogas, no puedo hacer más que recomendarle informase al respecto. Información abunda en Internet, que por el momento no es censurada. Por otro lado, mucho activista que aboga por la reforma de la política de drogas manifiesta simpatía por el candidato Republicano Ron Paul por su denuncia de la guerra de las drogas. A ellos les recomendaría más bien familiarizarse con el candidato libertario Gary Jhonson.

En el tema de la droga, los últimos en ser considerados son los pequeños cultivadores de coca. A estos se les quiere aplicar todo el peso de la ley: el nuevo proyecto de estatuto anti-estupefaciente los considera el primer eslabón en la cadena del narcotráfico; y así, se les quiere imponer penas mínimas. Lo cual es francamente un atropello pues gran parte de ellos, por no decir todos, cultivan más por necesidad, o por obligación, que por una ambición criminal (valga decir por una necesidad, o una obligación, que nace de una falta de nuestro Estado y no de ellos; así, quedan doblemente victimizados). Y como pasa en Afganistán, pasa en Colombia: los cultivadores son en su mayoría, por no decir en su totalidad, pobres, no grandes capos.

La posibilidad de permitir pequeños cultivos de coca está cobijada bajo los tratados internacionales; posibilidad que aprovechan Perú y Bolivia, pero no Colombia, la cual funciona así: el país reporta cada año ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) la cantidad de coca que quiere producir. Cualquier coca excedente debe ser destruida para evitar que termine en producción ilegal de cocaína. Esta producción legal es monitoreada por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen.

La coca así producida puede o bien dedicarse para cubrir la demanda para su uso tradicional, o bien descocainizarse y agregarse a lo que uno quiera, o utilizarse en investigación científica o dedicarse para la producción  de cocaína con fines medicinales. Se podría pensar en establecer compañías departamentales que se encarguen de establecer una cantidad de producción local y que le comprarían la hoja a los productores; la suma del total de cada departamento es lo que reportaría el Estado ante la JIFE; la hoja se compraría a un precio similar al que la compran los narcos (Recordemos que la idea de comprar la hoja a los campesinos fue mencionada por el ex-presidente Uribe en el 2005). Se empezaría con unos pocos departamentos para estudiar la viabilidad del proyecto.

A esta propuesta inmediatamente se le levantan dos objeciones, en mi opinión infundamentadas.

Primero: algunos aducen a que este sistema podría ser abusado, como sucede con algunos resguardos indígenas a los cuales se les permite cultivar coca. Desconocer tal posibilidad invalidaría nuestro razonamiento. Pero lo importante es entender que el incentivo para abusar de esos permisos, o de cultivar en los parques naturales, que viene siendo la inmensa rentabilidad del mercado ilegal de la cocaína, no desaparece al prohibir los cultivos. Los cultivos excedentes desviados hacia la producción clandestina vendrían ahora de campesinos con permisos de cultivar que estarían monitoreados, y no de los parques ni de los resguardos. Así que la medida protegería tanto a nuestro parques como a nuestros indígenas.

Segundo: otros alegan que el Estado no podría regular lo que no puede prohibir, luego esa producción legal agravaría el problema ya existente pues facilitaría la desviación de la hoja hacía la producción clandestina. De nuevo, desconocer que tal desviación existiría sería una necedad, pero no hay que ser alarmistas: regular es más fácil que prohibir y prohibir es renunciar a regular. La posibilidad de tener una producción regulada de coca permitiría una estimación real de la dimensión del problema de los cultivos ilícitos. La que hoy existe no es fiable. Una mejor estimación departamento por departamento permitiría enfocar las estrategias de reducción de los cultivos indeseados. Además, comprando la coca a buen precio le complicaría el acceso a ella a los productores clandestinos de cocaína.

Hay que tener en mente que una interpretación rígida de los objetivo de los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes señala hacia la extinción de la hoja de coca, lo que han casi logrado: las variedades colombianas con menos concentración de cocaína, que eran las favorecidas para el mambeo tradicional, están desapareciendo pues los mercados prefieren las variedades con mayor concentración del alcaloide. Lo cual es una lastima pues la cocaína no es el único alcaloide en la hoja. Así, la medida aquí propuesta salvaría parte de nuestra riqueza biológica. Además, existe una generación de campesinos expertos en la hoja, un capital humano hoy desaprovechado y que podría reconciliarse con la nación compartiendo su conocimiento. La coca es parte de nuestro legado cultural; y si no lo cree así, vaya al Museo del Oro (donde está la obra que uso como símbolo de este blog).

