Apreciado Alberto: Unas reflexiones: Cada vez que suceden este tipo de debacles financieras, se viene a saber de la inactividad de los entes de control. Pero es obvia esa inactividad, si los encargados de la supervigilancia se declaran impedidos cuándo tienen algo de pudor o realmente parecen que estuvieran en esos cargos para actuar como protectores de esas elites que conforman nuestro Estado ladrón. Que tal las declaración del Superintendente de Sociedades, que cada vez que hay un escándalo, saltan a relucir sus inhabilidades éticas, pero sigue tan campante como si nada, en el caso de Factor Group se declaró impedido porque su prima Lina María Vélez Restrepo trabajaba en la pirámide ganadera de Daniel Wigoda y Cía. Ahora –con Interbolsa- dice que no se declara impedido (estuvo en el cumpleaños de Juan Carlos Ortiz) porque eso lo define una subalterna suya. Mientras a él le parece muy chic estar en fiestas de máscaras, en donde todos posan vestidos como en los orgiásticos carnavales de Venecia, patrocinadas por el nuevo riquismo defraudador, de los Talos y los Ortiz, los Jaramillos, y demás yerbas en los cuales se ven muy cómodos sus jueces, los superintendentes y jefes de delegaturas.

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Volviendo al supersociedades, cuando le conviene dice que quien juzga es una delegada, pero cuando le conviene a sus compinches, saca a relucir su facultad oficiosa para “REORGANIZAR” (entiéndase salvar a sus amigotes), ¿Acaso no fue de oficio que intervino a la Holding de Intrebolsa? En el pasado ya lo había hecho con otros, el grupo Floramérica de los Nannetti. De oficio o sea por querer de la propia autoridad si a eso se le puede llamar autoridad, les tiró el salvavidas y ahí están las consecuencias, ¿Quién responde por los 79.000 millones de pesos de Banco Agrario? Nunca antes de oficio alguien se había atrevido a tanto. Hay que ver los requisitos y las trabas para que admitan a un empresario del común en un proceso de reorganización o de liquidación.
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No hay derecho, es hora de revisar las facultades judiciales de esas cajas de pandora en que se han convertido las superintendencias, en las cuales se tramitan esos juicios, como si existiera la justicia sin rostro, sin doble instancia y con unos supuestos jueces mediocres.
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¿Es razonable que todos los procesos concursales del país se concentren en una sola institución y en una sola persona cuyas méritos académicos que no le alcanzan para concursar para ser nombrado siquiera Juez Municipal?

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La inflación legislativa nos agobia y cada reforma a la justica, ley anti trámites o de cualquier otra índole se les asignan más funciones jurisdiccionales a estos entes politizados y corruptos en que se han convertido las superintendencias. El país lo sabe y nada se hace.

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Que Ortiz y compañía manejaban a su antojo las superintendencias es cosa que nadie discute, sería importante ahora que saldrán a a luz pública las contabilidades de esa cloaca en que se convirtió el edificio de la calle 82 con 12, conocer las sumas pagadas a los ex-superintendentes – no todos- que prestaron sus servicios a la maraña de firmas que funcionaban bajo un solo paraguas.———–Atentamente, L.E.