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31
08
2016
interbolsa

Banco alemán en estafa de libranzas

Por: Alberto Donadio

BANCO ALEMAN CAYO EN ESTAFA DE LIBRANZAS

El Deutsche Bank pagó más de $25 millones de dólares por pagarés libranzas que Estraval ya había vendido a otras personas.

Por Alberto Donadio

No solamente médicos, amas de casa, compañías constructoras, rentistas de capital y personas de la tercera edad se vieron afectados por la quiebra de Estraval, la firma de libranzas que incumplió los pagos y cuya liquidación fue ordenada en junio por la Superintendencia de Sociedades.

También cayó el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania y uno de los diez bancos de inversión más grandes del mundo.

En julio de 2015 Deutsche Bank AG, London Branch, hizo una inversión en libranzas por más de 25 millones de dólares. Le compró a Estraval 22.916 pagarés libranza por valor de $77.781 millones.

De esas libranzas 14.385 aparecen vendidas a dos o más compradores: 12.685 pagarés fueron vendidos a dos compradores, 1.645 lo fueron a tres compradores y 55 fueron negociados con cuatro compradores.

Un pagaré libranza es el documento que firma un empleado oficial o pensionado que recibe un crédito en el que autoriza a la pagaduría de la entidad donde trabaja para que mensualmente haga un descuento de la nómina. El préstamo usualmente lo hace una cooperativa que luego endosa el título a una comercializadora como Estraval, la cual luego lo vende en un último endoso a un inversionista.

La revelación sobre el Deutsche Bank la hizo el liquidador de Estraval, Luis Fernando Alvarado Ortiz, en un informe a la Superintendencia de Sociedades.

Alvarado informó además que se hizo un cruce de información “encontrándose que en 47.144 casos, el pagaré libranza de un mismo deudor era vendido dos, tres y hasta cuatro veces a diferentes compradores de cartera, en distintas fechas de operación y con flujos cuyos intervalos se cruzan”. En Estraval había 114.000 pagarés.

El liquidador presentó el ejemplo del pagaré libranza 18947 en que el deudor es Juan Carlos Pinzón Moreno. Ese pagaré fue vendido primero a la Sociedad Colombiana de Anestesiología en mayo de 2014. Luego en julio de 2015 fue vendido al Deutsche Bank.

Los pagos de ese pagaré “van del 19 de mayo de 2014 al 19 de abril de 2019 para el primer caso y del 16 de julio de 2015, cuando ya estaba vendido, al 28 de abril de 2022 para el segundo caso, situación que deja entrever la utilización de dos ejemplares del mismo pagaré”.

El Espectador preguntó a un ejecutivo de otra compañía de libranzas qué significaban los pagarés duplicados o triplicados. “Están clonando pagarés. Si yo vendo el mismo pagaré a dos personas estoy estafando. Si el número del pagaré es el mismo número consecutivo, no cabe la menor duda que estaban clonando el pagaré”, respondió.

Para un asesor comercial que vende libranzas la garantía no existía en los pagarés duplicados o triplicados. “Estaban vendiendo algo que no era cierto, si yo vendo un carro y el carro no existe es una estafa”.

Un vocero de César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas, los dos dueños de Estraval, indicó que “Hubo errores de operación, errores administrativos pero no fraude” y que esos errores se presentaron por “lo monumental que es esta operación”. Agregó que antes del incumplimiento Estraval les pagaba a todos los clientes aunque el pagaré estuviera duplicado. “Con dineros de los dueños se va a responder. No hay un faltante, lo único que falta es el papel”.

Otro ejemplo de clonación es el pagaré 3836 de la Cooperativa Cooppijao, cuyo deudor es Mónica Gutiérrez Mesa. El pagaré fue vendido al Deutsche Bank, a Gustavo de Jesús Betancur Sánchez y a Juan Carlos Aristizábal Correa. El plazo del negocio, 60 meses, fue igual para los tres compradores pero la operación inicial tiene fecha distinta. Para el liquidador eso “permite concluir que se utilizó el mismo pagaré para venderlo a tres personas distintas”.

Otro pagaré con la misma deudora y con el mismo número -5627- se vendió en el 2012 a Constructora Alfaguara, en marzo de 2015 a Geypro Constructores y un mes después a Amilos SAS.

