Más allá de la medicina

Publicado el jgorthos

¿CUAL ES EL TECHO DEL GASTO EN SALUD EN COLOMBIA? LOS MEDICAMENTOS QUE PUEDEN COSTAR UNA CASA O UN CARRO

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La ley estatutaria de salud en Colombia proclamó el derecho a la salud como algo subjetivo en su concepto y objetivo en la obligación del estado a garantizarla y la de los actores que allí se conglomeran. Sin embargo, a medida que la realidad se hace contingente frente a los pacientes pareciera compleja su implementación.

¿Cómo lograr conciliar el “derecho” con la realidad? Una sentencia de las altas cortes puede impactar negativa o positivamente la economía del país si no se vislumbra su proyección desde una visión macro bioética del derecho de las naciones.

Cuando un ciudadano es convencido por el estamento político que tiene derecho a “todo” en el sistema de salud se genera una expectativa difícil de cumplir.

En nuestro mundo actual globalizado, donde el acceso a la tecnología es directo, rápido y sin demoras. Es poco probable lograr pagar todo lo que las nuevas tecnologías en salud ofrecen.

Voy a tratar de poner ejemplos de otras latitudes para ver si podemos reflexionar al respecto. Por ejemplo, en Inglaterra la empresa francesa Sanofi lanzó al mercado un medicamento para la rara enfermedad de Gaucher que tendría un costo aproximado de US$305,000 al año por paciente. Según los datos epidemiológicos en ese país apenas existen 250 personas que padecen la enfermedad. El gobierno determinó como desproporcionado incurrir en ese gasto ante la terapia convencional que desde años atrás se viene utilizando y que da buenos resultados en la lucha de la enfermedad. El ente de salud manifestó que no pueden utilizar recursos exorbitantes para unos pocos pacientes y quitar de lo esencial a la mayoría de la población.

Quizás lo que puede mover la balanza en el gasto de salud es buscar transferir al usuario corresponsabilidad en ese gasto a través de cuotas moderadoras, pagos parciales y cuotas que muestren diferencias de acuerdo a capacidad de pago y de acuerdo a tipos de tratamientos.

La sociedad de consumo admite gastar en teléfonos celulares, viajes, automóviles, pero no en salud. Colombia es uno de los países con menos gasto de bolsillo en América latina (ocupamos el penúltimo lugar) y actualmente llegamos a 7 puntos del producto interno bruto destinado a salud con uno de los más altos porcentajes de aseguramiento en la población. Estos datos son buenos a favor del sistema y de los pacientes aparentemente; pero negativos al momento de ver los niveles de envejecimiento y aparición de enfermedades crónicas y costosas para lograr sustentabilidad del sistema.

Se podría decir que la industria farmacéutica y la tecnología en salud influyen directamente en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Querer transferirles directamente a las economías de los países al menos de América Latina el costo de investigación y desarrollo de manera directa es un error de cálculo y genera distorsiones en el impacto de la factura final en estos sistemas sanitarios.

En el Reino Unido se organizó por una ONG un comité llamado : UK House of Commons Health Select Committee acerca de la influencia de la industria farmacéutica mencionó: “ La carencia de chequeos y controles apropiados en el comportamiento de la industria farmacéutica tiene un efecto significativo, perjudicial en la salud de las personas. La industria farmacéutica domina la agenda de la investigación y emprende tal volumen de actividades promocionales hacia prescriptores y consumidores, que los medicamentos están siendo usados en exceso más allá de lo que es bueno para la salud de las personas.”

En España se estableció un acuerdo entre el gobierno y la industria farmacéutica “En caso de que el aumento de la factura farmacéutica con las administraciones públicas crezca más que lo establecido en la regla de gasto –una compleja fórmula que determina el crecimiento potencial de la economía y que se utiliza para contener los presupuestos públicos– los laboratorios se comprometen a financiar programas o planes estratégicos de salud pública que puedan ahorrar dinero al Sistema Nacional de Salud.” Acá se busca una autorregulación que favorezca el ingreso de nuevas moléculas, pero que controle el gasto indiscriminado por nuevas patentes y temas de innovación en el mercado.

El manejo de las patentes se torna complejo y hay países como la India que dio autorización a la industria nacional farmacéutica de la India a que a través de ingeniería inversa de los medicamentos  patentados y luego ideen diferentes métodos de producción más baratos . El  economista Dean calculó que los EE.UU. podrían ahorrar más de 140 mil millones de dólares al año si sus sistemas de salud pudieran proporcionar medicamentos sin el margen de ganancia artificial impuesta por el monopolio de patentes. Ese dinero podría financiar la sustitución de la investigación desarrollada por la industria varias veces y, al mismo tiempo, dejar miles de millones de dólares de beneficio público.

Y aterrizando en nuestro país tenemos la discusión entre el ministerio de salud y la multinacional farmacéutica Novartis con la molécula para el cáncer Imatinib. El ministerio a través de una circular determino el precio por miligramo a $206 lo que le bajo en un 44% el precio esperado de venta en el mercado colombiano. Ahora la multinacional Suiza acudió al Consejo de Estado: planteando que “no existe argumento jurídico alguno que justifique la expedición de esa circular”.  ¿Qué pensarán entonces estos jueces?  ¿Tutelarán el derecho de la empresa farmacéutica?  o ¿pensarán en los casi $12,000 millones de pesos que el sistema de salud puede ahorrarse en favor de otros pacientes?

Sigo convencido de la falacia de sobreponer el concepto de salud como derecho desde lo legislativo; sin tener claridad de lo complejo que gravita alrededor de esto y que generan múltiples variables que no son fácilmente gobernables y que en un sistema finito desde lo financiero hace difícil la sostenibilidad a futuro de nuestro sistema de salud. Esperemos flexibilidad de los entes de control para entender la realidad de la implementación de la ley estatutaria y que en lugar de ayudar a la salud de los colombianos terminemos en cacería de brujas y un incremento del gasto médico a costa de pacientes, prestadores y aseguradores. Sigamos ilusionados  que la elección de nuevos magistrados de las altas cortes de un equilibrio para entender que es realmente el «derecho a la salud»  y se haga justicia distributiva y permita siga existiendo un sistema de salud que sea proporcional al país y su perfil epidemiológico y tengamos normatividad para Cundinamarca y no para Dinamarca.

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