Termino anotando dos cosas. Uno, existen varios productos en el mercado que usan la hoja de coca: Coca-cola, Red Bull Cola (en el Reino Unido), Kdrink, Kokkawine y Agwa (un licor a base de hojas bolivianas de coca decocainizadas en Amsterdam), entre otros. Dos, Turquía, un país que tuvo un problema gigantesco con la amapola en el siglo pasado, con historia de prohibición total de la flor e intentos de sustitución de cultivos, ahora es uno de los principales productores de amapola para la producción legal de opiáceos y ya no tiene el problema de cultivos ilícitos . Es decir, en Turquía, esta medida de legalizar los cultivos para fines legales acabó con el narco.

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-Robert Musil

La política de drogas no va a cambiar radicalmente después de un gran debate donde todas las partes se van a poner de acuerdo. Eso ya se hizo una vez, en los sesentas, y el resultado fue lo que hemos vivido: La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sin embargo la política debe cambiar, porque es un verdadero desastre.

La prohibición ha hecho del negocio de las drogas una industria tan lucrativa para la mafia que esta hoy es tan asquerosamente rica que sus tentáculos desestabilizan y capturan estados; además, ha impuesto una política tan impracticable que genera desprecio por la ley y que se aplica con tal discriminación que se ha convertido en una verdadera política de limpieza social; y encima de todo, ha llevado el consumo de drogas a una precariedad tal que mina esfuerzos mundiales por controlar epidemias. Peor no se puede.

Ante la agitación que se ha vivido en las últimas semanas alrededor del tema de la legalización, pudimos repasar la opinión ya generalizada que le hace eco a las palabras del ejecutivo: “hay que abrir el debate” (hasta el embajador gringo se monto al bus). Pero al parecer las ideas paran ahí. Nadie quiere “abrir el debate”. Tal vez es el General Naranjo el que más ha avanzado preguntando ¿Cuáles drogas se legalizarían? ¿Qué se está pensando con legalización: regulación, descriminalización? ¿Qué pasa con la producción?

Y es que esas son justamente las preguntas que hay que resolver. El problema de la droga ha estado politizado ya por un buen rato, y no se va a despolitizar de la noche a la mañana. Y menos con interlocutores sordos que desvían el debate a un tema de geopolítica, de seguridad nacional o de libertades o que trivializan el problema hablando de moral y de valores.

La pregunta no es ¿legalización? sino ¿cómo reformar la política actual? Tan equivocados están los que creen que el sistema actual debe ser reforzado como los que creen que tiene que ser reformado completamente.

Aquí hace falta una dosis de realismo:

1. Pretender controlar la sociedad entera para que no consuma es francamente ridículo: nada más en Colombia, donde no se consume tanto, cada año 2 500 por cada 100 000 habitantes consumen. Ni siquiera con pena de muerte se ha erradicado en lugar alguno, en época alguna, el consumo de droga alguna. ¿Qué sentido tiene criminalizar en un república una actividad que más de 1 de cada 5 ciudadanos no cree que así debería ser? (Ni el secuestro, ni el asesinato, ni el robo tienen tanta aprobación como lo tiene el consumo de drogas).

2. La legalización sí incrementaría el consumo, pero no por mucho: en los años que le siguieron a la prohibición del alcohol los indices de consumo subieron poco a poco hasta alcanzar, luego de veinte años cuando el consumo se estabilizó, un máximo (igual al indice antes de la prohibición). De igual modo los indices de consumo en Portugal hoy son mayores entre los adultos que hace 10 años (pero menores entre los adolescentes, que es la cifra crítica de consumo). Aunque hoy sean más los consumidores, ni en Estados Unidos, ni en Portugal se esta considerando echar marcha atrás. La evidencia sugiere que reducir en unos cuantos puntos el indice de consumo no vale su costo.