Una venta cuádruple de pagarés fue la que hizo Estraval con un pagaré en que el deudor es José Montenegro Narváez. Con el mismo número fue vendido en el 2013 a la Sociedad Colombiana de Anestesiología, en el 2014 a Vive Corp Colombia, en el 2015 al Deutsche Bank y este año a la constructora Servizontal.

Cuando Estraval entró en liquidación el banco GNB Sudameris tenía 5.206 pagarés, de los cuales 3.458 fueron vendidos a dos, tres y cuatro personas. Esos pagarés valen más de $36 mil millones. Uno de esos pagarés fue vendido primero a GNB Sudameris, luego al Deutsche Bank y después a la comisionista de bolsa Global Securities.

Como víctima del engaño también figura un inversionista que utilizó el dinero de la venta de su apartamento en Bogotá para adquirir 94 pagarés en Estraval, emitidos por las cooperativas Coobonanza, Coonalrecaudo, Coopdesol, Cooprosol y Jota Emilio’s. Una revisión realizada por el liquidador mostró que 65 de esos pagarés fueron vendidos a más de dos personas. El inversionista dijo: “Son unos delincuentes”.

En Estraval el desorden administrativo era enorme. El liquidador descubrió en Tecfinsa, filial de Estraval encargada del estudio de crédito, que las libranzas estaban amontonadas en bolsas plásticas de color azul tiradas en el piso. Una muestra de 20 pagarés tomados de las bolsas reveló un número 9 antes de la numeración normal. Al verificar en las bases de datos se encontró que los pagarés con el 9 estaban activos pero que a nombre del mismo deudor hay otros pagarés con el mismo número consecutivo pero sin el 9, los cuales están vencidos, es decir, ya fueron pagados por el deudor.
Según el informe del liquidador, Estraval recibió recursos del público por $730 mil millones. De estos $360 mil millones están respaldados por un pagaré y otros $370 mil millones por dos o más pagarés. Entre 65.000 pagarés se estima que 15.000 aproximadamente no tienen un activo subyacente, lo que representa el 22% del total. Si se aplica este mismo porcentaje al total de pagarés únicos, se puede calcular que unos $80 mil millones no está soportados por un activo, es decir, no tienen ninguna fuente de pago. En total habría un hueco de $450 mil millones.
El liquidador contrató con la fiduciaria Fiduagraria una auditoría completa sobre todos los pagarés libranzas de Estraval, que incluye los títulos físicos y los sistemas de información de Estraval y Tecfinsa.

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30
08
2016
interbolsa

Otra compañía de libranzas incumple

Por: Alberto Donadio

Vesting Group, firma de libranzas, suspendió pagos, según esta publicación de Ojo Privado:

http://www.ojoprivado.com/#!vestinggroupospinaclavijo/gdkef

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30
08
2016
interbolsa

El ego de las autoridades financieras

Por: Alberto Donadio

Escribe BJE:—

Ya ni sé que pensar de la ineptitud absoluta de nuestras autoridades financieras, lo peor es que en todos los foros académicos en que participan los funcionarios de esa Superintendencia, como casi todas en general, pero esa en particular, hay que abrir campo para los egos de los funcionarios que no caminan sino que levitan y se venden como los más de los más con estudios en el exterior o en los Andes y la Javeriana, todos “brillantes y sabios”, así que… cómo es posible que estemos pasando con el negocio de la libranzas, lo mismo que pasamos con las captadoras ilegales e Interbolsa, de verdad que da grima.

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30
08
2016
interbolsa

Libranzas vencidas deben ser reportadas

Por: Alberto Donadio

Comunicado de Supersociedades:—

Próximo nueve de septiembre vence plazo para que empresas de libranzas entreguen información

— A través de la Circular Externa 100-000007, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control solicitó la información jurídica, contable, económica y administrativa de las sociedades que se dediquen a la comercialización o administración de créditos libranza.
— Deberán certificar si están al día en el pago de sus obligaciones con terceros, o de lo contrario, una relación detallada de sus deudas vencidas.

Bogotá, 30 de agosto de 2016 (SS). Hasta el próximo nueve de septiembre de 2016, las empresas que se dediquen a la comercialización o administración de créditos libranza, deberán presentar su información actualizada a la Superintendencia de Sociedades.

