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Archivo de Categoría ‘General’

29

06

2016

interbolsa

María Kamila le escribe a Tomás Jaramillo

Por: Alberto Donadio

Carta a Tomás Jaramillo Me imagino que ha recibido muchas. Yo me había demorado. Pero hoy después de que la mamá de mi hermana me dijera que tenía que pedir un préstamo para seguir pagando la universidad, me dieron ganas de decirle a usted, “señor”, hasta de qué se iba a morir. Casualmente, estaba en la notaría y me encontré a alguien declarando que usted era un buen ciudadano. Gran coincidencia. Eso fue lo que me impulsó a escribirle lo que le quería decir hace mucho tiempo.  No sé quién era la persona que estaba haciendo la declaración en la notaría. Pero me pareció tan irónico. Yo solo me volteé y me reí y el señor me dijo yo a ti te conozco de algún lado a lo que le respondí, no, no creo pero me presento mi nombre es Maria Kamila Pineda y a diferencia de usted creo saber quién es el hampón del que habla tantas maravillas y el señor se fue. No sé si se acuerda de mí. Pero fui una de las tantas personas a las que le cambió la vida por su ambición frenética y por su lucro temerario. De pronto la justicia en este país no existe o simplemente se puede engatusar, de pronto la fiscalía es incompetente y los jueces se pueden comprar pero yo se que existe algo llamado karma. Y ruegue porque Cayetano, Clemente y Mary Luz no tengan que vivir lo que usted nos hizo a vivir a muchos colombianos, que de la forma más genuina confiamos en su carita de yo no fui.  Uno no sabe qué vueltas da la vida y se lo digo yo que lo he vivido. Pero por ahora, yo no me imagino que debe se debe sentir cuando se siente vergüenza por su propio papá. Cayetano y Clemente están chiquitos, seguramente no entienden lo que está pasando. Pero créame que aunque vivimos en un país sin memoria, la vida más adelante para sus hijos no va a ser fácil. Pues en mi opinión no creo que sea fácil tener en el corazón y en la cabeza que a su papá lo odia todo el país por ratero. Y si no se los recuerda nadie o simplemente los saca del país, fresco, para eso existe Google.  Me acuerdo perfecto cuando fui a su oficina a que me atendiera usted personalmente porque tan divino, era “amigo” de mi mamá y me dio el “consejo” de no tener tanta plata en mi cuenta de ahorros y al mismo tiempo me dio una solución. Hoy en día se que fui una estupida (no tengo otra palabra) por confiar en usted pero qué me iba a imaginar que estaba hablando con un gran delincuente de cuello blanco.  Yo solo tengo una inquietud puntual y simplemente personal: más allá de todo lo que está pasando cómo es posible que usted hiciera llamar a su oficina PARA ROBARLE TODA SU PLATA a una niña de 20 años que acababa de perder a su papá, un SEÑOR trabajador, que luchó y trabajó toda la vida por darle un buen futuro a sus tres hijos? Y ahora usted sea tan cobarde y se escude en una justicia corrupta? Eso es ser canalla. Eso es ser miserable. Y eso créame que en algún momento la vida se lo va a cobrar.  Como venía diciendo, tal vez la justicia de este país no sea lo que esperamos, y es claro que por más delincuente que sea nadie quiere pasar el resto de su vida en una cárcel (así sea en el club en el que está) pero Tomás si realmente quiere acabar con esto, Pague!!!! Así como su vida está arruinada por SUS propios actos, la vida de muchos también lo está.  Deje de escudarse en los bienes de Víctor, aunque obviamente también deben entrar en el pago de las obligaciones. Es imposible que usted no tenga nada que “aportar”. Acabe con esto, acabe con su karma y con lo que nos hizo vivir a miles de colombianos.  Att: María Kamila Pineda VALERO (le escribo mi segundo apellido en mayúscula para que si la memoria le falla se acuerde quién soy)  

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28

06

2016

interbolsa

Audiencias se aplazan

Por: Alberto Donadio

Escribe PC:— El sistema penal de colombia esta colapsado en efecto en las audiencias de premiun van como 10 acusados con abogados si cualquiera falla, se excusa o esta enfermo etc se aplaza. El congreso fijo un plazo para que al detenido le resuelvan su situacion, pero no preevio estos comportamientos que solo buscan dilatar, engañar a la justicia. Todos seguiremos atentos de estos procesos, a ver si algun dia las personas que tomaron nuestro dinero repos IB y a sabiendas de que No iban a pagar, nos responden tambien.

