En contra

Publicado el Daniel Ferreira

No pase: propiedad privada

Desalojo. La Esmeralda, Circasia, Quindío.

La ley dice: hay propiedad privada. Dice también: hay derecho a una vivienda digna. Pero no dice que la vivienda digna puede hacerse sobre una propiedad privada sin uso o subutilizada. Tampoco tiene una ley con la que se obligue el Estado a proporcionar esa vivienda digna a sus ciudadanos, que han nacido en un mundo donde los espacios para la vivienda digna ya estaban comprados.

Camilo Torres, cuando no era aun un guerrillero, sino un sacerdote vinculado a los movimientos populares y un líder político que constató la exclusión de los más menesterosos y la necesidad de un poder popular transformador de esas incoherencias del Estado, dejó un punto esencial en el ideario del Frente Unido, su movimiento político: abolir la propiedad privada en el suelo urbano. Una contribución notable a la lucha por la tierra en un país que había atravesado por un siglo de guerras civiles entre el poder hacendatario enfrentado y que había trasladado la confrontación social a los territorios de colonización de baldíos en el cambio de siglo, pero que ahora se enfrentaba a la proliferación de las ciudades, a las grandes aglomeraciones humanas y al cambio de la densidad demográfica de un país antes rural y ahora urbanizado.

El planteamiento decía: [Reforma Agraria: La propiedad de la tierra será la del que la esté trabajando directamente. El gobierno designará inspectores agrarios que entreguen títulos a los campesinos que estén en estas condiciones, pero procurará que la explotación sea por sistemas cooperativos y comunitarios, de acuerdo a un plan agrario nacional, con crédito y asistencia técnica. No se comprará la tierra a nadie. La que se considere necesaria para el bien común será expropiada sin indemnización. Los cabildos indígenas estarán en posesión real de las tierras que les pertenecen. Reforma Urbana: Todos los habitantes de casas en las ciudades y pueblos serán propietarios de la casa donde habiten. Toda habitación sin utilización suficiente a juicio del gobierno, tendrá multa para el propietario, la cual será invertida por el Estado para planes de vivienda.]

Cincuenta años después el gobierno y una guerrilla pactan en La Habana que el poder armado se vuelva poder político. ¿Qué va a pasar con la vivienda? ¿La educación? ¿La salud? ¿El agua? ¿Con la extinción del trabajo formal? ¿Con la destrucción ambiental de selvas, páramos y ríos? ¿La extranjerización de la tierra? ¿El hambre? ¿Las concesiones extractivas del capital foráneo? ¿Las imposiciones económicas del Banco Mundial? ¿Qué va a ocurrir con los enfrentamientos sociales por la exclusión? ¿A qué se dedicarán los militares y policías, y qué actividades económica podrán desarrollar los combatientes en el modelo económico neoliberal que ha adoptado el Estado? ¿Se suprimirán las libertades civiles ahora que no van a poder criminalizar como rebeldes a los líderes de los movimientos sociales si la figura de guerrillero desaparece?

La fisura entre sectores empieza a evidenciarse mientras los frentes de guerra se repliegan, mientras las acciones guerrilleras dejan de ser el ruido de fondo de los noticieros. Conflictos antes invisibles empiezan a hacerse notorios, como si la guerra, o su cubrimiento periodístico, hubiera sido el pretexto para ocultar lo que la alentaba.

Por mencionar un solo caso de lo que ocurre a lo largo del país, en La Esmeralda, un barrio de invasión en Circasia, Quindío, habitan 150 familias que invadieron un terreno abandonado durante quince años en propiedad de una señora. El juez ha declarado el desalojo para abril de 2016. La alcaldía debe ejecutar la sentencia, porque es la ley del Estado. Las familias envían mensajes a la dueña, pero son mensajes dirigidos a conmover la dureza del corazón, pero no a defender derechos fundamentales consignados en la constitución, ¿o el derecho a la propiedad es más importante que el derecho a la vida dentro del Estado?

Aunque sea un nuevo pueblo, muy distinto al que comprendió Camilo Torres 50 años atrás, el Estado sigue siendo el mismo. El mismo que utilizan los gremios para defender con armas legales intereses económicos que están por encima del bienestar colectivo. El pueblo no derrotará al Estado. Al Estado no le importa que la gente no tenga casa. Solo le importa que se defienda su ley. Una ley que protege a los propietarios pero no el bien común de los ciudadanos.

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