El Mal Economista

Publicado el El Mal Economista (EME)

QUE QUEDE BIEN CLARO, ¡SIN LEGALIZACIÓN NO HABRÁ PAZ!

Por Guillermo García Parra

Twitter: @maleconomista @Aule999

Colombia no alcanzará la paz si no resuelve eficazmente el problema del narcotráfico que es lo que financia la violencia, y por eso es fundamental que los líderes y movimientos políticos nacionales que están a favor de las negociaciones de La Habana promuevan y lleven a la práctica una política que conduzca a la legalización de las drogas. Esta medida no solo puede contribuir mucho más a la paz que la misma firma del Acuerdo Final, sino que, además, debe ser implementada si es que los partidarios del “Sí” esperan cumplirles a los colombianos la promesa de paz que les están haciendo.

Imagen 1Imagen: http://www.huffingtonpost.com

 

El grupo de líderes y movimientos políticos que promueven el voto por el “Sí” en el plebiscito de la paz es muy heterogéneo. Ese conjunto comprende líderes políticos claramente incompatibles (Juan Manuel Santos, Rafael Pardo, Juan Fernando Cristo, Clara López, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Ángela María Robledo, Antanas Mockus, Antonio Navarro, Roy Barreras, Armando Benedetti, Gustavo Petro y Piedad Córdoba, entre otros) que son o han sido miembros de organizaciones políticas que también se contradicen mutuamente (el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Progresistas o la Marcha Patriótica).

¿Qué tienen en común los líderes y organizaciones que hacen parte de este grupo? Un argumento y una promesa. Este grupo comparte mayoritariamente el argumento conforme al cual, si las FARC y el Gobierno firman el Acuerdo Final, Colombia tendría la oportunidad, única e inigualable, de resolver por fin los problemas históricos fundamentales con los que se ha tropezado una y otra vez en las últimas décadas (en qué consisten esos problemas y cómo han de resolverse son dos cuestiones en las que sí divergen de forma amplia, clara y categórica). Al mismo tiempo, este grupo está prometiéndoles a los colombianos resolver estos problemas a cambio de que voten “Sí” en el plebiscito. Naturalmente, no todos estos líderes y movimientos han hecho esta promesa en los mismos términos, pero lo que sí es cierto es que en su totalidad están prometiendo la paz.

No quiero ser aguafiestas (yo estoy a favor del “Sí”), pero no estoy muy seguro de que, en el caso de que las negociaciones de La Habana concluyan satisfactoriamente, la mencionada promesa se pueda cumplir. Una de las razones por la que pienso así consiste en que Colombia no alcanzará la paz si no resuelve eficazmente el problema del narcotráfico, legalizando para ello la producción y comercialización de estupefacientes. Por esta razón, es fundamental que los líderes y movimientos políticos que están defendiendo el “Sí” promuevan y lleven a la práctica una política que conduzca a la legalización de las drogas. Esta medida es fundamental si los partidarios del “Sí” realmente pretenden cumplirles a los colombianos las promesas de paz que les están haciendo.

Un olvido que puede resultar muy caro     

A los que promueven el “Sí” debe quedarles claro, bastante claro, que si no se legalizan las drogas no habrá paz. El narcotráfico ha sido el motor de la violencia desde la década de 1980 y, hasta que ese no sea más el caso, la violencia seguirá reproduciéndose como el cáncer.

(En realidad, esto debería quedarles bastante claro a todos, incluso a los que promueven el “No”. Me enfoco en los del “Sí” puesto que son quienes están prometiendo la paz. El uribismo que es el que lidera el “No” no promete la paz sino “reconducir los acuerdos”, lo que en realidad significa “volver a los gloriosos años bélicos de la Seguridad Democrática” ¡Que Dios, Satanás, Buda o el que sea nos libre de semejante pesadilla!).

Durante los últimos 30 años, los recursos del narcotráfico han financiado, entre otras infamias, el genocidio de la UP, el asesinato de varios candidatos presidenciales, el aumento del pie de fuerza de las FARC, las masacres de las AUC, las campañas de políticos regionales aliados con los grupos armados y los actos violentos de las Bacrim. Las FARC, para hablar específicamente de este grupo guerrillero, tenían menos de 5000 combatientes en 1982, y llegaron a tener más de 20000 en 2002. Este periodo fue el mismo en el que creció y se consolidó el negocio del narcotráfico. Como explica el profesor Camilo Echandía, la expansión territorial que las FARC llevaron a cabo durante la década de 1980 no fue producto del proceso de paz que inició Belisario Betancur sino que “tuvo que ver la adopción por parte de la guerrilla de nuevas estrategias y la disponibilidad de los recursos para implementarlas”.

El narcotráfico lleva a la violencia puesto que, al ser ilegal, implica la formación de economías paralelas ilegales y de estructuras paraestatales y paramilitares. Los narcotraficantes necesitan reemplazar funciones básicas del Estado (justicia y seguridad), por cuyos servicios no están cubiertos. En el Bronx, por ejemplo, los “sayayines” actuaban como una “policía” y existe evidencia de ejecuciones y torturas, entre otras aberraciones.

Del mismo modo, los narcotraficantes no solo no pueden acudir al Estado como los demás ciudadanos sino que son amenazados por este. ¡Y el Estado los amenaza justamente! El que sea injusto prohibir la producción de drogas no justifica que los que quieran hacerlo conformen monopolios ilegales, los que defienden con ejércitos paramilitares, para producirlas. Según el punto de vista del Estado, la economía paralela del narcotráfico no debe ser regulada sino eliminada. Esto explica por qué el narcotraficante tiende a hacer justicia sin recurrir al Estado, generando formas de violencia como las mencionadas.

