Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

MINGA AGRARIA NACIONAL: ¿CUAL ES EL BLOQUEO?

Por Francy Carranza

Las trece organizaciones campesinas, indígenas y afro-descendientes lograron que el gobierno aceptara negociar. La finalización del paro agrario da inicio a otro proceso mucho más largo y complejo que discutirá el pliego de peticiones que fue presentado al Presidente Santos al iniciar la Minga. Este pliego toca todo tipo de problemas: desde minería y titulación de tierras hasta la persecución del grafiti. Luego de una lectura concienzuda de la gran variedad de temas y peticiones que se presentan a lo largo de las quince páginas y los siete puntos, la conclusión que se puede sacar es que la Minga está pidiendo Estado: es que el Estado colombiano haga presencia en el territorio de la mano de campesinos indígenas y afrocolombianos y no en contra de ellos.

Lamentablemente, durante los catorce días que duró el paro, los medios de comunicación hacían énfasis en los bloqueos, protestas y tomas, mientras que dejaban de informar sobre las peticiones y propuestas de la Minga. Por el contrario, de lo que habla la Minga es de los monumentales bloqueos institucionales que impiden la participación de los ciudadanos en decisiones que afectan no solamente a los habitantes rurales sino a todo el país. Lo que la Minga pide es que el Estado regule, controle, fiscalice, cobre impuestos, que provea servicios, que se cumplan algunas sentencias o que sean derogadas otras, que se haga leyes y se cumplan, que se escriban Conpes, que se hagan censos incluyendo a los campesinos como categoría, que se protejan los páramos y las fuentes de agua, que haya una política de desarrollo rural, que en las ciudades haya una mejor calidad de vida, etc, etc, etc.

Los puntos que se acordaron para el levantamiento del paro incluyen la concertación con los Ministros de Agricultura, del Interior y de Medio Ambiente, la consulta sobre proyectos minero-energéticos, las garantías de participación de las comunidades en las diferentes agencias e instituciones, el cumplimiento de decretos y sentencias sobre el tratamiento a las víctimas de la violencia, así como protección a quienes quieren retornar a las zonas rurales. Pero para las reuniones que se realizarán el 17 y 22 de este mes entre el gobierno y los mingueros hay todavía una gran cantidad y variedad de temas a discutir. A continuación presentamos un resumen del Pliego Único Nacional presentado por la Cumbre Agraria (para ver la versión completa haga click aquí).

  1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial:

Se pide al Gobierno una Reforma Agraria Integral que logre una real redistribución de la tierra y permita la adjudicación y titulación de tierras incultas, ociosas e incautadas al narcotráfico que beneficie a los campesinos sin o con poca tierra y a las mujeres rurales.  Esto iría de la mano con una autonomía territorial que reconozca y consulte a las comunidades étnicas y el campesinado en el ordenamiento de sus territorios, es decir, en los proyectos económicos y de desarrollo que se realizan generalmente sin tener en cuenta a las personas que habitan las zonas. También se pide la reafirmación de resguardos indígenas, la creación de territorios especiales de protección de fuentes de agua y zonas agrícolas, así como la creación de una ley para el desarrollo rural.

De la mano de un proyecto de ley que cursa actualmente en el Senado, se pide el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos (Link al proyecto de ley), su inclusión en los censos y que tenga una participación efectiva y vinculante en la formulación de los planes de ordenamiento territorial, así como en las Agencias Nacionales de Tierras, Desarrollo Rural y de Renovación de Territorio, las CAR, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Finalmente, se pide el reconocimiento y garantías al derecho a la consulta previa libre e informada y la derogación de la Ley Zidres.

2. Tema minero energético, ruralidad y agua:

Se solicita una nueva política minero-energética, que impida la exploración y explotación minera en zonas protegidas y en territorios colectivos, así como la creación de mecanismos e instituciones para el control y la vigilancia de las actividades mineras que beneficie a la minería pequeña y tradicional en vez de a las grandes multinacionales. Se pide también la declaración de una moratoria minero-energética, que suspenda proyectos no consultados con las comunidades, buscando a la vez la acción de instituciones como la Contraloría para la revisión de explotaciones mineras existentes.

