Alias “Chispas”. Archivo: El Espectador.

Por: Robinson López Arévalo

Tras el inicio del proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP, la opinión pública rememora el fracaso de “El proceso de paz del Caguán”. Pero pocos analizan las negociaciones que tuvieron algún éxito. Por ejemplo, no se menciona la reciente negociación entre el Estado colombiano y los grupos paramilitares bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que si bien generó una desmovilización también permitió que muchos de estos grupos se transformaran en delincuencia común, además de admitir un alto grado de impunidad y silencio. A pesar del rotundo éxito que dice haber tenido el expresidente en la negociación con los paramilitares, no es posible que esta sirva de modelo para los acuerdos con las FARC, ya que esto traería excesivos privilegios y presiones en favor del silencio.

Las actuales negociaciones no dejan ver claramente los pros y los contras, por el contrario sumergen a los analistas en una serie de juicios subjetivos. Un caso histórico de desmovilización: la Amnistía General de octubre de 1953 durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, tal vez permita ver elementos claves y comparar con el proceso presente. Si bien no todas las guerrillas se desmovilizaron, las de los Llanos, Santander y Cundinamarca si acudieron al llamado del gobierno, de esta forma se le quitó un agente al conflicto, aunque tiempo después muchos retomaron las armas. Así como el éxito de las negociaciones con los paramilitares puede ser debatido si se tiene en cuenta el surgimiento de las Bacrim, el éxito de las negociaciones en los cincuenta puede ser cuestionado a la luz del nacimiento de las guerrillas comunistas en los sesenta –las cuales se formaron a partir de reductos de combatientes liberales– y la permanencia del bandolerismo.

El objetivo de este escrito es observar algunas condiciones previas a los procesos. No he tenido en cuenta las causas de la guerra, es decir el caldo de cultivo que llevó al establecimiento de los grupos insurgentes. Así mismo, no tengo en cuenta cómo el proceso fracasó, ya que no generó una verdadera política de entrega de la tierra y el Estado continuó siendo participe de la violencia contra los liberales.

Antes de la paz de 1953, los militares habían acumulado una serie de ventajas que no estaban dispuestos a perder. Como recuerda el historiador A. Tirado Mejía: las fuerzas militares crecieron de 14.000 hombres en 1948 a 32.000 hacia 1956, y su presupuesto era casi la tercera parte de los gastos del Estado. Como los alcaldes eran elegidos por el ejecutivo, Rojas logró que alrededor de 200 fueran militares, lo que les permitía controlar recursos y población. Además, dado que el problema de las guerrillas mantenía el estado de sitio, los militares gozaban de bonificaciones en sus remuneraciones.

Antes del indulto a la guerrilla, el gobierno amnistió a las Fuerza Armadas mediante el decreto 2184 del 21 de agosto de 1953. Dicho decreto perdonó a los militares involucrados en el Golpe de Estado contra el gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1944. El decreto 2062 de 1954, que amnistiaba a los civiles, ampliaba aun más el perdón a los militares, reconociendo los grados y sueldos de los condenados o procesados por “delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado”.

Veamos ahora estos dos elementos para el actual proceso de paz. Según Juan Manuel Santos, el presupuesto de funcionamiento de las fuerzas militares pasó de 11,8 billones en 2001 a 21,2 billones en 2012, permitiendo un crecimiento del pie de fuerza en 146 mil hombres, distribuidos así: en el Ejército aumentó de 147 mil a 230 mil hombres, en la Armada de 21 mil a 35 mil, en la Fuerza Aérea de 11 mil a 14 mil, y en la Policía Nacional de 121 mil a 167 mil hombres. En resumen: 446.000 colombianos están dentro de las fuerzas militares, o sea el 1% de la población nacional; y 21 billones de pesos, o sea aproximadamente el 13% del presupuesto de la Nación es gastado en la defensa del territorio. Pero los recursos destinados a las Fuerzas Armadas y la seguridad no solo son los relacionados con su operación; en programas de salud, vivienda, educación y rehabilitación integral, la inversión se acerca al billón de pesos.

