Hablar de la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) sería discutir sobre la punta del iceberg. No es la primera ley que ataca la libre circulación de la información, pero sí es la primera que tiene un seguimiento mediático a nivel mundial. Recordemos que el ACTA Acuerdo comercial anti-falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) fue negociado en secreto y fue una negociación que no perteneció a ninguna organización internacional. Recordemos también que el nuevo milenio comenzó con una reunión del G8 en París, en la cual se trataba de delinear una jurisdicción internacional para establecer el ciber-delito. Los ejemplos son infinitos; podríamos hablar de WikiLeaks o de Indymedia. Estos últimos, no son penalizados por piratería, estos entran en el la taxonomía de la prohibición, a ser parte de la violación de la información confidencial. Y como “la paz es guerra y la guerra es paz”, podrían ser calificados de atentar contra la libertad de expresión establecida. No podríamos pretender algo diferente puesto que nuestros gobiernos no son otra cosa que simples traductores del querer de los poderes económicos, y las leyes simples instrumentos de protección de un sistema económico establecido. Véamos que sucede hoy en Europa. En Grecia, un estado completamente quebrado que tuvo que aceptar unos planes económicos dictados por las finanzas internacionales, e impuestos por los poderes políticos de la Unión Europea. Recordemos que le fue prohibida la organización de un referéndum al gobierno griego. Véamos en Italia, un estado al borde de la quiebra que con un gobierno técnico, el gobierno de Mario Monti, sin ser elegido a través del voto popular, ha aplicado un plan “Salva Italia” que no castiga a aquellos que crearon el colapso económico sino que pone a pagar a las víctimas de ese colapso. Estas últimas, carentes de representación en el parlamento. Nadie se indignó cuando el ACTA le quitó la posibilidad de producir medicamentos genéricos a los países en desarrollo. Peor aún, países del tercer mundo votaron la ley contra la piratería que les impedía producir medicamentos. Por estas y muchas más razones considero que el problema no pueda centrarse el la ley SOPA, en la imposibilidad de compartir películas o música. Sin lugar a dudas, ésta es la punta del iceberg, la punta de un problema absurdo que se arraiga en la cosificación de una idea, en la inmaterialidad impuesta por la era digital y que pone al sistema económico regente en un aprieto sin precedentes. Aquí no hablamos de productos, no puede ser considerada piratería la utilización de una idea. No puede ser considerado hurto la aplicación de una técnica. Ahí están las raíces del problema. La inmaterialidad hizo que el capitalismo empezara progresivamente a basarse en la producción de ideas y no de productos materiales. La fuente de plusvalía se desplazó hacia la fuerza de trabajo intelectual. De ahí la llamada deslocalización de los centros de producción del primer mundo a los países del tercer mundo, en donde la mano de obra está mal remunerada y el poder sindical es casi inexistente; en casos como el nuestro, altamente arriesgado. Los países ricos empezaron así a centrar su economía en la producción de patentes, a cosificar todo tipo de idea. Y el fenómeno empezó a ser cada día más claro; el capitalismo empezó a morderse la cola. Invirtió toda su energía en la tecnología digital, en la información y progresivamente empezó a descubrir que él mismo, como modelo económico, había creado su propia ruina. Sin querer, crearon una nueva clase social que basa su existencia en la producción de ideas, en la circulación de información, la llamada clase Hacker. Y mejor aún, basaron la circulación de capital en la clase Hacker, esta última, en otras palabras, se convirtió en el pilar del capitalismo. Pero se dieron cuenta un poco tarde que esa clase, y en consecuencia la producción de riqueza, se basaba especialmente el la libre circulación de ideas; si este flujo incesante es cortado, la producción de riqueza desaparece. Hoy, a regañadientes, tratan de aplicar un modelo económico ya obsoleto. Querer extender una ley anti-piratería pensada hace más de un siglo es más que un sin sentido, es simplemente inútil. Siempre se podrá copiar el código de programación de cualquier programa; siempre habrá la posibilidad de copiar la fórmula de cualquier medicamento, como es bien sabido, las ideas nunca mueren. El riesgo que corremos actualmente es la radicalización del control, es la pérdida de la autodeterminación de las naciones. La situación actual, catalogada como caótica por los poderes económicos y políticos, puede generar actos de violencia inaudita. Vimos el año pasado que el gobierno inglés, durante las manifestaciones violentas en Londres, propuso la ‘desconexión’ de las redes sociales. Irónicamente, durante las manifestaciones en los países árabes, el mismo gobierno había catalogado la misma medida de autoritaria, una medida que solo podía ser propuesta por un dictador que ignora los derechos humanos. Hemos visto la suerte de Julian Assange; estamos viendo el proceso de Schmitz por Megavideo. Posiblemente, seremos testigos de la creación de un tipo policía internacional concentrada en el respeto de las leyes “anti-piratería”. ¿Cuantos tendrán que parar en la cárcel por comprar un lector Mp3 cuya producción llena los bolsillos de grandes compañías? ¿La publicidad de una fotocopiadora será considerada una apología al delito? ¿terminaremos siendo sometidos a un control paranoico por conectarnos a Internet?
