BLOGS Actualidad

25
01
2015
interbolsa

El fiscal Montealegre e Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Tomado de la columna de María Jimena Duzán en Semana:—————El gran problema del fiscal Montealegre no es solo de forma sino de resultados. Con excepción del escándalo de la DNE, los grandes escándalos de corrupción no han pasado de los titulares.

Otro tanto ha sucedido con el escándalo de InterBolsa y el Fondo Premium. Su presidente terminó con casa por cárcel por cuenta de la manipulación de las acciones de Fabricato, pero no se le vinculó al escándalo del Fondo Premium. Y a los otros protagonistas, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado no se les ha llamado a la audiencia de imputación a pesar de que esta fue anunciada ante las cámaras de televisión por el propio Montealegre en octubre del año pasado.

En cambio, a la excontralora Sandra Morelli, que sí hizo la investigación de Saludcoop y que encontró un desfalco de 1,4 billones de pesos, la Fiscalía, en tiempo récord, la investigó y la imputó acusándola de 11 delitos, de los cuales ya se le cayeron diez ante el juez de garantías. Tan mal estaría armado el caso que un magistrado del Tribunal de Garantías no le dictó medida de aseguramiento a Morelli, con el argumento de que las pruebas suministradas por la Fiscalía no eran suficientemente sólidas. No dudo que la excontralora cometió un error al irse del país, pero si nos atenemos a la forma como se han desencadenado los hechos, cada día que pasa hay más evidencias de que la investigación contra Morelli tiene más visos de retaliación que de corrupción.

Sus pobres resultados tampoco se compadecen con el aumento de presupuesto que tuvo este fiscal por cuenta de la reestructuración de la entidad, la cual le dio un poder burocrático inusitado al crearle 3.000 nuevos puestos. ¿Para que sirvió esa reestructuración si no mejoró su gestión en materia de investigaciones en la Fiscalía?

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24
01
2015
interbolsa

La plata que se interbolsaron

Por: Alberto Donadio

Nieves, el personaje de la caricaturista Consuelo Lago, dice en El Espectador: “¿Y usted todavía está creyendo que le van a devolver la plata que se le interbolsaron?”

http://www.elespectador.com/opinion/caricaturista/nieves/interbolsa-imagen-539839

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21
01
2015
interbolsa

Sancionado Iván Leonardo Acosta Osorio

Por: Alberto Donadio

Iván Leonardo Acosta Osorio fue sancionado por el AMV con multa de $9.660.000 por violar la reserva de información sobre clientes de una comisionista de bolsa. A comienzos de 2012 Acosta renunció a Asesores en Valores, donde trabajó como asistente de registro. Pero antes de renunciar envió de su correo de la comisionista a un correo personal suyo información de contacto de más de 42.000 clientes. No se trató de información sobre las inversiones de los clientes, sino solamente de nombres, teléfonos, direcciones, etc. Ninguno de los clientes de Asesores sufrió perjuicio alguno por esa violación de la reserva, según se desprende del comunicado emitido por la comisionista, que fue la que denunció el hecho al AMV. Acosta adujo ante el AMV que cometió una “imprudencia personal” y que la única información sometida a reserva es la relativa la composición de portafolios y movimientos financieros. Pero el AMV no acogió esa argumentación y ratificó la multa de 15 salarios mínimos.—————-Publicamos a continuación el comunicado de Asesores en Valores y posteriormente el del AMV y la resolución del AMV. Este es el comunicado de Asesores en Valores:————Bogotá, enero 19 de 2015. Asesores en Valores informa que, de acuerdo con la Resolución 25 del 15 de diciembre de 2014 emitida por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), las acciones por las cuales el señor Iván Leonardo Acosta Osorio es sancionado en su condición de persona natural, no corresponden a la labor que la firma desempeña desde hace 30 años en el mercado financiero colombiano. En esa medida, y teniendo en cuenta la comunicación emitida por el ente regulador el 16 de enero de 2015, la comisionista de bolsa se permite dar claridad sobre los siguientes puntos:
El señor Iván Leonardo Acosta Osorio trabajó por cuatro años consecutivos como asistente de registro para la firma comisionista Asesores en Valores.
El 13 de febrero de 2012 el señor Acosta Osorio presentó su renuncia formal a la compañía, la cual fue aceptada el día 14 de febrero del mismo año.
Una vez el exfuncionario se retiró de la firma comisionista, Asesores en Valores realizó una revisión de los archivos enviados desde el correo electrónico del señor Iván Leonardo Acosta Osorio, dentro de los cuales se encontró el envío de una base de datos de contactos de la compañía el día 31 de enero de 2012.
Teniendo en cuenta este hallazgo y regido por las normas de privacidad y confidencialidad de la información de la compañía, Asesores en Valores realizó la denuncia correspondiente ante el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) el día 16 de abril de 2012, sobre lo cual el ente disciplinario inició el proceso de investigación correspondiente.
El 24 de julio de 2012, la AMV informó a Asesores en Valores que el ente regulador adelantó una investigación preliminar sobre la cual recomendó que el área de Asuntos Legales y Disciplinarios iniciara un proceso disciplinario formal. Así mismo, frente a este particular, la AMV informó que dentro de la indagación adelantada por los hechos expuestos en la denuncia realizada por Asesores en Valores, no se encontraron pruebas que indicaran que la información sustraída por el señor Acosta Osorio fuera usada en provecho personal o de terceros.
El 25 de noviembre de 2013, la investigación adelantada resolvió que la sustracción de la información por parte del señor Iván Leonardo Acosta Osorio, estuvo por fuera de las normas establecidas en el manejo de información confidencial ya que dejó de estar en manos del tenedor legítimo, en ese caso Asesores en Valores, y por lo tanto se violó la normatividad establecida para el manejo de dicha información.
Esta decisión es ratificada por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de la AMV el día 15 de diciembre, como respuesta al recurso de apelación realizado por el señor Iván Leonardo Acosta Osorio.
Es importante aclarar que la situación descrita anteriormente no ha tenido ninguna afectación para los clientes de la firma comisionista y que la información sustraída por el ex funcionario de Asesores en Valores no contenía datos financieros que pusieran en riesgo la confidencialidad y rectitud con la que la firma se ha desempeñado por más de tres décadas.
No obstante, teniendo en cuenta que este tipo de accionar va en contravía de las disposiciones de la Ley y de las políticas internas de Asesores en Valores, se han tomado las medidas correspondientes para dar seguimiento a esta situación y así mantener los altos estándares y estrictos controles en la administración de la información de los inversionistas de la firma.
Desde el inicio de la investigación, Asesores en Valores ha estado presta a colaborar y brindar toda la información correspondiente al ente regulador con el fin de que se dictaminen las medidas correspondientes para evitar que este tipo de actuaciones se repitan o tengan algún efecto negativo para los clientes de la compañía. ———————-El comunicado del AMV señala:————-
La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, mediante Resolución 25 de 15 de diciembre de 2014, impuso la sanción de multa de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Iván Leonardo Acosta Osorio, en su condición de persona natural vinculada a la sociedad comisionista de bolsa Asesores en Valores S.A., para el momento de ocurrencia de los hechos, por cuanto encontró demostrado que desconoció el deber de guardar reserva sobre información confidencial perteneciente a un grupo de clientes de la mencionada firma comisionista.

