La Constitución colombiana es una carta de muy buenas intenciones. Lástima que quienes la reforman y aplican, no todos tengan esas mismas buenas intenciones. A veces, al leerla, es más que una carta de buenas intenciones: una pieza de ficción:

Artículo 22: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

¡Pregúntele a un campesino del Caquetá a ver qué piensa del artículo 22!

También es, por supuesto, una ley superior, pero poco respetada. ¿Qué ley hay sido más reformada en los últimos veinte años que la propia Constitución? ¿No se ha apelado a ella para quedarse en el poder cuatro añitos más, sin importar la legitimidad del trámite de la reforma? Ahora, el Honorable Congreso de Colombia -que de Honorable no tiene nada, y ciertos congresistas le quitarían la hache al «Honorable», algunos medios le quitan la mayúscula: sé que nosotros le quitamos el «honorable» y la mayúscula-, mejor dicho, el Congreso, en sus funciones de Constituyente derivado aprobó una reforma constitucional (acto legislativo) sobre los temas de justicia. Esta reforma que, hoy por hoy ya está aprobada y tiene plena validez (que no vigencia por no haber sido insertada en el Diario Oficial).

Los medios han abordado profusamente el tema del texto de conciliación entre el Senado y la Cámara, con el éxito de haber hecho aceptar al presidente de la Cámara que vota proyectos constitucionales sin leerlos, sólo porque el gobierno se lo pide, ¿no es el colmo de la deshonra? Y, en buena hora, se propone un referendo para revertir aquél engendro jurídico: tarea difícil, desesperada, por parte de quienes aún damos un peso por la Constitución. Pero quizá nada de eso sea necesario, porque nuestro siempre alerta presidente supo anunciar, en un drama televisado, que devolvería el Acto Legislativo al Congreso por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia: figura aplicada a las leyes, ¿pero a las reformas constitucionales, presidente? Hablar de inconstitucionalidad de lo que, con su apoyo, se convirtió en Constitución suena tan lógico…

«Esto es legal, lo que pasa es que nunca se había utilizado antes, no hay antecedentes, pero estoy convencido (de) que si uno actúa siempre dentro de lo que la Constitución y las leyes le permiten buscando el bien común, esa es la fórmula acertada(…)», dijo el presidente refiriéndose a su olímpica solución (¿invención?). Juan Manuel Santos, el mismo que tantos meses insistió en su dichosa re(de)forma a la Justicia, buscando, supuestamente, solucionar los problemas de los ciudadanos del común. Es que las discusiones por los beneficios a los magistrados y congresistas era algo «superable». ¿O son ellos los ciudadanos del común?

En fin, sobre la Constitución algunos la refieren con orgullo y ampulosidad, otros, como una norma utópica y lejana; incluso un profesor mío define constitución como «conjunto sistemático y organizado de mentiras». Yo prefiero pensar que sea lo que sea, es necesaria y por su importancia, merece respeto. La colecta que apoya esta nota no busca dinero —tampoco rebajemos todos la dignidad de este país tan descaradamente: ya está el Congreso—: busca firmas el día que se requieran, no solo para revertir es adefesio mencionado. Ojalá con las firmas de esa gran colecta se pudiera conseguir la renuncia de esos congresistas que votan proyectos sin leerlos, de los que legislan en causa propia, de los magistrados lobbystas que cómodamente buscan para sí cuatro años más de funciones. Vergüenza por mi país ya se convierte en vergüenza ajena.

@VicentePérezG