En Colombia y en Venezuela hoy en día se presenta un fenómeno en apariencia opuesto, pero que de ser observado con una mayor precaución muestra similitudes inusitadas. En la última década, la llegada de Hugo Chávez al poder, incentivó a la población a movilizarse en torno a un proceso político renovador, “revolucionario”. En un continente en donde la injusticia se encona con grupos sociales y étnicos sin privilegios, la figura de Chávez posibilitaba la experimentación de un nuevo camino. Una senda que sacase a Venezuela del círculo vicioso de la desigualdad, y le abriese las puertas a un modelo político alternativo, sostenible. El carisma de Chávez encarnaba la posibilidad de que el proceso adquiriera dimensiones que traspasasen la barrera de su país y se adentrara en otras latitudes. La idea de que se produjese un contrapeso a las inequidades políticas que se generan por la concentración de capital, y con ello, que se diese una solución alternativa a un mundo que se avizora cada vez más agresivo con formas de vida no basadas en la injusticia o la instrumentalización del otro, se vislumbraba como una alternativa explorable no solo en Venezuela sino en otros países del continente.

Hoy sin embargo el panorama es caótico. La economía venezolana, probablemente con la más robusta posición geoestratégica del continente, ha malgastado sistemáticamente sus recursos. La potencial desaparición de Chávez deja al país en una vulnerabilidad sin precedentes. A pesar del incremento del gasto social, la economía y la vida política se ve claramente endeble a cualquier coyuntura externa. Mucho más que el resto de países de la región. Su dependencia del petróleo lo hace débil ante un mundo que a pasos agigantados diversifica su producción, incrementa el capital intelectual de su población, se organiza institucionalmente con eficiencia y mejora los mecanismos de articulación de sectores empresariales abocados a la tecnología y la ciencia. La tasa de homicidios  del año 2012 (48×100.000 Hb) supera de lejos a Colombia, México o Perú; países con sólidas organizaciones narcotraficantes. La inflación es rampante y la población esta polarizada entre un proyecto errático como el de Chávez, o la repetición de la historia y la repartición del poder político a actores cuyo mayor mérito es tener dinero e influencia en medios de comunicación. Venezuela está en un dilema insólito.

En Colombia en el año 2002 la figura de Álvaro Uribe Vélez significaba un proyecto político por fuera del letargo partidista que había adormecido a la población durante décadas. En la disyuntiva constante por acabar con falsa diplomacia los fenómenos de violencia y desinstitucionalización del país; Uribe sugería una renovación a la que una población colombiana agobiada por la violencia apostaba. Una nueva ruta política. Un liderazgo natural en medio de unos diálogos mal planeados que fortalecían militarmente a las guerrillas y que mejoraban la posición estratégica de los paramilitares. A pesar de los resultados en materia de seguridad, la agenda de Álvaro Uribe se vio hacia el año 2005 transitando un camino planteado por actores externos ajenos a la ciudadanía, entre los que se contaban “aliados” como los Estados Unidos. Sistemas abiertamente influidos por intereses económicos, sin mayores estrategias de gobernanza que someter a la nación a demandas de actores con poder político y capacidad de gasto. En una estrategia de manejo de poder, Juan Manuel Santos, un millonario, nunca antes elegido electoralmente, entonces copropietario del periódico de mayor circulación del país, rápidamente se alineó al gobierno. Hoy su figura con el apoyo de los medios de comunicación, principalmente de la casa editorial El Tiempo, es capaz de hacer frente a la de Uribe ante la opinión pública nacional.