Veremos que Twitter terminará por ceder a las presiones económicas y políticas, y censurará a sus usuarios. Pero con seguridad también veremos el nacimiento de otros tipos de Twitter, de otros FaceBooks de otros Megavideos, y empezaremos a ver un juego de persecución que para la generación que vendrá será simplemente vergonzoso, como lo es hoy para nosotros el apartheid en Sur África, la discriminación de la mujer o como empieza a ser la discriminación de las parajes homosexuales. Serán con toda seguridad medidas consideradas absurdas. Ya están surgiendo soluciones pintorescas al problema. Por ejemplo, en Suecia, Isak Gerson, estudiante de filosofía, el año pasado fundó la iglesia misionaria del copista, la cual fue reconocida por la Kammarkollegiet, órgano estatal con sede en Estocolmo que se encarga de registrar a las autoridades religiosas. Dicha religión, cuyo símbolo sagrado es la “K”, predica la libre circulación de la información, santifica la libertad de copiar y venera el file sharing. Cuenta con un texto sagrado, una lista de comandamientos y más de tres mil fieles. Gozan de una liturgia bien definida que consiste en un encuentro, no necesariamente material, normalmente en un Server, en donde se comparten archivos copiados. Y como la libertad de culto es sagrada en un estado de derecho, sus seguidores están prácticamente exentos de persecución judicial por crímenes como la piratería. Algo que en un país católico podría hacer pensar seriamente en la apostasía. Pongo en duda la capacidad de nuestro sistema económico-político de adaptarse a esta revolución digital. Es un proceso que no puede ser frenado. Es un proceso que confirma la teoría mcluhiana que afirma que el medio es el mensaje. Creo precisamente que en este teatro jurídico, en el que la trama se basa en la búsqueda obsesiva de un crimen cibernético, el medio digital nos pone frente a su mensaje, y éste cada día se hace más claro. German A. Duarte.
Berlín, 31/01/2012

Cuatrocientos estudiantes extranjeros ocuparon la place de la Sorbonne en Paris. Era el mes de octubre, y mientras los medios de comunicación emitían al unísono exclusivamente los acontecimientos de la crisis de la euro-zona, la paciencia de estos estudiantes ya se había acabado. No fue una manifestación normal, raramente se ven neo-graduados, con contratos de trabajo, quemando sus diplomas de master. La tragedia para estos estudiantes extranjeros tiene como primer acto el envío de una circular a todas las jefaturas de policía. El remitente: el actual ministro del interior y de la inmigración Claude Guéant. Dicha circular expresa una petición muy particular, pero que sigue el iter de la política del actual presidente francés Nicolas Sarkozy. La circular explica, o interpreta, una ley, aprobada en el 2006, en la cual se fijan los requisitos que los estudiantes no-europeos deben cumplir para efectuar el cambio de estatus. En otras palabras, los requisitos necesarios para cambiar una visa de estudiante por una de trabajo. El interés es capital, pues una visa de estudiante limita las horas de trabajo al año, impide algunas garantías como el derecho al paro y tiene caducidad de un año. La circular dice efectuar una ‘estricta’ aplicación de la ley del 2006, incitando a rechazar a todo estudiante extranjero que desee llevar a cabo su cambio de estatus. No sólo estamos hablando de estudiantes que se han formado en universidades y escuelas privadas en Francia, sino también de personas que ya gozan de un contrato de trabajo fijo y que según su empleador (el simple contrato lo demuestra) desarrollan una actividad importante para la empresa donde trabajan. El rechazo del cambio de estatus torna patético, por cuanto viene acompañado de una carta de expulsión del territorio francés. Claramente, esta circular responde al viejo, pero desempolvado moto francés la France aux Français.