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28

06

2016

interbolsa

Aplazada audiencia de Juan Carlos Ortiz

Por: Alberto Donadio

Comunicado de la familia de Víctor Maldonado: Bogotá, 28 de junio de 2016. Informamos a la opinión pública que la audiencia programada en los juzgados de Paloquemado, que al parecer pretendía otorgar Principio de Oportunidad al señor Juan Carlos Ortíz, ha sido aplazada. ¿la razón?, el abogado de Juan Carlos Ortíz no pudo asistir a la audiencia. Está claro que una vez más, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de su Fiscal Jorge Perdomo, carece de argumentos para brindar tal principio. Han convertido el caso Premium en un circo y sus dos “colaboradores” en payasos. Seguimos sin entender dónde está el papel de las más de 1000 víctimas. Seguimos sin entender por qué Ortíz y Jaramillo no han presentado un plan de reparación. Seguiremos atentos a lo que pueda suceder en los próximos meses. Nuestra prioridad número uno es que los acreedores puedan recibir la totalidad de sus dineros. No sin antes, queremos hacerles llegar un mensaje a los funcionarios que están investigando el caso: !No improvisen!

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27

06

2016

interbolsa

No al principio de impunidad

Por: Alberto Donadio

Editorial de El Espectador:— Una esperanza para las víctimas del fondo Premium Sin reparación a las víctimas no deberían haber beneficios para los involucrados con el desfalco de Interbolsa. Por: El Espectador Una esperanza para las víctimas del fondo Premium Ojalá la Fiscalía apriete a los implicados en el caso de Interbolsa para que por fin haya reparación a las víctimas. Sorprendió la semana pasada, de manera positiva, la juiciosa decisión de la fiscal del caso sobre el Fondo Premium de Interbolsa, Alexandra Ladino, de retirar la solicitud de control de legalidad del principio de oportunidad que el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, había otorgado a una de las cabezas del desfalco, Juan Carlos Ortiz. Y, si bien la fiscal Ladino está pendiente de conocer la posición que tome el fiscal general encargado, Jorge Perdomo, sobre el particular, es de suponer que en los próximos días idéntica suerte deba correr la aprobación del principio de oportunidad de Tomás Jaramillo, otro de los implicados. De ser así, finalmente en este caso se habría puesto por delante la condición fundamental que puede justificar un principio de oportunidad: que las víctimas hayan recibido justa reparación del daño, lo que no ha ocurrido en este proceso y mucho menos por los dos confesos criminales de cuello blanco mencionados. Sin reparación a las víctimas no deberían haber beneficios. Lo dijeron muy claro los propios familiares del tercer implicado en el desfalco, Víctor Maldonado, en una carta al bloguero de El Espectador Alberto Donadio hace unos días: “Ni Juan Carlos Ortiz, ni Tomas Jaramillo han aportado sus bienes, y se escudan en todos los bienes y empresas incautadas por el Estado a Víctor Maldonado Rodríguez, los cuales Jaramillo y Ortiz exhiben como si fueran propios y disponen mediáticamente, como si les hubieran pertenecido alguna vez”. Ya en otra ocasión, y a propósito precisamente de declaraciones de los implicados sugiriendo que habían pagado el desfalco por completo, dijimos en este espacio que dar vía libre a un principio de oportunidad sin esa condición elemental de reparación a las víctimas lo convertiría más bien en un principio de impunidad. En ese entonces, reviraron supuestos defensores de la institucionalidad para señalar que el principio de oportunidad es una potestad de la Fiscalía para la resolución de los casos, ofreciendo beneficios a cambio de colaboración con la justicia, en un desprecio insólito hacia quienes perdieron sus ahorros de toda la vida, que son la mayoría de las víctimas de este desfalco. Esa posición pretende ocultar lo que parece una clara estrategia de los acusados para que no se les juzgue por el delito más grave, y de esa manera poder aspirar, no solo a la posibilidad de pagar casa por cárcel, sino, peor, a que con esos dineros y esos bienes que han sabido ocultar puedan vivir a sus anchas o incluso retornar a sus negocios financieros manejados desde el computador, mientras las víctimas afectadas se olvidan de recuperar los dineros que les entregaron. Por el contrario, si la justicia no les otorga beneficios que a todas luces no merecen, habrá todavía la esperanza de que esa justicia pueda presionar hasta que aparezcan esos bienes que parecen haber sabido ocultar. La decisión final la debe tomar —pues al menos otras dos semanas faltan para que la Corte Suprema de Justicia defina el nuevo titular— el fiscal general (e), Jorge Perdomo, quien en todas las formas y por distintos medios ha expresado en el pasado lo que es apenas obvio: que no habrá principio de oportunidad ni beneficios punitivos a los procesados sin que previamente exista una adecuada reparación a las víctimas. Esa sola circunstancia garantizaría el sentido de la decisión que habrá de tomar. El país estará atento a conocerla y ratificar, por esa vía, que la Fiscalía no premiará a los delincuentes de cuello blanco responsables de la defraudación.