A través de la Circular Externa 100-000007, el delegado de Inspección, Vigilancia y Control, Andrés Parias Garzón, explicó que por medio de este documento, se solicitó específicamente la información jurídica, contable, económica y administrativa de estas sociedades.

La circular está dirigida a los representantes legales, contadores y revisores fiscales de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, que adelanten esta clase de actividades.

Así las cosas, a más tardar el nueve de septiembre, se deben radicar por parte de los representantes de las compañías, los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, estados financieros de propósito especial a 31 de julio de 2016 y certificación que especifique si la sociedad está al día en el pago de sus obligaciones con terceros.

En el caso de presentar mora en los pagos, la empresa deberá entregar una relación detallada de sus obligaciones vencidas e informar el porcentaje del pasivo total representado por este rubro.

Adicionalmente, en el caso de haber adelantado acuerdos de pago con los acreedores por las obligaciones incumplidas o vencidas, la sociedad deberá remitir los documentos que así lo soportan.

Entre otra información, las sociedades que comercializan o administran créditos libranza deberán revelar la composición de su Junta Directiva, así como el listado de todos sus asociados al 31 de julio de 2016.

La Superintendencia de Sociedades también exigió documentos que soporten el saldo al 31 de julio de 2016, del capital de los créditos libranza objeto de compra y venta de cartera realizada por la compañía.

La solicitud de información forma parte de la reciente reglamentación de la revelación de información y la gestión de riesgos en la venta y administración de operaciones de libranza, que quedó consignada en el Decreto 1348 de 2016.
(fin)

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29
08
2016
interbolsa

Denuncia penal vs Mondragón y Bastidas

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Colombiano:—

Libranzas de Estraval, de atractivo negocio a descalabro denunciado

POR FERNEY ARIAS JIMÉNEZ | PUBLICADO EL 28 DE AGOSTO DE 2016

Cuatro clientes antioqueños que sumaron inversiones de 1.000 millones de pesos en la firma Estrategias en Valores (Estraval), en liquidación, fueron los primeros en denunciar penalmente a César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán, principales accionistas de esa sociedad.

La demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 11 de agosto, pide abrir una investigación por la presunta comisión de varios delitos en los que habrían incurrido los demandados: captación masiva y habitual de dinero, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa en masa.

La acción legal se instauró un mes después de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ordenara la liquidación de Estraval y sus firmas vinculadas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas, debido a la imposibilidad de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus acreedores.

Los demandantes, quienes pidieron omitir sus nombres, explicaron a EL COLOMBIANO que conocieron el modelo de negocio ofrecido por Estraval en 2013, mediante familiares en Cali, quienes tras ensayar el esquema y recibir los beneficios, lo sugirieron como buena alternativa de inversión.

“Vino una persona de Cali, nos presentó la propuesta, ofreció una tasa de retorno del 21 % efectivo anual por cinco años y una serie de garantías que hacían parecer que el negocio era infalible”, comentaron los denunciantes, quienes también fueron víctimas del descalabro de Factor Group.

El abogado José Luis Giraldo, apoderado de los demandantes antioqueños de Estraval, estima que junto a sus cuatro representados, hay otros 3.000 inversionistas que habrían puesto en esa firma 650 mil millones de pesos.

Entre tanto, el Gobierno reaccionó el 22 de agosto pasado con la expedición del Decreto 1348, con que pretende poner orden en el negocio de las libranzas (ver Análisis).

Algo pasó

Los incumplimientos en pagos de Estraval a comienzos de este año provocaron preocupación entre los cuatro inversionistas antioqueños, quienes se reunieron en Bogotá con Mondragón, líder de la operación: “nos dijo que el inconveniente era algo coyuntural y que todo se solucionaría en dos meses”.

Aunque desde agosto de 2015 la Supersociedades inició una serie de acciones contra Estraval, el pánico empezó a extenderse en mayo pasado, cuando la firma se sometió a un proceso de reorganización.

Finalmente, después de la orden de liquidación de Estraval, el pasado 15 de junio, la incertidumbre ha sido total. Los inversores esperan conocer el reconocimiento de acreencias, aunque esto no ha sucedido.

