Muchos creen que el crecimiento económico implica necesariamente mayor desigualdad. En realidad, como lo muestra el “The Inclusive Growth and Development Report 2017”, las reformas, las políticas y las estrategias de desarrollo pueden ser diseñadas e implementadas de tal forma que el crecimiento económico logre ser incluyente.
- Por Guillermo García Parra
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Una de las críticas más comunes (y más justificadas) de que son objeto los partidarios del capitalismo global consiste en que el orden económico que defienden fomenta el crecimiento pero, al mismo tiempo, intensifica las desigualdades económicas y los problemas sociales, ambientales y culturales.
Algunos cínicos han respondido arguyendo que la desigualdad económica ni es un fenómeno grave ni refleja injusticia alguna, y que, en lugar de crear problemas que deben ser atribuidos a otras causas, el crecimiento ofrece soluciones a las naciones, las instituciones, los grupos sociales y los individuos. Otros, por fortuna, reconociendo la desigualdad económica como un problema gravísimo, han empezado a reflexionar acerca de cómo se podría planificar e implementar medidas que contribuyan a construir un orden económico tan productivo como igualitario.
Hace unas pocas semanas, el World Economic Forum (WEF) publicó un informe titulado “The Inclusive Growth and Development Report 2017” (IGDR 2017), en el que se ofrece una contribución para el desarrollo de esta reflexión. Este reporte comprende (WEF, 2017, v) una guía práctica de la que se pueden servir los diseñadores de políticas públicas y los grupos de interés que buscan construir estrategias que permitan capturar una gran sinergia entre el crecimiento económico y mayor progreso en los niveles de vida de sus países. Según el WEF, no hay un marco de referencia sistemático que guíe la política pública y la práctica en el diseño de aproximaciones socialmente inclusivas al crecimiento económico. El IGDR 2017 fue elaborado precisamente para tratar de construir un instrumento semejante.
A mi juicio, si bien no es tan novedoso como lo pretende ser, el IGDR 2017 permite explicar claramente por qué el crecimiento económico no es incompatible con la inclusión social. Muchos creen que el crecimiento económico implica necesariamente mayor desigualdad. Esta creencia, en parte, es producto de la forma tradicional como se concibe el crecimiento, el desarrollo, las políticas públicas y las reformas estructurales. En realidad, como lo muestra el IGDR 2017, las estrategias de desarrollo pueden ser diseñadas e implementadas de tal forma que el crecimiento económico logre ser incluyente.
Hay que observar, ante todo, que el IGRD 2017 busca trascender las herramientas con las que se mide el crecimiento económico. Como bien se sabe, el crecimiento y progreso económico de las naciones tradicionalmente ha sido analizado a partir del Producto Interno Bruto (PIB), el que expresa el valor de los bienes y servicios producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. Comúnmente se cree que, si el PIB es mayor que antes, entonces la economía ha crecido y progresado. El IGDR 2017 muestra que esto no es necesariamente cierto. Allí, se cuestiona (2017, 9) por varias razones el uso del PIB como indicador de progreso económico, a saber:
(1) No refleja las complejidades propias de la economía moderna, en la que los bienes y servicios circulan a través de fronteras que impiden determinar adecuadamente donde se ha acumulado valor añadido.
(2) No mide la cualidad de los bienes y los frutos de la innovación que implican mejoras en los bienes y servicios, lo que es importante para medir cambios en los ingresos reales y el consumo.
(3) No permite medir las inversiones intangibles. En la cuarta revolución industrial esto es especialmente relevante, puesto que se trata de un periodo basado en la producción de conocimiento, en el que las empresas hacen inversiones a largo plazo con miras a acumular el conocimiento que les permita innovar y ser competitivas.
(4) No mide satisfactoriamente el progreso social y económico. El PIB no indica cómo se ha distribuido el crecimiento. Por eso, ni permite explicar la distribución de la riqueza, ni quién se ha enriquecido y cómo lo ha hecho.
Esto significa que el PIB no permite medir el crecimiento económico en el contexto actual; no explica por qué una economía crece de una forma determinada; y no es una herramienta suficiente para determinar si una economía ha progresado o no. Crecimiento no equivale a progreso, puesto que ese crecimiento puede no estar distribuido justa y equitativamente y, además, puede no ser sólido.
Según el IGDR 2017, las limitaciones mencionadas son bastante considerables. Actualmente, se desconoce qué políticas macroeconómicas podrían ser implementadas con miras a que se recuperen las economías mundiales, cuyo crecimiento se ha detenido debido a diversos factores; tampoco se sabe ciertamente cómo en el orden económico actual se podría combatir la desigualdad; e igualmente se ignora de qué forma las naciones mundiales pueden responder a las disrupciones tecnológicas de forma que no agraven las desigualdades existentes. Por esta razón, el PIB, que no mide bien ni la forma en que los bienes y servicios han crecido, y que no sirve para explicar la forma como la acumulación de la riqueza y la desigualdad se relacionan, no puede ser la base de las políticas públicas y las mediciones macroeconómicas.