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25

06

2016

interbolsa

Libertad por vencimiento de términos

Por: Alberto Donadio

Escribe ORA:— Buenas noches Dr Alberto:
Nos escapamos de una y siguen con la otra,es esto verdad ?
NACIÓN | 2016/06/20 22:11 Cabezas del caso Interbolsa podrían quedar libres Para el 11 de julio, algunos de los más importantes involucrados
En el mundillo judicial y en la Fiscalía hay mucha expectativa por la posibilidad de que el próximo 11 de julio, cinco de los más importantes involucrados en el escandaloso episodio del Fondo Premium –asociado a Interbolsa– queden libres.
En efecto, fuentes de la Fiscalía confirmaron a Semana.com que para ese día la defensa de los exdirectivos Rachid Maluf, Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado solicitó una audiencia ante un juez para solicitar la libertad de estas personas por cumplimiento de términos. Otro que puede quedar en libertad es Víctor Maldonado. Cordial saludo. Respuesta: Es verdad y es muy probable que ocurra. En Colombia se vencen los térmnos, nunca vence la justicia.

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25

06

2016

interbolsa

Interbolsa, una estafa vigilada por el Estado

Por: Alberto Donadio

Escribe PC:— Cordial saludo con relación a la comparacion de IB y Estraval si bien es cierto ambas eran firmas privadas,IB no ofrecia, por lo menos a muchos de nosotros, jugosas utilidades, eran muy semejantes a lo que ofrecian otras entidades bancarias y muchos llevamos nuestro dinero por el buen nombre de la firma que podia emitir deuda publica con los tes, es decir para el gob era una superempresa, tambien por ser la mas grande y reconocida del mercado, en cuya junta directiva estaba quien fuera ministro de hacienda hoy presidente de ecopetrol y muchos no teniamos la sed de aumentar el capital sino de mantenerlo con algo de rendimientos.Esa afirmacion hace pensar que los inversionistas de IB por unos rendimientos muy altos debiamos correr el riesgo de perder nuestro dinero y eso no fue así, lo de nosotros fue una estafa, vigilada por el estado y mucho menos por rendimientos altos. Esas dos firmas no se deben comparar de esa forma, son casos muy diferentes

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24

06

2016

interbolsa

¿Estraval será otro Interbolsa?