La coherencia desaparece totalmente, pues un estado que defiende a capa y espada el libre comercio y la libre circulación de capitales, al mismo tiempo se toma el atrevimiento de escoger el personal idóneo para desarrollar una función determinada en una empresa privada. Las justificaciones de algunos rechazos no responden a ningún silogismo. Las Prefecturas le informan al empleador que la persona que él ha contratado, no cumple los requisitos para ejercer el cargo en cuestión.
Así, la circular empieza a formar parte de la larga y problemática cadena de medidas xenófobas del actual gobierno francés. Ya algunos eventos habían ruborizado a la opinión pública tanto francesa como europea. Podemos citar como ejemplo, el querer del presidente francés, con una estrategia Orweliana, resaltar el lado positivo de la colonización francesa en los textos escolares. También la creación del ministerio de la inmigración, la expulsión masiva de gitanos (hoy llamados por los medios de comunicación Gens du voyage con el fin de cortar todo tipo de alusión a la expulsión de la misma etnia durante la ocupación nazi), los controles de ADN a los hijos de los extranjeros, la expulsión de libios que pedían asilo político este verano mientras Francia participaba directamente en los bombardeos en Libia, etc. La política actual en el hexágono es clara, ésta responde a los sondeos y sigue milimétricamente las curvas de las encuestas que actualmente dan como finalista, para las elecciones presidenciales previstas en la primavera del próximo año, al partido xenófobo de extrema derecha Front National. Hoy son 530 los estudiantes-trabajadores extranjeros expulsados (el objetivo del gobierno sería la expulsión de 20.000 estudiantes extranjeros que pretendan el cambio de estatus) y las de víctimas de este férreo juego de cifras aumenta de forma inversamente proporcional al PIB francés. La preocupación de las universidades y de algunos empresarios es latente. No sólo esta medida significaría la estocada final a la agonizante investigación francesa que cada año ve como sus universidades pierden puestos en el rating mundial, sino también un problema más para la sufriente economía del país que ve grandes dificultades en su crecimiento y expansión a nuevos mercados. La febril guerra de patentes y la lucha intensa por la conquista de los mercados de los así llamados países emergentes no presenta ningún signo de piedad. Y un sistema universitario desprestigiado y carente de estudiantes e investigadores extranjeros es como una empresa sin conexiones en el exterior, ambos destinados a la quiebra. La comunidad europea no se ha pronunciado por el momento al respecto. Pero la ambigüedad de la circular, que no es ley, pero goza de un aura de ley, la aísla de cierta forma de toda crítica. Actualmente, muchos extranjeros hacen sus maletas para volver a sus países de origen. Después de haber cotizado a través de los impuestos pagados al Estado francés durante esa corta experiencia laboral, ellos vuelven sin un euro en el bolsillo, pues no tienen derecho al paro, muchos ni derecho a una liquidación. Vuelven a casa con las deudas de los préstamos que tuvieron que hacer para poder pagar sus estudios. Deudas que esperaban saldar con un puesto de trabajo que les fue otorgado por el libre mercado y arrebatado por el Estado. Vuelven a sus países de origen gracias a un postulado humanitario, o a un acto de caridad francesa, ya que según el ministro Guéant, de esta forma Francia aplica una medida que responde al desarrollo sostenible. Una medida que impide que países ricos roben los ‘cerebros’ de países pobres. Casualmente, los expulsados no son sólo Latinoamericanos, chinos, o africanos, entre ellos hay también ciudadanos estadounidenses y japoneses. Por German A. Duarte.
10/27/2011 Berlín.