Calicanto

Publicado el Hernando Llano Ángel

Juan Manuel Santos y su verdad sobre los «Falsos Positivos»

Juan Manuel Santos y su verdad sobre los “Falsos Positivos”

Hernando Llano Ángel

La versión por más de dos horas del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional entre 2006 y 2009, conocidos como “falsos positivos”, cuando tuvo bajo su responsabilidad el ministerio de defensa, constituye un aporte histórico trascendental. Trascendental no solo para la comprensión de la profunda degradación del conflicto armado, sino especialmente para desentrañar las siempre crípticas y oscuras relaciones entre el poder civil y el militar en la cúpula del Estado colombiano. Unas relaciones especialmente estrechas y crucialmente letales en desarrollo de la eufemística y criminal política de “seguridad democrática”, ideada y ejecutada bajo el férreo e implacable liderazgo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, según el numeral 3 del artículo 189 de la Constitución Política. De allí, el curioso olvido del expresidente Santos de la Directiva 029 de 2005, en su detallada y rigurosa presentación de los hechos, pues fue ésta la que fijó los nefastos estímulos y recompensas que posibilitaron  la ejecución de los más de 6.400 falsos positivos que investiga la JEP. Esta Directiva, firmada por el entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, fue literalmente la punta de lanza mortal que desató semejante sangría, todo ello en cumplimiento de la política de “seguridad democrática”. Esta Directiva institucionalizó como política de Estado y de gobierno las ejecuciones extrajudiciales, una práctica vergonzosamente consuetudinaria durante todos los gobiernos anteriores, que jamás se atrevieron a reconocer por escrito que era rentable y encomiable asesinar a quienes el presidente de turno calificara como enemigos del Estado. Antes se les denominaba “chusma”, “bandoleros”, luego comunistas y desde 2002 se les denomina “narcoterroristas”, según el signo de los tiempos. Y una vez promovida desde la cúspide del Estado esta cruzada patriótica, poco importó la identidad de quienes fueron asesinados, pues eran vidas sin valor. Bastaba que aparecieran con trajes camuflados y a su lado armas, granadas y municiones, cuidadosamente dispuestas en un falso teatro de operaciones militares. “Obviamente” tenían que ser “vidas sin valor”, de jóvenes pobres de los barrios marginados, que bajo el engaño de empleo y buena remuneración fueron conducidos a fosas comunes.

Más allá de la responsabilidad moral

Todo esto lo reveló con detalles dramáticos el expresidente Santos, incluso asumiendo con coraje su responsabilidad moral –cuya conciencia lo atormenta– por no haber podido detener a tiempo dichas matanzas, siendo ministro de defensa. Es verdad, depuró del ejército a los máximos responsables de dichas ejecuciones, cerca de 20 oficiales, pero el mayor número de falsos positivos ocurrieron precisamente entre 2006 y 2009. Y es aquí donde llegamos al meollo del asunto. Dichos asesinatos se cometieron porque políticamente, según Santos y los numerosos discursos, arengas y pronunciamientos del presidente Uribe durante esos años, insistían con vehemencia y odio obcecado que había que “cortarle la cabeza a la culebra”, que estaba herida, pero no muerta. Un discurso casi que celebrado y aplaudido por la mayoría de medios de comunicación, como catapultas de una campaña victoriosa contra el “narcoterrorismo”. Discurso, que manifestó Santos en su “contribución a la verdad”, no compartía, pues para él, como ministro de defensa, lo más importante era debilitar estratégicamente a las FARC-EP y llevarlas a una mesa de negociación en términos políticos y militares a favor del Estado, no aniquilarlas, pues estimaba esto como un imposible ético, político y militar, ya que terminaría deslegitimando al ejército y el propio Estado. De allí, la necesidad de reconocer la existencia del conflicto armado interno, para evitar que el Estado se convirtiera y degradara en otro actor terrorista por no aplicar las normas del Derecho Internacional Humanitario, como en efecto sucedió con los “falsos positivos”, asesinando civiles inermes.