A juicio del Tribunal, el intermediario del mercado de valores y las personas naturales vinculadas a él no pueden revelar o exponer los datos de los cuales son depositarios por una relación de confianza con su clientela, salvo cuando los soliciten las autoridades competentes, previa observancia de las formalidades legales. La adecuada guarda de la información que recibe el profesional del mercado de valores está orientada a hacer efectivo el derecho a la intimidad, a la confidencialidad, el respeto a la individualidad de los clientes, que son, a su vez, pieza clave en la construcción de la confianza de los inversionistas en el esquema de intermediación, particularmente en aquellos quienes profesionalmente lo operan.

Dicho intermediario, como depositario y guardián de la información en virtud de la relación contractual con su cliente, debe entonces manejarla y protegerla con los más altos estándares y estrictos controles, con el fin de que los datos sólo se usen para los fines propios y requeridos para la recta ejecución de la relación negocial con los inversionistas. La guarda implica, pues, una conducta prudente y diligente en el manejo, transmisión y conservación de los datos, la vigilancia, protección y administración de la información confiada al profesional, so pena de comprometer en manera sensible la antedicha confianza del cliente en el sistema.

Finalmente, concluyó la Sala de Revisión que la conducta de incumplimiento del deber de guardar reserva es de mero peligro, no de resultado, y que se configura con la extracción de los datos, sin contar con la autorización de la sociedad comisionista, ni de sus titulares, al margen de si se usaron o no, o de si de ellos se derivó provecho para el autor.—————————————————————————————–La resolución del AMV dice: AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV -

TRIBUNAL DISCIPLINARIO

SALA DE REVISIÓN

RESOLUCIÓN No. 25

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014)

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2012-257

INVESTIGADO: IVÁN LEONARDO ACOSTA OSORIO

RESOLUCIÓN: SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus atribuciones

legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión tomada en la sesión de 10 de

diciembre de 2014, adoptada para resolver el recurso de apelación interpuesto por

Iván Leonardo Acosta Osorio contra la Resolución No. 46 del 25 de noviembre de 2013,

expedida en primera instancia por la Sala de Decisión No. “12” del Tribunal Disciplinario

de AMV, en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 18 de septiembre de 2012 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios de

AMV, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su Reglamento,

solicitó explicaciones personales1 a Iván Leonardo Acosta Osorio, en su condición de

funcionario de AAAA., (en adelante AAAA) para la época de ocurrencia de los

hechos investigados2

, ante el posible incumplimiento de los deberes consagrados en

los artículos 36.1 y 36.6 de Reglamento de AMV, literal b) del artículo 2.9.20.1.1 del

Decreto 2555 de 2010, y 5.1.3.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de

Colombia.

2. El inculpado presentó en término las explicaciones requeridas, mediante escrito

del 2 de octubre de 20123

, las que, una vez evaluadas, no fueron aceptadas por AMV.

3. El 22 de noviembre de 2012 el Instructor elevó pliego de cargos contra el

investigado4

, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV.

AMV estableció en dicho escrito de imputación que el investigado, en su calidad de

asistente de registro de la firma AAAA, “desconoció el deber de guardar reserva al

manejar por fuera de los parámetros establecidos una información de carácter

confidencial. Adicionalmente, el investigado faltó al deber de lealtad para con la

sociedad comisionista”

1 Folios 000002 a 000011 de la carpeta de actuaciones finales.

2 Cargo que desempeñó entre el 10 de julio de 2008 y el 12 de febrero de 2012 según consta en el folio 00023 de la

carpeta de pruebas.

3 Folios 000015 a 000024 de la carpeta de actuaciones finales.

4 Folios 000195 a 000237 de la carpeta de actuaciones finales.Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 25 de 15 diciembre de 2014

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A juicio de AMV, el inculpado extrajo información confidencial de AAAA, toda vez que

el 31 de enero de 2012 envió desde su cuenta de correo institucional

[email protected] a su cuenta de correo personal [email protected], un correo

electrónico cuyo asunto se denominaba “PRUEBA”.