En relación a los procesos y condenas judiciales, la aprobación del Fuero Militar dará a las fuerzas armadas grandes ventajas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió que uno de estos beneficios es que la justicia penal militar y no la justicia ordinaria atendería casos relacionados con violaciones a los derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales) cometidas por militares. Aunque el documento aprobado por la Comisión Primera del Senado, el 27 de noviembre de 2012, retiró de la justicia militar los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado.

Como se puede ver, las Fuerzas Militares hacen parte del conflicto armado, y tienen innumerables ventajas que no están dispuestas a perder. Así como en 1953 los generales Rojas Pinilla y Alfredo Duarte Blum hicieron parte del proceso de paz, en la actualidad la participación de Oscar Naranjo y Jorge Enrique Mora Rangel es clave para el establecimiento de las negociaciones.

Otra situación importante del proceso fue el desplazamiento forzado y el cambio en la tenencia de la tierra. La violencia anterior a 1953 llevó al desplazamiento o a la muerte a un gran número de campesinos, cambiando la propiedad de la tierra; en otros casos se vendió por debajo de su precio. El estudio pionero sobre la violencia, realizado por Monseñor Germán Guzmán, señala que los exiliados que arribaron a Bogotá, en 1953, llegaron a 60.000, mientras los que huyeron a Venezuela fueron 20.000, más 5.000 que emigraron a Panamá. Según Acción Social, para 2009, en Colombia 774.494 hogares (3.389.986 personas) fueron expulsados de 1.115 municipios y corregimientos departamentales, es decir el 7,3% de la población colombiana ha sido reconocida como desplazada forzadamente. Esta similitud en las condiciones previas a los dos procesos de paz permite ir más allá para entender la situación como una suma cero: si se le retorna la tierra a los desplazados es necesario quitársela a los usurpadores, quienes a su vez generan agrupaciones para luchar contra la restitución. El proceso del 53 dio una solución legal a este problema, pero en el momento de la aplicación el Estado no acompañó, por lo que el resultado volvió a ser el restablecimiento del conflicto. Se puede afirmar que todo lo que no se resuelva pondrá las bases para la futura violencia en Colombia.

Existe un hecho al cual la opinión púbica le dio mucha importancia en mayo de 2011 pero que ahora olvidó totalmente. La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; desde su subtítulo: “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno…”, reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia. El mismo Juan Manuel Santos declaró: “hace rato hay conflicto armado en este país”.

Regresando a mediados del siglo XX, la siguiente frase no es un twitter de Uribe Vélez, es la forma como, tras su primer año de gobierno, Lauerano Gómez se refería a la violencia: “se trata, como es bien sabido de típicos actos de bandolerismo… Nadie puede decir que se trata de un bandolerismo espontáneo. Ha sido estimulado con publicaciones subversivas y radiodifusoras clandestinas cuya dirección y cuya financiación ya no son un misterio para nadie”. Rojas Pinilla dejó de lado la calificación de bandoleros y reconoció a las guerrillas como beligerantes. Si bien con el paso del tiempo se volvieron a utilizar los viejos métodos de represión y persecución, ese cambio en el discurso del gobierno fue una condición clave para el establecimiento de la amnistía a las guerrillas liberales. En otras palabras, si Juan Manuel Santos no se aleja del discurso y la actitud guerrerista de su antecesor, el inicio de un proceso de paz hubiese sido imposible.

Finalmente creo importante resaltar una gran diferencia entre los dos momentos. La guerrilla de mediados de siglo llegó al proceso de paz sin experiencia y sin un mando unificado, de tal forma que no podía poner sus condiciones. La guerrilla actual llega con casi 50 años de existencia, cinco décadas sin que se haya logrado su derrota final, con el aprendizaje de los procesos de paz llevados a cabo por el M-19 y el EPL. Además, conocen la suerte que corrieron Guadalupe Salcedo y Carlos Pizarro. En pocas palabras no podemos creer que esta guerrilla va a dejar que se le impongan todas las condiciones, el discurso de Iván Márquez en Oslo es una prueba de eso.