Andrea Prieto Rozo

Marzo 2024

En octubre del año pasado se llevó a cabo la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, un espacio en el que diferentes actores de la región hablaron sobre avances, retos y oportunidades frente a la acción climática. Energía, ciudades, océanos y sociedades fueron los temas centrales, todos de gran relevancia, pero se sintió la ausencia de asuntos como deforestación y explotación de hidrocarburos y minerales, principales causantes de conflictos socioambientales en la región y del cambio climático en general.

Y es que justamente esta jornada climática, llevada a cabo en Panamá, coincidió con el inicio de un paro nacional que surgió por la inconformidad ciudadana ante la renovación de un contrato entre el Gobierno de Panamá y la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), que pretendía operar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, en una zona protegida de este país.

La comunidad panameña no estaba de acuerdo con la ampliación por 20 años de dicho contrato minero por, según manifestantes y líderes sindicales, malas prácticas y celeridad en la negociación delo contrato, preocupación por la expropiación de terrenos, confidencialidad de beneficiarios finales del proyecto, posibilidad de restringir el espacio aéreo y marítimo por parte de la empresa, impactos a la biodiversidad, y reducida fiscalización del proyecto, entre otras cosas. Todo esto llevó a varias demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato.

Debido al aumento de la demanda de energías renovables como una alternativa para reducir los combustibles fósiles y enfrentar el cambio climático, la explotación del cobre ha aumentado, pues es necesario en las tecnologías para la generación de energía eólica y solar, para la transmisión de energía eléctrica, así como para el funcionamiento de automóviles eléctricos. La empresa canadiense mencionada es la sexta productora en el mundo, mientras que Panamá se encuentra en el decimocuarto puesto.

Si bien la presión social llevó a la no aceptación del contrato con la declaración de ‘inconstitucional’ por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, mucho después de la semana del clima, durante el evento distintas organizaciones ambientales panameñas advirtieron sobre los altos riesgos que puede implicar para la biodiversidad la explotación de esta mina, pero no fueron escuchadas durante la cumbre climática, ya que sus credenciales de entrada fueron canceladas por “representar una amenaza” para el evento. Esto hizo ver la cumbre alejada del contexto nacional y regional, como si operara en el vacío político, a pesar de las palabras de cierre del ministro de Ambiente de Panamá, Milciades Concepción, quien resaltó que “el trabajo que tenemos por delante es arduo y la urgencia es innegable”. Pero este trabajo debe ser articulado, pues el territorio es uno solo y no es posible hablar del clima sin hablar de biodiversidad, de extractivismos, de impactos. 

Este mismo “aislamiento” también se dio durante la Conferencia de las Partes COP 28 en Dubái. La cumbre mundial más importante del cambio climático se llevó a cabo de forma paralela al fuerte conflicto en la Franja de Gaza, donde la lucha por la tierra y los recursos naturales son la base del problema, y donde el cambio climático lo agudiza. Mientras se incrementaban los bombardeos y las muertes, apenas tres mandatarios insistieron en la importancia de esta situación durante la COP (Cisjordania, Colombia y Cuba), comparando esta guerra con lo que puede existir si no actuamos frente a la crisis climática: más luchas por la tierra, por la naturaleza, por el agua. Pero no pasó de esa mención.

Ni la cercanía territorial al conflicto y el riesgo que esto generaba, ni la invisibilización del contexto mundial durante las negociaciones limitaron el desarrollo de esta cumbre. Pero el sector petrolero sí hizo de las suyas. La gran influencia de este sector en la agenda de la COP se pronosticó desde el principio. El hecho de que el presidente de la COP 28 fuera el jefe ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, que la Organización de Países Exportadores de Petróleo tuviera su propio pabellón durante la Conferencia, y que asistieran 2.456 lobbistas petroleros daba un claro mensaje sobre la dificultad que habría frente al discurso de la salida de los combustibles fósiles. Y así fue: aunque por primera vez el acuerdo habla de “abandonar” los combustibles fósiles, el hecho de no acordar una eliminación gradual, un objetivo métrico y un tiempo específico para alcanzarlo, deja el camino libre a interpretaciones, permisivo hacia la continuidad en el uso de estos combustibles e ignora las advertencias urgentes de los científicos y las crecientes demandas de millones de personas afectadas por la crisis climática. 

La COP 29 puede ir por el mismo camino: el gobierno de Azerbaiyán, país donde se realizará la COP este año, designó como presidente a Mukhtar Babayev, Ministro de Medio Ambiente de ese país y quien tiene una carrera de más de 26 años en la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán (SOCAR). Además, el pasado 22 de febrero de 2024 se amplió el comité organizador de la COP donde estarán Rovshan Najaf, presidente SOCAR e Ilgar Musayev, jefe del Servicio Especial de Comunicación y Seguridad de la Información. Además de la preocupación por el conflicto de intereses, también hay inquietud e intranquilidad por el retroceso y la restricción de los espacios cívicos durante estas cumbres, sobre todo en países como Azerbaiyán, donde la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación están altamente restringidas, los activistas de la sociedad civil son sometidos a detenciones y procesamientos por motivos políticos.

Con todo lo anterior se reitera que se debe estar “dentro” del rango que permite ver la anteojera climática para ser tenidos en cuenta. Pero no solo es estar dentro de la burbuja climática, sino de los grupos de “interés” dentro de la burbuja: a la vez que en la cumbre climática en Panamá no dejaron entrar a las voces en contra del extractivismo, en la cumbre climática en Dubái las voces extractivistas fueron protagonistas. Se habla de ampliar la inclusión de “todos” en estos escenarios, pero es claro que no se piensa en abrir las puertas (o los oídos) a actores opuestos a las grandes economías y a los afectados por las guerras o las crisis. 

Es importante entender y resaltar que el cambio climático se encuentra interconectado con la seguridad global, donde factores de la crisis climática pueden agudizar o aportar a la resolución de conflictos y a la paz global. Por esto, cualquier evento climático debe operar en el marco sociopolítico actual, articulando realidades territoriales que permitan análisis aterrizados y acciones concretas. Además, necesitamos suficiente voluntad política para acelerar la implementación de acciones eficientes para alcanzar las metas del Acuerdo de París, basada en ciencia y en hechos, y no en intereses y presiones económicas. Y se deben escuchar todas las voces, no solo las que convengan a quienes lideran las negociaciones climáticas. No podemos seguir moviéndonos según los intereses de cada país y fracasando con negociaciones eternas y descontextualizadas que nos tienen (luego de 28 años, 28 COPs) con avances insuficientes y poco efectivos para enfrentar la emergencia climática.

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