Por Francy Carranza* y Luis Enrique Ruiz G**
La semana pasada el expresidente Álvaro Uribe, como vocero del Centro Democrático, formuló unos condicionamientos para flexibilizar su oposición a las negociaciones que adelantan el Gobierno nacional y las FARC en La Habana. Según la revista Semana, uno de esos condicionamientos consiste en que el número de hectáreas del Fondo de Tierras acordado “no sea exagerado”.
Al parecer, las cifras propuestas para este Fondo por parte del Gobierno (5 millones de hectáreas) y de las FARC (10 millones de hectáreas) le resultan a Uribe muy altas. Aunque todavía no se cuenta con la información que permita evaluar qué tan realistas son las cifras que están siendo estudiadas por las partes negociadoras en La Habana, este condicionamiento mencionado por Uribe amerita dos comentarios.
El primero de ellos es la importancia que tiene la distribución y la concentración de la propiedad de la tierra para sectores cercanos al expresidente. Condicionamientos de ese tipo evidencian la centralidad que tiene en la agenda uribista la preocupación porque el estado colombiano finalmente emprenda programas ambiciosos de distribución de la tierra a favor de la población campesina.
Esto se suma a otros hechos recientes protagonizados por parlamentarios del Centro Democrático y actores económicos afines que han manifestado la animadversión al proceso de restitución de tierras en eventos públicos en el Magdalena y el Cesar; o la postura favorable hacia iniciativas recientes como las Zidres, que obstaculizan el acceso a la tierra de los campesinos. Es importante recordar que la postura de Uribe muy seguramente responde a la de aquellos grandes propietarios de tierras y grandes ganaderos que en algunas regiones conforman su base social, electoral y política.
El segundo comentario se refiere al papel que puede desempeñar Uribe y su grupo político en obstruir aspectos positivos de los acuerdos de La Habana. Varios de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, así como el informe de la Misión para la Transformación del Campo, por mencionar algunos, han señalado cómo la alta concentración de la tierra en Colombia ha sido factor de origen y persistencia del conflicto.
El Fondo de Tierras acordado en La Habana puede valorarse positivamente en la medida que se propone transformar esta estructura altamente inequitativa de la propiedad mediante la distribución de la tierra a favor de la población campesina. De implementarse exitosamente y a gran escala, el estado ejecutaría una política que, además de responder a reivindicaciones históricas de las organizaciones campesinas y de tener importantes beneficios en reducción de la pobreza y desarrollo económico y social, estaría respaldada por un amplio sector de la población colombiana a lo largo del espectro político, tal y como lo muestra una encuesta adelantada por el Observatorio de Tierras.
Con todo esto no resulta razonable que por obtener la complacencia del uribismo para con las negociaciones de La Habana, se sacrifique el tremendo potencial transformador del Fondo de Tierras acordado. Simplemente, no vale la pena.
* Psicóloga. Observatorio de Tierras. IEPRI, Universidad Nacional
** Politólogo y abogado. Observatorio de Tierras-Universidad del Rosario