El mensaje electrónico mencionado contenía un archivo adjunto, titulado “PRUEBA xls”

en el cual reposaba la información de identificación y contacto de 42.571 clientes de

AAAA. La base de datos contenía, en esencia, la siguiente información: i) ID del cliente

dentro de la firma, ii) nombre, iii) dirección de correspondencia, iv) número de

documento identificación, v) ciudad de residencia, vi) teléfono de contacto y, vii)

correo electrónico.

3.1 El Instructor señaló que el disciplinado envió la base de datos de AAAA a su

correo electrónico, cuando estaba en la etapa final de un proceso de selección para

ingresar a otra firma comisionista. El señor Acosta Osorio presentó renuncia al cargo

que desempeñaba en AAAA el día 14 de febrero de 2012 y, concluido el proceso de

selección, el 16 de febrero del mismo año inició labores en la otra firma comisionista.

3.2 A juicio de AMV, el disciplinado generó un archivo consolidado con la

información “extraída”, a la cual tuvo acceso por su calidad de funcionario de AAAA.

Según el Instructor, dicha información era de carácter confidencial y se encontraba

sujeta a reserva.

4. El 6 de diciembre de 2012 el inculpado se pronunció sobre los cargos

formulados5

.

4.1. Alegó que haber enviado el archivo fue una “imprudencia personal ajena sin

intención o interés particular alguno”.

4.2. Adujo que la información que recibió de su correo institucional a su correo

personal, apenas contenía información de contacto de los clientes; por lo tanto, dijo,

no tenía el carácter de confidencial, ni tampoco estaba sujeta a reserva. Argumentó

que la única información reservada y confidencial, era la relacionada con “la

composición de los portafolios, movimientos financieros, cuentas bancarias, saldos, o

aquella que revelara la actividad del cliente dentro de la Firma”, características que

no tenía la información extraída.

4.3. El disciplinado indicó que tampoco existió divulgación de la información, pues

ésta no trascendió al ámbito externo, y que, menos aún, no se utilizó en beneficio

personal o de terceros.

4.4 Censuró el hecho de que, con posterioridad al comportamiento cuestionado,

AAAA hubiera certificado que el manejo de la información confidencial estaba

consagrado en el numeral 4.2 del Código de Conducta y en la cláusula quinta del

contrato laboral que suscribió con la firma.

4.5 Manifestó que el contrato laboral que celebró con AAAA no incluía una

cláusula expresa de confidencialidad, ni de reserva. Expresó que la firma nunca indicó

a sus funcionarios qué tipo de información revestía el carácter de confidencial.

5. La Sala de Decisión No. “12” del Tribunal Disciplinario le puso fin a la primera

instancia a través de la Resolución No. 46 del 25 de noviembre de 2013.

La Resolución se refirió, en síntesis, a los siguientes aspectos de fondo:

5 Folios 000040 a 000048 del cuaderno de actuaciones finales.Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 25 de 15 diciembre de 2014

Página 3 de 8

5.1. Comenzó por manifestar que la información extraída por el investigado tenía el

carácter de reservada por cuanto i) fue obtenida por AAAA en desarrollo de su

actividad como sociedad comisionista frente a sus clientes, ii) los datos que reposaban

en la base de la firma comisionista no estaban a disposición del público, y iii) los clientes

no estaban en el deber de relevarla a terceros. En consecuencia, el inculpado tenía la

obligación de guardar reserva en su manejo y procesamiento en general.

De igual forma, la Sala no consideró de recibo el argumento de la defensa según el

cual la inexistencia de una cláusula en su contrato de trabajo que le indicara cuál

información era confidencial impedía la configuración de la conducta.

5.2. Indicó que para la trasgresión de las normas que AMV consideró vulneradas no

era necesario el uso o la divulgación de la información. La obligación que tenía la

sociedad comisionista y las personas naturales vinculadas a ella era proteger los datos

con los más altos estándares, con el fin de que éstos se usaran para los exclusivos

propósitos requeridos en la relación negocial entre el intermediario y el cliente.

5.3. Hizo énfasis en que la mera extracción de la información de carácter

confidencial de la sociedad comisionista puso en peligro su contenido, puesto que

dejó de estar bajo la custodia de su tenedor legítimo y bajo los controles que este

hubiera dispuesto para el efecto.

5.4. Por último, y para efectos de dosificación de la sanción, el a quo apreció que la

conducta desplegada por el señor Acosta Osorio no derivó en provecho para él o

para un tercero y planteó que el efecto generado no fue material.

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión decidió imponer al investigado la sanción

de multa de QUINCE salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 SMLMV).

6. El 11 de diciembre de 2013, el investigado interpuso recurso de apelación

contra dicha decisión6

, cuyo traslado se efectuó de conformidad con el Reglamento

de AMV7

.

El investigado solicitó a la Sala de Revisión revocar la multa impuesta, y en su lugar,

absolverlo de los cargos imputados por AMV, toda vez que, dijo, a pesar de que su

proceder fue imprudente, no generó ningún daño y tampoco obtuvo un beneficio

para sí o para un tercero.

A su juicio, la sanción impuesta por la Sala de Decisión fue desproporcionada pues, en

su sentir, no se afectó ningún bien jurídico tutelado por el mercado de valores.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE REVISIÓN

1. COMPETENCIA

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 98 del Reglamento de

AMV, es función de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario resolver los recursos de

apelación interpuestos oportunamente contra las decisiones de primera instancia, de

donde surge su competencia de este juzgador para pronunciarse sobre los

planteamientos de la impugnación que formuló el inculpado.