Por: Alberto Donadio

Tomado de Dinero: 6/23/2016 12:00:00 AM ¿Estraval será otro Interbolsa? Con la orden de la Supersociedades de liquidar a Estraval, firma que se dedicaba a la compra y venta de libranzas, el país vive un nuevo escándalo que confirma deficiencias en el marco regulatorio de inversiones. Todo indica que esta es apenas la punta del iceberg. Supersociedades decretó la liquidación de Estraval Vuelve y juega. Los nombres y modus operandi pueden cambiar, pero el modelo es el mismo: firmas privadas que prometen jugosas utilidades a cambio de inversiones, personas naturales o jurídicas con sed de aumentar su capital y, en medio de ello, entidades de vigilancia que hacen lo que la ley les permite, pero que no ejercen un control de manera coordinada. El resultado también parece similar: llamados de atención, órdenes de liquidación y largos y tediosos procesos para devolver parte de los dineros a los afectados. El escándalo financiero de moda es Estraval. Una firma creada hace 16 años, que se dedicaba a la compra y venta de libranzas. El mercado de libranzas quedó regulado en la Ley 1527 de 2012 y prevé que firmas como Estraval puedan llegar a acuerdos con varias cooperativas que tengan dentro de su portafolio créditos de libranza; es decir, aquellas deudas que se le descuentan al trabajador de manera directa de su salario. Los pagarés que se emiten con base en esas deudas se convierten en instrumentos que ofrecen una alta rentabilidad. Esos beneficios pueden estar entre 19% y 30%, según el caso y la empresa. De acuerdo con el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, las cooperativas, fondos de empleados y sociedades comerciales –previo registro– pueden recibir los pagarés de los trabajadores y estas sociedades venderlos a entidades como Estraval para que estas los ofrezcan a potenciales inversionistas. Pero como en toda inversión, hay un riesgo. Si un número importante de trabajadores con libranza pierde el trabajo, se muere o se presenta otro suceso que lleve al trabajador a entrar en mora, se empieza a incumplir con estos pagarés. Incluso, cuando se prepaga la deuda el rendimiento esperado en el tiempo no se da y se genera un hueco en la operación. Allí es donde empresas como Estraval deben entrar con caja a suplir ese faltante; es lo que los expertos llaman obligación solidaria. Pero todo tiene un límite. Y este parece ser el caso de esta firma bogotana que se quedó ilíquida para responder por todas las obligaciones. La Supersociedades detectó fallas contables en 2015 y procedió a instaurar un proceso de vigilancia especial. Cuando se presentó una cesación de pagos en el segundo trimestre de este año, las cosas se fueron complicando y el órgano de control se vio obligado a ordenar una reorganización. Quince días más tarde la situación se complicó aún más y por ello se tomó la decisión de iniciar la liquidación judicial de Estraval. También están bajo la lupa de la entidad otras firmas que hacen parte del grupo, como Estradinámicas SAS, Técnicas Financieras S.A. y Estrategias en Liquidez SAS. ¿De quién es la culpa? Es difícil precisarlo ahora. Lo cierto del caso es que expertos consultados afirmaron que existen vacíos en la legislación que permiten la venta de pagarés dos o más veces. Tampoco hay un control coordinado entre entidades públicas, debido a que cada Superintendencia ejerce un control sobre la parte que le toca por Ley. Entre los afectados por el caso Estraval hay personas naturales y bancos. Sin embargo, el listado puede seguir creciendo conforme pasan los días e, incluso, en el mercado se menciona que recursos de entidades públicas podrían estar en riesgo y se habla de cifras superiores a los $12.000 millones en una sola entidad. Fuentes del caso explicaron a este medio que el próximo 29 de julio concluirá el plazo para que las personas afectadas expresen su interés de hacer parte del proceso de pagos. En pocos días se han recibido centenares de llamadas de compradores de cartera que preguntan por la suerte de sus