Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Súplicas desde La Avianca

Por Judith Zableh Orozco

Entre 1999 y 2005 cerca de 40 personas fueron asesinadas y alrededor de 300  familias se vieron obligadas a dejarlo todo e irse con el temor ante la idea de correr la misma suerte. Hoy en día, estas personas viven en condiciones precarias y padecen la falta de atención efectiva por parte del estado.

Esto aconteció en La Avianca, un pequeño corregimiento de Fundación y uno de los pueblos arrasados por las acciones violentas del Bloque Norte de las AUC en el departamento del Magdalena. Algunas personas malvendieron sus tierras, otras simplemente las abandonaron y solo unos cuantos optaron por resistir, amarrándose a su pueblo y a su vida, pese a las amenazas.

Los enfrentamientos constantes entre guerrilleros y paramilitares por el control de la zona acabaron con la tranquilidad de los lugareños, que en su mayoría eran colonos, algunos con adjudicaciones del INCORA y otros habitantes de terrenos declarados baldíos.

Un líder de las víctimas, que por su seguridad reservamos el nombre, comentó en entrevista que el control era ejercido por el Frente Pivijay y que en ocasiones eran reunidos y amenazados: “todos estos pueblos tienen que volverse potreros y ustedes bandidos tienen que irse de aquí”[1]. Es así, como en las veredas los Genios, Bajo Caraballo y La Arena,  bajo las órdenes del ganadero Gustavo Pabón, quien era visto como un “auxiliador de los paramilitares”, cinco hombres fueron de parcela en parcela comunicándoles a los parceleros que tenían 24 horas para irse. Estas tierras fueron utilizadas por Pabón para la ganadería (Entrevista 7 de mayo de 2016).

El modus operandi fue el mismo en todas las veredas: infundir temor con diversas acciones atroces como violaciones sexuales y asesinatos selectivos. Así, los habitantes tuvieron que abandonar sus tierras. En La Avianca, a diferencia de otras zonas del Departamento, no hubo una legalización de la propiedad posterior por parte de los perpetradores.

En 2007, agencias del estado como Acción Social y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, iniciaron labores de asistencia para las víctimas entre las que se encontraban la construcción de albergues temporales, ayuda alimentaria y proyectos productivos que les permitirían regresar a sus tierras. Sin embargo, en algunas veredas la situación sigue siendo preocupante, pues tal y como menciona la  líder de victimas “las declaraciones de desplazamiento que realizaron 109 familias aparecen en el RUT con una información distinta a la declarada” y en este sentido, se presenta un doble inconveniente: de una parte,  se devela la existencia de problemas en la sistematización de la información y de otra, como consecuencia, muchas familias no pueden acceder a las ayudas ofrecidas ya que no han logrado ser reconocidas como víctimas. En la vereda La Arena hace algunos meses encontraron a 3 de las 10 familias que la habitaban viviendo bajo un árbol, relata la líder a modo de ejemplo de las condiciones en que algunos se encuentran.

Las víctimas, aunque caminan cada día por una delgada línea entre la paciencia y la desesperación, solo piden que el gobierno haga presencia como en otros casos con soluciones que mitiguen sus necesidades inmediatas. La Restitución de Tierras es tal vez el mayor reto que tiene el Estado colombiano, pues solo una asignación de derechos de propiedad ofrece garantías legales capaces de evitar una posible revictimización. La seguridad en la tenencia genera un conjunto de derechos que abre la puerta a la tan anhelada reparación integral que incluye una mejora de las condiciones socioeconómicas en las que viven hoy día las víctimas.


[1] Entrevista 31 de marzo de 2016, en Fundación, Magdalena.

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