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Un día una familia se fue de viaje, dejándole su casa a cargo de un amigo de la familia, que, por falta de un nombre, llamaremos Álvaro. Éste, aprovechando la semana de vacaciones, organizó fiestas, dañó y desapareció pertenencias de la familia, abusó del cuarto nupcial, entre otras cosas. Al regresar la familia, notaron solamente la pérdida de los objetos, y el hombre acusó a unos amigos suyos que había invitado. Al mismo tiempo, otra familia hizo lo propio (el personaje de esta familia se llama Hugo), contando con tan mala suerte (o tan malos amigos) que su casa por una semana fue también una casa de lenocinio. Al cabo del tiempo, Álvaro inicia una cantidad de reproches a Hugo, tratándolo de ladrón, abusivo, insensato, e incluso y sin mayor prudencia, asesino. (más…)
Un vídeo hecho por un reportero ciudadano en Colombia que en dos días acumule más de seiscientas mil reproducciones marca un precedente en nuestra concepción de internet. Me refiero a “El vídeo que el gobierno colombiano no quiere que veamos”, titulado así por razones meramente propagandísticas, pero que eliminando su título nos deja una sensación mayor a la visión de un gobierno o de una fuerza pública, o de los intereses de una transnacional. Es un vídeo que deja un sabor amargo, una impotencia rabiosa, una bofetada en la cara para reaccionar sobre una situación. Ser hecho por un reportero ciudadano tiene ya sus limitaciones de forma y los cuestionamientos que los más dogmáticos harán de su veracidad. No obstante, quienes lo vean o lo hayan visto, quizás coincidan conmigo en que resulta carísimo hacer un montaje tan realista, con tantas personas y elementos lejanos del alcance de un ciudadano común y corriente. Lo anterior lo digo para prevenir las objeciones que cada vez se hacen más comunes, y que consisten en descalificar toda información desfavorable para un grupo de altos intereses como falsa, como una farsa, una conspiración o en términos más célebres: una “venganza criminal”. Este vídeo, el vídeo de la infamia, consiste básicamente en un reportaje sobre el desalojo de unos ciudadanos —mineros, pescadores— del río Magdalena. Según la información dada, el motivo del desalojo es la construcción de una hidroeléctrica en el Quimbo, negocio de las transnacionales EMGESA, ENDESA y ENEL. No corresponde aquí analizar lo nefasta que puede ser esta hidroeléctrica no sólo para el propio río, sino también para la economía de los campesinos, trabajadores y para la población quimbiana en general. Pero eso no importa, pues a vista de todos es notoria la diferencia entre las ganancias de un pescador artesanal, con las de una transnacional energética. Eso sí importa. Lo triste no es sólo el desalojo, también las formas: miembros del denigrado cuerpo especial ESMAD con sus armaduras de película reverberantes en el calor de la ribera, atacando con gases a la población. Despojando a los huileños de lo suyo, a los colombianos de lo de Colombia. Qué bonito es pensar que parte del 6% del PIB que se invierte en seguridad se devuelve en contra de la población. En contra de los contribuyentes. ¡Ah! Quién sabe si los heridos son contribuyentes, bueno, en caso contrario no tributarían en su contra, por lo menos. —Si me van a matar que me maten —dijo un señor, resumiendo en una pequeña frase todo lo necesario para entender la impotencia de alguien que no encuentra otra subsistencia. —El río y la mina, con eso es con lo que nos mantenemos nosotros. Mantenemos la familia porque sin eso no podemos trabajar, y dónde va a buscar trabajo uno —dice un pescador artesanal. El río y la mina. ¡Pero qué más podemos hacer!, de eso también viven los pobres empresarios extranjeros, además ellos sí saben explotar los recursos eficientemente. Para los tradicionales trabajadores de la zona el Estado no es que no tenga nada. Sí tiene, que nadie se equivoque. Tiene al ESMAD para que los atienda. Resulta tremendamente doloroso pensar cuál imagen se puede hacer de la policía uno de los niños que fueron víctimas de ese desmedido desalojo. Qué decir de lo que afirmó la reportera de La Nación: que la “personera del pueblo” no habló con las comunidades, y se transportó en una lancha de ENGESA hacia el otro lado del río. Un profesor de la universidad Surcolombiana concluye el –digámoslo de una vez- atropello diciendo que “la forma violenta con que nos agredieron hoy es al mismo tiempo un honor y una victoria de nosotros, porque fuimos capaces de responder pacíficamente a la violencia institucional”. Queda zumbando en el aire la palabra institucional, que conduce a pensar en instituciones legítimas, contrapuestas a la violencia del ESMAD. Dice el jurista Francesco Carnelutti que la diferencia entre la fuerza del policía y la del bandido estriba en que el bandido combate para sí, y el policía para los demás. Pero de ser así resulta complicado diferenciarlos en el vídeo. Es apenas notorio el terror de los ciudadanos. ¿No reprocha tanto el Estado el terrorismo? ¿Terrorismo no es en últimas causar terror? Las deducciones de estas preguntas son peligrosas. Con la iglesia católica puede tenerse cualquier tipo de discrepancia, pero no se pueden ignorar los argumentos de monseñor Jaime Tovar, quien alude que estos atentados contra los campesinos no son tolerables en un Estado de derecho: “yo llamo es al pueblo a que no sea indolente”. Las razones últimas de todo lo anterior quizás no lleguemos a conocerlas. Muchas cosas quedan vedadas a la opinión pública cuando se desmonta la indignación de la sociedad y se acaba la película. Sí, quizás todo ese vídeo sea mejor una muy buena película , como quizás esta imagen (http://on.fb.me/zas9Ll) sea un montaje. Farsa, en fin, todo lo que no nos conviene.