El poder criminal que otorga el narcotráfico es tan potente que cualquier análisis sobre la violencia en Colombia debe tener en cuenta este fenómeno. Como señala el analista político Julio Mejía, “se observa una convergencia geográfica entre la intensidad de la violencia homicida y la presencia de grupos al margen de la ley, la existencia de minas de oro, cultivos y corredores para el tráfico de coca. Considerando esto, se podría inferir que la existencia de grupos armados está relacionada directamente con el aumento de la violencia homicida en los lugares en los que estos grupos operan, pero además, permiten concluir que existe una relación entre las muertes violentas y el negocio de la cocaína y la minería ilegal”. Mejía, a partir de estudios y cifras de fuentes oficiales, recuerda que la violencia homicida se concentra en aquellos lugares donde se da la mezcla explosiva de grupos armados y negocios ilegales.

Por lo demás, hay un principio económico muy sencillo que explica por qué el enfoque actual de lucha contra las drogas no funciona: la elasticidad del precio de la demanda. Un bien elástico es aquel cuya demanda responde con fuerza a cambios en el precio. Por ejemplo, cuando ciertos lujos como los relojes suben mucho de precio, la gente deja de comprarlos. Las drogas, en cambio, son bienes inelásticos cuya demanda varía poco (porque son adictivas) por mucho que suba su precio. Es decir, si Colombia sigue atacando a los narcos lo mejor que va a lograr es reducir la demanda y subir el precio, porque la demanda no cambia. El alto precio de las drogas crea incentivos para que nuevos actores económicos entren al mercado. Colombia se ha aventurado en una guerra imposible desde el comienzo.

Si no se legalizan las drogas, siempre habrá un Rodríguez Gacha dispuesto a defender por medio de la violencia las ganancias millonarias que produce la producción de estupefacientes. Si no se legalizan las drogas, cualquier grupo al margen de la ley podrá financiarse directa o indirectamente del narcotráfico como lo hicieron las FARC, las AUC y el M-19. Si no se legalizan las drogas, siempre habrá un Pablo Escobar dispuesto a corromper con su dinero sucio a los ciudadanos que trabajan pacíficamente y cumpliendo la ley. Solamente la legalización de la producción y comercialización de drogas impediría que se den estas situaciones. Si la producción de drogas fuera una actividad legal, estaría claramente sometida al control por parte de las instituciones estatales colombianas y, por ende, no solo no produciría violencia en sí misma, sino que a las guerrillas políticas que no quieran desmovilizarse les tocará encontrar otra forma de financiación. Ah, cosa difícil.

Ahora bien, los partidarios del “Sí” han olvidado que el narcotráfico es el motor de la violencia. Juan Manuel Santos viene repitiendo hace años que se necesitan nuevas aproximaciones en el debate global acerca de las drogas, olvidando que el narcotráfico es un problema nacional (y no solo global) que influye directamente en el mal llamado postconflicto, determinando si resultará viable o no. Los acuerdos de La Habana no contemplan el problema del narcotráfico como tal, sino medidas relacionadas con la participación de las FARC en el negocio de las drogas. Y, en lo que se refiere a los líderes y movimientos políticos que defienden el “Sí”, lo único que se ha planteado acerca del tema han sido proyectos, acertados pero insuficientes, para legalizar drogas como la marihuana la producción con fines medicinales. Esos proyectos no atacan para nada las consecuencias que se derivan de las economías paralelas y las estructuras paraestatales y paramilitares producidas por el narcotráfico.

El Acuerdo Final no producirá la paz como una varita mágica. Las negociaciones de La Habana buscan poner fin a la confrontación que hace varias décadas sostienen el Estado colombiano y las FARC, no a todos los conflictos, posibles y reales, que sucedan o puedan suceder entre el Estado y diferentes actores al margen de la ley. Desmovilizadas las FARC, aún habrá que desmovilizar al ELN y a todos aquellos grupos terroristas que aspiren a reemplazar a estas organizaciones. No obstante, si realmente se quiere garantizar la no repetición, se tendrá que hacer mucho más que negociar con las guerrillas comunistas y/o someter por las armas a las bandas criminales. Desde la década 1980, todos los grupos al margen de la ley se han financiado con el negocio del narcotráfico, que es sucio pero demasiado rentable, y que si bien se ha venido desplazando a otros países aquí todavía es ampliamente practicado (¿Cómo más se explica que el área cultivada de coca haya aumentado últimamente?). Mientras ese negocio se mantenga incólume, la paz de Colombia será una causa perdida. Desafortunadamente, esta realidad ha sido olvidada por los defensores del “Sí”. Esto puede resultar muy caro en el futuro. Si las negociaciones llegan a buen puerto, ¿Cómo les garantizarán a los colombianos los líderes y movimientos políticos que promueven el “Sí” que el narcotráfico no financiará nunca más nuevas confrontaciones armadas?

BIBLIOGRAFÍA

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Raisbeck, Daniel (12 de agosto de 2016). La razón no-uribista para votar “no” al acuerdo Santos-Farc en Colombia. Panam Post. Recuperado de http://es.panampost.com/daniel-raisbeck/2016/08/12/la-razon-no-uribista-para-votar-no-al-acuerdo-santos-farc-en-colombia/

 

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