Petro ante la ley
El equilibrio de poderes de la democracia, es un desequilibrio en Colombia. Los senadores del legislativo son bancadas del ejecutivo, y fueron electos por la base social que respalda a gamonales o a sus herederos y representantes. Los jueces insobornables son amenazados de muerte. Los magistrados sabios pierden las votaciones, en los temas decisivos, ante los votos aplastantes de los magistrados retrógrados. La legalidad que dice respetar el Presidente para expulsar a Petro de la alcaldía, es en realidad una broma de Kafka titulada Ante la ley:
“Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.
La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:
-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.”
Por medios legales, puerta tras puerta, al final los guardianes de la ley expulsaron a un alcalde que se opuso al modelo del progreso para ricos, a la segregación de la ciudad, a la discriminación por sexo o raza, al dolor de los animales, al deterioro del ambiente, a los servicios públicos convertidos en vaca de ordeño de mafias privadas. Lo echó el Procurador y el Presidente y el Consejo de Estado y once magistrados de la Corte Constitucional, es decir “la ley”. ¿Por qué? Por el hecho de quitar a la empresa privada el negocio millonario de un servicio público y devolverlo a la administración distrital (hacer lo contrario es el verdadero delito). Pero en el fondo lo echaron el nieto de Laureano Gómez, Darío Arismendi, Francisco Santos y Enrique Peñalosa, Álvaro Uribe e hijos, o lo que es igual: los privatizadores de servicios públicos, los contratistas del Distrito, los especuladores de la tierra, las mafias de contratación, los inversores que se lucran del erario público.
Después de un año de acciones populares para detener la arbitrariedad de la destitución (y esa absurda inhabilidad de ejercer cargos por quince años), la Corte Constitucional rechazó las acciones de tutela y dio paso a la máxima autoridad para firmar el decreto de muerte política del alcalde. Una estancia internacional, CIDH, que el Gobierno de Colombia se comprometió a acatar, abogó por los derechos de Petro a última hora y exigió al Presidente protección de derechos fundamentales para este caso. El presidente rechazó la obligación y destituyó al alcalde para respetar “la ley” doméstica.
En cuestión de horas, el origen del pleito ha perdido sentido: la incongruencia en destituir a un alcalde por recuperar un servicio público, pasó a segundo plano. En cambio, en cuestión de horas, este “acto administrativo” del Presidente (última instancia para destituir al alcalde) cobró pleno sentido: se volvió el ejemplo kafkiano de cómo funciona la ley en Colombia, y quiénes se sirven de ella. Las peripecias en la destitución de Petro, muestran cómo se organiza por vía legales la persecución política hecha por los detentadores del poder, por los dueños de medios de comunicación, por los especuladores de la tierra, por las plutocracias que se lucran de la administración pública: una artimaña legal para acomodar la ley a las ambiciones de pocos y mantener a los corruptos en los cargos decisivos que soportan su poder.
Nuestro problema más grande parece ser la democracia. La democracia colombiana. Esa democracia decretada. Porque da legitimidad al Gobierno, porque agrupa un sistema legal perverso cuyas estancias están organizadas con un mecanismo de vínculos sutiles entre poderes que se anulan para desoír la exigencia del ciudadano, pero se conectan para proteger al hampón y al genocida, un sistema educativo excluyente para formar esclavos del progreso, un sistema de salud mortal, un modelo económico para que se beneficien los ricos y los extranjeros, una organización militar tan delictiva como los criminales que dicen perseguir, una concepción de progreso y de propiedad privada que deja a millones en la ruina perpetua. Todos los atropellos y las injusticias se gestionan en nuestra democracia a través de «la ley». Esa Ley, que no fue hecha para dar libertad y derechos, sino para restringir la libertad y los derechos.
Deberíamos dejar de creer en Francisco de Paula Santander para empezar a creer en Kafka.
