“No se puede ni reducir ni afectar las pensiones que ya son reconocidas”.
Antiguo magistrado y hoy procurador Alejandro Ordoñez Maldonado. (Beneficiado).

“Si llegamos a la tercera edad con una pensión digna seremos unos viejitos lindos”.
Magistrado Alfonso Vargas Rincón. (Beneficiado).

El debate en Colombia sobre el monto de las pensiones y los privilegios de los congresistas y los representantes de la rama judicial, abre un camino que puede cambiar para siempre la historia institucional. Para ningún ciudadano promedio, y mucho menos para la inmensa ciudadanía inmersa en la pobreza, existe explicación que justifique la dimensión patológica de un sistema pensional paralelo que usurpa dinero de los impuestos para asignarlo a un grupo de personas con onerosos salarios de vejez. Que existan individuos que por el solo hecho de ocupar por meses un cargo público, adquieran beneficios pensionales extraordinarios pagados con las contribuciones de la totalidad de la población colombiana, es una impostura insólita. Un caso ruin de injusticia que palpita mientras se escriben estas líneas. Cuando millones de colombianos laboran en condiciones degradantes por un reducido sueldo. Cuando otros buscan multiplicar sus ahorros y contribuir a la economía real o emprender una iniciativa empresarial en condiciones de alto riesgo.

Mientras numerosas familias colombianas se encuentran en apuros para brindar a sus hijos estudio de calidad, minima dignidad material, un vestido, o incluso comida, la existencia de pensiones excepcionales que ascienden a la cifra de hasta 19 millones de pesos, no justificados a partir de aportes individuales sino pagados con impuestos de la totalidad de los contribuyentes colombianos, no sostenibles en un país cuyo salario mínimo apenas asciende a poco más de 500.000 pesos, distribuidos estratégicamente entre un puñado de exfuncionarios públicos; es un fenómeno sociológico e histórico que debería ser considerado ilegal. Un acto criminal con una fachada institucional.

Las declaraciones del magistrado Javier Zapata, en el sentido de que las pensiones son “intocables”, una “garantía” de independencia judicial; destacan una ambigua integridad. Una racionalidad económica en medio de un cargo de profunda dignidad que demanda del individuo no solo criterio sino una caladura ética a prueba de dadivas. Ya sea que provengan de su salario o de terceros. Su postura es la representación de una conducta mercantil en la construcción de un orden que erosionó el respeto al otro y a si mismo por probidad moral y no por una posición social. Que derivó en un país desigual. Injusto.

Junto con los magistrados de las cortes, existen servidores públicos con onerosos “derechos adquiridos” y congresistas. Un selecto grupo de personas a las que un país pobre les subsidia mensualmente las pensiones y que se auto-pensionan cuando ocupan por meses un cargo. Que deciden las condiciones, el monto, la regulación y los beneficios para pensionarse. Así el valor no coincida con sus aportes y así el país bordee crisis fiscales.

El cálculo de la base prestacional en Colombia debe ceñirse estrictamente a las cotizaciones aportadas a partir del salario. Las erogaciones excepcionales incluidas como monto salarial, o la existencia de sistemas pensionales paralelos no solo deben eliminarse, sino que deben llamar a un debate nacional sobre el rol de la desigualdad, y la degradación de una ciudadanía arrinconada institucionalmente y marginada del debate público.

La justificación de Alfonso Vargas (presidente del consejo de estado), es una racionalización cínica y desvergonzada ante la realidad política nacional.  Una postura inmutable e indiferente a la vida de la inmensa mayoría de la población colombiana. Una actitud osada que emana de una posición privilegiada ante seres que en su mayoría se debaten entre la miseria, la ignorancia y la exclusión social.

Hoy en día más de 11 millones de colombianos devengan un sueldo correspondiente a un salario mínimo o menos.  Aproximadamente un 85% de la población ocupada laboralmente en Colombia (aprox. 17 millones), recibe dos salarios mínimos de sueldo, o menos.  Muchas de ellas madres cabeza de familia y empleadas del servicio doméstico, soldados y policías, una gran cantidad de población ubicada en zonas rurales o dedicadas a labores de intensa actividad física  y jóvenes profesionales, entre innumerables otros. De acuerdo a la normativa vigente, todos ellos recibirán una pensión en proporción a sus cotizaciones individuales. En justicia.

De incrementarse el déficit fiscal, solo un 6% de la población puede aspirar a pensionarse en el futuro. Entre estos, 1.032 (mil treinta y dos) personas que reciben pensiones por encima de los 25 salarios mínimos. Entre los que se cuentan magistrados, congresistas y otros exfuncionarios del Estado. En una época en la que una nueva generación ciudadana se puede saber dueña de su futuro y conocedora de su pasado, la existencia en Colombia de un sistema paralelo de pensiones es una afrenta a su dignidad. Un acto que puede diagnosticarse como delictivo. Un sistema del que se esperan beneficiar en los meses por venir sus mayores defensores. Personas como el antiguo magistrado y hoy procurador Alejandro Ordoñez Maldonado. O los magistrados Javier Zapata Ortiz y Alfonso Vargas Rincón, entre otros.

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Renny Rueda Castañeda