pagarés y no menos de 140.000 correos de personas preguntando lo que deben hacer para formar parte del proceso o conocer del tema. El liquidador se encuentra en la etapa de recaudo de documentos, cuentas y activos. Es una labor compleja, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de información que debe ser contrastada con otras fuentes. Sin embargo, se pudo establecer que inicialmente se habla de unas 105.000 libranzas que suman al menos unos $400.000 millones. El número de compradores de cartera que estarían inmersos en el proceso está entre los 4.000 y 4.500. Así mismo, se supo que dos personas figuran como representantes de las sociedades. Se trata de Juan Carlos Bastidas Alemán y César Fernando Mondragón Vásquez. Los dos fueron oficiados por la Supersociedades dentro del proceso de responsabilidades (ver documentos en www.dinero.com). La Supersociedades también anunció la convocatoria de una reunión con las Superintendencias Financiera y Solidaria para coordinar los trabajos de investigación y la documentación. El caso no es aislado. Dinero conoció otros dos casos similares que también estarían en la mira de la Supersociedades. Una de estas firmas maneja recursos por unos $600.000 millones, además de otros que estarían en la mira de la Superintendencia Financiera porque están vinculados al mercado público de valores. Varias conclusiones se asoman. La regulación actual no es suficiente para evitar que se siga presentando este tipo de hechos en donde el ahorro y capital de miles de colombianos se pone en riesgo. Los altos rendimientos ‘extrabancarios’ siguen jalonando este tipo de negocios que, aunque están bajo el amparo de la ley, no tienen el control debido. El abogado de los representantes de Estraval, Carlos Darío Barrera, explicó a Dinero que las dificultades de la empresa están vinculadas con ‘problemas propios del mercado’ y que este tipo de actividades no están exentas de riesgo. También aseguró que Estraval tiene cuentas por cobrar cercanas a los $550.000 millones y que las obligaciones son del orden de los $611.000 millones. “Estraval empezó a tener problemas cuando los bancos comenzaron a competir con bajas tasas de interés, eso llevó a que los trabajadores con libranza se pasaran a esas entidades y descuadraron las cuentas que tenía la compañía”, aseguró. El proceso de liquidación y pagos será largo. Solo en un tiempo se sabrá la verdadera magnitud del problema. Lo que ya es claro es que se requiere de más coordinación entre entidades del Estado para minimizar este tipo de riesgos. Los esguinces y el mercado ¿Cuál es la razón para que la Superfinanciera no vigile todos los procesos de libranzas y pagarés? ¿A cuánto asciende ese mercado en el país? Después de empezar a conocerse procesos como los de Estraval, la pregunta es por qué las autoridades no advirtieron riesgos en la operación de libranzas y pagarés. Para José Roberto Acosta, fundador de Justicia Tributaria, con estas actividades –conocidas como banca en la sombra– se da una “leguleyada” jurídica, pues esas firmas argumentan que no hacen captación masiva porque compran las libranzas con sus recursos y las revenden a un tercero. Pero eso sería una operación de intermediación, donde la Superintendencia Financiera también podría vigilar. Sin embargo, allí esgrimen otro argumento jurídico: “la Superfinanciera solo puede supervisar la intermediación de títulos valores que estén inscritos en el registro nacional de valores. Y los pagarés y libranzas no están inscritos en este registro. Le hicieron el quite a la Superfinanciera, que tiene los recursos para hacer el seguimiento y quedaron bajo la tutela de la Supersociedades, pero allá llega el muerto. No hay cómo tomar medidas paliativas”, agrega Acosta. Según él, las libranzas, incluyendo las bancarias y las extrabancarias, “son créditos cercanos a los $30 billones, entre los cuales son de $18 billones a $20 billones las primeras y de $10 billones las segundas. Este tema se le está saliendo de madre al Estado”, concluye.