El WEF (2017) plantea que se requiere un modelo de crecimiento que no simplemente busque incrementar el PIB, sino que permita superar los nuevos retos que enfrenta la economía actual y conciliar la equidad con el crecimiento. La novedad del informe mencionado consiste precisamente en que presenta un marco de referencia que, por una parte, invita a concebir el crecimiento económico y la inclusión social como aspectos interrelacionados, y que, por la otra parte, ofrece indicadores más apropiados que el PIB para medir el crecimiento y el progreso económico.
Este marco comprende siete dominios principales (educación y capacidades; servicios básicos e infraestructura; corrupción y rentas; intermediación financiera; construcción de activos y emprendimiento; empleo y remuneración, y transferencias fiscales) y 15 subdominios (acceso; infraestructura básica y digital; ética empresarial y política; inclusión financiera; propiedad de pequeños negocios; empleo productivo; código de impuestos; calidad; servicios de salud; concentración de rentas; intermediación en la inversión de negocios; propiedad de activos; compensación; protección social, y equidad) que describen la influencia particular de la amplitud de la participación social en los procesos y beneficios de crecimiento económico (WEF, 2017, vii).
IGDR 2017. Pilares del ecosistema subyacente al crecimiento inclusivo
Según el WEF (IGDR 2017, 2017, viii), estos dominios representan el ecosistema de los incentivos y las instituciones de política estructural que conjuntamente, y como parte del proceso de crecimiento, ayudan a difundir ampliamente los beneficios de una economía nacional en términos de ingreso, oportunidad, seguridad social y calidad de vida. En el IGDR 2017 la economía es imaginada como un jardín en el que la macroeconomía y el entorno competitivo representan el clima mientras que las instituciones representan los nutrientes que permiten nutrir el suelo. Esto implica afirmar que la fecundidad de la economía, es decir, el avance en la mejora de los niveles de vida, depende de la salud del entorno y de la fortaleza de las instituciones.
No es evidente, pero esta caracterización del crecimiento y el progreso económico resulta novedosa. Durante mucho tiempo se había pensado que el crecimiento económico se produce si se implementan reformas estructurales para impulsar la eficiencia económica y la estabilidad macroeconómica, como si el crecimiento y el progreso económico estuvieran determinados única y exclusivamente por la macroeconomía y la estabilidad de los mercados. Pues bien, el IGDR 2017 busca mostrar que el crecimiento y el progreso económico están condicionados por muchas más variables como, entre otras, la infraestructura, el aparato fiscal, las condiciones laborales, la educación y el emprendimiento.
El IGRD 2017 muestra que una política que busque fortalecer las instituciones y crear incentivos, a través de las políticas públicas, en los 15 dominios, también constituye un ejercicio de reforma estructural. El WEF sostiene (2017, viii) que el ecosistema económico constituye el sistema de distribución de ingreso subyacente a las economías modernas. Cuando funciona propiamente, opera en un ciclo en el que el crecimiento económico y la inclusión social se alimentan mutuamente.
Así, por ejemplo, la mejora en la calidad del empleo y el incremento de pequeñas empresas no solo ayudan a reducir la desigualdad, sino que, además, a producir un crecimiento más sólido y sostenible a largo plazo, puesto que influyen positivamente sobre las bases del ecosistema económico. Esta no es una especulación: el WEF sostiene que las naciones que han logrado crear clases medias y reducir la pobreza muestran excelentes resultados en los 15 dominios.
Ahora bien, aunque el marco de referencia que presenta el IGDR 2017 claramente es novedoso, merece la pena recordar que en las últimas décadas, en diferentes disciplinas (filosofía política, derecho, economía, administración pública), se han producido diferentes reflexiones teóricas y metodológicas que buscan reconciliar la libertad con la igualdad, el crecimiento con la inclusión y la productividad con el bienestar. La novedad del informe no estriba en las ideas que supone, sino en las herramientas que proporciona a los grupos, instituciones y actores políticos de que depende el diseño de aquellas políticas, estrategias y reformas que supone el desarrollo económico.
Además, la novedad del IGDR 2017 se relaciona con los “Policy and Institutional Indicators” (Plls) y el “Inclusive Development Index” (IDI). Los Plls son 140 indicadores que permiten comparar el desempeño de 109 países en los diferentes pilares. El objetivo de los Plls consiste en ofrecer una herramienta que permita medir el desempeño económico de las naciones desde la perspectiva de los factores que contribuyen al progreso económico, entendiendo este último como el resultado del crecimiento incluyente. A su vez, el IDI es un índice que clasifica a las economías mundiales dependiendo de su posición en los diferentes estadios de desarrollo económico, pero desde una perspectiva más amplia que con el PIB. Por esta razón, ofrece información mucho más completa acerca del progreso económico de los estados nacionales.
Merece la pena leer el IGDR 2017. No solo explica claramente la manera como el crecimiento económico y la inclusión social están condicionados por un grupo de factores que operan conjuntamente, sino que ofrece información de interés acerca de la economía colombiana. Colombia, que en el ranking de PIB per cápita se encuentra en el puesto 21 de las economías en desarrollo, en el IDI se encuentra en el puesto 33. Esto se debe a que, en algunos de los aspectos correspondientes a los 18 pilares, el desempeño del país resulta peor que el promedio de los países en vías de desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA
World Economic Forum (2017). The Inclusive Growth and Development Report 2017. Génova. World Economic Forum. Disponible en https://www.weforum.org/reports/the-inclusive-growth-and-development-report-2017