3. La legalización no acabará instantáneamente con la violencia: los peores años, medidos en tasas de homicidios, fueron los dos después de que se desmontó la prohibición. La transición no fue pacífica. Los defensores de la prohibición dicen que la violencia ligada al tráfico es una muestra de que el mercado se está contrayendo. Aunque ellos utilizan ese argumento para pretender que ya casi ganan la guerra contra las drogas (lo cual es risible pues llevan diciendo eso desde hace décadas), sí es un punto a tener en cuenta en el momento de hacer tal transición. Aún así, eventualmente la tasa de homicidios se redujo sustancialmente.

4. Se permita o no la producción, siempre habrá drogas de contrabando, y así siempre habrá que perseguirlas: sucede hoy con el alcohol y con el cigarrillo. Pero en el mercado regulado el consumidor sabe que obtiene y el proveedor sabe que está dando, disminuyendo los accidentes ligados al consumo.

5. Estigmatizar o criminalizar el consumidor socava los esfuerzos por mitigar los daños relacionados al consumo: simplemente porque estas medidas los alejan. La solución frente a los enfermedades de trasmisión sexual, los accidentes de tránsito o los de cocina no está ni en prohibir el sexo, ni los vehículos, ni los fogones, sino está en informar a la gente sobre los riesgos y darles herramientas para que no se hagan daño: preservativos, cinturones de seguridad, licencias de conducción, olor para el gas…

6. La inmensa mayoría de los que consumen drogas no tienen problemas ligados a este, ni los tendrán: los accidentes pasan, pero la sociedad entera no se tiene que traumatizar para evitarlos. No es porque hay accidentes aéreos que vamos a prohibir volar. Hay que mitigar los riesgos y luchar contra los problemas estructurales. Y no al contrario, como lo hace la política actual: mitiga los problemas estructurales (Plan Colombia) y lucha contra los riesgos (persecución del consumidor).

Así que cada quien tiene que resolver si esta dispuesto a vivir con más consumidores pero con menos violencia y corrupción; o vivir con los problemas ligados a tener una actividad generalizada, lucrativa y peligrosa fuera de todo control, pero con unos cuantos consumidores menos. Y digo cada quien porque no habrá un cambio estructural revolucionario en materia de drogas. No por el momento, al menos.

El cambio no va a ocurrir con un hombre extraordinario que tenga tal carisma que cambie el mundo de la noche a la mañana (¡eso ni Jesús!) sino con el esfuerzo continuo de ciudadanos comunes, corrientes y competentes. Estos ciudadanos trabajan con lo que tienen: sea el consumo legal o no, procuran aliviar los problemas de los adictos; sea la producción legal o no, procuran concientizar a los consumidores para que estos minimizen los riesgos asociados; sea el tema estigmatizado o no, hablan con franqueza de las drogas. Y son esas acciones las que labran el camino hacia un cambio.

Dos ejemplo:

1. Lo que hizo Portugal fue algo pequeño: se dio cuenta de que enjaulando a los consumidores de heroína el problema del VIH no paraba de crecer, y así, decidió empezar a ofrecerles otra opción. Ofreciendo orientación sin moralismo o castigo a los consumidores lograron disminuir el consumo entre adolencentes, parar la epidemia de VIH, y disminuir los accidentes del consumo (cosa muy diferente de Suecia, donde el consumo es bajo aunque comparable al de sus vecinos menos punitivos y al de Portugal, pero con graves indicadores entre los consumidores problemáticos y con un modelo difícilmente reproducible en otros países). Hoy por hoy la política de drogas de Portugal es fuente de orgullo nacional. No hubo un gran debate público, ni se enfrentaron al orden mundial, pero sí lograron un cambio que arroja luz sobre el problema: es posible seguir otro paradigma en materia de drogas que beneficia a la sociedad entera, incluyendo consumidores.

2. En otros países se está permitiendo el autocultivo (como España, Suiza, República Checa…), lo cual desvía plata de las mafias. Permitiendo a los autocultivadores de marihuana asociarse han generado negocios que engordan las arcas del estado envés de las de las organizaciones criminales. Otro cambio gradual que allana el camino: el negocio de la droga no tiene que parar en manos de grandes capitales que promueven el consumo; con libre asociación, gente con intereses convergentes puede organizarse.