6 Folios 000067 a 000069 de la carpeta de actuaciones finales.

7 El pronunciamiento de AMV obra a folios 000070 a 000072 de la misma carpeta en mención.Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 25 de 15 diciembre de 2014

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2. PLANTEAMIENTOS DE FONDO

2.1 El recurso de apelación no atacó las bases fundamentales del juicio de

responsabilidad formulado en primera instancia. Carácter dispositivo de dicho recurso.

De la lectura del recurso de apelación formulado surge evidente la ausencia de

reproche contra el fundamento central de la resolución recurrida, que es al mismo

tiempo el eje de toda la actuación disciplinaria: la extracción de la información que la

Sala de Decisión juzgó confidencial, proveniente de 42.571 clientes de la firma

comisionista AAAA, y su posterior envío a la cuenta de correo personal del investigado.

La censura se concreta, en efecto, a reprochar la proporcionalidad de la sanción, a

calificar la conducta como una mera “imprudencia”, a resaltar su supuesta inocuidad,

falta de consumación por el no uso de la información y carencia de materialidad,

aspectos todos éstos por demás ya formulados en el debate de primera instancia, y

como tal plenamente discernidos, evaluados y explícitamente abordados en la

resolución recurrida.

El apelante enfocó su estrategia no en desvirtuar la existencia y prueba de la

conducta, sino en aminorar su impacto, cuestionando por esa vía la proporcionalidad

de la sanción, a la que califica como “elevada”.

En el orden de ideas expuesto, a juicio de esta Sala de Revisión, atendiendo al carácter

dispositivo del recurso de apelación, debería estar de más cualquier consideración

adicional a las planteadas por el a quo en relación con la responsabilidad disciplinaria

que le asiste al investigado por las conductas reprochadas. Por el contenido del

recurso no está entonces, en esta instancia, en discusión si la conducta, expresada

como viene de indicarse, existió o no. Ese ya es un aspecto probado en el expediente,

no controvertido por el recurrente y, como tal, en firme.

Sobre el marco de actividad del operador de segunda instancia, es ilustrativo el

siguiente apartado de la jurisprudencia del Consejo de Estado8

:

“(…)Resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de

competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se

aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera

instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el

recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso

de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el

principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que las

pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la

competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus

derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:

tantum devolutum quantum appellatum”.

Es dable concluir, consecuentemente, que la ausencia material de censura contra las

bases fácticas, probatorias y jurídicas que sustentaron la teoría del caso y que la Sala

de Decisión del Tribunal encontró acreditadas, debe dejar incólume la providencia

recurrida.

Ahora bien, en cuanto corresponde con la aparente desproporción de la sanción

recurrida, valga empezar por decir que el principio de proporcionalidad en la

actuación disciplinaria de AMV se determina mediante un juicio valorativo y de

ponderación de las distintas circunstancias evidenciadas, en este caso por la Sala de

primera instancia, atendiendo las condiciones de tiempo modo y lugar que rodearon

8

Sentencia del 11 de agosto de 2010, Sección Tercera, C.P Doctor Mauricio Fajardo Gómez

(Expediente 1996-02533-01)Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 25 de 15 diciembre de 2014

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la conducta infractora.

Para esta Sala de Revisión la altura de la sanción producida por el a quo está

suficientemente explicada en la providencia apelada y a ella es propicio estarse, a no

ser que fuera evidente, y no lo es, que su dosificación deviene desequilibrada,

incongruente o irracional, frente a las evidencias que el expediente devela.

En relación con la dosificación de las sanciones, la doctrina ha establecido que “la

determinación de la pena es una actividad propia y autónoma del juez que conoce

la causa, por medio de la cual efectúa en la sentencia la asociación entre los hechos

plenamente demostrados y calificados en el proceso (…) con las normas (…)

aplicables al hecho punible”

9

.

Valga también a esta altura la reflexión de la doctrina en el siguiente sentido: “la

sanción es el producto logrado de una actividad sometida a diversos controles

enmarcados dentro de los linderos propios de la razón, llamada a eliminar de este

ámbito elementos irracionales e impredecibles y a tornar el proceso de

individualización de la pena en una elaboración intelectual altamente controlable,

predecible y debatible”. La proporcionalidad y la razonabilidad de una decisión

como la recurrida tienen como antítesis la arbitrariedad10

.

Y lo cierto es, sin embargo, como pasa a explicarse, que esta Sala de Revisión no

encuentra ningún elemento que sugiera un ejercicio arbitrario o desmedido en la

sanción impuesta; por el contrario, y aunque no puede dejar de reconocer que su

ámbito de acción en segunda instancia está acotado por las garantías del principio de

la no reformatio in pejus (pues el investigado fungió como apelante único), advierte

que la conducta reprochada, y la forma como ella se concretó en esta actuación

disciplinaria en particular, rebasan de lejos el escenario de la mera “imprudencia”

varias veces referida por el señor Acosta, para ubicarse en terrenos inherentemente

más sensibles para la ortodoxia misma del mercado y para la indemnidad de los

presupuestos mínimos de su funcionamiento, entre ellos el de la confianza del público

en el esquema, que suele ser función, entre otros importantes elementos, de la

seguridad, la prudencia, el profesionalismo, el rigor y celo con que sean manejados los

datos e información que los usuarios entregan a los operadores del mercado, más aún

cuando ella está revestida del carácter de confidencial, como fue concluido en la

decisión de primera instancia.

En efecto, y con todo y que, según viene de indicarse, el recurso de apelación

formulado no tiene el alcance formal y material de enervar los fundamentos de la

resolución de primera instancia, la Sala encuentra importante formular a continuación

una necesaria digresión sobre la relevancia y materialidad de la conducta advertida

en esta actuación disciplinaria y su impacto en la conservación de los intereses jurídicos

tutelados en el mercado de valores, en particular el de la confianza del público

inversionista.

