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La pobreza en Buenaventura y la Ley 70

Por: Lina María Bermeo
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La zona del pacifico colombiano posee los índices más altos de pobreza a pesar de las inversiones de la nación. Realizar un seguimiento en estas  zonas no es sencillo, sólo hasta hace dos años se puede obtener información abierta y representativa de la cabecera del municipio de Buenaventura, el puerto más importante del país.

Buenaventura protesta porque consideran que el gobierno nacional no les ha cumplido en educación, empleo, salud y, por ende, siguen en condiciones de pobreza. Podemos indignarnos por el descuido del Estado hacia estas poblaciones porque observamos su rezago en comparación con  otros territorios del país. Antes de esto déjenme presentarles brevemente qué tan grave es su situación y brindar una explicación a su pobreza: la Ley 70.

Figura 1. Territorios asignados a las comunidades negras e indígenas en el Pacífico colombiano.

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Fuente: Datos IGAC, Ministerio de Minas.

Nota: En café los territorios de comunidades negras.  En amarillo los resguardos indígenas.

Empecemos por la educación. Los datos abiertos disponibles del DANE en su Encuesta de Calidad de Vida (ECV) exponen un terrible panorama en el nivel educativo en su  cabecera municipal. De ahí se obtiene que el 75.3% de la población tiene como máximo título educativo la secundaria, mientras el 11.8 % son técnicos o  tecnólogos, sólo el 8.9% son profesionales (ECV, AÑO 2016). La distribución en los niveles de educación permite hacernos una idea del tipo de ocupaciones que los bonaverenses ocupan. El inexistente capital humano, un mal a lo largo del pacifico, sólo es  un augurio de persistencia del empleo informal y desempleo. Por lo tanto, es irresponsable prometer a su población otorgar mejores vacantes laborales mientras no exista un cambio estructural, como lo es mejor educación. El 44% de la población ocupada son trabajadores independientes (ECV, AÑO 2016).

Una manera de sustentar esta idea es echar un vistazo  al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual nos permite observar la índole y la intensidad de la pobreza en cuatro aspectos: educación, salud, condiciones laborales y de vivienda.  Este índice señala que Buenaventura es el municipio más pobre del Valle, pues es quien presenta mayores privaciones en salud, vivienda digna y educación. No obstante, es uno de los municipios que recibe millonarios recursos por parte de la nación para superar estas barreras de pobreza (Figura 2).

Figura 2. Distribución del Sistema General de Participación por municipio en 2014

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A pesar de las inversiones, hoy vemos que sus megaproyectos demoran años en concluir, a su vez que la educación y salud son las áreas de peor desempeño, dando lugar a la pobreza. ¿Por qué no puede superar estas barreras?

Parte de la respuesta es la corrupción. Me abstendré de profundizar sobre esa acción delictiva y sus implicaciones.  En su lugar, discutiré sobre los alcances de cierta ley que generó pobreza en el pacifico por falta de incentivos para la inversión privada y actividad productiva.

El propósito de la Ley 70 de 1993 es proteger los derechos colectivos de las comunidades negras ubicadas en el Pacifico. La problemática de la ley es que en la práctica eliminó la soberanía del Estado en los territorios del Pacífico y otorgó excesivo poder a los intereses particulares de miembros de las comunidades afrodescendientes. El mandato permite que ciertos intereses locales se contrapongan a los intereses de la nación o sociedad, e incluso a aquellos de la misma población afro que vive en las urbes de la región. Hoy, aunque mucho no se comente, la norma ha servido para detener megaproyectos potencialmente provechosos para la zona del pacifico. No pretendo acusar a la ley sino a la economía de la ley, pues es loable que nos preocupemos por las comunidades más vulnerables del país.

En general, la ley sumergió a  Buenaventura y sus municipios homólogos en una trampa de pobreza. Por un lado, la ley establece que los territorios baldíos de la región (propiedades que no se encuentran titulados a ninguna comunidad ancestral) no pueden ser propiedad privada, y por tanto, los derechos de propiedad quedan indefinidos. Esto es conflictivo porque no hay incentivos para invertir en actividades productivas, como por ejemplo, cultivos. Ningún agricultor se le ocurriría dedicarse a un cultivo permanente ante el riesgo que cualquier miembro de la comunidad reclame derecho sobre él. Un escenario muy similar enfrentan las empresas, pues no hay manera de garantizar a quienes invierten que aprovechen sus beneficios.