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23

06

2016

interbolsa

A las víctimas no se nos vencen los términos

Por: Alberto Donadio

Escribe RAJ:— Saludos Alberto: Casi casi nos meten el gol del principio de oportunidad Jarapillo y Ortiz. Se les dañó por ese problema de mal cálculo del tiempo que caracteriza la visión de los negocios de los Jarapillo: casi casi le venden Interbolsa a una sociedad gringa, casi casi logran la venta de Fabricato a un consorcio brasileño, casi casi el fiscal compadre de Lombana les da el principio de importunidad a pesar de haberse declarado impedido. Todo por insistir en hacer las cosas mal, con patrañas y triquiñuelas: por no aceptar su responsabilidad en TODOS los crímenes que cometió, como John Muñoz, aquí nos tiene a las víctimas esperando todavía la reparación completa y la conclusión de este prolongadísimo martirio. La nueva lección de la justicia colombiana es que a los criminales sí se les vencen los términos pero no a las víctimas: llevamos más de 3 años esperando justicia y nada. La irresponsabilidad y negligencia de la Superfinanciera debería obligarla a repararnos a nosotros luego de haber avalado a una cloaca como Interbolsa como una empresa supervigilada por el Estado, o si no ¿para qué existe? Saludos cordiales

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22

06

2016

interbolsa

Juan Diego Vélez se opuso a beneficios

Por: Alberto Donadio

Comunicado Número 30 Una importante noticia registraron en la mañana de hoy los principales diarios del país: “Suspenden principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz”, quien ya fue condenado por tres delitos: estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies. Esperemos que pase lo mismo con Tomás Jaramillo Botero y las demás personas vinculadas a este desfalco financiero. En su debida oportunidad nos opusimos a que se otorgara este principio de oportunidad: Medellín, 21 de abril de 2016 Señor
JUEZ DE GARANTIAS
Bogotá Referencia: PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Beneficiarios: Tomas Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz Zarrate Juan Diego Vélez Maya, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.085.650, abogado, identificado con la tarjeta profesional 31.704 del C.S. de la J., actuando en mi propio nombre en calidad de VÍCTIMA DEL FONDO PREMIUM, y en representación de más de 330 víctimas por cuyo mandato adelanto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una Acción de Grupo contra la Superintendencia Financiera de Colombia, me permito pronunciarme sobre el PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD que se someterá a su aprobación, producto de la negociación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con Tomas Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz Zarrate. En una publicación de los doctores Luis Fernando Bedoya Sierra, Carlos Andrés Guzmán Díaz y Claudia Patricia Vanegas Peña, titulada “Principio de Oportunidad, Bases Conceptuales para su aplicación”, financiada por el el pueblo y el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia, y presentada por la Fiscalía General de la Nación, se lee: “Luego de arduos debates en el Congreso de la República, el Principio de Oportunidad fue incluido en el ordenamiento jurídico procesal que entró en vigencia a partir del acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004. Aunque existían reparos sobre la manera como la Fiscalía General de la Nación podría hacer uso de la posibilidad de renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal, finalmente se incluyó el Principio de Oportunidad como una importante herramienta para lograr la solución alternativa de conflictos derivados de conductas punibles de poca monta, impulsar la justicia restaurativa como mecanismo de re-construcción del tejido social, evitar la imposición de penas innecesarias, lograr la colaboración de personas involucradas en conductas punibles para lograr la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, en tre otros fines que serán abordados a lo largo de este trabajo. Sin embargo, después de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Colombia, el Principio de Oportunidad no ha tenido la aplicación esperada, por lo que no se ha convertido aún en la “válvula de escape” del proceso penal. Por ello, uno de los fundamentos de la Ley 1312 de 2009 fue precisamente impulsar la aplicación y fomentar el desarrollo de di- cha figura jurídica”. Leido lo anterior, resulta sorprendente que la Fiscalia General de la Nación llegue a un acuerdo con TOMAS JARAMILLO BOTERO y JUAN CARLOS ORTIZ ZARRATE, quienes aceptaron los cargos que les impuso el mismo ente estatal por los delitos de manipulación fraudulenta de especie, estafa y concierto para delinquir, y que suspendería la acción penal que se adelanta por el delito de CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO, y podría debilitar en juicio el proceso penal por el delito de NO REINTEGRO DE DINEROS, lo obviamente los beneficaría con reducidas penas carcelarias, no obstante estar comprometidos en uno de los mayores descalabros financieras ocurridos en Colombia. Al momento de considerar la solicitud de aprobación presentada por la Fiscalía, el Despacho debería tener presente, entre otros, los siguientes hechos: 1.- De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los beneficiados con el Principio de Oportunidad son lo cerebros de una organización que dio al traste con la principal comisionista de bolsa del país. En consecuencia, su colaboración con la justicia irá en contra de la misma, esto es, antes que castigar a los responsables directos, estos serán exonerados por la confesión que realicen del hecho imputado. Más adelante volveré sobre este argumento. 