2.2. La conducta del señor Acosta desconoció, en materia grave, el deber de guardar

reserva sobre información confidencial perteneciente a una cantidad muy significativa

de clientes. La garantía de ese deber, que tiene que ver además con el deber de

secreto profesional a cargo del intermediario, adquiere mayor relevancia en su función

9 Posada Maya y Hernández Beltrán, citados en el documento “Principio de proporcionalidad y Derechos

Fundamentales en la determinación judicial de la pena”- Plan de formación de la Rama Judicial- Escuela

Judicial Rodrigo Lara Bonilla- Consejo Superior de la Judicatura, 2010.

10 VELÁSQUEZ, Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Temis. 2004. P. 501.Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 25 de 15 diciembre de 2014

Página 6 de 8

de protección instrumental de otros derechos, principalmente del derecho a la

intimidad de los clientes.

El intermediario del mercado de valores y las personas naturales vinculadas a él no

pueden revelar o, como aquí sucedió, exponer los datos de que son depositarios por

una relación de confianza con su clientela, salvo cuando los soliciten las autoridades

competentes, previa observancia de las formalidades legales. La adecuada guarda

de la información que recibe el profesional está orientada a hacer efectivo el derecho

a la intimidad, a la confidencialidad, el respeto a la individualidad de los clientes, que

son, a su vez, pieza clave en la construcción de la confianza de los inversionistas en el

esquema de intermediación, particularmente en aquellos quienes profesionalmente lo

operan.

Dicho intermediario, como depositario y guardián de la información en virtud de la

relación contractual con su cliente, debe entonces manejarla y protegerla con los más

altos estándares y estrictos controles, con el fin de que los datos sólo se usen para los

fines propios y requeridos para la recta ejecución de la relación negocial con los

inversionistas. La guarda implica, pues, una conducta prudente y diligente en el

manejo, transmisión y conservación de los datos, la vigilancia, protección y

administración de la información confiada al profesional, so pena de comprometer en

manera sensible la antedicha confianza del cliente en el sistema

La Corte Constitucional, en Sentencia C-538 de 199711, expresó sobre el particular lo

siguiente: “(…) El secreto profesional impone a los profesionales que a consecuencia

de su actividad se tornan depositarios de la confianza de las personas que descubren

o dejan entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada, destinados a

mantenerse ocultos a los demás, el deber de conservar el sigilo o reserva sobre los

mismos. (…) Adicionalmente, desde el ángulo del profesional, puede afirmarse que

existe un derecho-deber a conservar el sigilo, puesto que de lo contrario, de verse

compelido a revelar lo que conoce, irremisiblemente perderá la confianza de sus

clientes, su prestigio y su fuente de sustento. (…) La inviolabilidad del secreto

profesional, presupone la previa delimitación de la intimidad del sujeto cuyos datos y

hechos constituyen su objeto”. Como se observa, la obligación de reserva tiene un

carácter amplio y general respecto de toda la información que los clientes entregan y

confían a las sociedades comisionistas, quienes por tanto de manera excepcional y

únicamente a las autoridades facultadas para ello, pueden suministrar tal información”.

Sobre la relación entre el derecho a la intimidad y el secreto profesional, la misma

Corte expresó, en sentencia C-264 de 199612

, las siguientes consideraciones:

“En el ámbito de la relación profesional, depositado el secreto o conocida la

información o el dato por parte del profesional, el sujeto concernido adquiere el

derecho a que se mantenga el sigilo y este derecho es oponible tanto frente al

profesional como frente a las personas que conforman la audiencia excluida.

Correlativamente, el profesional tiene frente al titular del dato o información

confidencial, el deber de preservar el secreto. Como una proyección del derecho del

titular del dato o información, al igual que como una concreción particular del interés

objetivo y legítimo de una profesión en auspiciar un clima de confianza en las personas

que constituyen el círculo de los usuarios de los servicios que dispensa, el profesional, a

su turno, tiene el derecho de abstenerse de revelar las informaciones y datos que

ingresan en el reducto de la discreción y la reserva.

El derecho y el correlativo deber que se derivan de la prohibición de revelar el secreto

profesional, tienen carácter formal en cuanto que, en principio, son indiferentes

11 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz

12 M.P Eduardo Cifuentes MuñozTribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 25 de 15 diciembre de 2014

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respecto de su contenido concreto. En realidad, lo comprendido por el secreto no es

tan significativo desde el punto de vista jurídico como la necesidad de que

permanezca oculto para los demás. Aquí se revela una faceta peculiar del secreto

profesional y que consiste en servir de garantía funcional a otros derechos

fundamentales, entre los que se destaca el derecho a la intimidad, a la honra, al buen

nombre, a la información, a la libertad etc.

En este sentido, el secreto profesional, garantizado por la Constitución, asegura la

espontaneidad y el ejercicio concreto de la libertad íntima que compromete la parte

más centrípeta del yo individual, lo que se traduce en sancionar las revelaciones

externas que frustran las experiencias puramente subjetivas que, por ser tales, deben

permanecer ocultas.” (Negrillas fuera del texto original)

Finalmente, sobre el mismo particular, nuevamente, la Corte Constitucional, esta vez en

Sentencia T- 440 de 200313, expresó lo siguiente:

“La razón por la cual la entidad bancaria entra en contacto con información personal

de sus usuarios y el deber mismo de proteger dichos datos, están estrechamente

ligados con su condición de profesional de las actividades bancarias. Por ello, desde el

punto de vista conceptual, la reserva bancaria es en Colombia una especie del

secreto profesional, y la protección de los datos en manos del banquero encuentra

como una de sus fuentes constitucionales al artículo 74 de la Carta.

