No es poco común, cuando uno discute políticas sociales con otra gente, que ante una propuesta novedosa pero razonable se reciba como respuesta un comentario del estilo: “aún no estamos preparados para eso”. Como si las libertades civiles no fuesen derechos o triunfos de la ciudadanía; sino premios que el gobernante le da a los buenos súbditos. Como si las leyes estuviesen ahí exclusivamente para adiestrar bobos y disolutos; y nunca para darle una dinámica a nuestra sociedad.

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En el momento en el que se decidió cuales estupefacientes prohibir y cuales permitir, los criterios que se usaron respondían más a prejuicios que a conclusiones científicas. Se hacía referencia en ese entonces a riesgos aparentes o a estudios que hoy en día no cumplirían con el rigor académico. Por ejemplo, el famoso rumor según el cual la marihuana destruye neuronas se originó con un estudio en el que asfixiaron monos con humo [1]. Igualmente un estudio concluía que el uso de la hoja de coca embrutecía, destruía los dientes, engendraba hábitos anti-higienicos y malnutrición [2]. Hoy por hoy, aunque se sabe que todo esto es falso, el daño ya esta hecho y la gran mayoría de la gente aún hace referencia a estas mentiras para demonizar al Cannabis y a la coca.

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Anunciando una nueva estrategia contra el tráfico de estupefacientes, la semana pasada nuestro director de policía, el general Naranjo, explicó que a partir de ahora se concentrará en desmantelar redes de distribución. La estrategia difiere de la anterior ya que antes se dedicaba a acabar con la producción [1]. Simultáneamente, en los Estados Unidos, el zar anti-drogas Gil Kerlikowske explicó como, de ahora en adelante, se orientarán los recursos no solamente a atacar las redes de distribución y a encarcelar consumidores de drogas ilegales, sino también en programas de prevención [2] . Evidentemente, esto representa un uso más adecuando del dinero de los contribuyentes; e irónicamente es un cambio que gusta tanto que ya había sido implementado hace mas de un década por la administración Clinton [3].

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Bajo la “convención única de estupefacientes” del 61, cualquier modificación que se le quiera hacer a la política de control de drogas requiere de la unanimidad de los 53 miembros de la Comisión de Estupefaciente de la ONU [1]. La exigencia de unanimidad hace que cualquier replanteamiento sea imposible de implementar: basta la negativa de un sólo miembro para descartar cualquier cambio. A su vez, como la estrategia no se puede modificar, evaluar los resultados del modelo actual pasa a ser un ejercicio puramente académico:  vayamos bien o mal, el sistema seguirá tal cual. Así, en términos prácticos, los tratados de control de drogas son incuestionables.

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El régimen de prohibición de estupefacientes se apoya en convenciones establecidas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas [1]. Estas convenciones establecen tratados que no están por encima de nuestra legislación; es decir que estos tratados deben ser interpretados y luego implementados. A nivel internacional, los tratados no pueden ser efectivamente modificados y tampoco existe mecanismo alguno para exigir su cumplimiento. Entonces, ¿si estos tratados no pueden penalizar su incumplimiento, por qué tanto temor a proponer algo diferente? ¿Existe acaso alguna otra autoridad desprovista de poder policivo, que justifique su existencia con un texto que se puede interpretar de muchas formas distintas, pero aún así no se permita modificarlo?

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