En la actualidad, el país falsamente se debate entre brindar su apoyo a Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe Vélez. Las diferencias sin embargo no existen. La nación sigue siendo una de las más desiguales del mundo. El estado es incapaz de contener los niveles de influencia del capital en el proceso de destrucción de las zonas de reserva natural excepcional como el Amazonas. Los niveles de calidad de la educación han caído en los rankings internacionales. Los medios de comunicación acaparan la atención de las personas con entretenimiento, vanalidad y amarillismo, en medio de un mundo cada vez más abocado al conocimiento científico, y a la formación intelectual y moral de sus ciudadanos para afrontar formas de vida exigentes. El número de personas encarceladas en el país aumenta, sin alternativas a largo plazo distintas a una política punitiva cuyo modelo está basado en la experiencia estadounidense. La producción de droga se mantiene y una clase política pletórica de privilegios se da abiertamente cita en suntuosos eventos públicos, directa o indirectamente financiados con dineros de contribuyentes, tales como la sobresaliente boda de la hija del procurador. Un encuentro de burócratas con salarios excesivos pagados por los colombianos (solo la procuraduría cuenta con más de 400 personas con salarios por encima de los 18  millones de pesos, y 300 cargos de mas de 10 millones). Mientras más del 85 de la población activa gana uno o dos salarios mínimos. Mientras otra parte de la población busca generar estrategias productivas reales para el país, a riesgo de perder su capital.

La democracia en Colombia o en Venezuela no existe. La concentración del poder y la desinstitucionalización venezolana tiene su  origen en las mismas causas que la colombiana. Los únicos sistemas políticos actuales medianamente sostenibles se deben a la construcción minuciosa de una ciudadanía con una capacidad crítica probada y la distribución del poder político y económico entre los individuos. En Colombia y en Venezuela, la polarización, el bajo nivel educativo de las personas y el sistema institucional no lo permiten. Sus problemas de gobernabilidad y la constante manipulación del pueblo por los medios de comunicación, facilitan el reparto del poder público por apoyar figuras como Chávez, Santos o Uribe. Mientras tanto, los fenómenos de insostenibilidad, falta de gobernabilidad, explotación de población con bajo nivel académico o en necesidad de ocupación laboral, definiciente nivel educativo, desigualdad, acelerado deterioro de las reservas medioambientales (estratégicas a nivel global), el fortalecimiento de industrias extractivas como solución de “desarrollo” por intereses de capital extranjero y el mantenimiento de una dirigencia política articulada estructuralmente con actores económicos, se repite en los dos países.

Qué hacer?

Un proceso político encaminado a la transformación institucional de un país es un proyecto complejo que requiere unidad de la población y una metamorfosis de los esquemas culturales actuales. No es posible en este espacio sugerir medianamente las variables de un experimento de esa magnitud. A modo de reflexión sin embargo, es importante considerar que Colombia actualmente cuenta con una población joven con unos patrones de vida, competenciales y culturales distintos a los de la generación precedente. Una generación más informada, en capacidad de discutir abiertamente las patologías comunes de países como Colombia o Venezuela. Inmune emocionalmente a aceptar de forma abierta las graves falencias de los mecanismos de democracia representativa, o la influencia manifiesta de intereses corporativos en la información que se presenta en los medios de comunicación o las agendas de gobierno. En este contexto, la discusión hacia transformaciones institucionales de alta magnitud, puede paulatinamente convertirse en materia de debate público.

Un repaso a la historia permite ver que muchas de las estructuras de gobierno de las sociedades contemporáneas, son adaptaciones de modelos europeos concebidos hace siglos. En un mundo en el que la tecnología permite como en ninguna otra época la articulación de las voluntades de las poblaciones y la  definición del rumbo político de las sociedades, insistir en repetir sistemas que incentivan la concentración del poder político en actores con capital, con influencia en medios de comunicación o con posiciones burocráticas estratégicas es una equivocación organizacional grave.  El caso de Colombia y Venezuela se repite con regularidad en la mayoría de los órdenes actuales, con experimentales pero reales excepciones. Sugerir no obstante la posibilidad de una transformación política e institucional fundamental, no solamente es una demanda justificada en la ética sino en la lógica, en un mundo que disimula sus problemas con conceptos como el de la democracia o la libertad, que para las nuevas generaciones con cada día que pasa se hacen más artificiales e irreconocibles.

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Renny Rueda Castañeda

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