Por su parte, el secreto bancario cumple funciones esenciales en la realización de

intereses públicos en el ámbito económico. La confianza en el sistema bancario y

financiero, uno de los pilares no solo de su funcionamiento sino de su existencia misma,

depende en gran medida de la seguridad con que sean manejados los datos

proporcionados por los usuarios. Los agentes económicos se verían desincentivados a

adelantar transacciones por medio de los sistemas financiero y bancario si la reserva

mencionada no fuere respetada de forma debida”.

Para esta Sala de Revisión, es claro que, en materia de intermediación de valores, la

información relativa a los clientes es confidencial; igualmente, desde la perspectiva

comercial, por la construcción y esencia misma del esquema, la base de los clientes es

parte fundamental de los activos del negocio. No es pues un asunto de poca

importancia y trascendencia que un operador del mercado de valores, con

responsabilidades operativas en una firma comisionista, tome un repositorio de

información de 42.571 clientes y, sin que ello tuviera nada que ver con sus funciones, lo

extraiga de la esfera de control de la firma para la cual trabajaba y lo envíe a una

cuenta personal de correo electrónico, en una coyuntura en que, por demás, se

enfrentaba a un inminente cambio de trabajo, en el que desarrollaría funciones de

naturaleza comercial.

Por esas mismas razones, tampoco puede compartir esta Sala que tan inapropiado

comportamiento se justifique en una simple “imprudencia”, como ha sido puesto de

presente por el ahora apelante. Es inadmisible tal tipo de calificativo por parte de un

profesional del mercado de valores, y menos aún que, ante la realidad de los hechos,

ampliamente probada en el proceso, lo utilice como un argumento exculpatorio de

responsabilidad y, no conforme con ello, lo combine con otro menos verosímil aún: el

de la supuesta falta de materialidad y falta de concreción de la conducta, por cuenta

i) de no haberla usado, o ii) de haber impedido la concreción de sus efectos (de lo

que no hay prueba).

Queda claro en el relato de esta providencia (como de la fundamentación de la

13 M.P Manuel José Cepeda EspinosaTribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 25 de 15 diciembre de 2014

Página 8 de 8

ahora apelada), que la conducta reprochada es de mero peligro, no de resultado, y

que se configura con la extracción de los datos personales, sin contar con la

autorización de la sociedad comisionista, ni de sus titulares, al margen de si se usó o no,

o de si derivó en provecho para el autor.

Está claro también que, ante las evidentes intersecciones y complementariedades que

tiene la conducta con el cumplimiento del deber de reserva del profesional del

mercado de valores, que a su vez es tributario del derecho a la intimidad y presupuesto

necesario para el tejido de las relaciones de confianza que debieran prodigar el

inversionista al operador profesional de sus recursos, la falta dista de ser intrascendente

o escasamente material y, por el contrario, adquiere dimensiones significativas

precisamente por la mella que generó a esas relaciones de confianza de los

inversionistas, tanto frente al investigado mismo, como frente a la firma comisionista, y

claro, frente al mercado que también se resiente con ese tipo de comportamientos

desviados.

Pese a ese convencimiento, la Sala reitera, sin embargo, que es plenamente

respetuosa de las exigencias y limitaciones propias de las garantías del proceso y no

reforma la decisión en perjuicio del investigado.

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMV, integrada por los doctores

Roberto Pinilla Sepúlveda, su Presidente; Fernán Bejarano Arias y Guillermo Alberto

García Cadena, previa deliberación que consta en el Acta número 161 del 10 de

diciembre de 2014, respectivamente, del Libro de Actas de la Sala de Revisión, por

unanimidad,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR los artículos primero y cuarto de la Resolución No. 46

de 25 de noviembre de 2013, emitida por la Sala de Decisión No. 12.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución no

procede recurso alguno.

ARTÍCULO TERCERO: En cumplimiento de lo establecido por los artículos 29 de la Ley 964

de 2005 y 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, INFÓRMESE a la Superintendencia

Financiera de Colombia la decisión aquí adoptada, una vez ésta se encuentre en

firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBERTO PINILLA SEPÚLVEDA YESID BENJUMEA BETANCUR

PRESIDENTE SECRETARIO

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20
01
2015
interbolsa

¿Don Víctor en Key Biscayne?

Por: Alberto Donadio

Escribe GFL:————POR aqui en KEY BISCAYNE, se ha visto a DON VICTOR MALDONADO, paseándose tranquilo.
La fiscalía le dio todo el tiempo del mundo!!————–COMENTARIO: No puede ser, imposible, si él presentó una tutela para que se le amparara el mínimo vital y su derecho al trabajo. Debe ser alguien que tiene un parecido físico. El verdadero don Víctor Maldonado está como la pobre viejecita sin nadita que comer.

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20
01
2015
interbolsa

Aclaraciones de Global sobre Credit y Factoring

Por: Alberto Donadio

Escribe BF:———–Estimado Alberto:

¿No sería apenas normal que a raíz del último e ínfimo reembolso de la Cartera Credit, Global Securities sacara siquiera un comunicado informando en qué van las cosas y a qué corresponde este recaudo? ¿Podrán mandarnos a los inversionistas un mail? ¿Un extracto? La falta de comunicación de estos señores con los inversionistas causa estupor, como si no tuvieran un mandato nuestro y legal para recuperar la cartera.