El esquema de libranzas

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) explicó que la libranza es un crédito de libre inversión, en que la persona autoriza al empleador o entidad pagadora para que de su salario, pensión o contrato le sean descontadas las correspondientes cuotas del préstamo.

Entre las entidades autorizadas a prestar mediante libranza figuran instituciones de fomento de desarrollo, sociedades comerciales, mutuales, cooperativas (financieras y no financieras), entidades financieras, cajas de compensación y fondos de empleados.
Según la Superintendencia Financiera, la cartera de libranzas otorgada por entidades que vigila, desde la promulgación de la Ley 1527 de 2012 o ley de libranzas, ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7 %. Al corte del primer trimestre de este año totalizó 36,4 billones de pesos (más de tres veces la cartera de microcrédito y 90 % de la total en vivienda). En cambio, la cartera de libranza de entidades no vigiladas supera 10 billones de pesos.

Pero la Asobancaria reconoció que la indebida gestión en la originación de la libranza, la venta de créditos respaldados con libranzas, por parte de entidades comerciales no vigiladas como Estraval y la falta de vigilancia y control han deteriorado la imagen del descuento directo o libranza y permitido el uso abusivo de esta figura, minando la seguridad y confianza en la actividad financiera (ver gráficos).

La distorsión

Juan Camilo Berrío, director de Inclusión Financiera de la Asobancaria, sostuvo que el esquema de libranzas está sujeto a hechos que pueden afectar su cancelación y frenar el flujo de recursos como el despido, renuncia o muerte del empleado que tomó el crédito.
“Esos son riesgos asociados al negocio se cubren, generalmente, con algún tipo de seguro. Lo claro es que la legislación permite que cualquier persona puede prestar plata y cobrar un interés. Lo que está prohibido es captar recursos masivamente”, añadió.
Berrío comentó que la Ley 1527 abrió la posibilidad para que sea el empleado quien escoja la entidad con que tomará el crédito, así que la empresa empleadora lo único que puede hacer es aceptar su rol de pagador directo.

Desde entonces, la situación del sistema financiero se volvió compleja por el ingreso de múltiples operadores de libranzas, lo que tornó agresiva la competencia. “Esto llevó a que el término de las libranzas que tenían un periodo prudencial de un año fuera más extenso, aumentando el riesgo de no pago”, añadió Berrío.

Entre las malas prácticas detectadas están los operadores o intermediarios que ofrecen pagarés de libranzas que ya fueron cancelados.

Adicionalmente, “algunos operadores arman paquetes de diez o doce deudores, con información falsa, en que indican que el tomador del préstamo gana más de lo que realmente le paga la empresa, lo que al final deja al inversor (comprador de esa libranza) con una acreencia por cobrar, al deudor con una cuenta impagable y al originador de crédito inmerso en un proceso complejo para salvar su responsabilidad”, anotó.

Para el abogado Giraldo, muchas de estas malas prácticas se emplearon para defraudar a sus clientes, y aseguró que para ello se montó una red de 14 entidades originadoras (cooperativas).

“Encontramos que las cooperativas funcionaban en algunos casos en las mismas direcciones, en una de ellas (Jota Emilio’s) la dirección no existe y de solo ver la ubicación y las oficinas donde funcionan, a nadie se le ocurriría hacer inversiones en estos sitios”, declaró Giraldo.

Para el defensor, se trata de “cooperativas de garaje”, cuya existencia, vinculadas como suministradoras de pagarés y libranzas, ponen en entredicho la legalidad de las operaciones de Estraval.

Para soportar su afirmación, Giraldo precisó que una mujer identificada comoSandra Lucía Santana Palomo aparece como directiva en varias de esas entidades: Realcoop, Coopsanse, Cooppijao, Cooprosol y Conalrecaudos, las tres primeras en liquidación.

Desde Fecolfín (gremio de cooperativas de ahorro y crédito y financieras), su presidente, Enrique Valderrama, afirmó que en Estraval hay unos responsables de montar la empresa, que utilizaron a los originadores de libranza, para que consiguieran a las personas que necesitaban dinero, de una forma similar a como opera una pirámide.

“Aquí cabe toda responsabilidad al Gobierno, que con la expedición de la ley de libranzas quitó exclusividad que sobre la originación de libranzas tenían las cooperativas de ahorro y crédito y la entregó a particulares inescrupulosos”, replicó (ver Polémica).