Los países andinos podrían tener compañías nacionales que se encargarían de comprarle la coca a los campesinos y de la cual los que quieran elaborar productos con bajo contenido de cocaína (bebidas, comidas u otros productos) podrían comprar la hoja.

A nivel global un pequeño cambio sería parar de exigir consenso mundial: que se le devolviese la soberanía a las naciones y que cada una pudiese experimentar con la política de drogas que considerase necesaria. Igual el tráfico y contrabando tendría que seguir siendo perseguido y para eso el andamiaje de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen sigue siendo relevante.

Existen muchísimas cosas pequeñas que se pueden hacer para avanzar un poco en el tema. Y encontrarlas es la verdadera cuestión. El fin  es que una buena parte de la población se convenza de que la sociedad puede convivir con el consumo y que eso no representaría el fin de la civilización, sino que al contrario: todos ganaríamos. Pero esto solo se logra con cambios graduales, con el pequeño esfuerzo de mucha gente competente.

Finalizo anotando que ya existe un manual sobre como podría regularse la producción y la venta, con una hoja de ruta sobre como modificar los tratados internacionales (que ya comenté aquí… y acá). Lo que pasa es que siempre es más fácil pretender que tales textos no existen e insistir en que nadie ha traído ideas al respecto.

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Estos son los resultados:

-El gobierno gringo estima que la producción mundial de cocaína es de 734 toneladas; a Noviembre, se han decomisado 700, así que para el final del año se habrán decomisado entre 744 y 794 toneladas. Mas aún, la guardia costera indica que 771 toneladas son transportadas por vía marítima desde Sur América hacia los Estados Unidos ¿De donde salen entonces las 600 toneladas de cocaína para el consumo en el mundo entero? ¿De donde salen las 300 toneladas que consumen los gringos?

-El gobierno gringo estima la producción de cocaína de Colombia en 290 toneladas, de las cuales, al día de hoy, se han decomisado más de 350 toneladas.

-De la cocaína interceptada en el 2011, de la cual se puede rastrear su origen, el 85% proviene de Colombia y menos del 10% de Perú.

Estas cifras sugieren las siguientes preguntas:

¿Como es posible que de acuerdo a las cifras oficiales sea más la cantidad de cocaína interceptada que la producida?

¿Como es posible que el departamento de estado gringo sostenga que la producción mundial de cocaína sean 700 toneladas, cuando de acuerdo a la guardia costera la cocaína que llega por vía marítima desde Sur América sean 771 toneladas?

¿Como es posible que las autoridades gringas se contradigan unas a otras?

¿Por qué afirman que la producción de cocaína en Colombia se ha desplomado cuando las cifras indican lo contrario?

¿Cuál es la justificación del gasto en el Plan Colombia como lucha contra el tráfico de cocaína?

Tal vez es su abstención a las drogas la que les impide hacer bien los cálculos. Pero cuando el Pentágono abre una licitación por U$ 3′000′000′000 (¡¡¡¡$$$$!!!!) para administrar la guerra contra las drogas, seguro que vale la pena mostrar esta como un éxito. ¿Si su grupo se gana uno de estos contratos, le interesaría promover un enfoque diferente al problema de la droga?

Descargue el comunicado de Narcoleaks aquí.

Actualización: la Casa Blanca responde al informe indicando que sus estimaciones de producción de cocaína no son sino un ejercicio académico y que las manzanas no se pueden comparar con las naranjas.

Actualización 2: Narcoleaks responde a los comentarios de la Casa Blanca indicando que la explicación ofrecida por esta es insuficiente. Básicamente lo que sugiere el gobierno gringo es que como hay reservas de cocaína por ahí sueltas entonces los decomisos incluyen producción de años anteriores. Lo cual no resuelve nada, pues a la larga, si la cocaína que se decomisa cada año es superior a la producida, lo que el mundo esta consumiendo entonces equivale a las reservas; y así, dentro de poco ya no habría cocaína. Y la verdad es que la cocaína abunda.
Lo que todo esto pone en evidencia es que a las cifras del departamento de estado gringo no se les puede asignar fiabilidad alguna. Pero lo más decepcionante del caso es que las cifras son lo de menos, la aclaración necesaria es:

¿Si sus cifras no tienen sustento solido, por qué se toman la libertad de sacar conclusiones y dar declaraciones basadas en estas?