Gracias———-

——-COMENTARIO: Sobre los puntos que usted plantea se pronunció Natalia Sánchez H., gerente de comunicaciones de Global:——–”Lastimosamente algunos inversionistas no tienen sus datos actualizados en la base que recibimos del anterior administrador, razón por la cual no reciben nuestros reportes, comunicados y extractos. Les rogamos a todos que se comuniquen con nosotros al correo [email protected] para permitirnos actualizar sus direcciones electrónicas, caso tal que aún no hayan recibido nuestros mensajes por ese medio. También pueden llamarnos a los teléfonos: Bogotá: 3138200 Opción 2, Medellín 4447010 Opción 2.

Mensualmente estamos compartiendo un reporte actualizado donde se relacionan los pagadores que están al día, los recaudos del período y el estado de las gestiones con los deudores con mayor cantidad de moras. Generamos reportes independientes para la cartera Credit y para la cartera Factoring. También publicamos información de interés en el portal www.globalcdb.com/credityfactoring elaborado exclusivamente para las personas con inversiones en estas carteras.
Adicionalmente, cada 3 meses compartimos extractos vía email con todos los inversionistas.

En las próximas 2 semanas todos los inversionistas recibirán el reporte concerniente al cierre de este mes (el de Enero 2015 incluye también las gestiones realizadas en Diciembre de 2014). Yo misma compartiré con Usted dichos reportes tan pronto estén publicados para que pueda compartirlos en el blog o enviarlos a inversionistas interesados.”

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19
01
2015
interbolsa

La audiencia de los capos

Por: Alberto Donadio

Escribe BRD:——Buenas noches Doctor Alberto.

1. Si la justicia colombiana no vuelve a jugarnos una mala pasada, a finales de Febrero se dará la audiencia de los capos del Fondo Premium, yo como víctima invito a las demás víctimas a:

Acudir masivamente a la audiencia de imputación de cargos que se celebrará en la sede de Paloquemao en la ciudad de Bogotá, obviamente no todos estamos en la capital, pero sé que hay muchas víctimas allá y otros podrán viajar. Cuál es el fin, poder hacer presencia y presionar al Juez y obviamente a los victimarios.

No podemos mostrar debilidad en ningún momento y como seguramente este post lo leerá el papá alcahueta de Rodrigo Jaramillo, le digo que no descansaré hasta ver a su hijo y sus amiguitos en la cárcel rodeados de los peores criminales del país y saludos allá en su finquita sabrosa en Llanogrande construida con nuestros dineros.

2. Al parecer la delegada por la superintendencia para el tema del Fondo Premium está un poco encartada con el tema. Superintendente no borre con el codo lo que el Dr. Revollo hizo con tan meritorio trabajo, necesitamos que el Dr. Revollo comience la liquidación y que las víctimas comiencen a recibir su dinero.

3. A manera de pregunta para quién pueda responderla: Nosotros como víctimas comenzamos una acción de grupo para recuperar los dineros mediante una demanda al Estado. ¿Cabe la posibilidad de iniciar una nueva demanda para obtener un resarcimiento o indemnización por todos los daños morales que han causado en todas las víctimas por el descuido del gobierno ante la vigilancia de Interbolsa?

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18
01
2015
interbolsa

¿Pagarán en Interbolsa?

Por: Alberto Donadio

Tomado de Semana:—————-¿Cuándo le pagarán a las víctimas de InterBolsa?
Dos años después de la caída de InterBolsa, las víctimas siguen esperando su dinero. En materia penal se reanudaron los procesos contra los culpables. Así va este caso.
Los expresidentes, de la comisionista InterBolsa, Álvaro Tirado, y de la SAI, Mauricio Infante, camino a los juzgados de Paloquemao en Bogotá en el inicio del juicio por su responsabilidad en este caso.

Uno de los procesos más afectados por el paro judicial que duró tres meses fue el relacionado con el descalabro de InterBolsa. Las audiencias para nuevas imputaciones de cargos contra los culpables y los juicios pendientes a varios de los implicados en esta debacle –algunos ya con medida de aseguramiento- sufrieron retrasos.

Ya van más de dos años de la intervención y liquidación de la comisionista, y muchos se preguntan qué ha pasado con los responsables de este escándalo y con la devolución de los dineros a quienes depositaron su confianza en esta empresa.

En la etapa penal, que busca castigar a los autores, se espera que con la normalización de las actividades de la Rama Judicial se reanuden los diferentes procesos en que se ha dividido el caso. La semana pasada arrancó el juicio al primer grupo de implicados, a quienes la Fiscalía les imputó cuatro cargos: administración desleal, manipulación fraudulenta de especie, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.

En este se encuentran los presidentes del Grupo InterBolsa, Rodrigo Jaramillo; de la firma comisionista, Alvaro Tirado y de la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) Mauricio Infante. También el inversionista italiano Alessandro Corridori y un número más de exdirectivos de las áreas de riesgos y comercial de InterBolsa.

En la audiencia realizada el pasado jueves, el juez acreditó a un grupo de víctimas (personas y empresas) que reclaman unos 300.000 millones de pesos, principalmente invertidos en ‘repos’ de acciones de Fabricato y prestados directamente a la firma comisionista.

Mientras avanza este juicio, que básicamente tiene que ver con la manipulación de las acciones de la textilera, episodio que fue clave en la quiebra de InterBolsa, se sabe que la Fiscalía también alista la imputación de cargos contra los responsables de la pérdida del dinero depositado en el Fondo Premium. De este grupo hacen parte Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, considerados las tres grandes cabezas.

Muchos de los implicados ya han recibido otros castigos. A varios, la Superintendencia de Sociedades les decretó la inhabilidad comercial, y la Financiera -a algunos- los multó y les prohibió operar en el mercado financiero.

No menos importante que el castigo es recuperar los dineros. Esa labor para resarcir a los afectados está en manos de la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de intervenir y liquidar las sociedades ligadas a InterBolsa.