Una guerrillera y el administrador de la cafetería del Palacio: Irma Pineda y Carlos Rodríguez, respectivamente, son los dos desaparecidos que fueron reconocidos como víctimas por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2012 —en sentencia ratificatoria del fallo proferido por la Juez Tercera Especializada de Bogotá, el 9 de julio de 2010—, por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la retoma del Palacio de Justicia, el cual había sido ocupado por miembros de la guerrilla M-19. Sólo dos víctimas más que la justicia colombiana logra esclarecer, luego de que el fallo de la Juez contemplara once víctimas, cuyos procesos el Tribunal ordenó proseguir la investigación. Pero por falta de pruebas el Tribunal estableció la culpabilidad del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, respecto al delito de desaparición forzada sobre las dos víctimas nombradas. Sólo dos víctimas más, y 26 años después, muestra de la gran celeridad del proceso y de la impartición de justicia relacionada con estos sucesos, teniendo en cuenta que todavía hay varios desaparecidos sin establecer y muchos implicados cuya responsabilidad probablemente juzgue en menor tiempo —aunque, quizás, con menor precisión— los anales de la historia colombiana. La sentencia del Tribunal reavivó la antigua polémica en la sociedad colombiana por los hechos relacionados, pues toca directamente aspectos sensibles de la sociedad, especialmente, de las élites dirigentes. Además de la ratificación de la condena por 30 años de cárcel para el coronel (r) Plazas Vega, la sentencia incluye los siguientes actos simbólicos de reparación: «publicar la sentencia durante un año en las páginas web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, ofrecer unas disculpas públicas y que ninguna unidad militar tenga el nombre del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega», y fundamentalmente, una «exhortación al fiscal principal ante la Corte Penal Internacional para que estudie sobre el caso del expresidente Belisario Betancur Cuartas y su relación con estos hechos»[1]. Las reacciones mediáticas —lamentablemente— no se ocuparon de las víctimas ni de la reivindicada condición de sus familias luego de lo mínimo necesario, pero en este caso tan difícil y retrasado: la justicia. No, las reacciones polarizaron el asunto entre el Tribunal y el Ejército, o a lo sumo, entre partidarios y detractores de la sentencia —cuando una disposición judicial es para ser acatada y no debatida—, encabezados por el presidente Juan Manuel Santos, quien en abierto acto de desacuerdo (y en cierta medida —como máximo jefe de las Fuerzas Armadas—, de desacato, dijo: «más bien le pido al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente» y «más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos[2]». Otras personas, como el Alcalde de Bogotá y antiguo miembro de la guerrilla M-19, Gustavo Petro, propuso que en la ceremonia de perdón que el Ministro de Defensa debe oficiar, participen los sobrevivientes del M-19 y el expresidente Belisario Betancur[3]. Sin embargo, si de discutir la decisión judicial se tratase, ésta socialmente podría ser rebatida, pues una encuesta virtual recogida por ElEspectador.com muestra que más del 70% de los colombianos considera injusta la condena. Cuando se ordenó la retoma del Palacio de Justicia, las Fuerzas Militares actuaron desmedidamente, sin cuidar la vida de los civiles que estaban adentro, sacándolos del Palacio con vida, en algunos casos, y torturándolos e incluso asesinándolos posteriormente, según testigos: «—El Presidente de la República dio la orden de respetar la vida delos rehenes, pero como os militares estaban sedientos de venganza —y esos mandos militares de esa época eran siniestros— fueron a lo que querían. A ellos no les importaba que se tratara de magistrados, o que fueran mujeres (…) Allí hubo un golpe de Estado de los militares»: Bernardo Ramírez, ministro de Estado y el asesor más cercano al presidente (sic) Betancur. «—Un uniformado me agarró por el pelo y cruzamos por el centro de una fila de militares que nos decían, “hijueputas” y nos daban golpes con las culatas de sus fusiles. El militar que me arrastraba por el pelo me arrancó la cadena de oro que llevaba en el cuello»: Eduardo Matson[4]. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá marca una pauta en el largo recorrido —quizás generacional— en el que se irán aclarando judicialmente los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. No concilia mucho un acto de perdón a regañadientes, pero recuerda el lugar primordial de las víctimas en la enquistada violencia colombiana. Y la discusión zanjada alrededor del carácter continuo de la desaparición forzada abre la posibilidad de cambios en las decisiones futuras siempre que el delito sea vigente (o que no concluya, esto es, que los desaparecidos aparezcan…). Las decisiones judiciales deben ir enmarcadas exclusiva e intrínsecamente con derecho, sin miramientos en las reacciones políticas. Los jueces en Colombia deben tener ese principio en letras doradas para —como lo dijo el día de la retoma el entonces teniente coronel Plazas Vega— «mantener la democracia maestro». @VicentePerezG
[1] http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-324075-plazas-vega-betancur-y-cpi
[2] http://www.semana.com/politica/santos-haya-pedido-perdon-belisario-ejercito-desacato/171357-3.aspx
[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-324294-gustavo-petro-propone-pedido-conjunto-de-perdon-masacre-del-pala
[4] CASTRO CAYCEDO, German, El Palacio sin máscara, Ed. Planeta, 2008, p. 14 y 15.