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Aunque lo que dijo el presidente es tautológico:

“podría considerar la legitimación de la cocaína si hubiese un consenso mundial“

(léase:  nunca), su ministro del interior sí fue más enfático:

“nada debe impedirnos, ni ahora ni en el futuro, escuchar con atención los argumentos que se expresen desde posturas diferentes y formular tranquilamente los argumentos propios frente a este gran flagelo. Nada debe impedirle al mundo, tampoco, preguntarse por otras posibilidades y ensayarlas, si esa es su voluntad“

Es que  ese es justamente todo el problema de la política internacional de control de psicoactivos: se trata de un consenso incuestionable pues solo se puede modificar bajo unanimidad global.

Hasta el viceministro de justicia cuestiona la validez de la estrategia actual. Dice que los mas de 8 000 millones de dólares que le costó la guerra contra las drogas al país entre 1995 y 2009 representan

“dineros que de no ser por esta problemática y el compromiso adquirido por Colombia para reprimirla, estarían siendo destinados para superar otras necesidades sociales“

(el presupuesto del tesoro de la Nación para el 2011 fue de 78 000 millones de dólares). Esta posición es un gran avance. No se está justificando la prohibición bajo el pretexto de que Colombia tiene necesidades más inmediatas que el capricho de unos hedonistas, sino que por el contrarío es esa lucha parte de lo que obstruye atender nuestras necesidades.

Todas estas declaraciones apuntan a una opinión según la cual a Colombia le tocó asumir todo el asunto de la prohibición a regañadientes. El perdón de esta obligación no vendrá así de los victimarios: Estados Unidos, que apoya la guerra contra las drogas más por inercia política que por convencimiento (tres de cada cuatro gringos la considera un fracaso), o la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Crimen, que la administra bajo las directivas de un consejo que se reúne a puertas cerradas.

¿Donde encontrar consenso para la reforma?

La posición del presidente es que Colombia no puede echarse al agua, legalizando unilateralmente, por que para nosotros es una cuestión de seguridad. Se sigue que entonces le tocaría asumirla a los países consumidores donde el problema es solo de salud pública. Pero esto no resuelve el impasse: los que sufren la violencia son adictos a la guerra contra las drogas, dejarla los expondría al síndrome de abstinencia; y los que de verdad la consumen no quieren asumir la realidad, la causa del consumo no es la oferta.

Si dos partes opuestas se enfrentan mostrándose cada una como víctima de la otra, la situación no avanza si estas se plantan cada una tratando de justificar quien es víctima y quien es victimario. O bien la balanza se pone en favor de una parte y esta impone su posición (que es lo que ha pasado por más de 50 años: la fuerza es la razón y el dedo acusatorio es de los países del norte, el victimario se muestra como víctima) o bien alguna de las partes hace un gesto de humildad y templanza y lidera el cambio mediante el ejemplo.

Por una lado la posición según la cual el problema de consumo en Estados Unidos se va a resolver mantándonos entre latinoamericanos es francamente ridícula. Es falso que el consumo de cocaína allá es culpa nuestra: acá hay mas, es muchísima mas barata, pero se consume menos. Y por el otro, por más de que se regule en el país, en la región o en el mundo entero la distribución de psicoactivos en un mercado legal, a Colombia le tocará seguir combatiendo todo tráfico ilegal (tal y como sucede con el alcohol).

Así pues, Colombia no tiene que buscar apoyo para la reforma en un consenso mundial, ni en un consenso con los políticos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Brasil y Suecia, pues estos no han mostrado interés alguno. Colombia debe hacer una reforma con países con posiciones afines: los de la UNASUR, la América hispanohablante, el Caribe, la península Ibérica, Israel (… hasta Grecia, Holanda, República Checa, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia y posiblemente Canadá).

¿Qué se puede ganar con una reforma que no involucre un consenso mundial?

Las premisas de las que se parte para justificar la guerra contra las drogas son todas falsas.