¿Más líos?

El mes pasado se conoció que la compañía de libranzas Elite, con cinco años en el mercado, no podría cumplir con sus obligaciones en corto plazo, resultado de que operadores se quedaron sin capital de trabajo para anticipar los pagos.

En un comunicado, esa firma admitió que sí debió reprogramar los pagos a sus clientes y aseguró contar con el respaldo patrimonial para garantizar su sostenibilidad (ver informe).

Lo cierto es que casos como Estraval, Factor Group, Interbolsa, Goldex y DMG, por decir algunos, dejan lecciones para sus clientes: que de eso tan bueno no dan tanto y que los avivatos apelan a esquemas cada vez más sofisticados para aprovecharse de los inversionistas.

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29
08
2016
interbolsa

Plata de Curazao no es para todos

Por: Alberto Donadio

El superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, anunció hoy en rueda de prensa que el dinero del Fondo Premium recibido del Banco Central de Curazao se repartirá únicamente a los acreedores que señale ese banco. Es decir, el reparto no se hará a todos los damnificados de Premium sino a quienes figuren en una lista remitida desde Curazao.

“No todos los afectados reciben”, dijo Reyes. Bajo la ley de Curazao las devoluciones se hacen a prorrata de la inversión, no por cabeza como dispone la legislación colombiana.

Esto significa que quienes más dinero tenían en Premium van a recibir plata de este reparto y quienes tenían menos no reciben nada. En las cuatro devoluciones anteriores todos los acreedores recibieron la misma suma de dinero sin importar cuánto habían invertido en Premium.

Quienes son los beneficiarios se conocerá cuando el liquidador les informe que pueden acercarse a las oficinas de Bancolombia a reclamar el dinero. Los que no reciban notificación no reciben devolución. Esto se debe a que en Colombia rige un sistema de devolución por cabeza y en la legislación de Curazao el saldo que quedó se debe distribuir proporcionalmente a la inversión, es decir, a prorrata.

Ese prorrateo fue hecho por el Banco Central de Curazao, no por el liquidador Alejandro Revollo.

El superintendente Reyes Villamizar señaló que con este quinto pago del liquidador de Premium se completa la suma de $75 mil millones, un 25% de lo que valían las reclamaciones cuando se produjo la intervención de Premium, es decir $320 mil millones.

El superintendente también indicó en la rueda de prensa que el liquidador Alejandro Revollo ha realizado “una gestión admirable” y que se ha recuperado un monto sustancial de activos.

El proceso de la liquidación de Premium ” seguramente se va a convertir en un proceso paradigmático de la capacidad que tiene el Estado” de devolver dineros a los afectados por una captación ilegal, indicó el superintendente.

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29
08
2016
interbolsa

Llegó la plata de Curazao

Por: Alberto Donadio

Comunicado de Supersociedades:—

SuperSociedades recuperó US$7,6 millones en Curazao para reparar
a víctimas del Fondo Premium

— Estos recursos serán entregados únicamente a quienes fueron designados como beneficiarios por el Banco Central de Curazao, de conformidad con las leyes aplicables en ese estado.

— Concluye, así, una labor de más de tres años para la recuperación del dinero en poder de Premium Capital Appreciation Fund BV, que estaba bajo control de la máxima autoridad de supervisión monetaria de Curazao.

— Con esta entrega, ya son cerca de $75.000 millones devueltos a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium.

Bogotá, 29 de agosto de 2016 (SS). El proceso de intervención del Fondo Premium, dirigido por la Superintendencia de Sociedades, logró recuperar US$7,6 millones que desde hace más de tres años se encontraban en Curazao y que hacen parte del dinero para resarcir a las víctimas de captación ilegal.

Así las cosas, en los próximos días se realizará el quinto pago a los reclamantes designados como beneficiarios por Premium Capital Appreciation Fund BV, previa aprobación del Banco Central de Curazao, conforme a las leyes aplicables en ese estado, reveló el liquidador Alejandro Revollo.

El dinero se encontraba bajo el control del Banco Central de Curazao, como máxima autoridad de supervisión monetaria de ese estado y su recuperación fue posible gracias al trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países, recalcó el liquidador.