De acuerdo a lo anterior, una solución que salta a la vista de los derechos de propiedad no definidos es que sean adjudicados a las comunidades. De esta manera, las propiedades serían colectivas y la negociación para realizar las actividades sólo sería con el consejo de comunidades. Sin embargo, aun otorgando títulos de propiedades colectivas no soluciona el problema de trampa de pobreza debido a que  son patrimonios          no transferibles. Supongamos que la comunidad logra ponerse de acuerdo para desarrollar la construcción de un acueducto (un megaproyecto que hoy tanto desean) pero no cuentan con los recursos para costear su construcción. Dado que es una propiedad no transferible, no pueden ir a un banco para acceder a un crédito y usarlo  como colateral. En otras palabras, la ley excluyó  a las personas del Pacifico del sistema financiero.

Incluso los títulos de propiedades colectivas espantan las inversiones privadas, ya que para llevarse a cabo deben primero conseguir el visto bueno de las comunidades. Esto resulta tedioso porque  implica conseguir los favores y en la práctica provocó que los proyectos, aun con ayuda del Gobierno, sean abandonados, inacabados, demorados y con sobrecostos. Es muy triste que la mayoría de la población afro las reclame pero no puedan ser atendidos porque sus altos consultivos ponen trabas a su desarrollo [1], abogan a que se debe cumplir con sus peticiones, unos personales y otros técnicamente inviables. Un ejemplo es la petición de contratar población local para prestar servicios profesionales cuando no lo son. ¿No es este el peor de los escenarios de vulnerabilidad?

Peor aún es que a la sumatoria de derechos de propiedad indefinida y propiedad colectiva intransferible se adicione la ausencia de autoridad soberana. No porque no exista voluntad de intervenir en la zona, sino porque literalmente es prohibido ejercerlo; a lo largo y ancho del territorio nacional, el Estado puede anular algún derecho de propiedad para construir algún bien público. Dicha soberanía no aplica para la zona del pacifico, por ende, liberar más dinero para educación, salud, infraestructura y etc. no funciona. Consultar la voluntad del consejo comunitario (pagar peaje) para otorgar un bien público que la mayoría de la comunidad necesita resulta absurdo. Si un alcalde decide llevar a cabo proyectos financiados por la nación, caso acueducto, debe contar con el favor de  cualquier miembro de la comunidad ancestral para desarrollarlo. En su lugar, el consejo comunitario puede negar de manera permanente el proyecto bajo cualquier alegato. Notemos que estos escenarios son foco de atraso y pobreza. Aquí caben proyectos como la carretera de doble calzada de Lobo Guerrero, el puerto de Aguadulce (demoró 9 años por el proceso de consulta previa), la expansión del aeropuerto de Buenaventura y, probablemente en un futuro, el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura (CAEB), por no mencionar otros.

La pobreza de Buenaventura y la zona del pacifico colombiano no solo se debe a los actos de corrupción, sino también a una ley que eliminó las condiciones de inversión privada e incrementó los costos de inversión nacional porque otorgó soberanía  a ciertos líderes que no tienen idea de bienestar para sus comunidades,  excluyó a los propios habitantes de realizar alguna actividad legal y productiva a través del sistema financiero, y dejó incapacitado al Estado para ejercer soberanía otorgando bienes públicos como hospitales y colegios. No es apresurado afirmar que gracias a la ley se cae en un círculo vicioso que no da lugar a mejor desempeño en educación, salud y trabajo porque no existen las condiciones para desarrollo. No es una cuestión unidireccional, un problema de sólo corrupción o Estado. Literalmente es una problemática profunda no superada en parte porque no hay lugar para la voluntad de todas las partes, y sin voluntades no hay progreso.

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Referencias

  1. http://lasillavacia.com/historia/rosa-solis-de-dolor-de-cabeza-socia-del-gobierno-58360
  2. http://www.elpais.com.co/valle/corrupcion-el-mal-que-lleva-anos-afectando-a-buenaventura.html
  3. https://www.las2orillas.co/presidente-cumplale-buenaventura/

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