En este proceso, acaba de terminar el inventario y avalúo de bienes de las empresas relacionadas con Premium, donde se generó la mayor pérdida del caso InterBolsa. Se estiman en unos 320.000 millones de pesos que reclaman 1.048 personas reconocidas

en la etapa de reclamaciones.

Esta valoración preliminar realizada por el agente interventor, Alejandro Revollo, ascendió a unos 500.000 millones de pesos, de los cuales, el 55 por ciento corresponde a cartera de Premium y el 35 por ciento restante a bienes muebles e inmuebles.

En los próximos días la Supersociedades deberá decidir si liquida dichos bienes o continúa con un proceso de administración de los mismos. Se cree que la entidad hará lo primero.

Aunque aparentemente habría recursos suficientes para devolver, no hay que hacer cuentas alegres. De antemano se sabe que, de la cartera, poco es recuperable y en la venta del resto de bienes no siempre se consigue el máximo valor. En un estimativo muy preliminar se calcula que de Premium se recuperarían entre 170.000 y 200.000 millones de pesos. El proceso de liquidación podría tardar unos 18 meses, pero a medida que vaya entrando dinero a la caja se iría haciendo pagos a las víctimas.

Quienes sí podrían ver más cerca la devolución de su dinero son los 360 inversionistas de los llamados bonos de Luxemburgo, quienes tienen embolatados unos 90.000 millones de pesos. En las próximas semanas la Superintendencia comenzaría la devolución. A estas personas se les pagaría en especie, la mayor parte. Esto es, con derechos fiduciarios o acciones de Easyfly, Fabricato o Coltejer.

Lo cierto es que, como pintan las cosas, la plata no alcanzará para responder por todo el dinero perdido en InterBolsa. Un factor clave para saber cuánto recuperarán los inversionistas será el precio de la acción de Fabricato, donde hay buena parte del dinero. Pero esto dependerá de la marcha de la textilera, algo que, por ahora, es incierto. Al final del día esta será una debacle que dejará a más de uno con las manos vacías. Algunos estiman la pérdida entre 600.000 y 800.000 millones de pesos.

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14
01
2015
interbolsa

¿Madrugó la doctora Ladino?

Por: Alberto Donadio

Escribe ACG:——-Buenas Tardes Dr. Alberto.

Mi mensaje va para la Doctora Ladino, espero que hoy haya madrugado a Paloquemao a pedir la nueva audiencia. Eso espero…

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14
01
2015
interbolsa

Una élite que se creía demasiado grande para caer

Por: Alberto Donadio

Tomado de lasillavacia.com: ——- Por: César Caballero, Mar, 2015-01-13 17:36
Este es el subtitulo del libro de Gloria Valencia sobre el caso Interbolsa. Varias cosas me quedan claras de su lectura.

Primero, las autoridades sí actuaron y sancionaron a la firma o personas muy cercanas a ella. En 1.998 fue la Bolsa de Valores de Bogotá sancionó a uno de los protagonistas del crecimiento y caída de la firma. Esa misma persona fue sancionada con expulsión del mercado en el 2001 y recibió una tercera sanción en el 2003 por parte de la Superintendencia de Valores.

Adicionalmente, un funcionario de la firma que venía del Ministerio de Hacienda, en 2008 y 2009 fue sancionado por uso de información privilegiada, tanto por el Auto Regulador del Mercado como de las Superintendencia Financiera. Además Interbolsa fue sancionada en el proceso de quiebra de Proyectar Valores en 2011.

De todas estas cosas era conocedora la cabeza del grupo y es claro que todo lo que allí sucedió pasó, como afirma Gloria Valencia, “con la complicidad de Rodrigo Jaramillo, algunas veces por omisión y muchas otras con su consentimiento”.

Segundo, es claro que Interbolsa tuvo dentro de su “ADN” de comportamiento, favorecer el interés particular de algunos de sus socios por encima de los intereses de sus clientes y de la misma comisionista. Este, a mi juicio es el tema que deben resolver las instancias judiciales pues como van las cosas, los costos de la quiebra serán asumidos por los clientes y algunos de los socios, mientras que otros de los grandes protagonistas ni pagarán con sus bienes, ni tendrán sanciones penales.

Tercero, por sus vínculos familiares y comerciales con varios políticos y funcionarios públicos, esa élite creyó que tendría cómo protegerse y estar por encima de la ley. Afortunadamente no sucedió y el grupo Interbolsa es hoy parte de la historia de prácticas empresariales irresponsables y abusivas.

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10
01
2015
interbolsa

Cartera Credit de Interbolsa devolverá $5.200 millones

Por: Alberto Donadio

TERCER PAGO

POR GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

PARA LA CARTERA COLECTIVA CREDIT

Bogotá, 09 de enero 2015

A partir del 11 de abril de 2014, Global Securities S.A. ha administrado la liquidación de la cartera colectiva Credit. Para la fecha en mención, la cartera tenía un valor de: COP $71,838,956,909.18.

De acuerdo con lo pactado en la Asamblea de Inversionistas realizada el pasado 03 de marzo de 2014, la devolución de los recaudos se realiza trimestralmente partiendo de la fecha en que Global Securities S.A. recibió la administración. En atención a lo anterior, se informa que el tercer pago se realizará el martes 13 de enero de 2015, y continuará generándose de forma trimestral.

Los pagos se realizarán de forma proporcional a la participación de cada inversionista en la cartera colectiva, tal y como lo acordaron ellos mismos en el momento del primer pago de la administración anterior.

El martes 13 de enero de 2015 Global Securities S.A. girará a los inversionistas de la Cartera Credit un total de $5.200 millones que corresponden al 7.24% del total recibido en administración. Esto, sumado a los pagos anteriores, da un total de devolución del 34.25%.

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