“Se trata del único mecanismo legal viable que encontró la liquidación del Fondo Premium para destrabar el giro de los recursos, que llevaban más de tres años bajo custodia del Banco Central de Curazao”, explicó Alejandro Revollo.

La distribución de los US$7,6 millones (alrededor de $22.000 millones) provenientes de Curazao se suma a los $53.000 millones que habían sido repartidos previamente, con lo que el monto global entregado a las víctimas hasta el momento ascendería cerca de $75.000 millones.

El primer pago a los acreedores de Premium se efectuó en diciembre de 2013, fecha en la cual se cancelaron $9.000 millones en total.

El segundo pago se realizó en julio de 2014, cuando se cancelaron $9.100 millones.

El tercer pago por una suma de $15.000 millones, por su parte, se realizó en julio de 2015.

Y la cuarta cuota, por $20.000 millones, se pagó en diciembre de 2015, para un total entregado de $53.000 millones.

“Con la venta futura de los otros bienes en poder de la liquidación, esperamos anunciar próximamente nuevas entregas de recursos, de acuerdo con las normas propias del régimen de intervención colombiano”, agregó Revollo.

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, reveló que con este quinto pago, la cifra de quienes han recibido el 100 por ciento de las sumas que comprometieron en el Fondo Premium representa cerca del 20 por ciento del total de reclamantes.

METODOLOGÍA PARA DEVOLVER LOS DINEROS RECUPERADOS

Para hacer la devolución parcial de los dineros de las solicitudes aceptadas se seguirá la siguiente metodología:

1. Los recursos recuperados serán trasladados a una cuenta corriente del Banco Bancolombia que se encuentra a nombre de la sociedad Valores Incorporados S.A.S., hoy en liquidación.

2. Los dineros depositados serán entregados de acuerdo con la instrucción expresa de Premium Capital Appreciation Fund BV, con la aprobación previa del Banco Central de Curazao.

3. El liquidador, Alejandro Revollo, enviará a los beneficiarios específicos que designó Premium Capital Appreciation Fund BV, una comunicación escrita para que éstos se acerquen a cualquiera de las oficinas de Bancolombia a reclamar su dinero.

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28
08
2016
interbolsa

El giro de la Fiscalía en Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Tomado de Semana:—

El inesperado giro del caso InterBolsa

Aunque se veía venir la impunidad, la Fiscalía al rechazar los principios de oportunidad cambia el panorama para los culpables del descalabro. SEMANA explica por qué.

El fiscal Néstor Humberto Martínez es un experto en derecho financiero, lo que pondrá a temblar a quienes han incurrido en los delitos de cuello blanco.

Una de las primeras grandes decisiones de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación tuvo que ver con el sonado caso de InterBolsa. No habían transcurrido 12 días desde su posesión, cuando expidió dos trascendentales resoluciones mediante las cuales negó un principio de oportunidad a Rodrigo Jaramillo y tumbó los concedidos a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cabezas del descalabro de InterBolsa y el Fondo Premium.

Con esta decisión, el fiscal Martínez no solo se apartó de los criterios con que su antecesor manejó, en algunos aspectos, este caso, sino que sentó un precedente del rigor que aplicará a los delitos económicos o de cuello blanco. De paso comenzó a atender la solicitud que le hizo el propio presidente Santos cuando lo posesionó el primero de agosto: “Necesitamos respuestas, señor fiscal, en casos emblemáticos que generan –con razón– la indignación de la ciudadanía. Casos como los de Saludcoop, Caprecom e InterBolsa siguen estando en la palestra sin que sintamos que los culpables hayan respondido –como deben– frente a aquellos a quienes defraudaron”.

La verdad es que, a pesar de la celeridad y firmeza con que la Fiscalía comenzó este caso hace cuatro años, al imputar a más de 30 involucrados -varios hoy en la cárcel-, en la última etapa el proceso había tomado un rumbo desconcertante.

Las víctimas y la opinión en general sintieron como una gran ofensa que la Fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo concediera un principio de oportunidad a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo y estudiara uno para Rodrigo Jaramillo. El acuerdo entre los dos primeros y el ente acusador tenía que ver con el delito de captación, el cargo más severo que enfrentan. Los dos cerebros de Premium planteaban colaborar con las autoridades a cambio de que les rebajaran la pena, pero también, a juicio de algunos abogados, buscaban librarse del delito de lavado de activos (una consecuencia de la captación), cargo aun más grave.