El consejo del general Valencia Tovar

Pero, lo más sorprendente, es que el mismo Santos reconoce que fue el general Álvaro Valencia Tovar quien le insistió en que lo más importante para fortalecer la legitimidad del ejército era reconocer a las FARC como un adversario. Un adversario que se debía derrotar, sin obsesionarse en su aniquilación como un enemigo, pues así se incurriría en crímenes de lesa humanidad como los “falsos positivos” y en campañas de tierra arrasada con grupos paramilitares. Y le advirtió el general Valencia que, considerar al adversario como un enemigo por aniquilar, alimentaba un odio sin límites, incompatible con el honor militar, y conduciría inexorablemente a cometer crímenes atroces, degradando el Ejército y su misma moral de combate. Esta anécdota de Santos confirma el célebre comentario de Don Miguel de Unamuno en la guerra civil española: “Es más fácil civilizar un militar, que desmilitarizar a un civil”. Eso es precisamente lo que nos sucede en Colombia desde el siglo XIX, resumido en el popular refrán: “Colombia es una tierra de cosas singulares, hacen la guerra los civiles y dan la paz los militares”. Al respecto, no olvidemos que el prohombre liberal, Darío Echandía, sentenció que “Rojas Pinilla había dado un golpe de opinión y no un golpe militar”, que contuvo el desangre entre liberales y conservadores. Así como Juan Manuel Santos, curiosamente, es el único presidente contemporáneo que recibió formación militar en la Armada Nacional y tuvo la capacidad de desarmar a las FARC. Son, pues, los políticos y líderes civiles, aquellos que no conocen el rigor y el sacrificio de las guerras, los más fervientes partidarios del armamentismo, el belicismo y la confrontación violenta. Y, por lo tanto, son también ellos los máximos responsables de crímenes tan atroces como los “falsos positivos”, pues mediante políticas como la “seguridad democrática” y su Directiva 029, promovieron que numerosos oficiales, suboficiales y soldados, estimulados por recompensas, compensaciones y condecoraciones pueriles, se degradaran como criminales y deslegitimaran al mismo ejército nacional. Ahora lo mínimo que deben hacer los miembros del ejército que cometieron dichos crímenes, para recuperar su dignidad personal y aliviar en algo el dolor de las víctimas sobrevivientes, es reconocer ante la JEP toda la verdad de lo acontecido. Así como el Ejército Nacional y su máximo comandante constitucional, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, deben reconocer públicamente semejante extravío criminal y degradación institucional, solicitando perdón a todas las víctimas de los “falsos positivos”, sus familiares y la Nación entera. Sin ello, nunca alcanzaremos la reconciliación política, pues ningún Estado puede encubrir y excusar conductas criminales entre algunos de sus superiores y miembros del Ejército nacional, en detrimento de la mayoría de sus integrantes, respetuosos de la Constitución, la ley y sus juramentos. Por su parte, el expresidente Uribe está en mora de comparecer ante la Comisión de la Verdad y aportar su versión como gobernante. Debe seguir el ejemplo de los expresidentes Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos, para que la Comisión de la Verdad pueda confrontar todas las versiones y entregarnos al final de este año un informe lo más integral y completo de lo sucedido. Bien lo dice un proverbio chino, atribuido a Confucio: “En todo litigio hay por lo menos tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad”. Y sin conocer todas las verdades de los principales protagonistas y antagonistas responsables de nuestro prolongado e interminable conflicto armado será imposible que convivamos humanamente en una misma realidad, condición previa para empeñarnos en forjar una verdadera democracia, una comunidad política nacional. Una democracia donde por fin no haya cabida para enemigos sino para adversarios, que respetan plenamente sus vidas, las de todos sus opositores y entorno. Una democracia que no tolerará más víctimas y victimarios y, en ningún caso, vengadores implacables a la derecha o la izquierda, que aspiran a una justicia punitiva imposible de alcanzar, pues todos carecen de autoridad moral para reclamarla y más aún para imponerla. De allí, la necesidad imprescindible de la justicia transicional, empeñada más en la verdad y la reparación de todas las víctimas y de las relaciones sociales que en la venganza de supuestos vencedores. Verdad, reparación y no repetición de estos hechos atroces, sin las cuales será imposible una futura reconciliación política entre todos los colombianos y colombianas.

Comentarios