2.- No es de poca monta las conducta punible que cobija el Principio de Oportunidad sometido a su aprobación: se trata de captación masiva y habitual de dinero que afectó la confianza inversionista de los colombianos. 3.- Los beneficiados con el Principio de Oportunidad no solo no han reparado a las victimas del descalabro financiero en el que ellos participaron, sino que han impedido que los procesos liquidatorios avancen con la celeridad que les imprime la ley, interponiendo toda clase de recursos contra las diferentes decisiones que se han adoptado por parte de los auxiliares de la justicia designados por la Superintendencia de Sociedades. Como prueba de esta afirmación anexo copia algunas de diligencias adelantadas por Tomas Jaramillo Botero, quien a la fecha ha presentado propuestas de resarcimiento que cubre sumas ridículas frente a lo que fue la captación que dio origen al proceso. No desconozco el derecho del imputado en interponer los recursos que considere convenientes o necesarios, cuestiono, eso si, que los mismos sean indicativos de la buena voluntad que tiene Jaramillo Botero de que las víctimas sean efectivamente resarcidas. 4.- El doctor Francisco Bernate, apoderado de Juan Carlos Ortiz, justifica el principio de oportunidad, señalando que el mismo puede concederse “ cuando la persona puede dar informaciónon valiosa para el proceso” [1] Olvida el doctor Bernate que en este caso en particular, lo que hacen Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, señalados como los principales responsables del desfalco financiero, y dueños de las acciones con derecho a voto en el Fondo Premium, es confesar el delito e informando al operador jurídico las circunstancias de lugar, tiempo y modo en el que el mismo se cometió. Luego, no puede admitirse que los efectos de la confesión sean los mismo efectos previstos por la ley penal para quienes se acojan al Principio de Oportunidad. Pero es otra falacia del doctor Bernate es pretender suspender la acción penal por el delito de captación masiva y habitual de dinero, por la dificultad que existe de encontrar la verdad si se tiene presente que hay que leer en juicio más de cien mil correo y practicar más de 1500 pruebas técnicas.[2] Que se hayan logrado obtener más de cien mil correo no significa que los cien mil correos deban ser leídos y que a los mismos se les tenga que practicar prueba técnica para poder obtener plena prueba. Cien, doscientos o trescientos correos de esos cien mil son suficientes para probar los hechos que se investigan y establecer la responsabilidad plena en los mismos de los sujetos a quienes se les imputan los delitos. Jaramillo y Ortiz darán a conocer los hechos para que se suspenda la acción penal sobre un delito que se les imputa porque supuestamente no se logrará conocer toda la situación! Esto es: ¡No habrá pena porque se concede un principio de oportunidad debido a que no habrá pena porque no se podrán conocer los hechos! ¿Es este el sentido de oportunidad consagrado en la legislación penal colombiana? Por último, se aceptan tres delitos, se suspende la acción penal porque se colabora en el esclarecimiento de un cuarto delito que es el de la captación masiva y habitual de dinero – si se aclara es porque existió – y se va a juicio a discutir el delito de no reintegro de dineros. ¿Cómo se explica esto cuando ocurre en el proceso donde se investiga a los principales actores y controladores de un desfalco que a través de Interbolsa SCB se hizo con el Fondo Premium? 5.- Con el otorgamiento del principio de oportunidad no se logra la solución de los conflictos derivados de la conducta cobijada por este, ya que los imputados no han presentado fórmulas viables de solución de la situación de las víctimas. El principio de oportunidad debe conciliar los interes de los imputados con los de las víctimas, y en ningún caso ir en contra de estas. ¿Cómo se explica esto en la situación planteada por la fiscalia con los imputados Jaramillo Botero y Ortiz Zarrate? Por todo lo anterior, muy respetuosamente le solicito no aprobar el principio de oportunidad acordado entre la Fiscalia General de la Nación y los imputados TOMAS JARAMILLO BOTERO y JUAN CARLOS ORTIZ ZARRATE. Del señor juez, JUAN DIEGO VÉLEZ MAYA
C.C. NO. 70.085.650
TP. NO. 31.704 DEL C.S. E LA J. Por el momento les informamos que sigue adelante el trámite de la Acción de Grupo que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la Superintendencia Financiera de Colombia. Un resumen del estado actual del proceso es el siguiente: (i) El H. Tribunal ha recibido respuesta a los diferentes oficios en los que se pedía a dependencia públicas documentos relacionados con las investigaciones adelantadas contra Interbolsa SCB y sus directivos. Estamos a la espera de que la Procuraduría General de la Nación remita copia auténtica del expediente que contiene la investigaciuón contra el Superintendente Financiero, doctor Gerardo Hernandez. Este expediente consta de once mil folios y contiene toda la prueba recogida a lo largo de la investigación. (ii) Se encuentra a Despacho en el Consejo de Estado, para ser resuelto, un recurso de apelación contra un auto del Tribunal que negó la práctica de algunas pruebas. (iii) Esperamos que recibida la prueba documental solicitada, se cierre el período probatorio y se de traslado para presentar alegatos de conclusión ante el H. Tribunal. Cordial saludo, Juan Carlos Arango
Coordinador Logístico.