No es cierto que la guerra contra las drogas hará de estas un articulo de lujo que solo los más pudientes podrán adquirir, ni que los distribuidores tendrán que cortar tanto su mercancía que los consumidores rechazarán un producto tan diluido. Lo único que se logra es hacer el tráfico increíblemente rentable (¡Solo el mercado global de comida y petroleo son más grande!) y vuelve el consumo tan precario que agrava los problemas ligados a este.

En un interesante análisis en The Atlantic Cities, se relaciona la reducción de los crimines violentos en Estados Unidos con la baja en los precios de la cocaína. La razón es muy simple: traficar, enfrentarse a la ley, ajustar cuentas y luchar por un territorio es todo supremamente costoso. Si el producto no se vende a buen precio, la venta ya no es tan rentable y la mafia no contrata. La competencia es menos agresiva, la violencia disminuye.

Si la región regula el mercado de psicoactivos, el microtráfico será muchísimo menos rentable pues sería asfixiado por una oferta legal que no tiene que cubrir los gastos de enfrentarse a la ley, y además minaría también el trafico entre los países participantes. Naturalmente seguiría combatiendo el tráfico destinado a los gringos, pues constituiría transporte de drogas sin licencia.

De esta forma se lograrían cuatro cosas: reduciría la criminalidad en el país; haría palpable que el modelo prohibicionista es alarmista e ineficiente; mejoraría la vida de las minorías en el continente; pero sobre todo, podríamos empezar a preocuparnos por el problema de fondo, que es el de consumo, de una forma abierta y eficiente, que es por donde  el tema de las drogas empezó.

No le haría daño al país que el mayor número  posible de figuras publicas e intelectuales rodeasen al presidente alrededor de la reforma de la política de psicoactivos.

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“Nos preocupa el bajo rendimiento de tantos años de lucha, como si estuviéramos condenados a girar en un círculo vicioso. Nos preocupan, aún más, ciertas consecuencias negativas, que mucho nos han costado en recursos y vidas. Reafirmamos la necesidad de represión rigurosa al crimen organizado, al lavado de dinero y a la corrupción, pero ya no nos satisface la doctrina de la “Guerra contra las Drogas”. Buscamos otros abordajes más eficaces y más constructivos.

“Las decisiones individuales que llevan al uso indebido de drogas resultan de factores complejos, psíquicos y sociales, que envuelven a los individuos desde la infancia y que se acentúan en la adolescencia. La familia, la fe religiosa, la escuela, la comunidad, están todas implicadas, pero en muchos países la política actual concentra el problema en la policía y en el sistema penal. Resentimos esta situación, que pone nuestra vida y la vida ajena, nuestra moral y la imagen de nuestras corporaciones frente a amenazas perversas; esta situación no es justa y no enfrenta el problema de raíz. Una policía ciudadana, en una sociedad democrática, debe servir a objetivos más inteligentes y más consecuentes, inclusive a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley.”

Descargue aquí la declaración de Río de Janeiro

Se invita a toda la ciudadanía a que junto a un grupo de académicos, investigadores, operadores de política, operadores de centros de atención de consumidores y consumidores organizados,  participen hoy en una jornada que busca orientar al gobierno en el tema de políticas de sustancias psicoactivas. La jornada es apoyada por varias plataformas internacionales . En el evento se le entregará el proyecto al ministro del interior. Habrá música, proyección de vídeos, discursos y contará con la asistencia de farándula académica, política y artística.

Descargue acá la carta abierta al ministro del interior

Día: Jueves 6 de Octubre de 2011.

Hora: 3:00pm-7:00pm.

Lugar: Frente al Ministerio del Interior – Av. Jiménez con Carrera 9.

Grupo en Facebook: JORNADA POR DERECHOS DE CONSUMIDORES Y CAMBIO DE POLÍTICAS DE DROGAS

Invita: CONSUMO SEGURO DE SPA (Sustancias psicoactivas)

Razones principales

1) El gobierno nacional tiene listo el proyecto de ley para reformar El Estatuto Nacional de Estupefacientes, (Ley 30 de 1986) el cual se perfila en contra de la tendencia mundial que busca alternativas frente a las políticas de drogas.