Se pide la suspensión de títulos mineros, exploraciones y explotaciones, contratos y desvío de ríos en zonas de resguardos y de protección ambiental. Esto incluye el cumplimiento de sentencias ya existentes para la protección de territorios frente a la minería. Así mismo, se solicita que aumente la participación del Estado en las rentas mineras, con regulación de regalías y cambios tributarios que incrementen impuestos para las empresas mineras

3. Economía propia:

Se hace énfasis en la soberanía alimentaria y en prácticas agrícolas que favorezcan una subsistencia de las comunidades rurales. Esto incluye la protección de semillas no modificadas y el reconocimiento y protección de los conocimientos de botánica y medicina tradicional. La Minga pide una política pública de protección y fomento de las economías propia de las comunidades, con políticas hacia la agroecología, un Plan de Adaptación al Cambio Climático y disminución de importación de alimentos. Finalmente se habla de la reformulación de la política antinarcóticos para la descriminalización del cultivador y facilitar la sustitución de cultivos ilícitos.

4. Derechos Humanos y Paz:

En este punto se habla del reconocimiento de los derechos de las comunidades, garantías de no repetición, protección para las organizaciones y no represión de la protesta social. Lo cual va de la mano con la derogación de la ley de seguridad ciudadana, depuraciones en la fuerza pública y el ESMAD, así como la aplicación de una política para el desmonte del paramilitarismo, Se pide también la participación en el proceso de paz con las FARC y en la implementación de los acuerdos. Además de garantías para atención a víctimas y de justicia, el reconocimiento para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, así como la investigación y judicialización de  las muertes y heridos ocurridas en el marco de los paros agrarios anteriores.

Por otro lado, La Minga pide inversión social en infraestructura, vivienda, educación, salud, vías, y otros servicios para las comunidades, así como una política educativa que garantice recursos y proyectos de para los campesinos, con becas y fortalecimiento de universidades y planta docente en las regiones.

5. Comunicación y Derechos a la Información para la Paz:

Se piden garantías para la libertad de expresión y participación en la construcción de políticas públicas de comunicación. Solicitan también garantías para el funcionamiento de los medios de comunicación alternativos y de radios y TV comunitarias, así como la no privatización del espectro electromagnético. Como punto para resaltar, la Minga propone la creación de un Observatorio Nacional sobre Información Rural.

6. Relación Campo-Ciudad:

En este punto se hace un llamado a eliminar las barreras entre el campo y la ciudad mediante la creación de pactos con las áreas rurales. Se busca mejorar el abastecimiento de alimentos para las ciudades, así como las condiciones de los cultivadores y las economías campesinas: mejoramiento de vías y reconocimiento de mercados populares y  campesinos. Esto implica la protección de fuentes de agua que abastecen a las ciudades y las zonas de producción agrícola, así como la defensa de los humedales. Además, se pide la cobertura universal de servicios públicos domiciliarios, creación de mínimos vitales, control a las tarifas de servicios públicos, la legalización y mejora de condiciones de los asentamientos informales y la creación de mecanismos para la participación de los ciudadanos en el ordenamiento territorial. Se solicita también el fomento y no criminalización de arte gráfico como el grafiti, el mural, el diseño, etc., así como las garantías para el retorno de las personas que han salido de los campos a causa de desplazamiento forzado

7. Acuerdos incumplidos:

Este último punto le recuerda al gobierno nacional el incumplimiento de los compromisos,  actas y decretos firmados en el 2014 y 2015, entre otros: la financiación para los proyectos de economías propias, para infraestructura agropecuaria y fortalecimiento organizativo. Así mismos, se denuncia el incumplimiento de los acuerdos con el Incoder y la Agencia Nacional de Tierras sobre adjudicación de tierras.

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