Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

LA GRAN MURALLA… COLOMBIANA

Por Alexandra Gómez P.

Alfonso López Pumarejo, a través de la Reforma de 1936, había consignado en su Ley 200, la necesidad de adjudicarle a la tierra un valor social; es decir, que todas las tierras debían ser debida y adecuadamente explotadas para permitir la integración de sectores campesinos marginados al progreso del país.  La Ley limitaba, lo que comúnmente se llama lotes de engorde o tierras ociosas. No obstante, y desafortunadamente, a punto de concretar la firma definitiva de la paz en la Habana, algunos sectores gremiales y políticos nacionales, a través de sus actuaciones, todavía consideran que la tierra es un bien para explotación y ganancia individual o de unos pocos.  Esta creencia, firmemente arraigada con los años, especialmente en las actividades agrícolas, ha impuesto una gran muralla en cuanto a la resolución de conflictos agrarios. Exploremos dos aspectos de esta “falta” de valor social de la tierra.

Hace aproximadamente un mes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, expresó ante medios periodísticos nacionales que Fedegán estaba impidiendo, a través de una campaña de desprestigio, el retorno de campesinos a sus tierras. La acusación no deja de ser grave porque es importante reconocer a las víctimas del conflicto y su derecho a la reparación. Pese a que José Félix Lafaurie, declaró que él mismo se comprometía a visitar las áreas afectadas, en compañía del delegado de la ONU, Tood Howland, tales campañas de desprestigio tiene como resultado que señalan a líderes campesinos y a serias organizaciones de reclamantes, como objetivos militares ante los ojos de grupos armados al margen de la ley.  La crítica de la ONU, también iba encaminada a recordarle a los grandes terratenientes, cómo ellos habían accedido a algunas de sus tierras a través del despojo masivo de campesinos[1]. Póngase de ejemplo, los casos de las comunidades de Las Pavas y El Garzal, al sur de Bolívar, que han sufrido despojo por cuenta de empresas palmicultoras y terratenientes, las cuales se niegan a reconocer los títulos de propiedad ya adjudicados por el Estado en esos territorios. Pero para esta autora, una revisión histórica, no sólo debería ser para quienes recibieron los beneficios de la propiedad sino para quienes han defendido políticamente la estructura agraria tal y como ha permanecido hasta ahora.

Una semana después de la denuncia de la ONU, Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación de Víctimas, declaró que la mayoría de parapolíticos condenados, que tienen deudas con el Estado (alrededor de $106.533 millones de pesos) no habría pagado, ni siquiera abonado el pago de las multas y deudas a las víctimas[2].  La crítica no es vieja, el mismo coordinador desde el 2013, viene denunciando que aquellos políticos comprometidos con el apoyo a grupos paramilitares como el subsecuente despojo de tierras a muchos campesinos, se estaban aferrando a cualquier excusa para no pagar las deudas o devolver bienes.  Al contrario, estaban alargando temporalmente los procesos judiciales, con el ánimo de esperar pacientemente la prescripción del proceso.  Igualmente, paralelo al alargue legal, estos parapolíticos habrían “desaparecido” sus bienes por medio de parientes, amigos, sociedades, empresas… para declararse ante los jueces como “insolventes”. Lo peor, es que muchos de ellos siguen teniendo influencia política en sus regiones[3], determinan quién tiene qué…, o quién tiene derecho a… sin que ni siquiera haya habido una condena política y, porque no, una condena moral por parte del Gobierno Nacional o la sociedad civil, sobre sus actuaciones en el pasado.

Entonces, la revisión histórica pasa por la lupa no sólo de ley sino de las mismas actividades políticas y agropecuarias.  No es únicamente, como lo ha expresado varias veces Fedegán, problema de los segundos ocupantes, o de los títulos de propiedad de cual se quejan todos los gremios.  Es más profundo aún: se trata de determinar quiénes intervienen en la adjudicación de la tierra, quiénes son en realidad los dueños de la actividad agropecuaria y de sus formas de supervivencia –tanto legal como ilegal-. También es señalar cómo la vieja e inequitativa estructura de la tierra, que pese a tener en Colombia varias reformas agrarias, ha pervivido.  Con el agravante de que no se ha tocado todavía, el nervio central del problema: la unidad límite agrícola. No se han definido en el país, los límites para tener o comprar tierra. Tampoco se han determinado cuántas hectáreas le pertenecen al Estado y cuántas a los particulares. Lo anterior, no con el objetivo de afectar el derecho a la propiedad, sino de regular adecuadamente las relaciones de producción a las necesidades de un país en transición, de guerra a paz. Una unidad agraria pensada para Colombia, podría tumbar la muralla de la gran propiedad para dar paso al concepto de propiedad comunal, que proteja no sólo a las personas sino al medio ambiente.  Una unidad agraria, que devuelva a la tierra, su valor social. Pero, bajo una nueva garantía: la no repetición del conflicto armado.

 

[1]Véase, El Espectador: Preocupa poder territorial de bandas criminales, Alerta de ONU por campaña contra la restitución de tierras; Junio 16 de 2016. Recuperado de: http://www.hchr.org.co/publico/oacnudhenlosmedios/2016/elespectador16junio2016.pdf.

[2] Emisión Central Noticiero CM&, Junio 25 de 2016.

[3] Léase entrevista sobre estas “estrategias” de los parapolíticos para no pagar en VerdadAbierta. Com, (Septiembre 16/2014): Solo el 6,8% de reparación a víctimas se ha pagado con dineros de desmovilizados. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/reparaciones-a-victimas/5438-solo-el=. Revisado en 12/07/2016. Y, El Tiempo, (Octubre 1/2014) Exgobernador Aguilar tardaría mil años en pagar multa por parapolítica: Debe 6.337 millones por apoyar grupos ilegales. Conejo de ‘parapolíticos’ a reparación. Recuperado de http://www.eltiempo.com/politica/justicia/deudas-de-parapoliticos-con-las-victimas-fondo-nacional-de-reparacion/14618675. Revisado en 27/06/2014

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