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2013

Renny Rueda Castañeda

La ley como instrumento de actividades delincuenciales. El régimen especial de pensiones en Colombia.

Por: Renny Rueda Castañeda

“No se puede ni reducir ni afectar las pensiones que ya son reconocidas”.
Antiguo magistrado y hoy procurador Alejandro Ordoñez Maldonado. (Beneficiado).

“Si llegamos a la tercera edad con una pensión digna seremos unos viejitos lindos”.
Magistrado Alfonso Vargas Rincón. (Beneficiado).   El debate en Colombia sobre el monto de las pensiones y los privilegios de los congresistas y los representantes de la rama judicial, abre un camino que puede cambiar para siempre la historia institucional. Para ningún ciudadano promedio, y mucho menos para la inmensa ciudadanía inmersa en la pobreza, existe explicación que justifique la dimensión patológica de un sistema pensional paralelo que usurpa dinero de los impuestos para asignarlo a un grupo de personas con onerosos salarios de vejez. Que existan individuos que por el solo hecho de ocupar por meses un cargo público, adquieran beneficios pensionales extraordinarios pagados con las contribuciones de la totalidad de la población colombiana, es una impostura insólita. Un caso ruin de injusticia que palpita mientras se escriben estas líneas. Cuando millones de colombianos laboran en condiciones degradantes por un reducido sueldo. Cuando otros buscan multiplicar sus ahorros y contribuir a la economía real o emprender una iniciativa empresarial en condiciones de alto riesgo. Mientras numerosas familias colombianas se encuentran en apuros para brindar a sus hijos estudio de calidad, minima dignidad material, un vestido, o incluso comida, la existencia de pensiones excepcionales que ascienden a la cifra de hasta 19 millones de pesos, no justificados a partir de aportes individuales sino pagados con impuestos de la totalidad de los contribuyentes colombianos, no sostenibles en un país cuyo salario mínimo apenas asciende a poco más de 500.000 pesos, distribuidos estratégicamente entre un puñado de exfuncionarios públicos; es un fenómeno sociológico e histórico que debería ser considerado ilegal. Un acto criminal con una fachada institucional.

Categoria: Política

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