Por su parte, Rodrigo Jaramillo, quien paga una condena (domiciliaria) de siete años por manipulación de acciones y administración desleal, esperaba un principio de oportunidad para los dos delitos que no aceptó, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir. A cambio del beneficio aportaría información y serviría de testigo de cargo en el proceso.

Para los abogados de las víctimas, el beneficio que buscaban estas tres personas significaba sencillamente la desnaturalización misma del principio de oportunidad, que tiene sentido cuando los mandos medios o bajos de una organización delatan a las cabezas principales, y no al revés, como ocurriría en este caso.

Todo esto, unido a la lentitud de la etapa judicial y las artimañas jurídicas de los abogados defensores para dilatar los procesos, puso a muchos a pensar que este caso iba camino a la impunidad.

Sin embargo, tras la decisión del nuevo fiscal el proceso comienza a tomar otro rumbo. Las razones expuestas por Martínez en las dos resoluciones emitidas el 12 de agosto le devolvieron la esperanza a quienes pensaban que, como siempre, “la justicia es para los de ruana”.

A juicio del fiscal general, la aplicación del principio de oportunidad en este caso no resultaría idónea, necesaria, ni proporcional. Afirma que “la colaboración que hasta la fecha han presentado los aspirantes al beneficio no resulta necesaria ni indispensable para la investigación, porque el ente investigador cuenta con otros elementos materiales probatorios y testimonios de otras personas a quienes ya se les concedió el beneficio”.

Para el jefe del ente acusador, las conductas de los procesados en este caso afectaron gravemente a la sociedad, no solo desde el punto de vista económico, sino también en lo relacionado con la confianza pública en el sistema financiero y bursátil. Y aún más, señala que “su colaboración no se extiende al ofrecimiento de activos que permitan reparar el daño causado a las víctimas”.

Igual contundencia expuso para rechazar la solicitud de Rodrigo Jaramillo. Según el fiscal, el expresidente y fundador de InterBolsa iba a recibir más beneficios de los que la justicia recibiría de su parte. Recuerda que no se puede dejar de lado la calidad que ostentaba el directivo dentro del entramado societario. “Ha quedado en evidencia que desde el inicio intervino en el diseño y ejecución de la estrategia para lograr los objetivos planteados con el engranaje creado”.

En consecuencia, el fiscal ordenó continuar con la acción penal contra estas tres personas, lo que para muchos le da un giro de 180 grados al caso.

Sin cantar victoria, Sergio Rodríguez Azuero, apoderado de las víctimas del Fondo Premium, considera que el proceso ha tomado el rumbo correcto. Igualmente opina el abogado Francisco José Sintura, quien representa al Estado como víctima en este proceso.

Lo que sigue

Una vez cerrado el capítulo del principio de oportunidad, el próximo paso es la audiencia para fijar la condena que deberán cumplir Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, por los cargos que reconocieron, es decir, estafa, manipulación de acciones y concierto para delinquir.

La audiencia está prevista para el 7 de septiembre y las dos cabezas de Premium se exponen a una condena que podría ser de15 años. Sin embargo, como aceptaron cargos, tendrán derecho a una rebaja entre un 33 y un 50 por ciento. Es decir, en la peor de las circunstancias, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo pagarían siete años y medio de cárcel.

Sin principio de oportunidad tendrán que ir a juicio por captación y no reintegro, delitos que de ser probados por la Fiscalía les implicarían una condena mucho mayor. Cabe anotar que hay un antecedente que muestra el rigor con que actuó un juez en este caso. Se trata de la condena a John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados (filial de Premium), quien recibió 25 años por los mismos cinco delitos. Sin embargo, por haber aceptado los cargos, Muñoz logró una rebaja de hasta el 50 por ciento en la condena, es decir, que pagará 13 años. De alguna manera esto también explica el afán que tenían de buscar el principio de oportunidad.

Ahora bien, no basta con que la Fiscalía acelere sus acciones, pues también hay que contar con los jueces. En este sentido, los procesos poco avanzan por la estrategia de los abogados de dilatar las audiencias, como presentar nulidad contra los escritos de acusación, algo considerado insólito.