Colombia tiene una herida social muy profunda que nos hace intolerantes, a veces, irracionales. La dignidad lacerada de nuestro país de la que manan lágrimas con las muertes violentas, con los secuestros, es la que con no poca alevosía se alegra de otro tipo de muertes, se siente reivindicada. Aunque no sea políticamente correcto, tiene sus explicaciones en el odio y la degradación humana de la guerra. Esa herida social cierra las puertas al diálogo, censura otras vertientes interpretativas de la realidad. Quizás por eso a una mujer venezolana que participó de la manifestación contra la violencia en Barranquilla (o contra las Farc, eso no está claro) la sacaron de la protesta por llevar consigo un cartel con una imagen del Che Guevara y una leyenda que rezaba “Che no es muerte, Che no es narcotráfico”. En otras palabras, quería decir que el Che no es las Farc, o que esa guerrilla usa la imagen del Che como una máscara para esconder el vacío ideológico y el absurdo de su continuidad. Los demás manifestantes seguían contrariándola, uno dijo: —Ese señor fue el que creó las Farc. Ni el Che creó las Farc (sí las apoyaría en sus orígenes campesinos), ni tampoco debe interpretarse como esa figura románticamente perfecta de antiimperialismo y revolución utópica adaptada a tiempos no comunistas, como parece transmitir el mensaje de que en la mayoría de las universidades públicas de Colombia –con tantos motivos y figuras para homenajear– haya una plaza del Che. La tensión subió, la herida social no soportó más y los demás manifestantes le quitaron el cartel y lo rompieron mientras entre aplausos gritaban “¡fuera, fuera!”, “viva Colombia”, “esto es una marcha contra las Farc”. Aunque la mujer había sido clara en que estaba en contra de las Farc. Cada movimiento tiene sus intereses y su centro ideológico: los estudiantes parecen estar motivados por ideas liberales, cuando no de izquierda (y hay quien dice que la Mane cultiva ideas radicales); los reaccionarios al movimiento estudiantil que rechazan la marcha parecen ser de la facción retrógrada de la derecha; quienes motivan las marchas contra las Farc, en un amplio sector favorecen a la derecha política (con excepciones, véase la alcaldesa de Bogotá), incluso a la ultraderecha de la seguridad democrática que tergiversan estas manifestaciones como un movimiento no en contra de las Farc sino a favor del Gobierno. Estos sesgos políticos son los que nos hacen intolerantes, nos fraccionan por las diferencias ideológicas, en vez de unirnos alrededor de un centro que bien sea la consecución de la paz o el rechazo a la violencia. La mujer, quien dijo ser desplazada por el régimen venezolano, renunció a su forma de protesta, y entre gritos e insultos se fue para su casa. Uribe no es buena idea para promover una marcha estudiantil, ni el Che una contra las Farc. Pero si no somos nosotros mismos –quienes rechazamos el conflicto, las desigualdades– los que promovemos la paz, ésta no llegará sola; si no aceptamos derechos mínimos como la libertad de expresión, si nos cerramos al contraste de ideas ¿a qué tipo de democracia aspiramos? Dije hace días que disentía de la marcha (no tanto como disiento de las Farc), pero que apoyaba a quienes querían salir a las calles. Dije que más que destruir la violencia debemos construir la paz. Que diferencias coyunturales no empañen nuestro propósito de fondo. A PROPÓSITO: los invito a dar su clic por la libertad. La diferencia con la marcha es que el mensaje que se deja es una idea que mueve los pies (los pies no moverán ideas). http://bit.ly/sBXPQq; cómo quisiera que el anuncio de liberación de las Farc no fuera una estrategia para mitigar su desprestigio internacional, que sea la oportunidad de que los secuestrados lleguen a pasar navidad con sus familias. @VicentePerezG
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