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06

2016

interbolsa

En caso Premium se vencen los términos

Por: Alberto Donadio

Tomado de Semana 2016/06/22 11:38 Suspenden principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz
La Fiscalía reexaminará la importancia de la colaboración del empresario en el caso Interbolsa y determinará si se reparó a los afectados.
Caso Interbolsa: Fiscalía suspende preacuerdo con Juan Carlos Ortiz Ortiz permanece recluido en la cárcel La Picota en Bogotá. Foto: SEMANA En los últimos días, la intranquilidad entre las víctimas del caso Interbolsa es evidente. Una de las razones es que varias de las cabezas de la defraudación podrían quedar libres por vencimiento de términos en las próximas semanas. Pero hay un motivo más que ha generado disgusto entre los afectados por ese descalabro bursátil. Se trata del principio de oportunidad que había firmado la Fiscalía con dos de los involucrados, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, en el que recibirían beneficios a cambio de colaborar con la justicia. Precisamente, este miércoles estaba programada la audiencia la que un juez de la República definiría si avalaba o no el preacuerdo al que llegó Ortiz con el ente acusador. Pero a última hora todo se congeló. ¿La razón? La fiscal del caso, Alexandra Ladino, retiró la solicitud para que el juez 36 penal con función de control de garantías analizara si el pacto entre Ortiz y el ente acusador era válido. La funcionaria judicial dio dos argumentos para esa petición. Ambos tienen que ver con el cambio de fiscal general. Ladino radicó, ante el encargado de ese despacho, Jorge Fernando Perdomo, una solicitud de revisión del principio de oportunidad concedido en este caso, que validara “la información frente a los beneficios concedidos” a Ortiz y que pudiera “determinar el cumplimiento del derecho de reparación a los perjudicados”. Una vez se resuelva esa solicitud, según escribió la fiscal en el documento, la solicitud de control judicial al principio de oportunidad “se radicará nuevamente”. Mientras eso ocurre, el proceso que terminaría por darle daría beneficios judiciales a Juan Carlos Ortiz por la información que entregó en el caso Interbolsa, en el que acepta el delito de captación masiva y habitual, estará congelado. Ortiz ya fue condenado por tres de los cargos que le imputó la Fiscalía por el descalabro de la comisionista en el que los ahorradores perdieron 174 millones de dólares. Estos fueron estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies. Él aceptó esos delitos. El 21 de julio se conocerá el monto de la pena, que podría tener una rebaja del 50 % por la aceptación de los cargos. Por ahora, el antiguo empresario permanece recluido en la cárcel La Picota en Bogotá. Cabezas pedirán libertad Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Semana.com que para el 11 de julio la defensa de los exdirectivos Rachid Maluf, Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado solicitó una audiencia ante un juez para solicitar la libertad de estas personas por cumplimiento de términos. Otro que puede quedar en libertad es Víctor Maldonado. El vencimiento de términos se da porque han pasado 240 días desde cuando se radicó el escrito de acusación por parte de la Fiscalía y ni siquiera se ha dado apertura al juicio oral. Para la Fiscalía, los jueces no les han dado el curso adecuado a las audiencias, lo que ha hecho que el tiempo pase sin que se desarrolle este proceso en la debida forma. “El escrito de acusación fue presentado hace más de un año y los jueces programan audiencias cada dos o tres meses. No ha sido por falta de diligencia de la Fiscalía”, dijo Alexandra Ladino, la fiscal que ha manejado el caso desde sus inicios. Maldonado y los directivos recurrirán a la Ley 1760, que reforma el régimen de medidas privativas de la libertad o de vencimiento de términos, con la que se reglamentó el tiempo límite que tiene un juez para el juzgamiento a partir del acto de acusación. Pero esta jugada podría salirles mal porque a sanción presidencial pasó una ley que impedirá la excarcelación masiva de presos, para graves delitos. “El proyecto aprobado busca que jueces y fiscales tengan 12 meses más para resolver la situación jurídica de cerca de 9.500 personas que se encuentran privadas de la libertad, y que son investigadas por delitos como abuso sexual, homicidio, actos de corrupción y conductas que le competen a la justicia especializada (extorsión, lavado de activos y terrorismo, entre otros)”, aclaró un comunicado de Ministerio de Justicia. A Rachid Maluf, exdirectivo de inversiones de Interbolsa, le imputaron cargos por los delitos de captación, omisión de reintegro, estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación de acciones y manipulación desleal. Por ello, podría esperarle una pena de 10 a 20 años de prisión. Claudia Patricia Aristizábal González fungía como representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, mientras que Natalia Zúñiga Isaacs era la representante legal de Valores Incorporados. Juan Andrés Tirado Moreno, otro de los involucrados, era directivo del fondo Premium. Víctor Maldonado aparece en el entramado por ser uno de los beneficiarios de los dineros del Fondo Premium que fueron a parar a sus bolsillos por cuenta de préstamos.

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