Desde el año 2009, el Departamento de Justicia y la Oficina de Control, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos -permanentemente presionada por la industria armamentista-, tomó la insólita decisión de facilitar el contrabando de armas ilegales de alto impacto a territorio mexicano, para según ellos realizar un seguimiento a las cabezas de los grupos de tráfico de armas intrafronterizos. En los últimos meses se ha revelado desde distintas esferas políticas en Estados Unidos, que el plan ha sido un “fracaso” total, y que la operación se llevó en su integridad a espaldas de la administración de Calderón. El escándalo ha estallado cuando un agente de fronteras estadounidense fue asesinado en México con una de las armas de estos cargamentos. Al día de hoy existe un balance del programa de más de 2000 armas traídas a territorio mexicano (incluidos fusiles AK-47 y 30 rifles de guerra .50). De estas más de 1400 permanecen totalmente desaparecidas en medio de la problemática narcotraficante de este país, y 122 se han identificado en delitos dentro del territorio asociados principalmente al cartel de Sinaloa.(Ver reporte del congreso de junio 14 del 2011).

Los desastrosos resultados de la medida se ven representados en las cifras de asesinatos que cunden en México. El mes de marzo del año 2010, fecha del mayor flujo registrado, pasó a la historia como el mes más violento de los últimos seis años. Durante ese mismo año, se suscitaron en México un total de 24.347 homicidios. La mayor cifra del continente.  Adicionalmente al hecho, de las aproximadamente 30.000 armas incautadas en México entre los años 2009 y 2010, el 70% de estas provenían igualmente de los Estados Unidos. Lo que puede suponer la existencia de mas operaciones encubiertas similares, a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera.

La administración de Calderón, ha incurrido en la equivocada noción de manejar un discurso de abierta subordinación a los intereses de los norteamericanos. El compromiso retórico de los Estados Unidos con México, representa con claridad uno de los más evidentes casos de desigualdad política, en donde en México cunden los muertos, el nivel de desinstitucionalización nacional, la producción de droga y el fortalecimiento militar y armamentístico de los carteles. Mientras que en los Estados Unidos se mantiene el consumo de estupefacientes, y se producen las armas que dotan legal e ilegalmente los grupos narcotraficantes del país fronterizo.

Tanto en México como en Colombia, es urgente que los gobiernos pasen de la indiferencia a la acción, y establezcan estrategias que permitan solucionar el impacto del narcotráfico, reducir el poder de influencia de los proveedores de armas internacionales y establecer medidas políticas de alto alcance sobre la base de compromisos recíprocos. Tanto en México como en Colombia, los Estados Unidos representa el mayor exportador de armas de dotación a grupos narcotraficantes. El volumen de dinero y víctimas civiles que la política antidroga liderada por los Estados Unidos ha cobrado en países como Colombia y México, no se compatibiliza con los intereses de los mexicanos y los colombianos.

La arbitrariedad de los Estados Unidos al desestimar el alcance y contenido del informe de la Comision Global de Politica Antidrogas del año 2011, debe significar un serio llamado a la desconfianza Latinoamericana respecto al grado de compromiso estadounidense. Latinoamérica debe en este momento iniciar un proceso que le permita asumir autónomamente responsabilidades y objetivos comunes. La sociedad civil colombiana y mexicana actualmente, se encuentra en medio de una etapa histórica, desconocer su alcance es repetir décadas de subordinación y equivocados abordajes políticos que han servido visiblemente a los intereses de Washington afectando duramente a las poblaciones locales.

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Renny Rueda Castañeda