2) Este proyecto de ley que lleva por nombre “Estatuto Nacional de Drogas y Sustancias Psicoactivas” no ha sido consultado con consumidores, academia, centros de apoyo a consumidores, comunidades indígenas, campesinos etc. Quienes hoy estamos en la legalidad, nos podremos ver gravemente afectados por él. Invitamos a que se aproveche el capital humano: nosotros tenemos propuestas y alternativas.

3) El nuevo estatuto aumenta las penas, persigue a los consumidores, amplia la lista de sustancias fiscalizadas y va en contra de la constitución, pues pretende eliminar el porte y consumo de la dosis mínima que es actualmente protegido por la Constitución.

4) La “Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto” plantea el consumo como un problema de salud pública y su enfoque de gestión social del riesgo es vanguardista en abordar el fenómeno del consumo. Este estatuto no lo incorpora ni lo profundiza.

5) Los costos para el país de “la guerra contra las drogas”, como doctrina impuesta desde el extranjero, son mucho más altos que los potenciales beneficios. Si el gobierno colombiano no desea asumir el liderazgo del cambio necesario, la sociedad civil sí está dispuesta a hacerlo.

6) La sociedad civil colombiana, los consumidores de sustancias y la comunidad internacional hemos logrado un nivel de organización, investigación y articulación que nos permite asumir el debate sobre la política de estupefacientes, aportando nuevas propuestas al gobierno en beneficio de todo el país y de la región.

7) Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 80% de los consumidores de Sustancias Psicoactivas Ilegales no tienen problemas graves derivados de este consumo.

8 ) Un gran número de legisladores, científicos, especialistas de la salud, políticos y agentes de la ley han llamado a un cambio radical en la política de control de psicoactivos. Entre estos se encuentran los firmantes de la Comisión Global de Políticas de Drogas y de la Declaración de Viena.

9) Todas las actividades relacionadas a la política de control de sustancias psicoactivas se deben desplegar en plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

10) Hablar de Sustancias Psicoactivas (SPA) y no de drogas desestigmatiza el fenómeno y permite incluir SPA legales, como el alcohol y el tabaco, que son más dañinas que muchas SPA ilegales, tienen un altísimo impacto social y afectan la salud pública.

Acciones a realizar

Como estrategia para el debate y la participación hemos realizado y realizaremos las siguientes actividades.

1) Convocamos un grupo de expertos, académicos e investigadores nacionales y extranjeros, para que estudiasen el documento de propuesta al Congreso de la República por parte del gobierno, y redactasen una contrapropuesta para el debate. La contrapropuesta será entregada del 6 de Octubre en el Ministerio del Interior.

2) Realizamos un foro con candidatos a la Alcaldía de Bogotá en asocio con la maestría de estudios culturales de la Universidad Javeriana. En este foro, que se realizó el 31 de agosto de 2011, lanzamos la jornada y dimos contexto técnico y político al debate sobre el estatuto.

3) El 15 de Septiembre de 2011, realizamos el lanzamiento de la imagen, las redes de apoyo y las actividades que nos acompañaran a partir del 6 de Octubre.

4) El 6 de Octubre realizaremos un plantón en frente del Ministerio del Interior (Av. Jimenez con Cra. 9) cuyo objetivo principal será la entrega formal de la contrapropuesta de la sociedad civil y la solicitud de mesas de trabajo sectorizadas para este debate. Esta actividad estará en marcada con música, performances, publicaciones, charlas, discursos, rituales etc.

5) Una vez se radique la propuesta en el Congreso de la República, buscaremos el apoyo de senadores y representantes para el debate.

6) En los primeros días del mes de Noviembre realizaremos la segunda jornada nacional de experiencias colectivas relacionadas con drogas, con la participación de más de 30 organizaciones a nivel nacional y hacia finales de año preparamos un festival musical para avanzar en el cambio de políticas de drogas.

Cualquier duda comunicarse con:
Julián.quintero@acciontecnica.com
310-330-7504
www.echelecabeza.tk

Descargue aquí los argumentos, principios, orientaciones y propuestas para el debate.