Por ahora, hay muchos procesos abiertos, tanto en el caso de InterBolsa como del Fondo Premium, y eso comienza a preocupar porque los vencimientos están encima y el tiempo para las prescripciones de los delitos también comienza a correr.

El problema es que se van a completar cuatro años de la caída de InterBolsa, el escándalo financiero más sonado en lo que va del presente siglo, y eso desespera a muchas víctimas que no solo piden que les devuelvan el dinero que invirtieron, sino que el Estado castigue ejemplarmente a los responsables de la debacle.

Precisamente en el tema de la recuperación de los dineros invertidos en el Fondo Premium hay una buena noticia, pues la Superintendencia de Sociedades notificó que en septiembre realizará la audiencia para resolver las objeciones hechas a la valoración del inventario de los bienes embargados a los responsables de esta quiebra. Una vez quede en firme ese valor, se podrá proceder a venderlos o adjudicarlos, lo que en últimas significa que los defraudados están cerca de recuperar al menos algo de su dinero.

En lo penal, no es un secreto que desde que Martínez fue nombrado fiscal por la corte, muchos anticiparon que este caso de InterBolsa daría un vuelco, por tratarse del abogado más experto en temas financieros y de banca de Colombia. No solo se abrió la esperanza de que este descalabro no quede impune, sino también que habrá mano dura contra estos delitos de cuello blanco, que por estos días nuevamente son protagonistas.

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25
08
2016
interbolsa

Rodrigo Jaramillo habla de su principio

Por: Alberto Donadio

Esta carta de Rodrigo Jaramillo Correa fue publicada en El Espectador y El Tiempo:—

Sobre un principio de oportunidad en caso Interbolsa

Me refiero a la noticia ampliamente publicitada sobre la revocatoria del principio de oportunidad que había sido negociado con la Fiscalía. Sobre el particular quisiera hacer algunas precisiones: Desde enero de 2013, por solicitud de mi defensa, fui escuchado en un interrogatorio donde comencé a colaborar de manera efectiva con la Fiscalía. En efecto, durante más de diez veces me reuní con la Fiscalía para aportar información con destino al proceso. Siempre fue y ha sido mi interés que se conozca toda la verdad sobre el caso de Interbolsa.

Dicha colaboración fue estudiada y ponderada por la Fiscalía dando lugar a una propuesta para un principio de oportunidad, la cual acepté a cambio de:

1. Aceptar responsabilidad en dos delitos de los cuatro imputados;

2. Aportar información a la investigación; y

3. Servir de testigo de cargo en el proceso.

El resultado de lo anterior es como sigue: con relación al primer punto, me allané a los delitos de manipulación de acciones y administración desleal, y por estos delitos fui condenado a siete años según consta en fallo confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá.

En el expediente que reposa en la Fiscalía consta la información que he suministrado a lo largo de tres años. No me he reusado a ampliar y/o aclarar la información aportada o a dar nueva información en caso de tenerla.

La obligación de servir de testigo de cargo no se ha cumplido puesto que ésta solo se surte dentro del juicio, y éste no se ha iniciado a la fecha.

En días pasados la Fiscalía revocó la solicitud o intención de la aplicación del principio de oportunidad. Dicho principio nunca se firmó por parte del fiscal y por lo tanto no se legalizó frente a un juez. Fue solo una expectativa en donde lo único que se cumplió fue el allanamiento a cargos con su correspondiente condena.

Rodrigo Jaramillo Correa.

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24
08
2016
interbolsa

A favor de pícaros clientes

Por: Alberto Donadio

Escribe RAJ:—

¿Sabe usted cómo explica la fiscal Ladino que ahora que tenemos nuevo Fiscal sí se puede procesar al Clan Jarapillo por captación ilegal y lavado de activos? Los testimonios de Natalia y Rachid fueron clarísimos sobre cómo funcionaba la cadena de transmisión de dinero entre Premium e Interbolsa. ¿Llegó alguien que sí sabe de crímenes financieros a la Fiscalía o sencillamente es claro que Montealegre y sus compadres estaban felices manipulando el caso a favor de sus pícaros clientes?

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