Apoyan y acompañan

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Miércoles 31 de Agosto de 2011

5:00PM

Auditorio Jaime Hoyos

Universidad Javeriana

Bogotá

TEMAS PARA EL DEBATE Y LAS PROPUESTAS

a. ¿Cuáles son las propuestas para la prevención, mitigación y superación del consumo de SPA a nivel distrital?.

b. ¿Cuáles son las propuesta frente al control del microtráfico en Bogotá, (ollas, domicilio etc) y la prevención de la vinculación a la oferta?

c. ¿Cuál es la posición frente al cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno del consumo de SPA en el mundo y cómo se incorpora a Colombia y Bogotá?

d. ¿Qué elementos primordiales debe contener la Política pública para la prevención, atención del consumo de SPA y prevención de la vinculación al microtráfico que actualmente redacta el distrito y lanzará antes de terminar su administración?

Asistencia confirmada: Dionisio Enrique Araújo (Partido Conservador Colombiano), Antanas Mockus (Alianza Social Independiante), Gina Parody (Gina Parody Alcaldesa), Gustavo Petro (Movimiento Progresista), Aurelio Suárez (Polo Democrático Alternativo).

Invitan y organizan:

Julián Andrés Quintero – Acción Técnica Social

Marta Cabrera – Maestría en Estudios Culturales, Pontificia Universidad Javeriana

Grupo en Facebook: Consumo de drogas en Bogotá. ¿Qué harán los candidatos?

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Día: Lunes 7 de Mayo de 2012

Hora: 4:00pm-9:00pm

Lugar: Por definir. Bogotá.

Grupo en Facebook: A SALIR DEL CLÓSET PSICOACTIVO!!!!!

Invita: CONSUMO SEGURO DE SPA (Sustancias psicoactivas)

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A la nación, los conservadores realistas y los liberales que defienden los derechos civiles no le hemos cumplido. Frente a la violencia y al terror de los narcotraficantes [1] no hemos sabido responder. Aceptamos que la democracia no avance porque el orden público no ha sido consolidado. Mientras tanto nuestro campo se desangra, nuestras instituciones son capturadas por corruptos y la única oportunidad que ofrece nuestra movilidad social es el atajo.

La participación ciudadana parece inexistente, la percepción en Bogotá es que esta no es efectiva. Y la poca que existe parece venir de los que confunden “República democrática” con “tiranía de la muchedumbre”, que nos quieren sacar diciendo frases tipo “somos mayoría” o “sino le gusta, váyase del país” [2].

Pareciese que acá en este país los que entendemos República como el tipo de gobierno que reconoce derechos inalienables tales como

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico,

vivimos con miedo. Y es que este derecho no se trata de un embeleco, si no justamente es una declaración de protección a las minorías, que, por impopulares que puedan llegar a ser, tienen derecho a compartir de ese bienestar común [3]. A la ciudadanía le toca defender nuestra República.

Esta convocatoria es para aquellos colombianos que quieren ayudarle al país a que supere el obstáculo de la “guerra contra las drogas”, que saben que el consumo de drogas conlleva riesgos a la salud pero que al mismo tiempo saben que es posible consumir alcohol o tabaco o marihuana (… o coca o hongos alucinógenos o cocaína o MDMA o LCD o muchos otros psicoactivos) de forma responsable y seguir siendo un miembro productivo de la sociedad.

La convocatoria es para aquellos que no se aguantan la hipocresía de la generación que ahora lidera al país [4], que no se aguantan el muladar al cual esa hipocresía nos ha llevado.

La convocatoria es para aquellos que están dispuestos a demostrar que “la guerra contra las drogas” es un embuste y a demostrarlo dando ejemplo: siendo responsable frente al consumo.

Es así una convocatoria a que salga del clóset psicoactivo.

Notas

[1]: Carteles, guerrillas, ejércitos paramilitares o bandas criminales.

[2]: Básicamente desconocen el articulo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”.

[3]: Si yo prefiero fumar marihuana a tomar trago (o si yo soy homosexual y no heterosexual) tengo derecho a ese bienestar.

[4]: Que consumió psicoactivos ilegales en su juventud pero que ahora quiere ignorar las falsas premisas sobre las cuales la “guerra contra las drogas” se libra.

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